POBREZA, EXCLUSIÓN SOCIAL Y BARRIOS VULNERABLES

A) POBREZA

Existen diferentes definiciones y formas de medir la pobreza. El estudio de la pobreza ha evolucionado en las últimas décadas, siendo definida clásicamente en términos absolutos como aquella situación en la que las personas no tienen cubiertas sus necesidades básicas, entendidas como bienes materiales y servicios mínimos para subsistir. Para calcular el umbral de pobreza absoluta los estudios iniciales determinaban el coste de una cesta con productos esenciales (bienes y servicios) y se definían como pobres aquellas personas que no eran capaces de adquirirlos. Esta línea absoluta de pobreza podía hacer aumentar o disminuir el número de personas pobres en caso de recesión o crecimiento económico del país respectivamente, a igualdad de coste de cesta (42). Una de las líneas absolutas de pobreza más usada a nivel mundial ha sido 1 US$ al día, clasificando como pobres las personas que no disponen de esa cantidad. Estos límites absolutos de pobreza han dejado de usarse en países desarrollados dada su poca discriminación en los niveles de pobreza no extremos y a la falta de acuerdo sobre los servicios básicos a incluir y su forma de medida.

Tras el auge económico de muchos países desarrollados, acontecido sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, la situación de pobreza absoluta extrema de los pueblos europeos y norteamericanos fue disminuyendo progresivamente, asociándose este término con las situaciones de miseria de poblaciones de países en vías de desarrollo. En el año 1979, Peter Townsend publica su libro “Poverty in the United

Kingdom”, donde hace una revisión de las investigaciones previas realizadas sobre

pobreza y desarrolla los conceptos de “pobreza relativa”, “privación” y “desigualdad” en el Reino Unido. Según Townsend, no solo viven en condiciones de pobreza las personas que no tienen medios para subsistir en su día a día, sino aquéllas que por la escasez de sus recursos materiales, se ven imposibilitadas de participar en los patrones

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de vida, en los hábitos y actividades consideradas normales en la sociedad donde viven (43). Se trata por tanto de un concepto relativo de pobreza donde el umbral de definición no depende solamente de los recursos de los que disponga la persona, sino de lo que ello suponga en el comparativo con los recursos de la sociedad donde viva.

La pobreza relativa es el concepto más utilizado en las investigaciones recientes sobre pobreza, desigualdad y exclusión social. El límite relativo de pobreza se establece en un porcentaje determinado de los ingresos o gastos de una unidad de consumo en función de una medida de la distribución de los ingresos o gastos de la población. Así pues, un hipotético aumento homogéneo en la población de los ingresos o gastos por unidad de consumo aumentaría o disminuiría el valor numérico del umbral de pobreza, pero no cambiaría la tasa de pobreza. El número de pobres de una sociedad depende así de su posición relativa a la distribución total de la población, aumentando cuando se producen cambios en la distribución de la renta (44).

Dependiendo de las fuentes de datos, los estudios pueden ser objetivos o subjetivos. Los estudios objetivos de pobreza utilizan variables tangibles sobre la situación de pobreza. Son los investigadores los que mediante observación directa, miden los indicadores de pobreza, generalmente la fuente de ingresos o los gastos por unidad de consumo. Mientras que en los estudios subjetivos se obtiene dicha información a partir de una encuesta al entrevistado en la que cada persona o representante del hogar aporta su percepción u opinión sobre su situación económica.

El procedimiento metodológico básico de las investigaciones basadas en la pobreza relativa implica definir los siguientes factores (42):

1. Variable monetaria: Habitualmente los estudios suelen elegir o bien los

ingresos, o bien gastos de las personas o unidades de consumo. En las últimas décadas, los estudios europeos suelen usar los ingresos, por medio de variables como las rentas del trabajo (por cuenta propia y por cuenta ajena), rentas de capital, prestaciones sociales, pagos o devoluciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), alquiler imputado,

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ingresos de asistencia social, transferencias entre hogares, intereses hipotecarios abonados, impuestos regulares sobre el patrimonio y rentas de la propiedad.

A pesar de que estas variables son fácilmente tangibles, objetivas y comparables, usar indicadores de ingresos también tiene algunos inconvenientes dado que no se tienen en cuenta otros bienes como propiedades, ahorros, créditos, etc. Además, los ingresos de una persona pueden variar significativamente en función del ejercicio anual sin que su nivel de vida cambie necesariamente si tienen medios compensatorios.

