5. EL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y SUS EFECTOS EN LOS TERRITORIOS
5.4 Principales conclusiones del cruce de información
A partir de los resultados, es posible afirmar que una porción significativa de los municipios afectados por el desplazamiento, poseen en su jurisdicción resguardos constituidos y/o en proceso de ampliación, constitución, saneamiento y reestructuración, incluyendo los territorios colectivos de comunidades negras adjudicados y en trámite.
Territorios Étnicos titulados en los 150
municipios más expulsores
% Para el caso indígena, son 436 los resguardos ubicados en estas zonas afectadas, lo que representa más de la mitad no sólo de la muestra si no de la situación nacional.
Además, tres cuartas partes de los territorios habitados tradicionalmente por las comunidades negras, coinciden con las zonas de desplazamiento forzado.
436 resguardos 51.3 129 títulos colectivos 83
Según la ONIC, distintas circunstancias han incidido sobre este fenómeno83: i) La ventaja
estratégica de sus territorios para la expansión de economías ilícitas-redes de narcotráfico, tráfico de armas, contrabando, trata de personas, cultivo y procesamiento de coca; muchos de los territorios indígenas están localizados en regiones relativamente aisladas, de difícil acceso, con vías de comunicación precarias o poco pobladas; ii) los intereses políticos y económicos asociados a megaproyectos productivos localizados en corredores estratégicos o zonas de frontera; iii) la creciente militarización de las fronteras, buena parte de ellas territorios indígenas; iv) el repliegue de los grupos armados ilegales hacia territorios étnicos afectando particularmente a pueblos indígenas de Orinoquía, Amazonía, Vaupés, Putumayo, Guajira, Arauca, Chocó y Nariño; la expansión reciente del conflicto armado hacia el sur oriente del país con situaciones de riesgo para comunidades indígenas en parques naturales – Amazonía, Vaupés, Vichada y Guainía.
Trámites solicitados en jurisdicción de los 150
municipios más expulsores No %
Trámites solicitados por comunidades indígenas en la
muestra 177 50
Solicitudes de titulación colectiva a comunidades negras
en la muestra 44 94%
Un factor de vulnerabilidad en el marco del desplazamiento es la falta de formalización de los derechos territoriales étnicos. Como se señalo, existen solicitudes de titulación y seguridad jurídica que se han afectado en su procedimiento regular por las transiciones e incertidumbres institucionales entre – INCORA – INCODER –UNAT, los cambios de competencias
83ONIC. 2005. Plan Estratégico para la Prevención, Protección, Atención y Reparación de los Pueblos Indígenas Desplazados o en Riesgo de Desplazamiento.
generados por la Ley 1152 de 2007 y la falta de recursos presupuestales lo que ha ocasionado la desactualización de los estudios socioeconómicos. Para el momento de este estudio, en el grupo de los 150 municipios más expulsores se ubican la mitad de los resguardos con procedimientos de titulación y ampliación pendientes. Más crítica aún era la situación de las comunidades negras cuyos trámites de adjudicación se ubican casi en su totalidad en la muestra analizada.
A pesar de la agudización de la crisis humanitaria en sus territorios, los grupos étnicos y en particular el movimiento indígena colombiano, han optado por la permanencia cultural y la defensa territorial pacífica en función de la protección de su autoridad, autonomía e integridad. Esta declaración pública ha buscado defender sus derechos consagrados en la Constitución Política de 1991; han luchado por la posibilidad de mantenerse neutral y por la garantía al ejercicio democrático de disentir y construir alteridad como lo consagra la Constitución.
Existe valiosa pero poca información sistemática publicada acerca del impacto del conflicto armado y en particular del desplazamiento forzado sobre las comunidades afro colombianas. Este vacío coincide con la ausencia de caracterizaciones oficiales actualizadas, permanentes y sistemáticas e integrales de la magnitud del problema desde una perspectiva territorial y colectiva, con consecuencias graves de invisibilización de la problemática humanitaria de estos grupos étnicos.
Recientes estudios han insistido en la necesidad de comprender los efectos devastadores de estas dinámicas sobre los procesos organizativos y la reivindicación de los derechos territoriales y culturales que el movimiento afro colombiano emprendió desde la década del 90 y que logró plasmarse en el ArtículoTransitorio 55 de la Constitución de 1991, la Ley 70 de 1993 y 3 documentos CONPES84. En particular, la academia, el movimiento afro y el sector no gubernamental han avanzado en la documentación y el análisis de sus efectos sobre la región del Pacífico colombiano que hasta hace diez años se consideraba aún “un ejemplar paradigma de paz”85.
El ejercicio del cruce de información posibilita un insumo técnico para inferir la grave situación que afrontan las comunidades étnicas en el país, visibiliza la coincidencia entre municipios tradicionalmente afectados por la violencia y la presencia de territorios étnicos y dada la ausencia de sistemas de información sobre el impacto de la violencia en estos territorios, aporta herramientas para correlacionar la población desplazada que no ha sido identificada por su pertenencia étnica ni su procedencia de territorios colectivos y de resguardos.
84Conpes 2909 de 1997 (proteger, promover y divulgar los derechos étnicos individuales y colectivos de las comunidades negras);
Conpes 3169 de 2002 ( protección en tanto categoría de grupo étnico, de raizal y población afro colombiana en extrema pobreza y discriminación); Conpes 3310 de 2004 (centrar las acciones en población afro en extrema pobreza y discriminación, reconociendo a la comunidad negra como grupo étnico.); Sentencia T-422 de 1996 (que plantea las diferencias entre el reconocimiento de la comunidad negra como grupo étnico y la discriminación positiva para los afrocolombianos, clarificando el debate entre aplicación del derecho colectivo y el derecho individual).
6. TRÁNSITO DEL PPTP HACIA LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE