Principio VI: Mantener un vínculo directo y responsable con la comunidad

“Toda actividad humana transcurre dentro de la sociedad, sin que nadie pueda sustraerse a su influjo”,

Georg Simmel.

2.1.6.1. Emisión de un balance anual de responsabilidad social y ambiental

Si bien el origen del debate sobre la responsabilidad social de las empresas, siguiendo a Junyent Bas (2006), no guarda relación temporal ni temática estricta con el gobierno corporativo, es indudable que existen conexiones entre ambos, pues los impactos sociales negativos son el resultado de decisiones empresariales adoptadas dentro del sistema de gobierno de las compañías. En efecto, la realidad económica y social en que se encuentran insertas las empresas de hoy exige que quienes tienen la responsabilidad de dirigirlas entiendan que las decisiones que tomen van a reflejar los valores que tengan sus integrantes y repercutirán en la comunidad, tanto a nivel económico como ambiental y social. En otras palabras, la finalidad de la empresa debe orientarse hacia el bienestar social y su desempeño debe ser juzgado no solo en términos económicos, sino en función del impacto que sus actividades tienen en los ámbitos económico, social y medioambiental.

Citando a Ian Davis (2005), es claro que en cualquier empresa la mayor parte del valor de la misma está dado por los flujos de fondos que se proyectan para el futuro mediato, a muchos años vista. En consecuencia, cualquier gestión empresaria que desoyera potenciales reclamos sociales estaría poniendo en riesgo esos futuros flujos de fondos.

La calidad del gobierno corporativo es crítica para la sociedad. El respeto por las instituciones democráticas locales y la relación con la comunidad donde las compañías operan es fundamental para lograr lo que en los últimos años se ha conocido como una “licencia de operación”. Desplazamientos, daños al ecosistema, interferencias con el estilo de vida y peligros para la salud debido a la contaminación, son algunas de las consecuencias negativas que pueden ocurrir (Strandberg, 2010) y, consecuentemente, promover el no otorgamiento de esta “licencia” (siempre en sentido simbólico) por parte de la comunidad a una empresa instalada en su tejido social.

En este sentido, la sociedad viene exigiendo a las empresas que den cuenta de cómo sus procesos respetan el medio ambiente humano y natural. Así surgió el balance social.

Actualmente, la importancia de la información no financiera en el informe anual de gestión de las empresas es reconocida, tanto por las organizaciones como por las instituciones y grupos de interés en general, sensibles al prestigio de la marca, a la fidelidad del cliente o a la reputación de la empresa. La responsabilidad social empresaria ya no se concibe como una disciplina autónoma, sino que se ha integrado a las nuevas teorías de la gestión empresarial. Apoyando esta

tesitura y logrando ampliar el análisis del concepto, el Instituto Ethos de Brasil señala que la responsabilidad social empresaria es una forma de gestión que se define por la relación (justamente) ética de la empresa con todos los públicos.

El balance social debe exponer, medir y divulgar en forma precisa, los resultados de la aplicación de la política social de la empresa, y evaluar el cumplimiento de su responsabilidad social empresaria, siendo desde esta óptica una herramienta de administración y control, que permite que la empresa proyecte, verifique y evalúe su rendimiento, sobre distintos aspectos que conforman la sostenibilidad corporativa (Rivadeneira y De Marco, 2010). Se transforma así en una herramienta de gestión empresarial, que permite evaluar cuantitativa y cualitativamente el cumplimiento de la responsabilidad social de la empresa en términos de activos y pasivos sociales en sus áreas interna y externa, durante un período determinado y frente a metas de desempeño definidas previamente.

En términos generales, el reporte de sostenibilidad, se erige como el documento indicado para

cumplimentar este cometido. Esta es una presentación informativa a través de la cual las empresas comunican su desempeño en tres aspectos fundamentales (ambiental, social y financiero) de forma puntual y objetiva, abarcando un período específico (Herrera, 2015). En el ámbito interno, este tipo de reportes ayuda a las empresas a evaluar a tiempo los procesos que conllevan un daño potencial, permitiendo la anticipación ante las posibles implicancias, reduciendo costos en el control de calidad y aumentando la eficiencia en la producción. En el ámbito externo, es una herramienta para abrir canales de interacción entre la empresa, su cadena de valor y sus grupos de interés, cimentando paralelamente su compromiso social.

Pasando al terreno de la normativa contable, según la Resolución Técnica N°36 del Consejo Emisor de Normas de Contabilidad y Auditoría (CENCyA), el balance social es un instrumento para medir, evaluar e informar en forma metódica, sistemática y principalmente cuantificada, el resultado de la política económica, social y ambiental de la organización. El objetivo del balance social es demostrar la forma en la que la organización contribuye, o pretende contribuir en el futuro, a la mejora, o incide en el deterioro de las tendencias, avances y condiciones económicas, ambientales y sociales a nivel local, regional y global (CENCyA, Resolución Técnica N°36, 2012).

El principal reporte que brinda el balance social es el “Estado de Valor Económico Generado y Distribuido”. Este Estado está fundamentado en conceptos macroeconómicos, buscando presentar la parte en que contribuyen las entidades en la formación del producto bruto interno. Es un estado económico-financiero histórico, que muestra el valor económico generado por una organización y simultáneamente revela cómo se distribuye entre los diversos grupos sociales que

han contribuido a su creación. Para los inversores y otros usuarios, esa demostración proporciona información de naturaleza económica, financiera y social, y ofrece la posibilidad de una mejor evaluación de las actividades de la entidad en la sociedad en la cual se inserta.

Atento a lo antedicho, la CNV se hace eco del nuevo pedido de información que las comunidades realizan y recomienda enfáticamente en este principio, la preparación de un balance social y ambiental. Sin embargo, nos encontramos con que solo cuatro de cada diez compañías prepara regularmente un reporte de esta naturaleza. La mayoría de las compañías no cumple con esta recomendación y solo realiza algún informe ambiental, que en nada suple el contenido y la finalidad del balance social.

Profundizando en la temática y más allá de la indiferencia que el común de las compañías demuestra para con esta recomendación, en mi opinión personal, hoy en día ya debería existir un reporte integrado, que aglutine cuestiones financieras junto con otras sociales o ambientales. A través del camino recorrido en RSE, las empresas nacionales han arribado a un nivel de maduración en el que es necesario unir lo contable con lo social, con un informe obligatorio y, mínimamente, de frecuencia anual.

SI 42% NO

58%

Confección de balance social anual

Fuente: elaboración propia en base a Informes Código de Gobierno Societario de empresas listadas en índice Merval25