POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONTROL DEL TABAQUISMO

Sir George Young señaló en 1981 que «la solución al problema del tabaquismo no se encontrará en los laboratorios de investigación, ni en los quirófanos de los hospitales, sino en los parlamentos de las naciones democráticas». Con ello no hacía otra cosa que indicar que el problema del tabaquismo es fundamentalmente un problema social y que su solución exige de un abordaje global que sólo puede ser planteado desde el marco político [Barrueco 2003].

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Tesis Doctoral. Universitat Rovira i Virgili. 2015

125 Aunque la prevalencia de tabaquismo en la población adulta española aún queda lejos del 20% de otros países desarrollados, también es cierto que en España cada vez se fuma menos [DHHS 2011, DHHS 2012]. Y en gran medida estos resultados son consecuencia de la implantación de las denominadas leyes “antitabaco

”

2010]. Es obvio que determinadas políticas públicas de control del consumo de

tabaco llevadas a cabo por los gobiernos son importantes para la prevención del tabaquismo y la mejora de la salud de la población y, aunque cohabiten en el espacio y el tiempo con las estrategias propias de la industria, suelen crear un contexto favorable para el abandono del tabaco por los fumadores [Villalbi 2009]. El movimiento de prevención del tabaquismo en España ha sido reciente en comparación con otros países que comenzaron a reaccionar hace varias décadas, cuando se demostraron de forma irrefutable los daños para la salud de su consumo

[Fernández 2006]. Por causas contextuales, las políticas de prevención del tabaquismo

en España han tenido un desarrollo relativamente tardío y no fue hasta su entrada en la Unión Europea que se intensificó el marco legislativo en materia de prevención y control. De esta forma, la entrada en vigor de diversas normativas reguladoras sobre el tabaquismo ha disminuido la permisividad y la visión positiva que hasta hace poco se tenía del hábito de fumar [Rojas 2014].

Los textos legislativos de ámbito nacional aprobados hasta ahora son diversos y se repasan brevemente a continuación.

2.10.1. Real Decreto192/1988 y Real Decreto 510/1992

La primera normativa restrictiva respecto a la exposición involuntaria al humo del tabaco fue el Real Decreto192/1988 (de 4 de marzo de 1988). Parte de la base del reconocimiento del tabaco como una sustancia nociva para la salud. En él se establecen las primeras medidas de protección en espacios públicos con la prohibición de fumar en los colegios, hospitales y transportes colectivos fuera de las zonas habilitadas y deja claro que, en caso de conflicto, prevalece el derecho a la salud de las personas no fumadoras [Real Decreto 192/1988].

Con el Real Decreto 510/1992 (de 14 de mayo de 1992) se impone la restricción total de fumar en aviones que realizan vuelos comerciales con origen y destino en territorio nacional, siempre que la duración programada de vuelo sea inferior a 90 minutos [Real Decreto 510/1992].

Eficacia de la espirometría como estrategia de intervención para dejar de fumar en Atención Primaria (ESPITAP)

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2.10.2. Ley 28/2005 y Ley 42/2010

La prohibición de fumar en el lugar de trabajo no comenzó hasta enero de 2006 con la entrada en vigor de la Ley 28/2005 (de 27 de diciembre de 2005) denominada “de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, suministro, consumo y publicidad de los productos del tabaco” [Ley 28/2005]. La ley ha sido calificada como “hito en la salud pública moderna en España” porque supuso un paso definitivo en la lucha frente al tabaquismo por sus repercusiones sobre el consumo y venta, por el intenso debate social suscitado y por su valor preventivo sobre generaciones futuras [Villalbi 2009]. El texto de la ley contiene una parte expositiva que plantea que su objetivo es disminuir el daño que hace el tabaco, y una parte dispositiva que incluye aspectos regulatorios y de fomento de programas de prevención y tratamiento del tabaquismo. Se prohíbe de forma general la publicidad y el patrocinio del tabaco. Se reduce el número de puntos de venta, que quedan restringidos a la red de estancos y establecimientos donde se permite fumar. También se establece de manera general la prohibición de fumar en espacios públicos cerrados y lugares de trabajo, autorizando habilitar algunas zonas para fumadores (básicamente en locales de restauración, hostelería, salas de fiesta...), con algunas excepciones concretas [Villalbi 2009].

La restricción total del consumo de tabaco en el sector público se completó con la Ley 42/2010 (de 30 de diciembre), de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. Esta nueva ley modificó la anterior de 2005 que permitía algunas excepciones (locales con una superficie inferior a 100 m2_{), y desde su publicación} quedó prohibido fumar en todos los locales de hostelería sin excepciones [Ley 42/2010].

