La Institución Autonómica del Procurador del Común nacía cuando la anterior legislatura se agotaba. El 11 de enero de 1995 tomaba pose- sión de su cargo el primer Procurador del Común de Castilla y León, Manuel García Álvarez, un catedrático de Derecho Constitucional de la Uni- versidad de León, alejado de la actividad política. El Castillo de Fuensaldaña – en presencia de los máximos representantes de los poderes Legislati- vo, Ejecutivo y Judicial de la Comunidad Autóno- ma– , fue testigo de la puesta en marcha de la Ins- titución del Procurador del Común, cuya primera y provisional casa estuvo en la misma sede de las Cortes de Castilla y León. Antes de finalizar la legislatura los grupos políticos representados en la Cámara acordaron, por unanimidad, fijar la sede del Procurador del Común en León, en el número 5 de la Plaza de San Marcos. Para entonces, el titular de la institución y sus colaboradores ya recogían quejas de ciudadanos y de colectivos sociales en el Castillo de Fuensaldaña. Dos meses después se instalaban en León.
Con el inicio de la cuarta legislatura, 1995-1999, la Institución del Procurador del Común da los pasos obligados al objeto de concretar las necesi- dades de recursos humanos y materiales para desarrollar el trabajo encomendado por las Cor- tes, al tiempo que había que ir atendiendo a las personas que se acercaban a presentar quejas contra alguna actuación de las distintas Adminis- traciones y tramitando los oportunos expedientes. En el mes de septiembre del 95 la Institución con- taba ya con una plantilla de 13 personas, que un año después quedaría establecida en 25 – entre ellas la Adjunta al Procurador del Común, Ana Belén Fidalgo, que tomó posesión el 10 de enero de 1996– , y que a principios de 1999 se amplió en una persona más. El primer año de funcionamien- to el presupuesto de la institución superó los cien millones, quedando establecido desde entonces en años sucesivos en doscientos millones de pese- tas, el presupuesto más bajo de todos los Defen- sores del Pueblo Autonómicos existentes en el Estado español.
En estos primeros tiempos el Procurador del Común firmó un convenio de colaboración con el Defensor del Pueblo estatal para establecer un marco estable de colaboración entre ambas insti- tuciones, al objeto de evitar duplicidad de actua- ciones y estrechar las fórmulas de trabajo conjun- to y complementario. También hay que destacar que en 1996 se celebraron en León las Jornadas Nacionales de Coordinación entre los Defensores
del Pueblo, reunión anual que celebran el Defen- sor del Pueblo estatal y los ocho Defensores del Pueblo autonómicos existentes en España. Manuel García Álvarez fue comisionado por el Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miran- da, para los asuntos relacionados con Rusia y los países de su entorno. El Procurador del Común ha mantenido en estos años un estrecho contacto con las instituciones rusas y ha colaborado, a tra- vés del Consejo de Europa, en la gestación y pos- terior elaboración de las respectivas leyes del Defensor del Pueblo de Rusia y de Ucrania, ésta última todavía en fase de elaboración al finalizar la cuarta legislatura de las Cortes de Castilla y León. Este primer mandato del Procurador del Común, además de atender las demandas ciudadanas y dar respuesta con actuaciones de oficio a nece- sidades urgentes de los colectivos sociales mar- ginados, se ha centrado en gran parte en dar a conocer la institución entre los castellanos y leo- neses. Llegar a todos los rincon es y dar un ser- vicio público adecuado en una Comunidad Autónoma, extensa y que cuenta con una cuar- ta parte del total de los municipios existentes en España, es una tarea lenta y ciertamente com- plicada. Para acercar esta joven institución a los ciudadanos y darla a conocer, en septiembre de 1995 se estableció un calendario de visitas men- suales a todas las capitales de provincia de la Comunidad para atender personalmente a los ciudadanos que así lo demandan. Un año des- pués y dado el éxito de la iniciativa, las visitas periódicas se ampliaron a Ponferrada y Miranda de Ebro.
En estos primeros años, los ciudadanos y los colectivos sociales de Castilla y León han pre- sentado más de nueve mil quejas contra presun- tas actuaciones irregulares de las distintas admi- nistraciones públicas, la mitad de ellas recogidas en las citadas visitas mensuales que realizan el Procurador del Común o alguno de sus asesores jurídicos a las localidades más importantes de la Comunidad. La otra mitad de las quejas llegan por escrito hasta la sede de la institución. Además de las quejas de parte, el Procurador del Común ha abierto casi un centenar de actuacio- nes de oficio sobre temas tan dispares como el medioambiente, el patrimonio, la lucha contra el ruido o las adopciones internacionales. También se ha centrado su labor en recuperar edificios his- tóricos o intentar erradicar los vertederos ilegales de basuras de la Comunidad Autónoma han sido asuntos a los que se ha prestado especial atención
en este período. Estas actuaciones de oficio tam- bién han centrado sus objetivos en intentar mejo- rar las condiciones de vida de diversos colectivos: minusválidos, enfermos mentales, tercera edad, comunidad gitana, etc... El Procurador del Común ha presentado ante las Cortes de Castilla y León tres amplios informes sobre salud mental (1997), barreras arquitectónicas (98) y residencias de la tercera edad (98) en aras a que la Administración Autonómica tome las medidas oportunas que evi- ten determinadas situaciones de discriminación e ilegalidad que afectan a multitud de ciudadanos de Castilla y León. Por otra parte, durante la IV Legislatura Manuel García Álvarez ha presentado y defendido ante las Cortes cuatro informes, en los que se han recogido las memorias de la actividad de cada año.
Estos primeros años de vida de la Institución Auto- nómica del Procurador del Común reflejan ya algunos datos de interés. El Defensor del Pueblo de castellanos y leoneses da la razón a los ciuda- danos en la mitad de las ocasiones, aproximada- mente, y hace lo propio con las Administraciones Públicas en proporción parecida. La mayoría de las quejas ciudadanas se refieren a actuaciones de ayuntamientos, en cuanto al número de expe- dientes relacionados con la Administración Auto- nómica. En estos años se ha podido comprobar que los castellanos y leoneses se quejan, sobre todo, de asuntos que tienen que ver con el traba- jo, el urbanismo, los servicios sociales, el acceso a la función pública o el medio ambiente.