Programas de asistencia social

Los programas de asistencia social son otro factor muy importante que considero esencial mencionar en este capítulo y que estudios como los de Amnistía Internacional no mencionan. Si volvemos la mirada a los programas de ayuda orientados a los sectores más pobres que se han venido ejecutando a lo largo de los últimos quince años, nos encontraremos con que, a pesar de los esfuerzos de algunos gobiernos por incluir programas de Estado que asistan de alguna manera a los más necesitados, aún existe un vacío por cubrir en cuanto a los reclamos de las víctimas de las esterilizaciones.

En los últimos 10 años, únicamente el régimen de Alejandro Toledo (2001-2006) realizó indemnizaciones a las víctimas de las esterilizaciones –a la familia de la señora Mamérita Mestanza (2002) y en buena parte debido a que el caso llamó la atención de la CIDH–. El gobierno de

44 _{Ver: www.ethnologue.com/map/PE}

Alejandro Toledo se preocupó también por brindar una compensación a las víctimas de violencia sufrida durante los años de terrorismo con la creación del SIS, que brinda atención en salud a mujeres mayores de 17 años no gestantes y de varones mayores de 17 años, ambos en situación de extrema pobreza, cubriendo las provincias rurales y urbanas que no cuentan con la cobertura de EsSalud. Sin embargo, este programa no ha sido inclusivo en el tema de las reparaciones a las víctimas de las esterilizaciones. Hoy en día, la asistencia del SIS sigue vigente, pero ha atravesado muchas modificaciones. Por ejemplo, desde su última reforma, se ha establecido que las mujeres y los hombres deben pasar por el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) para saber su nivel de pobreza (R. Salazar, comunicación personal, 10 setiembre de 2012). Esta modificación pretende ayudar a las personas que se encuentran en extrema pobreza, pero no considera de manera diferenciada a las víctimas de las AQV. Si bien es cierto que la mayor parte de los casos de AQV se dieron en mujeres y hombres en extrema pobreza, existen mujeres esterilizadas –como en el caso de la señora Victoria Vigo– que no califican como sujetos en extrema pobreza, a pesar de que se encuentren en una situación de bajos recursos económicos (R. Salazar, comunicación personal, 10 setiembre de 2012).

Otra propuesta similar, el programa de asistencia denominado Juntos, creado en 2005, fue pensado como una forma de afrontar la precaria situación económica de muchas familias. La ayuda consistía en la entrega de un bono económico de 100 soles mensuales, con la finalidad de que las familias cumplieran con los requerimientos básicos de salud, educación, control médico de madres gestantes y niños, trámite del DNI y alimentación.

En un estudio de evaluación de este programa en comunidades andinas y amazónicas realizado por antropólogos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), se encontró que, tras seis años de aplicación del programa Juntos en Perú, una de las dificultades más importantes para su realización fue la comprensión de los objetivos y requisitos por parte de las familias beneficiarias45_.

El desconocimiento, según el antropólogo Terry Roopnaraine, ha causado en algunos casos que los proveedores de salud, educación o líderes comunales exijan condiciones adicionales a las familias o que asuman que estas deben retribuir al Estado con otras actividades por el bono que reciben, como si este fuera un sueldo (Ramos, 2013). Por otro lado, también se encontraron aspectos positivos, como son el incremento de la matrícula escolar, la obtención del DNI, el seguimiento médico del crecimiento de los niños y el empoderamiento de la mujer. Estos aspectos, de acuerdo con los autores del estudio, creó una mayor confianza hacia el Estado. Según el estudio de la PUCP, la mujer, al ser la responsable de recibir el dinero mensualmente, es la que tiene el

45 _{Dos localidades quechuas: Ayacucho y Huancavelica; y cuatro amazónicas: Junín (aimara), Puno (awajún),}

control de la administración de los gastos mensuales en su hogar. Aún persiste el problema del machismo; sin embargo, el estudio realizado en Ayacucho reveló que cuando las mujeres controlaban el uso de la transferencia monetaria, aumentaba su autoestima, disminuía su dependencia de los varones y mejoraba su poder de negociación frente a posibles situaciones de violencia. Una explicación de este cambio de comportamiento tendría que ver con el temor de los varones de perder la ayuda económica como forma de “castigo” por parte del programa (Correa & Roopnaraine, 2013, p. 82).

No obstante, un punto que esta investigación resalta son las relaciones que se observan entre los trabajadores de salud y los usuarios. Se encontró que existen problemas de discriminación y de distancia cultural entre las comunidades indígenas y el personal de salud. En los testimonios recogidos, muchas mujeres afirman sentirse maltratadas por el personal de salud, ya que muchas veces no se habla el idioma nativo y esto crea una barrera cultural. Amy Margolies explica que estas barreras culturales afectan del mismo modo a las mujeres cuando interactúan en los servicios de salud reproductiva y, sobre todo, en relación con los anticonceptivos(Ramos, 2013, p. 4). Algo que llama aún más la atención en este estudio fue la persistente manera en la que los trabajadores de salud empleaban métodos coercitivos para que los usuarios utilicen el programa Juntos. Así, se comprobó que en algunos casos los trabajadores de salud amenazaban a las usuarias con retirarlas del programa o acusarlas con el gestor de Juntos si no accedían a planificar y usar métodos anticonceptivos. Esto ha generado que los beneficiarios del programa Juntos perciban que el uso de anticonceptivos es un requisito para el programa (Ramos, 2013, p. 3).

Este punto es importante ya que, al compararlo con el caso de las campañas de AQV, encontramos que, a pesar de haber trascurrido quince años desde que se iniciaron los programas de AQV, el comportamiento de los trabajadores de salud hacia los usuarios sigue teniendo la misma dinámica paternalista de antes. Durante la época de las campañas de AQV, se comprobó, a través de diferentes testimonios, que eran los trabajadores de salud los que amenazaban a las usuarias con quitarles ciertos beneficios –en aquella época, los anticonceptivos gratuitos– si no se esterilizaban. Inclusive, en algunos casos, se les daba comida o medicinas a cambio de que accedieran a utilizar este proceso quirúrgico. Si bien es cierto que en el programa Juntos no se han descubierto métodos coercitivos de parte del personal de salud, sí se han descubierto amenazas, las mismas que fueron utilizadas durante las campañas de AQV. Evidentemente, hay un abismo entre los métodos que se utilizaron durante las campañas para persuadir a las mujeres y los métodos que utilizan los actuales trabajadores de salud para promover el programa Juntos. Pero cuestiones como el trato del personal hacia los usuarios no ha cambiado. Así como tampoco ha cambiado el paternalismo por parte de los trabajadores hacia las usuarias. Es decir, las usuarias son tratadas como individuos que muchas veces no pueden ejercer una decisión propia.

Conclusión

Durante este capítulo hemos visto que algunos de los actores principales del caso de las esterilizaciones –como la Iglesia, las organizaciones feministas, los medios de comunicación y los trabajadores de salud– estuvieron, y en algún caso aun están, involucrados. Algunos actores han sufrido cambios en su intervención, como es el caso de los medios de comunicación. En la actualidad, los principales actores de crítica social y denuncias sobre las esterilizaciones forzadas ya no son (como durante el régimen fujimorista) la prensa escrita y la televisión, sino las redes sociales46_{. Esto puede parecer positivo, y es posible que otro hubiese sido el panorama si las}

denuncias en aquel tiempo se hubieran realizado a través de las redes sociales; no obstante, como explico líneas arriba, la problemática de la veracidad que aún enfrentan algunos medios sigue siendo un obstáculo para que la información llegue como debe llegar, veraz e imparcialmente. Puede que estos medios de comunicación y los que se utilizaron durante los años noventa sean uno de los motivos por los que aún la población peruana no llega a un consenso de opinión acerca del tema, y puede que este sea uno de los motivos también por los que los organismos ocupados de investigar el caso y procesar a los inculpados siguen cerrando el caso una y otra vez47_.

