El poder local

Hacia la segunda mitad de la década de 1960, los hacendados de Huanta se encontraban en crisis, agobiados por una serie de hipotecas, procesos de compra-venta, escasa producción y falta de crédito. El sector

Cuadro 1

Población de la provincia de Huanta: 1993

Total Hombres Mujeres Urbana Rural

Huanta Ayahuanco Huamanguilla Iguain Luricocha Santillana Sivia 23,293 2,696 4,836 1,675 4,434 6,158 17,717 10,803 1,326 2,205 718 2,044 2,773 9,446 12,490 1,370 2,631 957 2,390 3,385 8,271 15,985 314 1,585 341 866 694 3,912 7,308 2,382 3,251 1,334 3,568 5,464 13,805 Total provincial 60,809 29,315 31,494 23,707 37,112 Fuente: INEI 1994.

más numeroso de terratenientes era el que tenía sus estancias en las altu- ras, con una bajísima productividad de tubérculos y ovinos que les permi- tían, sin embargo, mantener cierto prestigio y utilizar los escalones del po- der local ―subprefectura, gobernación, juzgado― para neutralizar protestas y ganar juicios.

Entre 1961 y 1963 se habían producido movilizaciones campesinas reclamando la supresión de formas de explotación servil como el "semane- ro", prestación de servicios domésticos semanales en la casa hacienda, o el "hierbaje", pago por cabeza de ganado por el consumo de pastos. En 1967 los pequeños propietarios del valle se movilizaron contra el pago de predios rústicos. En 1969 volvieron a movilizarse en defensa de la gratui- dad de la enseñanza (véase Castillo 1972, Degregori 1990). La estocada final al poder terrateniente la dio la ley de Reforma Agraria, que se aplicó en la zona entre 1972 y 1976. Pero el gobierno militar de entonces nominó como alcaldes y subprefectos a ex-policías y empleados públicos sin representatividad alguna.

La vuelta al régimen constitucional significó el acceso al poder local de los sectores medios. En el proceso electoral de 1980 postularon como candidatos a la alcaldía provincial dos comerciantes, uno de las filas de Ac- ción Popular y el otro del APRA. Se presentó también como candidato de los sectores medios, bajo el emblema de la Izquierda Unida (IU), un inte- lectual, el historiador Enrique Sánchez Torres, inscrito dentro de una ver- tiente socialista desarrollada en Huanta desde los años 30 (véase Coronel 1983). Retomando los símbolos de esta corriente, desarrollando una am-

plia labor cultural, especialmente a través del Centro Cultural Huanta, y proyectando una imagen democrática y de eficacia profesional, Sánchez ganó la alcaldía provincial en 1980. Hasta 1982 la alcaldía contribuyó a quebrar el estilo autoritario y excluyente de los "notables" en el ejercicio del poder local, ampliando la participación ciudadana, incluyendo la cam- pesina, a través de cabildos, comisiones de trabajo, visitas a pagos y comu- nidades.

También en los distritos los terratenientes fueron desplazados del ejer- cicio del poder local por miembros de una incipiente burguesía rural, que se incluía en el círculo de notables de la ciudad de Huanta, en la cual resi- dían normalmente. Se trataba de propietarios de fundas de 20 a 50 has. con una producción agroindustrial en pequeña escala (caña de azúcar, vid), que impulsaban además la crianza de ganado mejorado (vacunos, cerdos), frustrada abruptamente por la reforma agraria. Algunos de ellos asumieron alcaldías locales a partir de la influencia que tenían en los pagos en donde se ubicaban sus propiedades y aún en los pagos vecinos, en los que contrataban peones.

En los pagos, los cargos de autoridad como teniente gobernador, juez de paz, repartidor de aguas, se encontraban en manos de campesinos me- dios, que jugaban un rol ambiguo. Por una parte como autoridades, por otra como portavoces de reclamos de sus pagos ante las oficinas estatales en la capital de provincia 4. Compartían condiciones de vida y valores culturales con la población del lugar y terminaban asumiendo con frecuencia la defensa de las reivindicaciones campesinas. El ejercicio de estas autori- dades se basaba en el consenso antes que en la fuerza. Tal vez, simplemen- te, porque existía fuerza policial disponible en el pago. Eran las normas consuetudinarias las que posibilitaban el ejercicio de la autoridad. Sin em-

4. Un caso paradigmático es el de Eduardo Cárdenas, reiteradas veces autoridad en su pago de Pampachacra, propietario de cuatro has. de tierra con riego y una media docena de cabezas de ganado Holstein cuya producción de leche y queso comercializaba en la ciudad. Con experiencia migratoria en Lima, donde trabajó ocho años como obrero y con instrucción primaria completa, Cárdenas fue autoridad en su pago y luego fundador de la Asociación de Pequeños Propietarios del valle, protagonista en la protesta contra el impuesto predial en 1967 y en la movilización popular de 1969 por la gratuidad de la enseñanza. Otro caso es el de don Francisco Santillana, propietario de tres has. de cereales y frutas, y de una pequeña tienda en el pago de Mainay; múltiples veces teniente gobernador y repartidor de aguas y simultáneamente activista incansable a favor de candidatos izquierdistas para la diputación provincial en diversas campañas electorales.

bargo, eso no significaba que no utilizaran el cargo para el logro de bene- ficios menores, tales como el uso más frecuente de turnos de riego.

En las alturas, la crisis de los poderes locales fue brusca. A fines de la década de 1960 los terratenientes aún seguían ejerciendo autoridad en sus estancias, ya sea directamente o a través de arrendatarios y administrado- res; y mantenían su influencia política en distritos como San José de San- tillana y Ayahuanco. La reforma agraria erradicó este poder, produciendo un vacío, pues aquí no hubo lugar para el surgimiento de elites alternati- vas, agrarias o profesionales. El ejercicio precario del poder local, a nivel de cabeceras de distritos, pasó a manos de pequeños comerciantes y em- pleados estatales con escasa legitimidad social. En las ex-haciendas, los mi- cro poderes locales pasaron a ser ejercidos por las autoridades comunales. La organización multicomunal, distrital y provincial propugnada por la Federación Provincial de Campesinos de Huanta e impulsada por acti- vistas de diversas organizaciones de izquierda en la década de 1970, no cuajó. Eran muy diferentes los criterios de liderazgo manejados por los ac- tivistas y por los comuneros. Los primeros usaban un criterio de clase dentro de un contexto de relativa homogeneidad en la pobreza, propio del régimen de hacienda que los campesinos acababan de dejar. Los comune- ros destacaban su identificación con sus valores culturales y con su expe- riencia como agricultores.