Políticas y legislación

En cuanto a las políticas y legislación en la Nueva Constitución se pueden mencionar:

La nueva Constitución no solamente afirma las conquistas de derechos, sino que además reconoce algunos derechos adicionales.

En esta constitución los derechos colectivos de los pueblos indígenas se extienden con el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado. Por otro lado el derecho a la educación gratuita también se extiende junto con el derecho a la educación de tercer nivel gratuito.

Además en la nueva Constitución Ecuatoriana se incluyen los derechos de la naturaleza, mismos que deben considerarse como adicionales para las personas que son perjudicadas por los daños ambientales.

Por otro lado, la Justicia, la Defensoría Pública y la Salud en la nueva Constitución también se muestran como derechos gratuitos y universales, inclusive se agrega la jubilación universal como derecho de las personas mayores.

La nueva Constitución plantea que es un objetivo de las políticas económicas “mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de

producción y empleo sostenibles en el tiempo, dentro de los límites biofísicos de la naturaleza”. En síntesis, enuncia una nueva y multidimensional concepción del desarrollo como “buen vivir” o, en términos quichuas, sumak kausay, expresión que incluye simultáneamente las nociones de “belleza”, “armonía” y “equilibrio”.18

En otros aspectos que diferencian a la nueva Constitución de la anterior, está en que la Nueva constitución otorga un lugar al mercado, lugar que no es aquel de definir el sentido de la economía, sino más bien se trata de aportar con un sistema económico “de mercado”, porque las herramientas de manejo de la economía no deben confundirse con sus objetivos, su sentido y su definición.

3.1.3 Servicios

Siguiendo con la diferenciación de la Constitución actual a la anterior, podemos también mencionar ciertos aspectos en cuanto a los servicios que dan a la comunidad ecuatoriana.

Los cambios que se presentan no son solo conceptuales sino que además tienen implicaciones operativas. En la Constitución anterior 1998, se podía considerar legítimamente una puerta abierta a las políticas de privatización de servicios y bienes públicos, sin embargo; según Pablo Ospina, investigador del Instituto de

18 _{http://redprensarural.com/2009/02/18/nueva-constitucion-ecuador-proclama-a-favor-de-un-cambio-en-el-} modelo-de-desarrollo/. Fuente Internet. 02 de junio del 2011. 22:17

Estudios Ecuatorianos “la Constitución de 2008 refuerza la autoridad del Estado sobre la economía, vuelve a crear las “áreas estratégicas de la economía” bajo su control exclusivo y define candados contra la privatización de recursos clave como el agua o el petróleo”. Revista Equitierra.

También se puede dar a conocer otros factores como por ejemplo aquellos en los cuales se impone restricciones ambientales más estrictas para las actividades económicas que se desarrollan en el medio rural, la soberanía energética, que se refiere a las grandes inversiones petroleras o hidroeléctricas, las mismas que no podrán realizarse si se pone en riesgo a la soberanía alimentaria.

Entre otros servicios que se diferencian está el agua, recurso natural no renovable cuya utilización y desperdicio pone candados de apropiación y al mismo tiempo impone restricciones a las actividades comerciales que se benefician con este recurso como por ejemplo las actividades mineras y las actividades agrarias.

Por la actividad que se ha venido desarrollando durante los últimos años y de las cuales no se ha obtenido ningún beneficio colectivo, sino sólo lucro individual, actualmente los permisos para las actividades de extracción de recursos en áreas protegidas ya no podrán ser resueltos por el Ministerio del Ambiente sino únicamente por la Asamblea Nacional.

Entonces en definitiva, todas estas restricciones implicas que no pueden considerarse como desarrollo a aquellas actividades que ponen en juego la base natural que es el sustento de las generaciones futuras.

De igual manera se puede destacar que la Nueva Constitución no hace grandes innovaciones en cuanto a la distribución de los activos productivos en el área rural. A diferencia de la constitución anterior, la actual menciona la creación de un fondo destinado para comprar tierras y dárselas a los pequeños campesinos que no disponen de un lugar propio.

