El 11 de abril de 2002, una coalición constituida por la organización patronal
Fedecámaras, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la Iglesia y los
medios de comunicación, más algunos altos militares disidentes, intentó un
golpe de Estado contra Chávez, que fracasó en menos de 48 horas. El Pre-
sidente se reafirmó en el apoyo del ejército y una mayoría de la población.
Otro tanto sucede en los partidos aliados: Movimien- to al Socialismo (MAS); Causa R; Movimiento 1º de Mayo; los maoístas de Bandera Roja o el líder de Pa- tria Para Todos (PPT), Pablo Medina (3). Un día u otro pasan factura al Presidente a cambio de su colabora- ción. De allí los múltiples virajes, rupturas, renun- cias, destituciones –seguidas de deserciones al ene- migo– que transmiten la sensación de que el gobierno funciona de manera improvisada.
El mismo panorama en el aparato del Estado y la administración, gangrenados por cuarenta años de clientelismo. Los ministros, o los catorce gobernado- res chavistas, sólo cuentan con algunos funcionarios de alto rango para llevar a cabo las reformas. “No prac- ticamos la caza de brujas; garantizamos el cambio con la gente de antes, en su mayoría militantes de AD y del COPEI”, asegura uno de ellos. Este batallón de cuadros intermedios y de empleados antiguos frena los progra- mas, sabotea los proyectos, paraliza la transferencia de recursos en los municipios. “Modificar estas estructu- ras es lento, no se puede despedir a todo el mundo”, ra- zona en medio del calor tórrido de Puerto Ayacucho (Amazonas) Diógenes Palau, secretario general del go- bierno local, confrontado con las mismas dificultades. “Sólo se puede hacer paso a paso”.
Es por eso que para eludir las estructuras que le siguen siendo hostiles, Chávez debe apoyarse sobre dos pilares: el ejército y la población no organizada que lo llevó al poder. En abril de 2001, cuando llamó a la formación de “un millón de Círculos Bolivaria- nos” para apoyarlo, decenas de miles de venezolanos respondieron con entusiasmo desde sus calles, sus ba- rrios, sus villas miseria. En grupos de siete a quince personas, discuten sobre la definición del futuro, de globalización neoliberal y a favor de un mundo
multipolar, en oposición a la pretensión hegemónica de Estados Unidos.
cambiar no es tan simple
Claro que una cosa es anunciar el nacimiento de un nuevo país y otra proceder a operar cambios. “No hay trabajo, entonces no hay progreso”, se queja en Valen- cia un excluido, observando que no se registra dismi- nución del desempleo. En una villa miseria denomina- da Marisabel de Chávez (por la esposa del Presidente) un tipo enorme se sincera: “Lo único que sé hacer es robar, pero acá verdaderamente no veo a quién...”.
Barrio Alicia Pietri de Caldera (por la esposa del Presidente anterior, Rafael Caldera): los privilegia- dos ganan 84.000 bolívares (75 dólares) por quin- cena como custodios privados, la única actividad económica en expansión. El salario mínimo es de 158.400 bolívares, cuando se necesitan 240.000 para alimentar a una familia de cinco personas (2). Has- ta las iniciativas más generosas del gobierno parecen estancarse: “La escuela bolivariana funciona, inclu- so hay una cantina gratuita para las tres comidas de los chicos. Pero acaban de cerrarla porque ya no tiene dinero para pagar a los abastecedores”, atestigua una madre de familia.
El rey Chávez aparece muchas veces desnudo. Forjado en la urgencia por ganar las elecciones, su Movimiento por la Quinta República (MVR) no dis- pone de estructuras fuertes. Ante la perspectiva de la victoria, se le han acercado “chavistas” convenci- dos, revolucionarios, pero también miembros de las formaciones políticas tradicionales a la espera de prebendas y beneficios, oportunistas de toda índole.
d
violencia. El golpe de abril de 2002 produjo 19 muertos y numerosos heridos. A fines de 2007, Chávez firmó un
decreto de amnistía indultando a los participantes de la asonada, pero excluyendo los crímenes de lesa humanidad.
© Mauric
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2 | NOMRE CAPíTULO | TíTULO NOTA
nicación reciclados en partido político, tratan de crear artificialmente una situación de ingobernabilidad.
Esta intolerancia totalitaria hace estallar de rabia a la mayoría de la población, agrupada en torno de “su” revolución. “Nos excluyen y pretenden representar ellos solos a la sociedad civil. Muy bien... pero el pueblo somos nosotros. Y si por una razón u otra la campaña de desestabilización pone en peligro la legalidad cons- titucional, la vamos a defender con nuestra vida, con nuestra sangre”, nos dice un miembro de los Círculos Bolivarianos antes del golpe. El goteo de declaraciones incendiarias y marchas de protesta de la oposición (se- guidas de contramarchas todavía más masivas de los partidarios del gobierno); y la aparición de cuatro mi- litares disidentes que rechazaron en público al jefe de Estado (4), no parecen conmover al poder.