El uso de gastos aporta una información más estable dado que la tendencia de gasto se ajusta más a la renta estable de la persona-hogar o a la renta esperada. Es decir, una persona puede tener unos ingresos inferiores a los habituales pero mantener el mismo nivel de gasto si confía en que esos ingresos van a incrementarse en un futuro próximo o bien tiene otras fuentes que aportan a su renta. Uno de los problemas de usar los gastos es el método de encuesta empleado y los errores que pueden producirse a la hora de que los encuestados estimen su gasto.

2. Unidad de consumo: Los estudios de pobreza pueden estar basados en

individuos o en hogares. A pesar de ser el hogar un constructo teórico que a veces puede no reflejar la realidad material de una persona, se sigue usando dado que por lo general, la situación económica de las personas depende no solo de su situación individual sino también de la de su hogar. El cálculo de los ingresos per cápita del hogar está desaconsejado en la actualidad, prefiriéndose el de los ingresos por unidad de consumo o ingreso equivalente, que se calcula dividiendo los ingresos totales del hogar entre unidades de consumo y no entre número de personas del hogar, como se hacía en los ingresos per cápita.

3. Escalas de equivalencia: Dado que la composición de los hogares puede ser

muy diferente, no solo en número de miembros, sino en las edades de las personas que los componen, las escalas de equivalencia pretenden calcular

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el ingreso o consumo medio por individuo del hogar de una forma coherente y proporcional. Para ello se tiene en cuenta varias teorías: la “economía de escalas” que implica que el aumento del número de personas del hogar no necesariamente implica un aumento de gasto proporcional (dado que se comparten alquiler, servicios, electrodomésticos, etc.); o la “teoría de unidades de consumos equivalentes” por la que se tiene en cuenta que la pauta de consumo de los niños es diferente a la de los adultos de un mismo hogar.

Existen varias técnicas estadísticas desarrolladas a partir de estas escalas de equivalencias. Una de las más usadas es la que emplea la Organización

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el que la unidad

de consumo por hogar se calcula sumando el peso que se adjudica a cada miembro, siendo este peso de 1 para el primer adulto, 0,7 para el segundo adulto y los siguientes, y 0,5 para los menores de 14 años. La Oficina

Estadística de la Unión Europea (Eurostat) modificó la escala de equivalencia

de la OCDE asignando diferentes valores del segundo adulto (0,5) y de los menores de 14 años (0,3) en el cálculo anterior (45).

4. Fijación del umbral de pobreza relativa: Una vez se han adjudicado los

ingresos por unidad de consumo de cada miembro de los hogares, ha de fijarse el umbral de pobreza. Clásicamente se ha usado la media de la distribución, pero al ser una medida que se afecta más por los valores extremos, la tendencia actual de los estudios y la medida utilizada por

Eurostat es la mediana. En concreto, el umbral de riesgo de pobreza se fija

en el 60% del valor de la mediana. Aquellas personas cuyos ingresos por unidad de consumo estén por debajo del umbral se consideran en riesgo de pobreza (46). Este mismo cálculo se puede hacer para hogares compuestos de 2 adultos y 2 menores de 14 años, en cuyo caso estaríamos analizando la pobreza relativa de los hogares de esa composición.

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Existen otras dimensiones tangibles de la pobreza utilizando indicadores monetarios, como las medidas de su incidencia y distribución, la intensidad de la

pobreza o la duración de la pobreza. El indicador de pobreza persistente aporta

información económica de los últimos cuatro años. Esta situación se produce cuando durante el año del estudio y en dos de los tres años anteriores, los ingresos por unidad de consumo hayan sido inferiores al umbral de riesgo de pobreza (42)(46). Pero además de estos análisis basados en variables monetarias, desde los años ochenta autores como Townsend (43)(47) han publicado varios estudios utilizando indicadores

de privación, que son indicadores no monetarios, sintéticos y multidimensionales

sobre la carencia de bienes y servicios, no necesariamente de primera necesidad, pero considerados necesarios por la sociedad. A este tipo de pobreza se le considera pobreza carencial y contribuye a describir el amplio espectro de la escasez de recursos de los hogares que explica no solo la situación de pobreza, sino también de exclusión social.

B) EXCLUSIÓNSOCIAL

La exclusión social es el fenómeno por el cual, algunas personas y colectivos no están integradas en su sociedad de consumo, bien sea por sus limitaciones monetarias al haber quedado fuera del sistema de trabajo, o por no compartir el nivel estándar del modo de vida que impone la sociedad donde viven. Se trata de un proceso estructural, dinámico y multidimensional de las sociedades postindustriales donde personas excluidas se encuentran privadas de participación en los aspectos económicos, políticos, culturales y/o sociales (47). Clásicamente se han identificado algunos colectivos como los de mayor riesgo de exclusión social: jóvenes con dificultades extensas de inserción laboral, desempleados de larga duración, inmigrantes, madres solteras, personas mayores dependiente, personas no beneficiarias de prestaciones sociales, personas sin acceso a la vivienda y colectivos especialmente segregados (44).