2.10.3. Repercusiones sanitarias de la legislación contra el tabaco

Varios estudios que han analizado el impacto que la legislación ha tenido tanto en la prevalencia del consumo de tabaco como en la exposición al humo ambiental. En un estudio basado en datos del Estudio General de Medios, estimó que en las mujeres y los hombres de entre 15 y 44 años y también en las mujeres de 45 a 64 años, la tendencia del consumo de tabaco no se vio alterada de forma significativa tres años después de la aplicación de la Ley 28/2005[Regidor 2011]. Bien al contrario, en los hombres y mujeres más jóvenes, con edades comprendidas entre los 25 y los 44 años, se observó un punto de inflexión tras la aprobación de la ley que dio lugar a un incremento del 1% en el consumo de tabaco. La similitud de estos resultados con Dipòsit Legal: T 1585-2015

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127 los observados en otros países sugiere que la legislación contra el tabaco, aunque es eficaz en la reducción de la exposición al humo ambiental, no parece lograr el objetivo secundario de reducir la prevalencia de tabaquismo en la población [López 2010].

Precisamente el cumplimiento de la legislación y su aplicación sobre la exposición pasiva al humo del tabaco en el sector hostelero ha sido motivo de discusión y estudio por parte de diversos investigadores especialmente preocupados por estas exclusiones y sus posibles repercusiones en materia de salud pública [Manzanares-Laya

2011, Villaverde 2012, Córdoba 2013]. La conclusión general es que la prohibición total de

fumar en los locales de hostelería protege a trabajadores y clientes de los riesgos para la salud de la exposición ambiental al humo de tabaco.

Pero evaluar el impacto que ha supuesto la legislación es complejo, porqué aunque algunos efectos preventivos que son inmediatos (como por ejemplo la disminución de riesgo coronario al eliminarse la exposición al humo ambiental), otros son esperables sólo a largo plazo y de manera acumulativa (como por ejemplo el riesgo de cáncer o la menor incidencia del tabaquismo en adolescentes). Pese a todo, hay elementos que sugieren un impacto positivo [Villalbi 2009].

Desde la entrada en vigor de las leyes “antitabaco”, la publicidad directa e indirecta del tabaco ha desaparecido prácticamente de nuestras vidas. Ahora es muy difícil encontrar anuncios de tabacaleras en marquesinas de autobuses, vallas publicitarias o en las revistas más populares. La imagen social del tabaco ha cambiado del tal forma que el de fumar se ha convertido en un comportamiento cada vez menos aceptado y probablemente el debate generado con la entrada en vigor de la nueva legislación contribuyó a ello. Así que es de esperar un efecto positivo respecto a la reducción del inicio del hábito en los adolescentes, con resultados comparables a los obtenidos en otros países [Quentin 2007]. Sin embargo, se ha señalado la presencia de formas más sutiles de promoción, como la inserción del tabaco en películas y teleseries o la presencia de famosos fumando de forma ostensible ante los medios de comunicación en actos sociales [Rey 2012]. Pero, aunque la industria tabacalera está intentando estrategias para burlar las limitaciones a la promoción del tabaco y a las restricciones de consumo en lugares de ocio, el grado de seguimiento de la legislación es bueno, en consonancia con la presión social [Revuelta, 2009].

Fumar en los lugares de trabajo y en sitios públicos cerrados ha quedado prohibido. En los últimos 10 años se ha producido una reducción notable en la exposición ambiental al tabaco (tanto en el lugar de trabajo como en el propio domicilio) y la mayoría de la población ocupada afirma trabajar en espacios sin humo. Los niveles de nicotina ambiental en los edificios de las administraciones públicas, empresas Dipòsit Legal: T 1585-2015

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privadas, comercios, centros de transporte, universidades, hospitales y centros sociales son residuales y en general un 80% menores de los que había antes de la puesta en marcha de las medidas legislativas comentadas [Villalbi, 2009]. Pero no todos los datos son favorables y algunas encuestas han documentado que un tercio de los no-fumadores sigue expuesto al tabaquismo pasivo en lugares de ocio, de estudio, y durante el transporte [Lushchenkova 2008]. La experiencia internacional y los datos previos en España muestran que regular el consumo en el puesto de trabajo hace que un número significativo de fumadores reduzcan el número de cigarrillos diarios y que se planteen dejar de fumar, así que los intentos de cesación son más frecuentes y con mayor probabilidad de éxito [Melero 2003]. Además, cuando los adultos de edad media dejan de fumar, sus hijos adolescentes tienen mayor probabilidad de no empezar a fumar [McGee 2006].

Por tanto es esperable que en los próximos años se mantengan los efectos de las denominadas leyes “antitabaco”: menos visibilidad social del hábito y menos consumo, más abandonos y más exfumadores. Al mismo tiempo conviene recordar que actualmente en España se considera que el tabaco sigue siendo la primera causa de enfermedad, invalidez y muerte evitables. Así que es evidente la necesidad de seguir avanzando en la aplicación de políticas de control del tabaquismo eficaces.