Políticas Sanitarias

La política sanitaria se conforma de programas que persiguen el bienestar de la comunidad que a través de la medicina pretende preservar la salud. Y la política interviene en la forma de cómo se va a organizar y gestionar los servicios de atención.

Es recién en 1842 que se reconoce que la salud individual y colectiva está condicionada por el entorno. Es el patólogo autriaco Virchow, quien demuestra que las condiciones ambientales no son las únicas que determinan la salud de la población, influyen también la vivienda, acceso a la educación, salario, tipo de oficio, y por supuesto, la disposición de alimentos sanos, aire y agua no contaminada (Elola 2001:5).

Estos elementos son relevantes al momento de establecer los indicadores de salud en un determinado espacio: mortalidad infantil, esperanza de vidad al nacer, acceso a centros de salud, cobertura, entre otros.

Las políticas sanitarias dentro del plan borbónico tuvieron como principal objetivo aumentar la población y ¿cómo se lograba eso?, con la desaparición de epidemias, descenso de la tasa de morbilidad por enfermedades, prolongación de la vida (reducción de mortalidad).

En Suciedad y Orden, notable investigación de Adriana Alzate (2007), examina los motivos por los que la corona implementa dispocisiones sanitarias en la península y sus colonias. “Para permitir el aumento de la población era necesario elevar el nivel de salud, asegurar así su mejor rendimiento en la producción y evitar enfermedades y epidemias que no solo reducían el número de habiantates sino destruían también los pocos excedentes de la producción” (p.13). Los intereses borbónicos llevaron a que las políticas sanitarias se articularan junto con las reformas político-económicas, estableciendo acciones de limpieza de los espacios públicos, alejamiento de los cementerios de la zona urbana, reestructuración hospitalaria y de los estudios médicos. En este sentido, como dice Claudia Rosas (2008), el Estado se transforma en el garante de la vida y del bienestar humano.

En el virreinato peruano y como en el resto de las posesiones españolas, las órdenes religiosas administraban buena parte de la atención médica en hospitales caritativos. Los cambios que se propusieron a fines del periodo colonial fueron posibles debido a la emergencia de una élite médica organizada, y de la decisión y recursos del Estado borbónico interesado en llevar a la práctica estas propuestas, como interpreta Lossio (2002), posiblemente para incrementar el control de sus posesiones coloniales.

Se dispucieron numerosas reformas a nivel general, no se puede asegurar cuales se concretaron o establecieron en todo el virreinato, entre estas se encuentran :

Mejoras en el sistema de limpieza urbana, de alumbrado y distribución de agua potable, el establecimiento de los Alcaldes Comisarios de Barrio (que se encargarían de vigilar el aseo y tranquilidad de las calles), la prohibición que se hace a los animales de carga de transitar por el interior de la ciudad, mantener la acequia siempre limpia (para permitir una mayor fluidez en la circulación del agua). [...] la educación médica serviría para mejorar la salud de los habitantes de la ciudad. En esa dirección se inscribe la fundación del Anfiteatro Anatómico (1792) y de la Escuela de Medicina de San Fernando (1810) [...] Otras dos medidas serían consideradas particularmente importantes para el proceso de institucionalización de la salud pública: la difusión de la vacuna antivariólica y la construcción de cementerios a extramuros (Ibídem: 49).

La crítica a los entierros intramuros que se inició a fines del siglo XVII relacionados con la vanidad mundana y a los entierros de lujo, terminó argumentando en el siglo XVIII la saturación de las tumbas y los problemas higiénicos de los cementerios urbanos. En el Perú como en la penísula, el debate ilustrado sobre los cementerios también tomó su tiempo (O´Phelan 2000: 578).

El rechazo inicial de esta dispocisión enfrentó a dos sectores importantes, a la Iglesia y el Estado, era notorio el malestar de los párrocos que ya no obtendrían el pago por entierro en el templo, debían conformarse sólo con oficiar la ceremonia.

La población no fue indiferente a la orden, se esparcía inicialmente el temor que el entierro extramuros ponía en riesgo lo sagrado de su muerte. Para minimizar la preocupación de la población frente a los nuevos cementerios, se dispuso exhumar el cuerpo del último arzobispo de Lima, Juan Domingo González, enterrado en la Catedral en 1805, sus huesos fueron llevados al nuevo panteón general el día de su inaguración en 1808, señal que pretendía tranquilizar a la comunidad.

