4 ¿Se garantizan los derechos de las mujeres indígenas en Guatemala? 4.1 Participación política y derecho a la ciudadanía
1. La situación de los pueblos indígenas
1.1. Políticas internacionales
Según recogen diversos estudios y análisis, en Guatemala tiene lugar hoy en día una recomposición acelerada del proyecto político y económico de las familias y élites que conforman la oligarquía guatemalteca, en coordinación con capitales extranjeros. Este proyecto articula un nuevo modelo de acumulación capitalista que tiene en los megapro- yectos –la explotación petrolera y minera, y la instalación de cultivos extensivos de palma
1 Iwanka Raya, M., “Mujeres indígenas confrontan la violencia”, Informe complementario al estudio sobre violen- cia contra las mujeres del Secretario General de Naciones Unidas. 2006.
2 ONU, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. Noviembre de 2007.
57 Explotación de los bienes naturales:
políticas, impactos y resistencias
africana y azúcar– su más acabada y actual expresión. Las bases de este proceso fueron sentadas hace más de 20 de años con la crisis de la agricultura tradicional de exportación y de monocultivos como el algodón, el café, así como con la aplicación de los Programas de Ajuste Estructural (PAE). Estos Programas establecían grandes cambios en las políticas de financiamiento internacional de los llamados “países en desarrollo”, tales como: la racio- nalización y reducción del gasto público del Estado; la liberación del comercio con enfoque de rendimiento económico en la exportación directa y en la extracción de recursos natu- rales, seguido del levantamiento de las restricciones a la importación; la liberación de los servicios financieros, provocando la multiplicación de los bancos, instituciones y agentes financieros3.
En la etapa actual de globalización económica, la sociedad civil guatemalteca e interna- cional dan cercano seguimiento a los planes estratégicos y las actuaciones de los capitales transnacionales, así como a las políticas propuestas o aplicadas por gobiernos extranjeros y entidades supranacionales. De un monitoreo general de los análisis desarrollados por la sociedad civil en Guatemala y en el exterior, se encuentran algunos ejemplos que ilustran lo descrito en el párrafo anterior:
El Plan Puebla Panamá (PPP), actualmente conocido como Proyecto Mesoamérica4. Tal y
como recoge su sitio web, se trata de un espacio político integrado por nueve países –Beli- ce, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá– y contempla ocho iniciativas de megaproyectos, incluyendo el séptimo la interconexión eléctrica, el Sistema de Integración Energética para Centroamérica y Panamá. Es el Siste- ma de Interconexión de las redes Eléctricas de los Países de Centroamérica (SIEPAC), para poder generar electricidad en un país y venderla en otros. También se interconecta Guate- mala con México y Belice5.
El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre República Dominicana, Centroamérica y EE.UU.
(DR-CAFTA, por sus siglas en inglés). Según Derechos en Acción, las cláusulas de protec- ción a la inversión en los TLC restringe las posibilidades de las comunidades, regiones y países a determinar qué tipo de inversiones, proyectos o estrategias servirán mejor para el desarrollo del país y las necesidades de la población6. Según la publicación periódica
de El Observador, las exigencias competitivas que imponen tratados comerciales como
este TLC o el Proyecto Mesoamérica, tienen su reflejo en Guatemala en los objetivos que han sido definidos por el influyente bloque empresarial industrial y agroindustrial del país, y a su vez estos objetivos están estrechamente relacionados con la reestructuración de la matriz energética anunciada por el Presidente Álvaro Colom en mayo de 20087. Según
este análisis: Presentada como una una propuesta innovadora, el anuncio gubernamental no ha hecho más que retomar y seguir los pasos de lo que la administración de Óscar Berger inició: transformar la matriz energética para la atracción de inversiones de capital fresco y
3 Zabalo, P., “Entrada PAE”, en Karlos Pérez de Armiño (dir.): “Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo”, Icaria editorial/Hegoa. Barcelona, 2000.: Los PAE obedecen a una concepción extremadamente orto- doxa de la política económica, que años más tarde sería bautizada por sus propios impulsores como el “consenso de Washington”, pretendiendo dar a entender su universal aceptación por parte de los expertos en desarrollo eco- nómico.
4 Desde junio de 2008, el PPP pasó a denominarse Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica o Proyecto Mesoamérica. Se busca con este nuevo nombre remozar el PPP, aunque su lógica siga siendo la misma: integrar y amoldar todo el territorio desde el sur de México hasta Colombia para que sirva al gran capital. De los más de 100 proyectos económicos que existían cuando arrancó el PPP en 2001, se acordó dejar sólo una veintena centrados en energía, electricidad, salud, educación, telecomunicaciones, agro-combustibles, carreteras y vivienda. Zunino, Mariela y Pickard, Miguel, Ciudades Rurales en Chiapas: Despojo gubernamental contra el campesinado, Nº571, CIEPAC. San Cristóbal de las Casas, México, 26 de diciembre de 2008.
5 Véase página web del Plan Proyecto Mesoamérica: http://www.planpuebla-panama.org
6 Derechos en Acción, “Un Desarrollo Patas Arriba y al Revés. Actores Globales, Minería y Resistencia Comunita- ria en Honduras y Guatemala”. Guatemala, febrero de 2005.
