Posición de la Comisión Colombiana de Juristas:

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) es una ONG con estatus consultivo ante la ONU, filial de la Comisión Internacional de Juristas (con sede en Ginebra), y de la Comisión Andina de Juristas (con sede en Lima).

Esta ONG interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra el MLP, ya que considera que el acto legislativo 01 del 2012 “es inconstitucional porque sustituye un pilar fundamental de la Constitución Política […]: el deber del Estado colombiano garantizar los derechos humanos, y por consiguiente, de investigar todas las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas en su jurisdicción y de juzgar a sus responsables”. Este deber encuentra su fundamento normativo en diferentes instrumentos internacionales -anteriormente mencionados- como los artículos 1.1 y 25 de la CADH, los artículos 2.1 y 2.3 del PIDCP, y los artículos 2,4, 6 y 12 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Comisión Colombiana de Juristas, 2012, p. 1-2).

Según la CCJ en sus Comentarios al “marco jurídico para la paz”, las consecuencias eran previsibles desde la puesta en marcha del proyecto de acto

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legislativo: incompatibilidad del proyecto con los deberes del Estado colombiano de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de violaciones a los DDHH, inviabilidad jurídica e inconveniencia de la implementación de criterios de selección y priorización de casos30, y desnaturalización del concepto de delito político31 (Comisión Colombiana de Juristas, 2012).

A la luz del constructivismo, teniendo en cuenta la construcción social de objetos –

como el MLP- y prácticas –como la implementación de criterios de priorización causantes de la perpetuación de la impunidad-, la CCJ podría influir en su proceso de constitución al difundir y socializar ideas acerca del significado que tiene para las víctimas el hecho de que por ejemplo, se efectúe la renuncia a la persecución penal –dependiente de la legislación posterior-.

Así las cosas, el papel de las ONG en el escenario del conflicto armado interno resulta de fundamental necesidad, ya que además de dar a conocer las vulneraciones de DDHH de las víctimas, propenden por la búsqueda de soluciones reales y equilibradas, estableciendo recomendaciones específicas. Este tipo de instituciones, formando parte de la realidad social colombiana, son constructoras de la misma mediante los procesos de socialización de conocimientos e ideas que impulsan.

30

La sele ió de asos te d ía o o p opósito ha ilita al Co g eso de la Repú li a pa a ap o a edia te le […] ite ios o ase e los uales se elegi ía ie tas iola io es de de e hos hu a os o infracciones al derecho internacional humanitario para ser investigadas. Respecto de aquellos casos que no sean seleccionados, el Estado podría renunciar a perseguirlos penalmente. La aprobación de esta propuesta supondría un incumplimiento de las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado Colombiano, y un desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en materia de acceso a justicia, de e hos de las í ti as de e hos hu a os Co isió Colo ia a de Ju istas, .

31 _{La existencia de un delito político no exonera la responsabilidad penal por cometer otras conductas}

constitutivas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Este tipo de transgresiones entrañan en sí mismas un nivel de gravedad tal que impide su comisión bajo el amparo de la categoría del delito político. Además, su perpetración no puede ser justificada bajo ninguna clase de motivo político, y por tanto, tampoco se enmarca en el ámbito de aplicación de este o epto (Comisión Colombiana de Juristas, 2012).

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Como se ha hecho evidente a lo largo del presente trabajo, el conflicto armado colombiano hace parte tanto de la agenda doméstica del país, como de la exterior debido a que la protección de los DDHH se ha constituido en una prioridad para diferentes tipos de actores de la comunidad internacional –incluyendo a las ONG32-.

