Políticas ambientales en México 1970-2000

Por ser de interés prioritario en este trabajo, abordaré sólo lo concerniente a los resultados de las políticas ambientales que se han tratado de instrumentar en nuestro país, entre los años 1970 a 2000, pues a más de treinta años del inicio de algunas políticas ambientales en México, es necesario responder a interrogantes como: ¿cuáles han sido los resultados obtenidos por las políticas ambientales instrumentadas?; ¿qué alcance en materia educativa han tenido las acciones desarrolladas a través de dichas políticas?

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Si bien, La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED), en Río de Janeiro, Brasil en 1992, fue el detonante para que nuestro país asumiera un compromiso mayor con el tema ambiental y, el Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental en Guadalajara, México, en noviembre del mismo año, marcó el inicio de acciones ambientales concretas, es necesario hacer una revisión de las políticas que sobre el tema, fueron instrumentadas y, los alcances que fueron observados, a partir de la década de los años setenta.

En un informe publicado por el Instituto Nacional de Ecología, titulado: Medio ambiente y políticas públicas en México (1970-1993), Lane Simonian (2008), revisa las principales acciones y razones que animaron la política ambiental mexicana de las últimas décadas, así como, sus logros y principales limitaciones (INE, 1993), a partir del análisis de diversos documentos de estudios sobre el tema. A continuación, se describen los más sobresalientes.

Las primeras acciones en materia de la política ambiental en México se dieron al inicio de los años setenta, “cuando se promulgó la Ley para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental. Muchos aspectos de esta ley fueron aplicados débilmente. El presidente Luis Echeverría, colocó los temas ambientales en la agenda política. No estableció la legislación como respuesta a un movimiento ambientalista cada vez más fuerte. Como sus contrapartes en Estados Unidos de Norteamérica, los funcionarios mexicanos otorgaban ampliaciones de plazo a industrias que alegaban que no tenían ni dinero ni tiempo suficiente para instalar la tecnología anticontaminante. Por diversas razones, sin embargo, el hacer cumplir las leyes para el control de la contaminación en México era mucho más problemático que en Estados Unidos. A principios de los setenta, en 1972, se dio la primera respuesta directa de la organización administrativa del gobierno federal, para enfrentar los problemas ambientales del desarrollo desde un enfoque eminentemente sanitario, al instituirse la Subsecretaría para el mejoramiento del ambiente, en la Secretaría de Salubridad y Asistencia”. Sobre este punto, González Gaudiano (1999), expresó:

ante la necesidad de definir mejor la posición latinoamericana frente a este nuevo ámbito de política, en respuesta también a los planteamientos del Club

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de Roma sobre: Los límites del crecimiento; en 1974 el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la UNESCO, convocaron en Cocoyoc, México, el Seminario sobre Modelos de Utilización de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Estrategias de Desarrollo. Ahí se criticó abiertamente el modelo de desarrollo dominante y se avanzó en la búsqueda de modelos alternativos que combatieran las desigualdades sociales que induce dicho desarrollo (p.141).

Por su parte, enfatizaba Simonian (1998), que la tibia aplicación por parte del presidente Luis Echeverría (1970-1976), de las leyes de control de la contaminación produjeron algunas protestas públicas.

El siguiente presidente de México, José López Portillo (1976-1982), pretendió continuar con las políticas ambientales de Echeverría, pero sólo realizó algunos cambios menores como el dejar la Subsecretaría de Mejoramiento Ambiental dentro de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, restándole importancia con esta acción, a los programas del medio ambiente.

Un año después, el presidente creó una comisión intersecretarial (compuesta por representantes de diferentes dependencias) para la salud ambiental, a fin de coordinar los programas ambientales. Los programas de educación ambiental también se incrementaron. La Secretaría de Educación introdujo materias ambientales en los planes de estudio de las escuelas primarias, y anunció un programa similar en las secundarias. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes permanecieron sin educación sobre la crisis ambiental en su país. Para la mayoría, López Portillo se había adherido a los magros remedios ambientales de su predecesor. (INE,1993, pp. 209-210)

Las medidas adoptadas por Echeverría y López Portillo habían logrado poco para detener el deterioro ambiental en México. Como el mismo gobierno reconocía: “No hay duda de que después de diez años de preocupación ambiental, de legislación y de actitud, no hemos logrado un avance substancial en el mejoramiento de la calidad del medio Ambiente” (INE, 1993, p. 211).

