Principales Discusiones de la Cámara de Diputados

Dos importantes momentos de la discusión de la Cámara de Diputados fueron las sesiones efectuadas el 14 de diciembre del año 2004 y el 9 de Mayo del año 2005. En estas instancias la Cámara recibe en sala a gremios empresariales, centrales de trabajadores y a dos centros de investigación. Las sesiones se abocaron a conocer la percepción de estos actores frente a la propuesta inicial enviada por el ejecutivo.

Visión de losGremios Empresariales

Como representantes de los gremios empresariales participaron en estas sesiones la Cámara Chilena de la Construcción, Confederación de la Producción y del Comercio, la Corporación de la Madera de la VIII región y la CONFEDECH.

La Cámara Chilena de la Construcción plantea sus inquietudes a través del Presidente de la Corporación Educacional de la Cámara, quien señala que este gremio ha desarrollado importantes labores desde el año 1996 en materia de certificación de competencias a los trabajadores del sector. Destaca que el conglomerado posee gran interés en el tema de la certificación de competencias laborales, y dada su vasta experiencia en el tema sugieren algunas modificaciones a la propuesta formulada por el ejecutivo.

Por una parte, consideran que la propuesta impone un aparato burocrático de difícil financiamiento. Específicamente, se indica que la propuesta no precisa quién va a financiar el 51% del presupuesto de la Comisión Nacional, que deberá definir múltiples unidades de competencias laborales, acreditar decenas de centros y cientos de evaluadores en todo el país.

En segundo término se insiste que el “atomizado” proceso de formación de los trabajadores -educación media técnico-profesional, capacitación, centros de certificación, evaluadores- necesariamente acarreará mayores costos administrativos. Esto a su vez es visto como contradictorio con los proyectos de articulación de redes de formación técnica (Chilecalifica), que busca contrarrestar la división en este campo.

Un tercer punto en discusión es el financiamiento. Se señala que el mayor beneficiario de la certificación será el trabajador. En este sentido, se postula que el costo debiera no ser asumido por la empresa o las asociaciones gremiales, sino que por los trabajadores a través de subsidios del Estado.

Sobre el mismo punto se indica que el tope de la franquicia tributaria debería incrementarse de 1% a 2%. Según los estudios, los mayores impulsores de la certificación

han sido las empresas medianas y grandes, que tienen copada su franquicia tributaria para fines de capacitación y nivelación de estudios.

En cuanto a la evaluación, se cree que no es factible que los “Centros” dispongan de las instalaciones, maquinarias y los materiales para efectuar el proceso completo. En consecuencia, debería abrirse la posibilidad de hacer convenios con empresas y empleadores. Esto permitiría utilizar sus medios para efectuar la evaluación, así como, el terreno y el bulldozer para un operador. De efectuarse de esta manera, los costos derivados de los servicios mencionados deberán quedar incluidos en el precio del servicio de certificación.

Finalmente, señala que parece peligroso que los registros de trabajadores certificados y de evaluadores sean públicos, pues ello constituiría una base de datos para objetivos no ligados al tema.

La Confederación de la Producción y del Comercio, por medio de Carlos Urenda, reconoce el esfuerzo desplegado por el gobierno en este tema, sin embargo, considera que la iniciativa legal falta de coherencia. Desde su perspectiva deberían plasmarse de mejor forma algunos principios que constituyen los pilares fundamentales del nuevo Sistema.

En cuanto al primer principio, relativo al carácter voluntario del SNCCL, se considera que la propuesta del ejecutivo plantea un sistema de naturaleza única, que no deja posibilidad de realizar certificación fuera de él.

En segundo lugar, en relación con el carácter esencialmente privado, se cree que éste tampoco queda plasmado completamente en la propuesta. Se señala que la “Comisión” sólo propone la integración de 3 representantes del sector privado, de un total de 9. A su juicio, siendo el financiamiento estatal de hasta 49%, y por tanto quienes más aportarán serán los empresarios, (ya que las organizaciones laborales no cuentan con recursos importantes), no existe un verdadero incentivo para los privados se integren a este nuevo Sistema.

Al igual que la Cámara Chilena de la Construcción, se señala que la franquicia contemplada no será suficiente.

En relación al tercer principio, que se basa en la sectorialidad del sistema, se sugiere que las funciones de la “Comisión” deberían ser competencia de los “Comités Sectoriales”. Asimismo, se indica que no obstante se declara que dicha “Comisión” es organismo más importante del sistema, no será el órgano superior. Por sobre ella estará el Ministerio del Trabajo.

