El principio de juego limpio restringido a esfuerzos cooperativos justos

Una segunda crítica, también de Simmons y relacionada con el cuestionamiento formulado en el punto anterior, es que la restricción impuesta por Rawls al principio de juego limpio de que sólo puede aplicarse en esfuerzos cooperativos cuya finalidad sea justa tiene, en opinión de Simmons, una argumentación insuficiente y finalmente se centra en la aseveración de que nadie puede tener una obligación moral de hacer algo inmoral, aunque, el examen de las premisas del juego limpio nos permita concluir que este sería aplicable, tanto a empresas justas como a empresas criminales. Rawls argumenta que, así como “las promesas arrancadas son nulas ab initio, de modo similar, los acuerdos sociales injustos, son en sí mismos, un tipo de extorsión, o aun de violencia, y el consentir en ellos no causa obligación” (Rawls, 1979, p. 314). La razón es que en el primer caso, de la promesa forzada, quien promete no lo hace según su libre voluntad, sino bajo la coacción de un agente externo y el segundo, los acuerdos injustos, podrían considerarse de igual modo. Simmons señala que esta última afirmación es falsa, diciendo que “la injusticia de una institución no tiene por qué afectar la voluntariedad del consentimiento ni sus reglas ni los beneficios que se derivan de ella” (Simmons, 1979, p. 313). Esta última objeción de Simmons parece confirmarse en el caso Tehlirian, el cual debe ser analizado desde dos perspectivas distintas, aunque relacionadas entre sí: la del ciudadano como parte del esfuerzo cooperativo que es el Estado y la del Estado como parte de una comunidad internacional que también puede asimilarse a una empresa cooperativa en el sentido desarrollado por Rawls.

En primer lugar, desde la perspectiva del ciudadano, el Estado alemán, durante la República de Weimar, período en el cual se realizó el juicio a Tehlirian, proporcionaba diversos

beneficios a sus ciudadanos: la protección del derecho a la vida, la libertad y la propiedad y, por supuesto, el acceso a la justicia; como contraprestación exigía de los ciudadanos obediencia a la ley. No obstante, el Estado alemán distaba de ser justo o razonablemente justo, en tanto atropellaba los derechos de muchas personas dentro de su territorio por razones principalmente políticas y participaba en gestas de avasallamiento y explotación internacional. De acuerdo con la tesis del juego limpio, los alemanes que recibían los beneficios proporcionados por el Estado adquirían una obligación moral de obedecer sus mandatos y apoyarlo, en tanto resultaría contradictorio disfrutar de las utilidades y simultáneamente marginarse de los costos. De este argumento también puede inferirse que quien participa de los beneficios de una empresa cooperativa es corresponsable también por las acciones mediante las cuales estos han sido obtenidos, de manera que si un Estado comete acciones criminales, aquellos que disfrutan de los beneficios del Estado son coautores de sus crímenes. Cabe anotar, sin embargo, que aunque, efectivamente, la mayoría del pueblo alemán compartía las políticas del Estado, también había ciudadanos que se oponían a ellas; en tal sentido, surge un nuevo problema para la teoría del juego limpio, este es el de cómo entender la supuesta obligación de obediencia del ciudadano cuando este se opone de manera consciente a las políticas estatales, aunque se ve obligado a recibir los beneficios proporcionados por el Estado, sea porque no tiene más alternativa que residir en su territorio o porque cree que tiene un deber moral de luchar en contra de las leyes del soberano. En segundo lugar, desde la perspectiva del Estado como parte de la comunidad internacional, durante finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, el Estado alemán recibía, junto con las demás potencias europeas, los beneficios generados por la relación existente entre el Imperio Otomano y los países europeos, en general. Es posible afirmar que existía un esfuerzo cooperativo internacional que beneficiaba a todos los involucrados, tanto en el plano económico como en el geo político, estratégico y militar. El gobierno Otomano silenciaba las criticas europeas sobre la flagrante violación de los derechos de las minorías étnicas y religiosas del imperio, especialmente del pueblo armenio, mediante la concesión de prerrogativas de diversa índole concedidas a Francia, Inglaterra y Alemania, a la vez que se beneficiaba de la soterrada protección política y militar que estos países le brindaban frente a Rusia, su gran enemigo histórico. A pesar de que la mutua relación enfrentaba frecuentes altibajos, estos terminaban por solucionarse mediante la estrategia enunciada. De

esta manera, el compromiso creado entre las partes por la recepción de beneficios mutuos generaba un doble efecto: por una parte, la ausencia de una acción preventiva eficaz de los europeos a favor del pueblo armenio con el fin de evitar su exterminio a manos del gobierno turco y, por otra, la inexistencia de justicia para juzgar y castigar el genocidio, una vez perpetrado. El temor de las potencias europeas por, primero, poner en riesgo las cuantiosas inversiones efectuadas en territorio Otomano y, segundo, perder su posición de ventaja con respecto a colonias como la India y otras en el Medio Oriente y África, les impidió actuar contra el gobierno de los Jóvenes Turcos, inicialmente, y el movimiento Kemalista, después. El deber moral de justicia y humanidad, que años más tarde inspiró la legislación contra el genocidio, fue aplazado en pos de los compromisos surgidos de la recepción de los beneficios cooperativos ya señalados.

Hasta aquí, queda claro que las críticas planteadas por Simmons ponen en aprietos la tesis del juego limpio de Rawls en tanto, uno, es difícil considerar al Estado como una empresa cooperativa que cumple todos los requisitos exigidos por tal teoría y, dos, las premisas del juego limpio bien pueden ser aplicadas a esfuerzos cooperativos injustos, tales como un Estado totalitario, opresivo y excluyente como eran, en su momento, la República de Weimar y el Imperio Otomano.