A partir de 1982, durante el periodo del presidente De la Madrid, se buscó normar las políticas de protección ambiental, de tal suerte que fueron integradas en la Constitución Mexicana, las bases jurídicas para tal fin. Como resultado, fue creada la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), buscando reorientar la política ambiental del país y en este mismo año se promulgó la Ley Federal de Protección al Ambiente (Lajous, 1988).

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En otros casos, el compromiso del presidente de la Madrid con la protección ambiental era más ambiguo. Durante su mandato, grupos públicos y privados plantaron más de sesenta y cinco millones de árboles, pero por cada uno que se plantaba, se cortaban cien (El cinturón verde, 1988). “Dentro del Valle de México, muchos de los renuevos murieron por la contaminación o fueron cortados para permitir la ampliación de las calles. La administración de Miguel de La Madrid, creó una comisión intersecretarial para la protección de la Selva Lacandona. A pesar de ello, 143,000 hectáreas de esa zona fueron taladas durante su mandato” (Hernández, 1988, p.14).

“De la Madrid había adoptado algunas medidas ambientales positivas, pero no reglamentó efectivamente las actividades perjudiciales para el ambiente, algunas de las cuales habían sido perpetradas por el mismo gobierno. En 1988 fue publicada la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LEEGEPA), misma que hasta la fecha, ha sido la base de la política ambiental del país” (Simonian, 1998, 217-218).

El gobierno de Salinas (1988-1994) mostró menos interés con la resolución de los problemas ambientales de la Ciudad de México. “Salinas prometió acabar con el saqueo del que era objeto la Selva Lacandona, declarando: México está empeñado en progresar, y el progreso no significa más degradación y destrucción de los recursos naturales de México” (Simonian, 1998, p. 219).

Los programas que en el sexenio de Salinas si se llevaron a cabo, fueron los que se relacionaban con la contaminación del aire en la Ciudad de México, ya que para esos momentos era urgente atenderlos, pues dicha contaminación alcanzaba índices muy graves para la salud de las personas. En noviembre de 1989, inicio la campaña para no circular. “Otros esfuerzos del gobierno se han enfocado a la conservación del agua y a la reforestación en el Valle de México. Entre 1990 y 1992, el gobierno elevó las tarifas de agua en un 400%, en un esfuerzo para estimular el ahorro de la misma. En 1992, se transformó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y se crearon

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el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) (Simonian, 1998, pp. 217-218). Sin embargo,

cuando la Asociación Tierra Unida, respaldada por la ONU, honró a Carlos Salinas de Gortari por sus «valientes acciones ecológicas que beneficiaran tanto a México como al mundo», el periodista Aridjis reveló que Salinas recibió el premio en el mismo año (1991) en que la contaminación del aire había alcanzado niveles peligrosos en el Valle de México, los incendios forestales (95 % de los cuales había sido intencionalmente provocado) habían destruido 150,000 hectáreas de vegetación, se habían desforestado más de 370,000 hectáreas, la fauna silvestre había perecido debido a la cacería, el tráfico y la destrucción de los hábitat, y las fuentes de agua se habían agotado y contaminado (Simonian, 1998, pp. 226).

Ya en el gobierno de Ernesto Zedillo, el 30 de noviembre del año 2000 se cambió la Ley de la Administración Pública Federal, dando origen a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), dicha institución nació con el concepto de "desarrollo sustentable”, con la finalidad de planear el manejo de recursos naturales y políticas ambientales en nuestro país, desde un punto de vista integral y pretendía articular los objetivos económicos, sociales y ambientales (INE, 1993). Así, el medio ambiente se estableció como un tema transversal inserto en las agendas de trabajo de las tres comisiones de gobierno: Desarrollo Social y Humano; Orden y Respeto; Crecimiento con calidad (Semarnat, 2013).