7 El Observador, “Generación de energía y megaproyectos”, Editorial, Año 3, Nº 16. Guatemala, diciembre de 2008 - enero de 2009.
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Mujeres indígenas guatemaltecas en resistencia:
protagonistas en la defensa comunitaria de la Madre Tierra y sus bienes naturales
cuantioso, fundamentalmente extranjero, hacia proyectos hidroeléctricos y plantas a base de carbón mineral. En esa relación, por supuesto, entran los intereses y capitales de las fami- lias oligarcas y de los grupos económicos corporativos que vienen ensayando inversiones en la generación de electricidad 8.
El Acuerdo de Libre Asociación (AdA) entre Centroamérica y la Unión Europea (UE). Tal y como se recoge en su página web, el ADA/CA-UE implicaría el establecimiento de com- promisos mutuos en tres áreas complementarias o pilares: Diálogo Político, Cooperación y el Pilar Comercial. En este último, el objetivo es el establecimiento de una zona de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los países de Centroamérica (CA)9. Según la red
social europea Grupo Sur, ello podría responder al propósito de construir una plataforma para el anclaje del capital corporativo, estadounidense y europeo, amancebado con el ca- pital oligárquico centroamericano en condiciones de subordinación10. En un estudio publi-
cado por CIFCA en 2006 se destacaba que si bien es deseable que la UE y Centroamérica intensifiquen sus relaciones políticas y económicas, ello no puede ignorar dos aspectos esenciales al momento de iniciar las negociaciones comerciales: primero, el reconocimien- to de que es necesario un trato especial y diferenciado que reconozca las enormes asimetrías entre las partes, y el derecho y obligación de los gobiernos de los países de Centroamérica de implementar de manera previa estrategias de desarrollo a nivel nacional y regional que garanticen el respeto y promoción de los derechos humanos y, segundo, la capacidad que tiene Centroamérica de competir como un bloque regional integrado no sólo en los aspectos comerciales, sino también económicos, institucionales, sociales y culturales11.
CONAVIGUA opina que bajo el postulado de que “el mercado es siempre la solución a todos los problemas del desarrollo”, se demuestra la innegable influencia del sistema económico predominante a nivel mundial en el desarrollo de las políticas nacionales12.
Por ejemplo, en Guatemala, se han privatizado algunos de los servicios básicos como la ge- neración y distribución de energía, las telecomunicaciones y el transporte, que han pasado a depender de empresas multinacionales. En este contexto, se ha producido el primer caso de privatización del suministro de agua, en el municipio de Puerto Barrios, departamento de Izabal, donde la empresa española Aguas de Barcelona13 obtuvo la concesión del sumi-
nistro de agua. Según Andrés Cabanas, esto mismo se intentó realizar en San Antonio Su- chitepéquez pero la resistencia comunitaria fue tal que desistieron14. El proceso de privati-
zación de los servicios básicos, según las organizaciones sociales de defensa de los bienes naturales, supone el establecimiento de las condiciones legales para la implementación de megaproyectos, y lo consideran más destructivo en los países que han sido empobrecidos a través de la explotación, fomentada por los acuerdos del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)15.
8 Ídem. Concluye, además, que si bien el Gobierno está promocionando estos grandes proyectos bajo un discurso social, en el fondo esta transformación (de la matriz energética) es un negocio que está en manos privadas para favorecer igualmente intereses y beneficiarios privados.
9 Véase página web de los Acuerdos de Asociación (AdA), http://www.aacue.go.cr 10 Grupo Sur, “¿Desde arriba y afuera o desde abajo y adentro?”.
11 CIFCA, “Hacia un Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea ¿Un instrumento para el desarrollo y los derechos humanos o un CAFTA II?”, Presentación de preocupaciones y propuestas en el contexto de la IV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Abril de 2006. La propuesta de este estudio fue en aquel momento que la UE y Centroamérica no comiencen negociaciones de un TLC hasta que no se acepte primero que otro AdA, distinto al que tiene los intereses comerciales en el centro, es posible, y recoge algunas recomendaciones para reorientar las negociaciones en esta dirección.
12 CONAVIGUA, Racismo Ambiental en territorio de los Pueblos Indígenas asentados en la región de las Verapaces. Guatemala, 2005.
13 Se puede consultar la trayectoria de la empresa en América Latina en la página web del Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL) http://www.omal.info/www/todoextendido.php3?id_mot=58 14 Cit. PBI, Entrevista Cabanas.
15 Memorial del II Encuentro Binacional por la Defensa de los Recursos Naturales Chiapas-Guatemala, San An- tonio Huista, Huehuetenango, Guatemala, 21 y 22 de marzo de 2009.
59 Explotación de los bienes naturales:
políticas, impactos y resistencias
Servicio de electricidad y concesión de la distribución de energía eléctrica en el municipio de Ixcán
Viviendas electrificadas 5,2%
Promedio de consumo mensual 0,594 megavatios
Concesión Estatal a la empresa municipal EMRE. US$ 1.794.871,79 Concesión Estatal a UNIÓN FENOSA
Programa de Electrificación Rural US$ 9.743.589,74 Fuente: Puente de Paz