Políticas de Competitividad

El tema de la Competitividad comenzó a ser tratado en profundidad en Colombia a principios de los años noventa del siglo pasado. Las primeras iniciativas para impulsar la Competitividad en Colombia provinieron del Gobierno Nacional y se orientaron en un principio a nivel macroeconómico, más adelante el sector privado se interesó y estableció alianzas con el sector público, paso seguido las Universidades, los Centros de Investigación, las empresas de Consultoría se fueron involucrando, así mismo como los Gremios Económicos, las Cámaras de Comercio de las principales ciudades y otras organizaciones no gubernamentales. A partir de los noventa esta preocupación por el tema tendió a generalizarse a raíz del agotamiento del modelo proteccionista de sustitución de importaciones y de su reemplazo por el de Apertura Económica y de las implicaciones que para el sector productivo representaba tan semejante cambio. De esta manera fueron contratados por el Gobierno Nacional y las Alcaldías de algunas importantes ciudades Colombianas(Bogotá y Medellín), sendos estudios de Competitividad a la firma Monitor liderada por Michael Porter para establecer un diagnóstico y formular unas políticas para el desarrollo de la Competitividad en el país, el más conocido de ellos publicado por la Cámara de Comercio de Bogotá fue el de Creación de la Ventaja Competitiva para Colombia en el año de 1994 donde se aplica el Diamante Competitivo a los sectores económicos o encadenamientos productivos que representaban la creación o el desarrollo de potenciales ventajas competitivas generando algunas recomendaciones.

El primer Gobierno que aborda el tema a profundidad y explícitamente es el de Cesar Gaviria Trujillo consagrado en su Revolución Pacífica, Plan de Desarrollo

Económico y Social, 1990-1994 En el prólogo, el presidente se refiere a las

propuestas consignadas en el Plan de implementar una serie de reformas en la estructura de los mercados con el objetivo de fomentar la eficiencia y la competitividad en el país, eliminando escollos de índole macroeconómico (Presidencia de la República-Departamento Nacional de Planeación, 1991: 8).

En el capítulo I del Plan, se afirma que la concentración de la producción innecesariamente alta y prolongada ha impedido la competitividad de los productores por medio de un intensivo y difundido progreso técnico. Se menciona que los sobrecostos de la infraestructura física han limitado la ampliación del mercado interno y la orientación de la economía hacia el exterior. Además, se le atribuye a las restricciones e imperfecciones del mercado de capitales el no permitir un flujo de recursos suficientes hacia aquellas actividades con mayores ventajas comparativas en el uso de los abundantes recursos que posee el país (Presidencia de la República- Departamento Nacional de Planeación, 1991: 16).

En otro apartado, el Plan vuelve sobre el tema de la competitividad, señalando en parte como cuellos de botella el rezago de las instituciones y la pérdida de conexiones con el exterior para el avance del país por una senda estable de desarrollo económico y social. Considera el Plan que:

(…) La falta de competencia externa e interna, que la escasa movilidad de recursos de capital y trabajo y la ineficiente asignación del ahorro, en contra de actividades con mayores externalidades (como el capital humano) o con mayor productividad potencial del capital (como la agricultura, la pequeña producción urbana o la infraestructura de transportes) han entrabado el crecimiento y ha impedido una distribución más equitativa de sus beneficios. (Presidencia de la República- Departamento Nacional de Planeación, 1991: 18).

En el capítulo II se plantea la necesidad de generar una economía más competitiva y eficiente a través de reformas estructurales en el mercado de bienes, el mercado laboral, el mercado financiero y de capitales: en el mercado de bienes con la desgravación arancelaria, eliminación de restricciones cuantitativas y fijación de la tasa de cambio. En el mercado laboral, con la eliminación de obstáculos macroeconómicos a la productividad como la antigua legislación colombiana que imponía sobrecostos innecesarios a los

empresarios y trabajadores (acción de reintegro forzoso, pensión-sanción, retroactividad de las cesantías). En el mercado financiero y de capitales con el establecimiento de la libertad de entrada en él tanto de los capitalistas nacionales como extranjeros y una serie de garantías e incentivos a estos últimos para que invirtieran en el país.