Pero cuando cae la carta de la desestabilización económica la tensión está al rojo vivo. El petróleo re- presenta el 70% de las exportaciones y el 40% de los ingresos del Estado. Tras la caída de los precios inter- nacionales –después de los atentados del 11 de Sep- tiembre en Estados Unidos– Chávez viaja a Europa, Argelia, Libia, Arabia Saudita, Irán, Rusia e Irak y junto a Alí Rodríguez, secretario general de la OPEP venezolano, logra estabilizar la cotización mediante una baja concertada de la producción (5).
Empresa cuyo único accionista es el Estado, Pe- tróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) está dirigida por cuarenta altos ejecutivos. Estos “generales del petró- leo” dictan allí la ley, aplican “su” política, privile-
gian los intereses extranjeros, violan las normas de la OPEP aumentando la producción, venden a pérdida, debilitando a la empresa y preparando activamente su privatización. Preocupado por poner a PDVSA al servicio de un proyecto colectivo, el Ejecutivo quiere retomar el control de este sector estratégico, cuyo ré- gimen fiscal indica el rumbo: del 75% del total de be- neficios para el Estado hace 20 años (25% para la em- presa), se pasó al 70% para la empresa y 30% al fisco. Chávez designa a un nuevo presidente, Gastón Parra, y un equipo de dirección. Pero invocando “una carre- ra para los mejores”, eficacia en la gestión, producti- vidad y rentabilidad, independencia frente a la “po- litización” impuesta por el gobierno, los tecnócratas rechazan esas designaciones y llaman a la rebelión.
En cualquier país del mundo, el Estado accionista nombra a las direcciones de las empresas nacionales y les comunica sus orientaciones, cosa que por otra parte hicieron todos los presidentes anteriores sin es- cándalo de nadie. Por otra parte, los cuadros superio- res, que ocupan puestos de confianza, no pueden lla- mar a la huelga debido a la índole de su función. La su vida, de las necesidades más esenciales, transmi-
tidas de inmediato a las autoridades. “Es el modo de conseguir que los recursos lleguen al sector”, expli- can los coordinadores de los Círculos Bolivarianos del municipio de Sucre, al este de Caracas. “Antes, una minoría de políticos dirigía a su antojo el destino de nuestra comunidad”.
El Estado empezó a dotar de fondos no desdeña- bles a organismos como el Banco del Pueblo, el Banco de las Mujeres, el Fondo de Desarrollo de la Microem- presa, el Fondo Intergubernamental para la Descen- tralización (FIDES), que otorgan recursos en base a la presentación de proyectos. La oposición los acusa de ser una fuerza de choque al servicio del proyecto to- talitario, de los nidos de “talibanes” que las incesantes bolas (rumores) pretenden que el gobierno arma has- ta los dientes. Los interesados se encogen de hombros. “Mire, aquí no hay más que gente pacífica que trabaja para beneficio de la comunidad”. No obstante, algunos militantes radicales se manifiestan menos conciliado- res: “Vamos a ser claros. Los hombres y mujeres de este proceso están decididos a defenderlo. Pacíficamente. Pero también de otro modo si hace falta”.
Las “razones” del golpe
Los “escuálidos” se irritan el 13 de noviembre de 2001, cuando Chávez firma la Ley de Hidrocarbu- ros, radicalizando la revolución. El 10 de diciembre, en protesta contra “ese atentado al libre mercado”, la organización patronal Fedecámaras, dirigida por Pe-
dro Carmona, lanza una huelga general apoyada por los medios de comunicación y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). Corrupta hasta la médula, correa de transmisión de Acción Democráti- ca, la CTV negoció durante años los contratos colec- tivos con los patrones, vendiendo su alma y sus afilia- dos a cambio de algunas propinas abultadas para sus dirigentes. El gobierno niega toda representatividad a su secretario general, el socialdemócrata Carlos Or- tega, que el 25 de octubre anterior se proclamó vence- dor en las elecciones destinadas a renovar la conduc- ción sindical, al cabo de un escrutinio sellado por la violencia y las irregularidades.
El 5 de marzo pasado, este “dirigente obrero” estre- chó la mano de Carmona y, con la Iglesia Católica de testigo, firmó un “Pacto nacional de gobernabilidad” cuyo objetivo era “la salida democrática y constitucio- nal” del Presidente. Sin programa, sin proyecto, auto- denominados “sociedad civil”, ignorando cínicamente a la mayoría que sigue apoyando al jefe de Estado, los cuatro protagonistas (Fedecámaras, CTV, Iglesia, cla- ses medias), a quienes se suman los medios de comu-
2 | EL suEñO DE unA nuEvA REPúbLicA | golPE dE ESTado aBoRTado En CaRaCaS