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Pobreza y exclusión social suelen ir acompañadas pero no siempre es así, habiendo personas u hogares pobres socialmente incluidos, y familias no pobres excluidas socialmente por otros motivos como su etnia o raza, religión o valores, por ejemplo.

La exclusión social es consecuencia de políticas ineficaces no integradoras de la sociedad y, por tanto, es susceptible de ser eliminada mediante medidas colectivas e institucionales. En el año 2010, el Consejo Europeo de la Unión Europea aprobó la

Estrategia Europa 2020 (48), por la que se marca una serie de objetivos ambiciosos en

las líneas de empleo, innovación, educación, integración social y clima-energía para que se genere una economía inteligente, sostenible e integradora en sus países miembros. En concreto, para España se marca en uno de los objetivos del apartado integración social, que para el año 2020 se reduzca la pobreza y/o exclusión social en 1.400.000 personas (49).

Una de las actividades derivada de esta iniciativa fue el impulso de estudios estadísticos sobre la situación socioeconómica de los ciudadanos de sus países miembros. En un ejercicio de homogenización de las actividades de los institutos nacionales de estadísticas de los países miembros, se estandarizaron el uso de una serie de indicadores estadísticos socioeconómicos y se crearon algunos nuevos. El concepto de pobreza y/o exclusión social se amplia para tener en cuenta no solo términos monetarios, sino también la carencia severa de bienes materiales (privación material) y los hogares de muy baja intensidad laboral.

Como se ha comentado anteriormente, el concepto de privación material ha sido desarrollado desde los años setenta, sobre todo con los trabajos de Townsend (43). Se han utilizado diferentes indicadores multidimensionales para la valoración de la pobreza carencial a lo largo de las últimas décadas, siendo el último de ellos el adoptado por Eurostat en el marco de la Estrategia Europa 2020. El indicador ERPE (personas en riesgo de pobreza y/o exclusión), AROPE por sus siglas en inglés, mide el porcentaje de personas de la población que se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión. Siendo uno de los ejes que evalúa la carencia material severa, que se define por 4 ó más respuestas afirmativas entre las siguientes 9 afirmaciones (50):

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1) No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año.

2) No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.

3) No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. 4) No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 650 euros).

5) Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad de vecinos, etc.) o en compras a plazos en los últimos 12 meses.

6) No puede permitirse disponer de un automóvil. 7) No puede permitirse disponer de teléfono. 8) No puede permitirse disponer de un televisor. 9) No puede permitirse disponer de una lavadora.

Así pues, según la Estrategia Europa 2020 de la Unión Europea, se define como personas en riesgo de pobreza y/o exclusión (ERPE, AROPE según siglas en inglés), a aquéllas cuyos ingresos económicos son inferiores al 60% de la mediana del ingreso equivalente o por unidad de consumo después de transferencias sociales y/o personas que sufren de privación material severa (4 de los 9 ítems definidos) y/o personas que viven con una intensidad de empleo muy baja (por debajo del 20% de su potencial de trabajo en el año anterior a la entrevista). En caso de estar incluidas en más de una de las tres condiciones, solo se contabilizan una vez. La intensidad del trabajo no se aplica a personas de 60 años o mayores (49).

Según datos del INE del año 2015 (49), el 32% de las niñas y 34% de los niños menores de 16 años en España estaban en riesgo de pobreza y/o exclusión social, concentrándose las mayores tasas de pobreza en los hogares de las personas desempleadas y de menor nivel educativo.

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C) BARRIOS VULNERABLES

La mayoría de las ciudades experimentaron su mayor desarrollo tras el inicio de la Revolución Industrial. En España, la población de las ciudades aumentó a partir de la segunda mitad del siglo XX con el auge de la migración rural hacia las principales urbes industrializadas. Clásicamente, la ubicación de las viviendas de mayor nivel socioeconómico y las sedes de las principales empresas, bancos e industrias de las ciudades se han localizado en el centro de las mismas. Posteriormente, las grandes industrias se fueron desplazando hacia la periferia manteniendo sus principales oficinas en el centro. Conforme las ciudades españolas fueron creciendo periféricamente, las autoridades de principios del siglo XX intentaron solventar el déficit de vivienda mediante una serie de medidas legislativas con escaso éxito, persistiendo zonas con viviendas autoconstruidas, infraviviendas o chabolismo en las ciudades de hoy en día (47).

En el año 1911 se aprueba la primera Ley de Casas Baratas a la que se suceden otras medidas regulatorias estatales que muestran las primeras iniciativas de la intervención gubernamental para aumentar el parque de viviendas para las personas con menor nivel adquisitivo (Ley de Viviendas de Renta Limitada en 1954 y Viviendas

de Protección Oficial en 1963). Estas medidas promueven la participación de entidades

financieras, religiosas y filantrópicas en la financiación de la construcción y compra- venta de las denominadas Casas Baratas para la población obrera, lo cual dará origen a los principales barrios periféricos de las grandes ciudades españolas (51).

La construcción de viviendas de bajo coste no solo repercutió a la calidad de las mismas sino también a la arquitectura, distribución y fisionomía de los barrios que generaron. Así, estos barrios de bajo nivel socioeconómico comparten características que se ha comprobado que influyen en la salud (52), como por ejemplo:

• Escasa accesibilidad a actividades de ocio, parques y zonas verdes.

• Dificultades con el transporte: grandes vías de tráfico que aíslen los barrios, pequeñas aceras, aceras no adaptadas a discapacitados, falta de carriles bici, escasez de espacios públicos, etc.

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• Mayor densidad de población.

• Estética negativa del barrio y falta de limpieza.

• Menor seguridad que repercute en mayores acciones violentas.

La distribución de la población en las ciudades no se rige por el azar sino por una serie de factores históricos y socioeconómicos que determinan donde se alojan las familias. Originalmente, las familias que compartían barrios tenían tradiciones, costumbres y valores sociales similares. En los barrios conviven familias con un poder adquisitivo similar que comparten niveles similares de educación y de tasas de desempleo, por ejemplo. Por lo que la división territorial de las ciudades incluye una dimensión más amplia que la simple división geográfica (47). No obstante, la composición de los barrios no es estática sino que es un proceso dinámico que cambia con el tiempo, como se ha demostrado con la llegada de la inmigración a gran escala en las últimas décadas a España, donde las poblaciones de inmigrantes han tenido tendencias a habitar barrios con menor precio de alquiler de vivienda que previamente habitaban otros inmigrantes y personas de menor nivel socioeconómico.

Las ciudades son por tanto espacios urbanos, compuestos a su vez de diferentes sub-espacios con características socioeconómicas propias y diferenciadas, donde los determinantes de salud inciden de una manera desigual, provocando diferencias significativas en los niveles de salud de los habitantes de una misma ciudad. Los barrios donde la mayoría de su población vive en riesgo de pobreza y/o exclusión social son denominados barrios desfavorecidos, degradados, vulnerables o zonas de necesidad de transformación social, según el marco temporo-espacial y el equipo sociológico de investigación (47)(53). Comprenden un espacio físico urbano, de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado a un área estadísticamente considerada como vulnerable o desfavorecida por tener viviendas en malas condiciones o con escasos servicios, economías familiares frágiles, alta tasa de desempleo, bajos niveles educativos, etc. que hacen que sus habitantes tengan pocos recursos para superar distintos tipos de riesgos que amenacen la subsistencia de sus hogares.

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El “Análisis urbanístico de barrios vulnerables en España” encargado por el Ministerio de Fomento del Gobierno de España al Instituto Juan de Herrera (DUYOT) (54), utiliza unos indicadores básicos de vulnerabilidad urbana (IBVU) para describir, identificar y representar en un catálogo, los barrios vulnerables de las principales ciudades españolas (aquéllas con más de 50.000 habitantes o capitales de provincias). Los tres IBVU utilizados son el porcentaje de población desempleada, el de población sin estudios y el de viviendas en mal estado, a los que se les añade un cuarto indicador con información disponible a partir del año 2006: el porcentaje de población extranjera no miembro de la Unión Europea-15. Según la metodología aplicada, los barrios se clasifican en función de los IBVU de nivel de estudios y de desempleo en una primera fase, al ser considerados indicadores de vulnerabilidad estructural. Esta clasificación se hace en función del porcentaje de la población del barrio con respecto a diferentes valores de desviación estándar de la muestra nacional estudiada, obteniéndose cinco categorías de vulnerabilidad de distinto grado. En una segunda fase, se introduce el IBVU del estado de las viviendas dado que se considera un indicador secundario dependiente de los anteriores. Su información se combina con el IBVU unificado desempleo-estudios y contribuye a definir la situación socioeconómica de los barrios clasificándolos en no vulnerables, vulnerabilidad leve, moderada, severa o crítica. En función de los umbrales de vulnerabilidad que se fijan para cada IBVU se delimitan las áreas estadísticas por uniones de secciones censales correspondientes.

El Gobierno Andaluz publicó el 3 de octubre de 1989 en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), el Decreto 202/1989 por el que se crea El Plan de Barriadas