Otra política pública importante fue la administración de la vacuna contra la viruela. La escasez de profesionales en salud (médicos y enfermeros), especialmente en provincias, obligó a las autoridades a recurrir a los párrocos y a los "curiosos" (personas sin ninguna formación médica pero interesados en la vacuna) para realizar las inoculaciones. La negativa de la población a recibir el " fluido vacuno" pudo deberse a distintas causas: lo doloroso de las inoculaciones por el tipo de aguja y el rumor que empezó a circular según el cual las vacunaciones transmitían la sífilis (Lossio 2002 :51). La información detallada que Jorge Lossio presenta sobre el tema la obtiene de los libros reales de la Expedición Filantrópica de la vacuna de 1803 a 1820.

Un punto aparte fue el tema de las chicherías, Adriana Alzate (2007) evalúa las ordenanzas a las colonias américanas sobre el consumo de chicha, bebida de maíz oriunda del centro y sur de América y como el plan borbónico intentó limitar su consumo.

La crítica a la chicha y las chicherías estuvieron relacionadas con diversos aspectos del orden público, la moral y las buenas costumbres, la economía, la higiene y la salud pública. La embriaguez que producía la bebida hacía que los consumidores dejaran sus labores diarias y eso iba en detrimento de la corona, impuestos no pagos y retrasos en la producción. Importaba poco al gobierno que la chicha no fuera sólo un licor sino parte esencial de la vida indígena, ritual, religiosa y agrícola de esta parte del continente.

Las quejas que se levantaban sobre las chicherías fundamentalmente en materia de higiene y estética urbana fueron:

Los dueños de las chicherías desaguaban los desechos resultantes de la preparación de la bebida en la vía pública, con lo cual ponían en peligro la ya precaria salubridad urbana, al obtaculizar el tránsito de las gentes, pues las ollas estaban por doquier. También se arrojaba al caño descubierto de la calle las inmundicias del servicio doméstico o de los animales que allí cohabitaban con los humanos (Ibídem:177)

En relación a la salud, exitieron dos ordenanzas que condenaban su consumo; la primera por el abuso y la segunda la prohibición de añadirle sustancias dañinas. Se estableció, por ejemplo, en Nueva Granada un tributo para las chicherías de “mal aspecto” y otro al parroquiano por excesivo consumo. Se estimó que tomar esta bebida producía varias enfermedades o en todo caso las agravaba hasta producir la muerte. En aquel virreinato hubo una gran incidencia de lepra y sífilis durante el siglo XVIII y erróneamente se creyó que tomar chicha o masticar el maíz para su elaboración era causa de contagio de estas dos enfermedades. Además de ello, los grand es fogones donde se preparaba la chicha eran peligrosos y ponían en riesgo de incendio no solo los establecimientos y a sus ocupantes también a las casas aledañas.

Es interesante como la chicha se convierte de una bebida ritual para los nativos a ser un tema de salud para la comunidad médica y un problema mayor para la Iglesia, los bebedores rompen con el modelo de buenas constumbres y moralizador impuesto por la institución; finalmente el gobierno no puede controlar a esta población que compromete sus intereses económicos y hace caso omiso de las restricciones de elaboración y consumo.

Seguramente en Arequipa se establecieron también varias medidas en salud pública e higiene que beneficiaron a la población siguiendo el diseño de las reformas ilustradas.

Uno de los intedentes que realizó un amplio trabajo en favorecer a la comunidad arequipeña fue Antonio Álvarez y Jiménez. Su llegada a Arequipa en 1786 tuvo como principal interés cuantificar los recursos físicos y productivos de la zona, homogenizar normativas. “Las preocupaciones urbanísticas de Álvarez y Jiménez fueron explícitas en el sentido de ir “delineando” las poblaciones dándoles forma urbana a las doctrinas y reducciones indígenas [...] construcción de caminos y puentes, tambos y mesones, la preocupación por el tráfico y el circuito productivo para recomponer la base económica arequipeña”, esto se manifiesta al promover el levantamiento de la principal cartografía de la región (Gutierrez 1992: 70-71).

Podemos definir con relación a las políticas sanitarias que el plan borbónico inicial diseñó proyectos para la mejora de la salud e higiene para España y sus colonias en la segunda mitad del siglo XVIII; no obstante, estas medidas se vieron estancadas por la inestabilidad que gobernaba el Perú a inicios de la república. Parte del Estado y de la población fueron perdiendo interés por implementarlas, iniciativas como las de Hipólito Unanue no fueron concretadas en su totalidad. Sectores de la sociedad ya golpeados por constantes epidemias y con hábitos higiénicos perjudiciales continuaron relegados.