Por último, en cuanto a la necesidad de una estructura liviana y flexible, se considera que ésta no cumple con los requerimientos sugeridos. Una organización que contemple una estructura mediada por el Ministerio del Trabajo, la “Comisión”, los “Comités Sectoriales”, los “Evaluadores”, los “Centros de Certificación”, etcétera; no permitirá conformar un sistema liviano y flexible.

Se reitera que en la actualidad existe certificación y que ella ha sido exitosa; sin embargo, apoyan un marco regulatorio con participación del Estado, siempre que se recojan los principios que se han señalado.

La Corporación de la Madera - CORMA VIII Región, a través de su Vicepresidente realiza cuatro propuestas. Primero señala que el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales debe ser de carácter voluntario para los trabajadores y permitir mayor participación de los gremios en la definición y acreditación de los estándares de competencias.

En un segundo punto, subraya que el Sistema debe asegurar la simplicidad de su operación. La acción del Estado debe “sólo” cautelar por la independencia, seriedad y financiamiento.

En relación a la participación regional, manifiesta que debería existir una Comisión Nacional con sedes en todas las regiones del país. Estas comisiones deberían tener competencias en el ámbito territorial y sectorial productivo, y considerar a las asociaciones

gremiales respectivas. Las sedes regionales de la Comisión Nacional podrían definir la transversalidad de algunas de las funciones.

Finalmente, en cuanto al financiamiento de la certificación y capacitación, se indica que debería haber una reasignación de fondos del Estado actualmente existentes, por ejemplo: fondos del subsidio de cesantía, Chilecalifica, instrumentos CORFO, u otros. Al respecto, hace notar que los fondos del SENCE son ya insuficientes para los fines de capacitación.

La Confederación del Comercio Detallista y Turismo se hizo parte de la discusión a través de su Vicepresidente. Se plantea que, no obstante la buena predisposición a un sistema de certificación, se vuelve necesario cuestionar la efectividad del Sistema. Desde su perspectiva, en la práctica, los empleadores prefieren a las personas recomendadas más que a lo que pueda decir un título o certificado. A lo anterior añade que los trabajadores certificados tenderán a cobrar más por su trabajo, lo que encarecerá su contratación.

En su última intervención argumenta que sería conveniente abrir la posibilidad de certificación de competencias a trabajadores extranjeros.

Visión de lasCentrales de Trabajadores

Al igual que los gremios empresariales, las distintas centrales de trabajadores participaron en la discusión legislativa de la Cámara de Diputados. Fueron invitadas la Unión Nacional de Trabajadores y la Central Autónoma de Trabajadores.

La Unión Nacional de Trabajadores destaca que elproyecto apunta a la dirección correcta en cuanto procura lograr la modernización –en materia de capacitación- que requieren las empresas y los trabajadores, en un escenario teñido por la globalización y por la firma de tratados internacionales o TLC. Sin embargo, subraya dos inconvenientes de la propuesta. El primero es que la “Comisión” considera sólo un cupo para los trabajadores, de modo que ésta no puede ser considerada tripartita. Un segundo problema, se relaciona

con el artículo 5º del proyecto. Éste habla de una organización representativa, pero hoy en día existen tres centrales, todas representantes de los trabajadores, por lo que temen que se repita el cuadro que existe en la estructura del Seguro de Cesantía.

La Central Autónoma de Trabajadores manifiesta que el proyecto permitirá a los trabajadores formalizar el dominio de habilidades y competencias adquiridas a través de la experiencia y en forma autodidacta, sin embargo, crítica que el proyecto pone al ser humano al servicio del proceso productivo. Se propone que la nueva institucionalidad se transforme en una herramienta para mejorar la calidad y la pertinencia de la capacitación destinada a los trabajadores.

Visión de los “Centros de Investigación y Desarrollo de Capital Humano”

Un centro de investigación de políticas públicas y uno vinculado al desarrollo de capital humano fueron invitados a las sesiones: el “Instituto Libertad y Desarrollo” y “Fundación Chile”.

La intervención del Instituto Libertad y Desarrollo destaca que la certificación de competencias laborales va a constituir un aporte a la elección de técnicos o trabajadores especializados, en la medida en que los privados la estimen necesaria. Asumiendo dicha condición, se objetan algunos elementos planteados en la propuesta.

Se crítica que el SNCCL como ente público, contenga en la práctica un incentivo tributario (de cargo, por lo tanto, de todos los chilenos) para el financiamiento de las certificaciones. Ello hace que el Sistema deje de ser plenamente voluntario y que tienda, como manifiestamente se intenta, a generar un mecanismo de control estatal con una posible proyección en el campo del poder político, que derive de la actuación, fiscalización y ejercicio de las facultades de un ente público.