En síntesis, la nueva Constitución ecuatoriana constituye una audaz proclama a favor de un cambio radical en el modelo de desarrollo y en la orientación de la economía: el fracaso de los caminos del ajuste, tan dura y penosamente errados en los últimos años, explica el intento y lo justifica.19

3.1.4 Migración

Basándonos en la nueva Constitución del Ecuador, podemos mencionar algunos aspectos referentes a la migración que han sido tomados en cuenta en la formulación de esta constitución.

Como acertadamente sintetiza Patricio Benalcazar, uno de los asesores en el tema migratorio de la Asamblea Constituyente, “por primera vez en la historia latinoamericana y mundial, un país incluye de manera significativa el tratamiento constitucional de la movilidad humana, y lo hace transversal en todo el diseño jurídico - político; desde una perspectiva integral de derechos, abordando la emigración, inmigración, refugio-asilo, desplazamiento interno, trata y tráfico de personas; y, lo hace reconociendo al Ecuador como un país de origen, tránsito, destino y retorno migratorio”. Agencia Latinoamérica de

Información.

19 _{http://redprensarural.com/2009/02/18/nueva-constitucion-ecuador-proclama-a-favor-de-un-cambio-en-el-} modelo-de-desarrollo/. Fuente: internet. 02 de junio del 2011. 23:23.

En la nueva constitución se aprobaron alrededor de 58 artículos relacionados directamente con la movilidad humana, tema que está vinculado a la misma constitución del Estado y a otros títulos constitucionales como Derechos, Participación y Organización del Poder, Organización Territorial, Régimen de Desarrollo, Régimen del Buen Vivir y Relaciones Internacionales.

A partir de las decisiones en cuanto a la movilidad humana, los avances constitucionales sugieren que debe estructurarse una política migratoria íntegra, como método para fomentar un desarrollo a largo plazo.

En la nueva constitución a diferencia de la anterior, se permite la participación tanto de las comunidades de emigrantes como la de sus familiares, en países de origen y de destino para ellos, además de involucrar a toda la sociedad.

Esta nueva política migratoria apunta al establecimiento de un nuevo modelo de desarrollo, tratando aspectos de economía, tecnología, actividades sociales y culturales del Ecuador, tratando de generar equidad y sobretodo participación en la toma de decisiones que afectan a todos los habitantes del país.

Según Cordero, “la migración es un derecho y una decisión voluntaria que

debe ser respetada, pero que es circunstancial”.

Por ello, “Ecuador ofrecerá atención, asesoría y protección integral a todos los ecuatorianos que residan fuera del país "para que puedan ejercer libremente sus derechos", dice el nuevo texto de la Constitución.

3.2 COSTOS ADICIONALES DEL CAMBIO

Los costos adicionales de cambiar una constitución además de las molestias que causa en los ciudadanos que de una u otra manera se ven afectados más que beneficiados con las nuevas propuestas pueden radicar en desembolsos monetarios de grandes cantidades, con el propósito de poner en marcha aquellos cambios.

Cabe mencionar la cantidad de millones que para empezar hay que destinar a la nueva formulación para un cambio, además de los honorarios que se deben pagar a los expertos que redacten o aporten con las propuestas.

Los gastos que involucra poner a disposición de la sociedad la nueva carta para su aceptación.

También es necesario mencionar los costos de involucrar a los ciudadanos y sobretodo convencerles de que el cambio propuesto presentará una mejoría y que no será el mismo cambio que otros mandantes han intentado establecer.

Poner en marcha la nueva constitución generó un gran impacto tanto a nivel económico como social, es así que según datos del Ministerio de Finanzas, este proyecto alcanzó los US$ 4.000 millones, sin embargo se espera que los beneficios que presente a largo plazo sean mayores que la inversión inicial. Se estima que para el año 2025 el país perciba un ahorro interno del 32% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB).