Las políticas públicas y su papel de equilibrio social para el desarrollo

A nuestro juicio, ninguna de las tres formas históricas de regulación de la sociedad, entendiéndose estas como el Estado, la comunidad y el mercado, son capaces por sí solas de resolver el problema del desarrollo armónico de la sociedad y su desarrollo justo. Por ello, vamos a referirnos a una vía o vehículo imprescindible para la armonización de las tres formas de regulación. Nos referimos a las políticas públicas.

Se entiende por política pública un instrumento de trabajo mediante el cual se pretende alcanzar desde el Estado, en forma sistemática y coherente, ciertos objetivos de interés para el bienestar de toda la sociedad civil. Dicho de otra manera, cuando desde el Estado se plantean propuestas de mediano y largo plazo hacia la sociedad civil, existe la necesidad de diseñar y ejecutar

programas y proyectos para cumplir los objetivos de interés social, y en ese nivel las políticas públicas son un instrumento fundamental.

El objetivo central de una política pública es alcanzar objetivos de bien común, y los objetivos específicos de una política tendrán que ver con cuatro alternativas que no son excluyentes: transformaciones estructurales, resolución de problemas sectoriales o temáticos, asignación de recursos y optimización de situaciones.

En ese mismo ámbito, la política pública en el campo teórico debe expresar una visión de sociedad (totalidad e integralidad), así como un planteamiento del rol del Estado respecto a la sociedad.

Desde un punto de vista metodológico, la política pública debe originarse y formularse en forma sistemática y coherente, tratando de coordinar el tema espacial (internacional, nacional, regional, comunal y microlocal), con el tema temporal (corto, mediano y largo plazo), considerando además su viabilidad política y financiera.

Como se puede apreciar las políticas públicas, de ser acertadas, constituirían un mecanismo esencial para el desarrollo armónico de la sociedad, pero como sabemos, ello no es así. Y si pretendemos descifrar este problema no podemos contentarnos atribuyéndole las dificultades a los matices ideológicos de las diferentes propuestas de políticas públicas (sin desechar esto totalmente), sino que debemos concentrarnos en el análisis de la elaboración e implementación de tales políticas.

A nuestro juicio el aspecto que le da mayor debilidad y precariedad a la relación Estado-sociedad civil, Estado-localidad, Estado-comunidad, etc., es el origen, diseño y ejecución de las políticas públicas.

La primera y mayor dificultad estriba en el lugar desde donde se originan y formulan las políticas: el centro político y administrativo nacional. Desde allí, las políticas se trasladan para su ejecución en las localidades. Lo antes dicho también tiene relación con la percepción de la dirigencia política establecida, que, siguiendo los moldes de la modernidad, percibe que el país no es más que

la suma de sus regiones y se construye a partir del centro político, bien sea la regulación estrictamente por el Estado “benefactor” o “paternalista”, o bien descanse en la doctrina neoliberal del Estado mínimo.

Esta forma de hacer las políticas públicas determina que en muchos casos las políticas propuestas no tengan relación con los temas conflictivos que afectan a una región; en otros casos, la política cubre solo aspectos parciales de un problema, o no cuentan con la legitimidad de los actores sociales de la región, de la localidad o del barrio. También ocurre que las señales entregadas desde el nivel central a los organismos públicos y privados no son claras; en su implementación no se considera la participación de la masa crítica regional, como tampoco, de la población usuaria y/o beneficiaria, asimismo suele suceder que dichas políticas no tienen relación con los planes, metas o estrategias del desarrollo regional, local o comunitario.

De igual manera, es necesario mencionar que en las diferentes naciones-Estado de la modernidad se ha ido construyendo una verdadera “cultura de la subordinación al centro político” o cultura centralista-verticalista. El perfil de esa cultura se caracteriza por una permanente autocensura para generar políticas, programas y proyectos con importancia estratégica para la provincia, la región o la comunidad; por el estilo de “ordeno y mando” en la ejecución de las políticas y el desarrollo de formas adaptativas anómalas respecto al centro de poder6, incluso en el ámbito de los liderazgos regionales y de los movimientos sociales.

En síntesis, entendiendo que las políticas públicas son formuladas por el Estado desde su nivel central, se debe reconocer que estas políticas están vinculadas débilmente al aparato estatal en las regiones, y las consecuencias que trae poco aportan a la construcción democrática del país, tampoco

6 _{El estudio de estas formas ha sido objeto de varios autores a través del desarrollo de las Ciencias}

Sociales contemporáneas, el mismo puede ser encontrado en la obra de R. K. Merton: Teoría y estructura sociales (parte II, Fondo de Cultura Económica, México, 1970); de E. Durkheim: El suicidio (Eds. Akal, Madrid, 1985); de J. Ingenieros: La simulación de la locura en la lucha por la vida

(Siglo XXI Editores, Argentina, 1987) y G. Vatimo: El sujeto y la máscara(Paidós Estudio, Barcelona, 1993).

fortalecen la regionalización y el desarrollo comunitario y no satisfacen las demandas por el bien común.

Para que las políticas públicas puedan cumplir las funciones institucionales, sociales, políticas y/o administrativas que la sociedad espera de ellas, y sean un factor de equilibrio, articulación y solución de conflictos entre el Estado y sus regiones y localidades es necesario replantear la propia actuación del Estado y su relación con la sociedad civil.