Al respecto, es interesante analizar retomando el realismo neoclásico, la existencia del “ejecutivo de seguridad nacional” en el escenario doméstico

colombiano, que en cabeza del presidente de turno y el ministro de defensa, y compuesto por todos aquellos tomadores de decisión que siendo parte del ministerio, se encuentran conformando un grupo, se encuentra preparado para percibir aquellas limitaciones sistémicas que amenazan la seguridad en Colombia, pudiendo deducir el interés nacional. El gobierno de Juan Manuel Santos, iniciado en 2010 y representado por un estilo gerencial, se caracteriza por la alta capacidad de delegación de la función político-diplomática en la Cancillería, la visibilidad moderada en la política exterior, y por la verticalidad moderada en cuanto a la política exterior frente al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la acción exterior de las instituciones gubernamentales se refiere (Pastrana y Piñeros, 2012, p.59). Sin embargo, aunque las anteriores condiciones parecieran demostrar un distanciamiento radical con respecto a su antecesor, la política de seguridad continua siendo fundamental, y esto quizá debido a que siendo parte del

“ejecutivo de seguridad” en el gobierno de Uribe debido al cargo de Ministro de

Defensa que ocupó, actualmente sigue siendo parte de este mismo grupo, pero ahora como Jefe de Estado y gobierno.

32_{“egú Ca elado, la e ie te ate ió i te a io al oto gada a los o fli tos i te os es esultado de}

las consecuencias producidas por las confrontaciones entre los combatientes y de las cambiantes percepciones de la comunidad internacional sobre lo que se considera una amenaza a la seguridad, además de la forma en que el derecho internacional asume su papel actual frente a la seguridad internacional y el

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Continuando con esta teoría, la autonomía del Estado colombiano se encuentra afectada por el accionar de las ONG, de dos formas específicas: primero, a nivel internacional HRW incide y de hecho, hace parte de las presiones internacionales, afectando la capacidad estatal de responder a las mismas; segundo, a nivel doméstico, la CCJ establece parte de las restricciones internas que se establecen en el país. Ante esta situación, el presidente Santos, buscando anticipar las reacciones de otros actores, así como las tendencias futuras en el poder que se puedan presentar una vez aprobada la reforma constitucional MLP, según sus discursos emitidos entre 2010 y 2011, establece que el cumplimiento de los DDHH se convertiría en una prioridad del gobierno influenciando la agenda de la política exterior colombiana. En palabras de Valdivieso, “…si la política se ha

caracterizado por el irrespeto de los derechos humanos, el Estado [colombiano] pierde legitimidad ante la comunidad internacional. Por tanto, el presidente a partir de las necesidades internas, diseña una política exterior que pretende avanzar en la adhesión de los estándares internacionales de derechos humanos y lo soporta sobre la confianza que muestra con el interés de respetar el Derecho Internacional

Público” (2012, p.459).

Teniendo en cuenta lo anterior, lo que sucede es que ante las constantes infracciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario cometidas por parte de actores que se encuentran involucrados en las hostilidades, se generan consecuencias de carácter humanitario y judicial en detrimento de la confianza y el prestigio del Estado colombiano, generando además conflictos de carácter diplomático. Retomando entonces la teoría realista neoclásica, el grado de autonomía del Estado colombiano resulta influenciado por las presiones internacionales, ocasionando repuestas como las que se evidencian en los discursos del presidente Santos con el objetivo de crear compromisos para asegurar la supervivencia del mismo, a partir del desarrollo de una dinámica adaptativa.

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4. CONCLUSIONES

La consolidación de la paz se erige como el objetivo fundamental al que se quiere llegar en Colombia, una vez superado el conflicto armado interno. Sin embargo, ¿es posible pensar en una sociedad en paz sin que la protección y garantía de los derechos humanos de la población civil sea una prioridad?. La respuesta obvia será no y ésta es quizá una de las razones por las que aún no se efectúa la transición, ya que los gobiernos han considerado como prioritarios otros temas en el escenario doméstico pese a reconocer la importancia que reviste la garantía de ellos.

En este contexto, el Marco Legal para la Paz, si bien establece medidas jurídicas que podrían contribuir a facilitar el desarrollo del proceso de paz con grupos armados al margen de la ley, no satisface los criterios establecidos por los diferentes instrumentos del régimen internacional de derechos humanos en relación con la reparación en procesos de transición, dificultando el logro del objetivo principal del propio marco y de la sociedad colombiana en su totalidad: la facilitación del fin del conflicto interno armado y el logro de la paz estable y duradera. Ante este escenario, resulta entonces fundamental el establecimiento del equilibrio entre la protección de los derechos humanos fundamentales y la búsqueda de la paz y la reconciliación en el país, sin que exista la priorización de uno de estos dos objetivos por encima del otro, o la exclusión de cualquiera de ellos.

El papel de las ONG ha sido preponderante en cuanto a la defensa de los DDHH, erigiéndose como agentes que ejercen veeduría en cuanto al cumplimiento normativo, representando a las víctimas y a sectores reprimidos y además, buscando que el Estado cumpla con las obligaciones contraídas.

Al dar preeminencia a otros temas, el Estado colombiano ha incurrido en el incumplimiento de sus obligaciones internacionales con respecto a la protección y

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garantía de los derechos humanos, impactando directamente la situación de las víctimas y también la de aquellas personas que sin serlo, se encuentran en riesgo. Ante esta configuración de la realidad colombiana, es válido retomar la relación que existe entre la Constitución Política y el pueblo, constituyéndose la primera como una base formativa no sólo del deber ser, sino de la realidad social, y el segundo, como un agente legitimador con poder de acción. Siendo el MLP una reforma constitucional, esa relación se establece como fundamental en la construcción de la realidad a la que actualmente se enfrenta el país.

Para finalizar, la aplicación de herramientas y medidas propias de la justicia transicional en Colombia, deben ser consideradas como valiosas para dar continuación al proceso que ya emprendido, busca la consolidación de la paz en el país. Sin embargo, es necesario evaluar cuáles se adaptan más a las exigencias que provienen del contexto actual del conflicto armado colombiano, sin excluir la posibilidad de combinar diferentes instrumentos para la consolidación de este objetivo.

Por lo anterior es fundamental que los impactos en la protección de los derechos humanos en Colombia con la aprobación del MLP no se limiten a ser identificados y analizados por parte de la comunidad académica, sino que sean de dominio público, contribuyendo de esta forma a la exigencia común y colectiva del respeto y la protección de los DDHH para la consolidación de la paz en el país.

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BIBLIOGRAFÍA

Acosta, J. I., & Álvarez, L. (2010). Las líneas lógicas de investigación: una contribución del Sistema Interamericano de Derechos Humanos al juzgamiento de los crímenes de sistema en marcos de justicia transicional. Revista Colombiana de Derecho Internacional, 57-87.

Adler, E. (2002). Constructivism and International Relations. En W. Carlsnaes, Hanbook of International Relations (págs. 95-118). Thousand Oaks: SAGE Publications.

Arroyave Quintero, M. (2012). Colombia en el ámbito multilateral: su papel actual en las organizaciones internacionales y frente al derecho internacional. En S. Jost, Colombia: ¿una potencia en desarrollo? ecsenarios y desafíos para su política exterior (págs. 429-443). Colombia: Konrad Adenauer Stiftung. Asamblea General de las Naciones Unidas. (s.f.). Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Políticos. Recuperado el 21 de septiembre de 2013, de Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Deerechos Humanos: http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm

Asamblea General de las Naciones Unidas. (s.f.). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Recuperado el 27 de septiembre de 2013, de Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm

Bell, C. (2009). The "New Law" of Transitional Justice. En K. Ambos, J. Large, & M. Wierda, Building a future on peace and justice (págs. 105-126). Berlin: Springer.

Bocchi, D. (2012). El papel de las Organizaciones No Gubernamentales en la política exterior colombiana. En S. Jost, Colombia: ¿una potencia en desarrollo? Escenarios y desafíos para su política exterior (págs. 283-300). Bogotá: Konrad Adenauer Stiftung.

Botero, C., & Restrepo, E. (2006). Estándares internacionales y procesos de transición en Colombia. En R. Uprimny, M. P. Saffon, C. Botero, & E. Restrepo, ¿Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia (págs. 45-108). Bogotá: Ediciones Antropos.

53

Cebada Romero, A. (2002). Revista Electrónica de Estudios Internacionales. Recuperado el 15 de octubre de 2013, de dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/826738.pdf

Cancelado, H. (2010). Internacionalización del conflicto, seguridad y justicia transnacional. Análisis desde el caso colombiano. En E. Pastrana, S. Jost, & M. L. Márquez, Más allá de la seguridad democrática, Agenda hacia nuevos horizontes (págs. 399-410). Bogotá: Konrad Adenauer Stiftung.