En el capítulo III relacionado con la rehabilitación de la red ferroviaria se expresa que su modernización tiene por objetivo “reducir costos operativos, de forma que se disminuyan los fletes y se aumente la competitividad de nuestros productos en el mercado internacional”. También se menciona que para una mayor competitividad de los sectores productivos debe desarrollarse una política activa de ciencia y tecnología. A este respecto se menciona:

(…) El mejoramiento de la competitividad de los sectores productivos del País es la clave para acelerar las tasas de crecimiento económico y la mejor opción que tiene nuestra sociedad para asegurar el avance sostenido de las condiciones de vida de nuestra población.

Los mecanismos tradicionales de protección de la industria vienen desmontándose y las empresas nacionales están replanteando rápidamente su misión. La alternativa de mayor realismo es aprestarse para la competencia internacional… La innovación, la calidad, el dominio del conocimiento científico y la capacidad de convertirlo en industria, surgen como los determinantes fundamentales de la competitividad en nuestro tiempo (COLCIENCIAS, 1993: 1).

Durante el Gobierno del presidente Ernesto Samper, el término competitividad adquirió mayor relevancia. En este cuatrienio se creó el Consejo Nacional de Competitividad y se pusieron en marcha los Acuerdos Sectoriales de Competitividad. En “El Salto Social. Plan Nacional de Desarrollo. Ley de inversiones 1994-1998”, como eje de referencia de la política sectorial se colocó el proceso de internacionalización cuyo “concepto fundante es la

competitividad” el cual debe expresarse en particular en la penetración de

mercados externos.

En el capítulo 6 del Plan: “Competitividad para la internacionalización” el gobierno propone la consolidación del proceso de apertura mediante una estrategia de competitividad ambiciosa para la internacionalización que sea fruto de un esfuerzo concertado entre los sectores público y privado,

(…) orientado a diseñar estrategias tecnológicas, productivas, comerciales y de infraestructura conjuntas, que permitan aumentar y utilizar eficientemente los recursos productivos y generar ventajas comparativas sostenibles. Esta estrategia deberá dinamizar la generación y calificación de puestos de trabajo, al contribuir decisivamente al objetivo central del Plan de Desarrollo de mejorar las condiciones de empleo de la mayoría de la población.

La concepción de competitividad del Gobierno indica que los esfuerzos para impulsar la competencia en los mercados de bienes y servicios y franquear los obstáculos que impiden la movilidad de los factores productivos deben complementarse con políticas sectoriales activas encaminadas a eliminar las barreras que los empresarios privados encuentran en cada sector para lograr mayores niveles de productividad. De aquí se deduce que la construcción de ventajas competitivas estables no es un resultado automático de la política comercial y de la liberalización de los mercados internos; que requiere también acciones sectoriales activas orientadas a facilitar a los distintos sectores su integración al nuevo modelo de desarrollo.

La estrategia de competitividad formulada, se establece en el Plan Desarrollo, será coordinada por el Consejo Nacional de Competitividad con base en cinco programas: la política nacional de ciencia y tecnología, el plan estratégico exportador, la política de modernización agropecuaria y rural, la política de modernización industrial y la estrategia de infraestructura para la

competitividad. Este Consejo lo integra el Presidente de la República quien lo preside, funcionarios del alto gobierno, los sectores empresarial, académico y laboral. La Coordinación Ejecutiva se le asigna a la Consejería Económica y de Competitividad de la presidencia de la república y la secretaría técnica está a cargo de la unidad de desarrollo empresarial del Departamento Nacional de Planeación, con el apoyo del Consejo Gremial Nacional, y las corporaciones Calidad, Coinvertir y Colombia Internacional.

Al Consejo se le da la responsabilidad de desarrollar tres frentes de trabajo:

1. El diagnóstico de la situación del país y la identificación de iniciativas de particular interés para el desarrollo de una economía competitiva.

2. La promoción de Acuerdos Sectoriales de Competitividad que son el