Se agrega además que en el diseño del ente público se ha utilizado un esquema híbrido, dado que la “Comisión” que se crea, no corresponde a lo que debiera ser un

servicio público descentralizado. Si bien se le otorga personalidad jurídica, patrimonio propio y la planta de personal, las remuneraciones, las atribuciones tienen un grado de flexibilidad atractivo, conceptualmente son incompatibles con la ley orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado. Ello constituirá una forma de omitir el mecanismo de designación de cargos directivos con el procedimiento concursable de la ley sobre alta dirección pública, de reciente dictación.

La Fundación Chile, a través de Eduardo Bitrán, enfatiza en los beneficios y virtudes de la conformación de un Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales para nuestro país.

Señala que Chile enfrenta el desafío de recuperar las tasas de crecimiento y uno de los factores claves es mejorar la calidad de los recursos humanos. Las empresas por su parte requieren desarrollar mecanismos de reclutamiento y retención de trabajadores talentosos para desarrollar sus negocios.

Como dato de contexto agrega que parte importante del incremento de las ocupaciones técnicas o profesionales de nivel medio ha sido aprovechado por personas con formación media o superior técnico profesional, relegando la enseñanza media humanista a una posición de menor movilidad ocupacional y de mayor inestabilidad.

En este escenario el “Sistema de Capacitación” debe apuntar a las competencias que los niveles de producción requieren frente a las necesidades de desarrollo, la competencia en mercados globales, los cambios en el mercado de trabajo, y a las demandas de los trabajadores.

Discusión Parlamentaria en la Cámara

Atendiendo a los distintos inconvenientes observados por los actores participantes, la Cámara de Diputados formuló una serie de interrogantes a los representantes del Ejecutivo, particularmente respecto de los elementos y antecedentes que formaron parte del proyecto de ley.

Los Diputados sostuvieron la necesidad de que el Ejecutivo incorporará una disposición clara y expresa sobre la vinculación –a través de un ministerio- de la Comisión Nacional de Capacitación con el Ejecutivo, reconociendo que se trata de un organismo especialísimo y autónomo, cuya lógica no es centralizar sino de normalizar y dar garantías al proceso de acreditación de competencias.

Asimismo, los Diputados manifestaron interés que la totalidad de los miembros de la Comisión Nacional de Capacitación fueran remunerados, de forma de asegurar la asistencia y dedicación a la función encomendada, evitando transformarla en una carga indeseada y secundaria.

Por último, se hace notar la preocupación de garantizar el acceso a representación, al interior de la “Comisión”, a la totalidad de las centrales sindicales existentes.

Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto de ley vuelve a comisiones y se llega a acuerdo. Algunas de las modificaciones que se realizan apuntan al artículo 27, al Fondo Nacional de Capacitación (se aplicaran preferentemente a los trabajadores cesantes), y al articulo 5º que habla de una organización más representativa (se amplía la representatividad de los trabajadores)

Cabe mencionar que el proyecto presentó amplio apoyo en las distintas bancadas. A continuación se citan algunos de las apreciaciones expuestas por las bancadas:

Diputada Vidal: “…En el proyecto se unen todos los esfuerzos, no sólo del mundo laboral, sino también de la educación, a través del programa Chilecalifica y de otros estamentos, en el sentido de lograr el nivel que necesitamos para competir de igual a igual con los países desarrollados. El rol importante de las empresas -fue un tema de discusión en la Comisión- no se ve disminuido; por el contrario, se regula mejor para evitar conductas que no correspondan. También se norma mejor la participación de los trabajadores y lo relativo al financiamiento. En definitiva, se crea un sistema que mejorará la relación laboral y empresarial y se reconocen y transparentan los mecanismos de

medición de la calidad del trabajo. Espero que la Sala apoye este gran paso que contribuye al desarrollo laboral y competitivo del país”9

Diputado Salaberry: “Señor Presidente, nuestra bancada tiene una opinión favorable sobre este proyecto. Sólo tenemos ciertas dudas respecto de quién administrará el sistema de certificaciones, como lo hemos dicho en más de una oportunidad. A ello obedecen las indicaciones que esperamos sean aprobadas, sin perjuicio de que nuestra bancada votará favorablemente esta iniciativa en general”.10

Diputado Ortiz: “Quiero expresar en nombre de mi bancada y de quienes participamos en la Comisión de Hacienda, que vamos a votar favorablemente este proyecto de ley y deseamos que, después de este primer trámite constitucional, tenga un trámite legislativo rápido en el Senado de la República. Por consiguiente, sería necesario solicitar su urgencia, porque la iniciativa es beneficiosa para los trabajadores, porque permite bajar la cesantía”11