Comisión Colombiana de Juristas. (2012). Comentarios al “marco jurídico para la

paz”. Recuperado el 2 de noviembre de 2013, de

http://www.coljuristas.org/documentos/actuaciones_judiciales/comentarios_ marco_juridico_2012-06-04.pdf

Comisión Colombiana de Juristas. (2012). Demanda de inconstitucionalidad contra el acto legislativo 01 de 2012 (parcial), "[p]or medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones". Recuperado el 2 de

noviembre de 2013, de

http://www.coljuristas.org/documentos/actuaciones_judiciales/demanda_ma rco_juridico_para_la_paz_2012-12.pdf

Comisión Europea. (2007). Documento de estrategia país 2007-2013, Colombia. Recuperado el 2 de noviembre de 2013, de

http://eeas.europa.eu/colombia/csp/07_13_es.pdf

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (5 de mayo de 2013). Informe anual 2012 de la CIDH. Recuperado el 27 de octubre de 2013, de http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2012/indice.asp

Congreso de Colombia. (2011). Ley 74 de 1968. Recuperado el 14 de septiembre de 2013, de Obervatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración, Universidad Nacional de Colombia: http://www.observatorioddr.unal.edu.co/ambitojuridico/catalogo_juridicojyp/l ey_74_de_1968.pdf

Congreso de Colombia. (s.f.). Acto Legislativo 01 de 2012. Recuperado el 1 de noviembre de 2013, de Alcaldía Mayor de Bogotá: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48679

Corte Interamericana de Derechos Humanos (2002b). Caso Caracazo. Reparaciones. Sentencia de agosto 29 de 2002. Serie C No. 95.

54

Corte Interamericana de Derechos Humanos (2003). Caso Myrna Mack Chang. Sentencia de noviembre 25 de 2003. Serie C No. 101.

Crawford, J. (2004). Los artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre la Responsabilidad Internacional del Estado . Madrid: Editorial Dykinson. Crawford, J. (2009). United Nations Audiovisual Library of International Law.

Recuperado el 2013 de octubre de 13, de http://legal.un.org/avl/pdf/ha/rsiwa/rsiwa_s.pdf

Del Toro Huerta, I. M. (s.f.). La responsabilidad del Estado en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Recuperado el 10 de septiembre de 2013, de Fundación Márgenes y Vínculos: http://www.fmyv.es/ci/es/DH/14.pdf

Dougherty, J. E. (1993). Teorías en pugna en las relaciones internacionales . Buenos Aires: GEL.

Errandonea, J. (2012). Evaluación del proceso de Justicia y Paz por los Sistemas Internacionales de Protección a Derechos Humanos. En A. Forer, & C. López Díaz, Colombia: un modelo de justicia transicional (págs. 201-254). Bogotá: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Fearon, J., & Wendt, A. (2002). Rationalism v. Constructivism: a skeptical view .

En W. Carlsnaes, Hanbook of International Relations (págs. 52-72). Thousand Oaks: SAGE Publications.

Forsythe, D. P. (2000). Human Rights in International Relations. Cambridge: Cambridge University Press.

García de Carvajalino, Y. (1997). La responsabilidad internacional del Estado. En Y. García de Carvajalino, Compendio de Derecho Internacional Público (págs. 114-120). Ediciones Uninorte.

Goldstein, J., & Keohane, R. O. (1993). Ideas and foreign policy; an analytical framework. En J. Goldstein, & R. O. Keohane, Ideas & foreign policy. Beliefs, institutions and political change (págs. 3-30). Nueva York: Cornell University Press.

Hay, C. (2006). Construvtivist institutionalism. En R. Rhodes, & S. &. Binder, The Oxford Hanbook of political isntitutions (págs. 56-74). Oxford: Oxford University Press.

55

Human Rights Watch. (2013). Sobre Nosotros. Recuperado el 3 de noviembre de 2013, de http://www.hrw.org/es/about

IX Conferencia Internacional Americana. (s.f.). Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Recuperado el 10 de octubre de 2013, de

Alcaldía de Bogotá:

http://www.alcaldiabogota.gov.co/siprojweb2/sidie/imagesContenido/DHDE CLAMERICANADERECHOSDEBERESHOMBRE.pdf

Keohane, R. (1993). Institucionalismo neoliberal: una perspectiva de la política mundial. En Instituciones internacionales y poder estatal (págs. 13-38). Buenos Aires: GEL.

