Principales necesidades y expectativas expresadas

En este apartado, se presenta un resumen de las acciones más citadas por las distintas personas que participaron en el estudio de necesidades y expectativas realizado para la elaboración de este Plan.

Promoción de la salud y el bienestar emocional.

La mayor parte de las propuestas que se mencionan van dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y sus familiares y, más concretamente, aumentar intervenciones sobre “hábitos de vida mentalmente saludable”.

En promoción de la salud se propone incluir contenidos de salud mental; facilitar la inclusión social y la creación y mantenimiento de redes de apoyo social y familiar; y difundir mensajes en medios de comunicación social sobre la importancia de la salud mental y sobre cómo cuidar la salud y el bienestar emocional.

Prevención de los problemas de salud mental

En este apartado se propone trabajar con agentes comunitarios claves en la prevención de problemas de salud mental, ofreciendo formación, a través de guías y protocolos, que capaciten para la detección de situaciones de vulnerabilidad y la realización de actuaciones preventivas.

Asimismo se plantea el refuerzo de los recursos humanos en AP y SM; el establecimiento de comisiones intersectoriales para trabajar conjuntamente en prevención; y la identificación de poblaciones de riesgo por zonas geográficas que permitan diseñar actuaciones específicas para mejorar sus condiciones de vida.

Detección precoz de trastornos mentales e intervención temprana

Se plantea como necesidad mejorar la coordinación intersectorial, formando agentes comunitarios que puedan detectar y realizar derivaciones; y el desarrollo de protocolos específicos de coordinación y de sistemas de información compartidos.

También se propone la cooperación con AP de salud, para que pueda identificar poblaciones de riesgo, hacer seguimiento o derivar correctamente; dotar de tiempo las consultas de AP y especializada para un correcto diagnóstico; crear unidades funcionales de primeros episodios; y aumentar la accesibilidad, incrementando el número de consultas especializadas a corto plazo.

Otro aspecto que se destaca es la necesidad de informar sobre la enfermedad mental y sus síntomas; de reducir el estigma (que retrasa la petición de ayuda y el diagnóstico); y de desmitificar la cronicidad y gravedad frente a la posibilidad de recuperación con una actuación temprana.

Calidad de la atención prestada por los servicios sanitarios.

En este epígrafe se destaca la necesidad de reforzar los recursos y ampliar y mejorar la estabilidad de la plantilla, mayor tiempo en consulta, sesiones psicoterapéuticas con la frecuencia necesaria y citas periódicas para un adecuado seguimiento de la enfermedad mental. Asimismo, se señala la importancia de mejorar las competencias y los recursos profesionales, especialmente en las áreas dedicadas a la atención a la salud mental infantil y adolescente. También se plantea formar a otros perfiles de profesionales de salud, especialmente AP, y mejorar la coordinación intersectorial (educación, servicios sociales, drogodependencias, atención temprana, mayores...)

Se insiste en la orientación de la práctica profesional hacia la recuperación y la implicación de personas con trastorno mental y familiares en el proceso de atención.

Calidad de la atención prestada por los servicios sociales.

En este ámbito se demanda una mejora en la formación del colectivo profesional de los servicios sociales, en general, sobre enfermedad mental, estigma, modelo de calidad de vida en la discapacidad, el trabajo conjunto con las familias, y desarrollar una nueva tipología de servicios más flexibles y adaptados a las necesidades de las personas.

También se plantea la mejora de procesos de atención reduciendo la burocracia y que en la valoración de la “dependencia” se tenga en cuenta la información específica de salud mental.

Actuación ante la vulneración de derechos de las personas con trastorno mental y el estigma.

Para prevenir la vulneración de derechos se propone fortalecer el papel activo de las personas con enfermedad mental sobre sus derechos, para detectar áreas de mejora ante posibles vulneraciones de sus derechos basadas en la percepción de las personas usuarias. Asimismo, ampliar las acciones contra el estigma de la enfermedad mental y sobre la protección de los derechos de las personas que la padecen.

Facilitar el empoderamiento de las personas con enfermedad mental y de su entorno más cercano a través del fortalecimiento del movimiento asociativo y el aumento de los recursos y funciones de las entidades tutelares.

En cuanto a la infancia, se plantea la necesidad de apoyos a la integración educativa, sancionar a las personas que vulneren los derechos de niños o niñas con enfermedad mental y promover las familias de acogida para menores con enfermedad mental.

Lucha contra las desigualdades en salud

Se resalta la necesidad de aumentar los recursos públicos de calidad, evaluando su eficacia y facilitando el acceso de cualquier persona con enfermedad mental (especialmente de personas que viven en riesgo de exclusión social, en los entornos más desfavorecidos, población infantil en situación de desamparo) a través de una coordinación eficaz entre distintos agentes intervinientes, reduciendo la burocracia.

Reducir las desigualdades sociales: acceso a la educación, jubilaciones dignas, acceso a recursos económicos suficientes, acceso al empleo..., incluyendo las desigualdades por razón de género.

Participación de la ciudadanía en los aspectos relacionados con su salud mental y bienestar emocional

Los servicios han de facilitar el empoderamiento de las personas con enfermedad mental para participar en los aspectos relacionados con su salud mental, a través del fomento de su autonomía e independencia, cauces de participación más efectivos en los servicios, ingresos económicos suficientes, inclusión en el mundo laboral, participación plena en la sociedad... También se ha de fortalecer el movimiento asociativo de personas usuarias y familiares.