Incluso afirmaría que hay una parte de la población que no está completamente de acuerdo con que las esterilizaciones hayan sido forzadas –esto lo explico en el capítulo de estudio en Lima– y no precisamente porque crean que esta política estuvo bien, sino que la información es tan compleja y diversa que no es posible llegar a un consenso. De este modo, formar una opinión a partir de denuncias hechas mayormente en las redes sociales parece ser un ejercicio de memoria que no todos están dispuestos a hacer. Y es que a diferencia de los años noventa, las redes sociales hoy en día han conformado una nueva ventana de información sin censura, pero discutible en términos de veracidad.

Por otro lado, las organizaciones no gubernamentales internacionales, los programas de salud reproductiva en el país y la Iglesia siguen en el debate entre la libre información y la presión que deben utilizar los gobiernos para garantizar el uso de métodos de contracepción. Es palpable

46 _{Los medios de comunicación digitales como El Diario El Comercio y La República mantienen una distancia}

prudente con el tema de las esterilizaciones. El diario El Comercio, por ejemplo, líder en opinión en Perú, ocupa únicamente la portada con la noticia en su diario en épocas electorales. En contraparte, el diario La República, el segundo diario más leído del país, denuncia el tema de las esterilizaciones desde una posición asociada al sector político de centro izquierda moderado.

47 _{Recordemos que en 2003 se abrió la investigación y en 2009 se archivó el caso. En 2012 se abren nuevamente las}

investigaciones y en 2013 se vuelven a cerrar. El fiscal a cargo del caso esta vez, Marco Guzmán Baca, el mismo que tomó testimonio a más de cien mujeres huancabambinas afectadas por las campañas de esterilización, emitió la notificación que puso fin a la investigación fiscal (de 2013) que se reinició en noviembre de 2012 ante el exhorto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Solo formuló denuncia contra cinco personas ligadas a la muerte de María Mamérita Mestanza y no formalizó denuncia penal contra Alberto Fujimori, los exministros de Salud —Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga y Eduardo Yong—, ni contra los asesores y directores

desde que se inició la intervención de organismos internacionales en el control de la población, y así lo afirman los defensores de derechos humanos que exigen la libre información de la utilización de métodos de planificación, mientras que las políticas de población estrictas –como la que anunció la UNFPA– exigen que exista una relación entre sobrepoblación y pobreza marcada por una filosofía maltusiana que impone que solo el control de la población garantizará la eliminación de la pobreza extrema48_{. La Iglesia, por su parte, sigue manteniendo una postura firme frente al tema y}

ni los ataques de Fujimori contra la Iglesia durante la campaña sirvieron para frenar este programa a tiempo.

Desde que se iniciaron las denuncias en 1996, y a pesar de la creación de algunos programas sociales del Estado, los trabajadores de salud mantienen una postura paternalista frente a sus pacientes. El clientelaje, por otro lado, incrementa la desinformación ante las denuncias. Es indudable que hasta el día de hoy estos programas no benefician exclusivamente a las mujeres víctimas de las campañas de AQV y que mucho menos se contemplan dentro de los programas de salud del Estado. Es así que hasta el día de hoy el Estado sigue indiferente en cuanto a prestaciones de ayuda o indemnizaciones a las mujeres que fueron esterilizadas en contra de su voluntad, al igual que a las familias que perdieron a un miembro debido a las campañas de AQV.

A pesar de que tanto la Iglesia como los medios de comunicación, los organismos internacionales y los trabajadores de salud son responsables y actores del caso, el motivo principal y que involucra a todos estos actores son las grandes desigualdades de género, etnia y condición social. Estas condiciones han sido los motivos principales por los cuales hasta hoy no se toman las medidas necesarias para reparar a las víctimas. En los siguientes capítulos veremos cómo han sido variables que se mantienen prácticamente inamovibles y que han permitido que programas como el de las esterilizaciones pase casi desapercibido y que sea aceptado por la mayoría de peruanos.

48 _{Informe Final (2002).}

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ANEXOS

.

94 Figura 18. Diario Expreso. 1 de julio de 1999.

95 Figura 19. Carta abierta de las ONG peruanas a Alberto Fujimori. 30 de junio de 1999.

96 Figura 20. Publicación del diario La República. 27 de enero de 2000.

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CAPÍTULO III

Las mujeres esterilizadas de Huancabamba

Este capítulo presenta un estudio etnográfico de la población de Huancabamba con el que se busca investigar las consecuencias que tuvieron las campañas de AQV. El estudio se concentra en la provincia de Huancabamba porque, según la información recogida por organizaciones no gubernamentales, esta es una de las regiones del Perú, junto con Huancavelica, donde se establecieron metas por parte del Estado durante el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, aprobado por la Resolución Ministerial N° 071-96SA/DM del 6 de febrero de 1996 (Ramírez, 2003). Por ello, el análisis que se hace a continuación gira en torno a la desigualdad en cuestiones de raza, etnicidad y género como elementos de mayor prejuicio hacia las comunidades. Las siguientes páginas son el resultado del trabajo de campo etnográfico participativo durante los años 2012 y 2015 y pretenden ser una ayuda para la discusión dentro de los estudios latinoamericanos. A partir de este capítulo y en los posteriores, la discusión sobre las esterilizaciones se orienta hacia el género y la raza, los cuales actuaron como vectores característicos de las campañas de AQV. Para entender el panorama de vida de las mujeres que viven en esta provincia, considero esencial establecer una mirada a su contexto histórico y geográfico. Es por ello que, primero, identifico el significado de identidad étnica, el estatus ético y las relaciones de género como marcadores de las desigualdades en Huancabamba, para luego ocuparme de los testimonios de mujeres esterilizadas y, finalmente, cuestionar si ellas son vistas como las “otras” dentro de sus comunidades y en el resto del país. Las preguntas de partida que han acabado por generar rechazo o solidaridad por parte de la población huancabambina hacia víctimas de las esterilizaciones son: ¿es el huancabambino que vive en la zona “urbanizada” un habitante que vive de espaldas hacia los habitantes de los caseríos? ¿Se hubiera podido llevar a cabo este programa de esterilización durante varios años sin que existiera una denuncia y sin que nadie levantara una voz de protesta? ¿Son los mismos huancabambinos cómplices de las agresivas campañas de esterilización masiva que se dieron?

3.1. Aspectos generales de la región de Huancabamba y sus comunidades

Huancabamba y Huancavelica fueron las regiones del Perú en las que el MINSA estableció metas para llevar a cabo el mayor número de esterilizaciones de hombres y mujeres en situación de extrema pobreza. En 1996, Giulia Tamayo, investigadora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, encontró que los trabajadores de salud cumplían con acercarse a las

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metas impuestas por el gobierno. En su reporte, Tamayo presentó documentos donde aparecía el registro de metas establecidas en la provincia de Huancabamba. Su informe resalta las metas anuales establecidas por el MINSA (395 esterilizaciones anuales) y el hecho de que solo en el mes de setiembre de ese año ya se hubieran realizado 169 de ellas; es decir, el 42 % del total previsto. El Estado peruano estableció metas a nivel nacional exclusivamente para esterilizaciones quirúrgicas, con cuotas asignadas por establecimiento y por cada miembro del equipo de salud (Chávez Chuchón, 2002).

Actualmente, a consecuencia de las campañas de AQV, la población huancabambina tiene una relación negativa con la utilización de los métodos de control de la natalidad. Asimismo, la problemática de la migración de los jóvenes hacia las ciudades de la costa, los conflictos a causa de las inversiones mineras, el sistema educativo deficiente –que no llega a ser inclusivo ni a alcanzar los estándares adecuados– y la ola de cambios económicos que se están dando hoy en día en el país son factores que aquejan a la comunidad y que ahondan – como explicaré más adelante– los enfrentamientos entre sus habitantes.