Keohane, R., & Nye, J. (1998). Poder e interdependencia. Buenos Aires : Brow and Company (Inc.), traducción Grupo Editor Latinoamericano.

Keohane, R., & Nye, J. (2000). Introduction. En J. Nye, & J. Donahue, Governance in a Globalizing World (pág. 12). Cambridge.

López, C., González, D., & Errandonea, J. (2012). Justicia Transicional en Colombia. En A. Forer, & C. López, Colombia: un nuevo modelo de Justicia Transicional (págs. 11-114). Bogotá: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

López, M. B. (septiembre- noviembre de 2012). Marco jurídico para la paz: ¿un marco estrecho? (CINEP, Ed.) Ciendías(72).

Lopez-Medina, D. (2010). Estándares internacionales para la investigación y acusación de delitos complejos en el marco de la justicia transicional: su aplicación al caso colombiano. Revista Colombiana de Derecho Internacional16, 45-80.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (mayo de 2013). Acuerdo Comercial Colombia - Unión Europea. Recuperado el 4 de noviembre de 2013, de http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/documents/page_content/colom bia_unio_n_europea_acuerdo_comercial_jul_11_heavy_es.pdf

Ministerio de Defensa Nacional . (s.f.). Guía de Planeamiento Estratégico 2011- 2014. Recuperado el 2 de noviembre de 2013, de

http://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa?NavigationTarget=navu rl://21c662b3f50eb7e6dcc0a0510657cacd

56

Morata, F. (2004). Gobernanza multinivel entre democracia y eficacia. Recuperado el 24 de 10 de 2013, de

https://www.academia.edu/1294298/Gobernanza_multinivel_entre_democra cia_y_eficacia

Naciones Unidas. (2012). Comisión de Derecho Internacional. Recuperado el 20 de septiembre de 2013, de http://www.un.org/es/aboutun/structure/ilc.shtml Naciones Unidas. (2013). Convención Sobre los Derechos del Niño. Recuperado

el 25 de octubre de 2013, de Colección de Tratados: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV- 11&chapter=4&lang=en#EndDec

Nikken, P. (2008). Los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos: la perspectiva del acceso a la justicia y la pobreza. Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 48, 64-106.

O´Donell, D. (2004). Derecho internacional de los derechos humanos- normativa, jurisprudencia y doctrinas de los sistemas universal e interamericano. (A. Valencia Villa, Ed.) Bogotá: Nuevas Ediciones Ltda.

Organización de las Naciones Unidas. (s.f.). Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Recuperado el 16 de septeimbre de 2013, de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: http://www2.ohchr.org/spanish/law/cat.htm

Organización de las Naciones Unidas. (s.f.). Convención sobre los Derechos del Niño. Recuperado el 15 de septiembre de 2013, de Oficina del Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm

Organización de las Naciones Unidas. (2012). Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recuperado el 13 de octubre de 2013, de http://www.un.org/es/documents/udhr/

Organización de las Naciones Unidas. (2012). Estructura y organización, Comisión de Derecho Internacional. Recuperado el 14 de octubre de 2013, de http://www.un.org/es/aboutun/structure/ilc.shtml

Organización de las Naciones Unidas. (2002). Resoluciones adoptadas en la 56ta. sesión de la Asamblea General. Recuperado el 13 de octubre de 2013, de

57 http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/478/00/PDF/N0147800.pdf?OpenElement Organización de los Estados Americanos. (2012). Convención Americana sobre

Derechos Humanos. Recuperado el 5 de octubre de 2013, de

Departamento de Derecho Internacional:

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-

32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf

Organización de los Estados Americanos. (s.f.). Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Recuperado el 14 de septiembre de 2013, de Departamento de Derecho Internacional: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html

Pastrana, E. (2010). Colombia y la diversificación de su política exterior:

¿profundización de sus relaciones con la Unión Europea? En E. Pastrana,