El conflicto entre la comunidad de ASOCAB por la propiedad y explotación de las tierras
de la hacienda “La Pavas”, arroja una serie de elementos fundamentales para comprender,
al menos parcialmente, el conflicto por la tierra en el Magdalena Medio.
El primer punto de análisis es la historia de los predios en los que se presenta el conflicto.
La hacienda “Las Pavas” surge a raíz de una serie de englobes de predios más pequeños19,
que fueron inicialmente adjudicados a finales de la década de los sesentas por el INCORA en desarrollo de la ley de reforma agraria 135 de 196120 a diferentes personas, quienes se dedicaban principalmente a la ganadería. Si se observan las extensiones de tierra que se adjudicaron y el número de personas beneficiadas, se puede constatar que, si bien las extensiones de tierra no eran tan amplias (teniendo en cuenta la acumulación actual) y que el número de personas beneficiadas fue mayor, no se trató, en todo caso, de adjudicaciones propias de una reforma agraria que pretendiera promover el acceso del campesinado a la propiedad de la tierra.
En el año de 1983 el señor Jesús Emilio Escobar compra una serie de predios en la región, dentro de los cuales se encuentran aquellos que inicialmente fueron adjudicados como baldíos, acumulando un total de 1717 Has. Es posible observar en esta operación, que la concentración de la tierra en un solo propietario, finalmente genera una contra reforma agraria de hecho y que incrementa aún más los índices de inequidad con respecto a la propiedad de la tierra.
18El presente capítulo ha sido realizado con base en la experiencia vivida en el acompañamiento del caso “las
pavas” y la revisión y conocimiento de otros casos como el de “Monterrey” y “Asoprodagro”, ´éste recoge una serie de impresiones y opiniones críticas, que no tienen el carácter científico propio de una investigación y que se aportan con el fin enriquecer las discusiones que se adelanten alrededor de los temas tratados.
19 Los predios son: Si Dios Quiere (42 Has); No te Canses (473 Has); Las Pavas (471 Has) y Peñaloza (198
Has). Los predios se adjudicaron, cada uno, a una persona diferente.
20 La historia de los predios se encuentra en el estudio de títulos que realizó el equipo jurídico del caso así
como en el Amicus Curiae enviado a la Corte Constitucional por la Pontificia Universidad Javeriana. Los títulos se pueden encontrar de igual forma en el expediente del caso.
20
“La Contra reforma Agraria del Narcoparamilitarismo. Esta versión de reforma agraria –explica el autor refiriéndose a la contra reforma- del establecimiento surge a partir de la necesidad de efectuar un lavado de las grandes cantidades de dinero producto de la bonanza del boom cocainero del narcotráfico colombiano […].
Los narcotraficantes cambian la estructura de la tenencia de la tierra, comprándola
masivamente en el marco de un gran lavado de dólares […].
En el caso del Magdalena Medio colombiano los cuerpos de seguridad, los terratenientes y narcotraficantes financian, coordinan y dirigen grupos paramilitares
que buscan imponer su modelo de seguridad y desarrollo […].”21
La acumulación de grandes terrenos en la región tiene varias explicaciones, dentro de las que se encuentran: la expansión de grandes proyectos agroindustriales y de ganadería extensiva; el lavado de dineros provenientes del narcotráfico (en algunos casos a través de los negocios anteriormente mencionados); el abandono de predios por parte de comunidades víctimas de la violencia armada y el desplazamiento forzado. En el caso concreto, es peligroso arrojar afirmaciones vehementes sobre el origen de la acumulación de las tierras, pues no existe aún material probatorio para tal fin, sin embargo es posible presentar hipótesis que sirvan para enriquecer el análisis del caso. En la región, al señor Jesús Emilio Escobar22 se le relaciona con el negocio del narcotráfico por su parentesco con el difunto narcotraficante Pablo Emilio Escobar y por las dinámicas que los pobladores de la región aseguran que existía en la hacienda, es por tanto posible que la acumulación de predios en el caso “Las Pavas”, esté íntimamente vinculada a las actividades que el negocio del narcotráfico empleaba, para el lavado de dinero o para el desarrollo de acciones complementarias (por ejemplo de inteligencia y control territorial).
21 La lucha por el derecho a la tierra en el Magdalena Medio, César Jerez págs. 210, 211. Por el Derecho a la
Tierra, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Ediciones Antropos. Bogotá 2002.
22 El señor Jesús Emilio Escobar se le menciona en el libro los jinetes de la cocaína como uno de los pioneros
del negocio del narcotráfico en Antioquia. Los jinetes de la cocaína, Fabio Castillo, editado en Internet el 28 de septiembre de 2001 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights.
21 El segundo punto de análisis son los conflictos que ha tenido la comunidad de ASOCAB en los predios y el papel que ha jugado el Estado. La historia del caso ya ha sido narrada al inicio de este informe, por consiguiente no es necesario repetirla, me limitaré realizar el análisis de los conflictos que se han presentado.
Los predios se encuentran ubicados en una zona donde la presencia Estatal ha sido precaria, y los grupos armados al margen de la ley han jugado un papel importante. La comunidad ha sido víctima de desplazamiento forzado dos veces, la primera en el año 2003 perpetrada por grupos paramilitares, y la segunda en el año 2006 por grupos armados, a cargo del propietario de la hacienda, que no portaban distintivos. El segundo desplazamiento coincide con la petición que realizó la comunidad para que se iniciase proceso de extinción de
dominio. El caso de “Las Pavas” entonces, debe ser tratado desde la perspectiva de desplazamiento forzado, este punto es fundamental para entender la situación de vulnerabilidad de la comunidad, y la falta de adecuación de los procesos a la compleja realidad colombiana. Un ejemplo es el proceso de extinción de domino que se adelanta, éste está diseñado para que se adelante en situaciones de normalidad, por ende, las dificultades probatorios y la dilaciones en el proceso se han presentado porque no se ha reconocido el estado de desplazamiento de la comunidad, su situación de vulnerabilidad, su relación con los predios y el conflicto armado que se ha presentado en la región. El presente informe no tiene la intensión de hacer un estudio exhaustivo al respecto, pero es importante que se plantee el tema de la inadecuación de los procesos agrarios a la realidad del conflicto social y armado en Colombia para futuras aproximaciones.
De otra parte es propicio señalar que el proceder estatal en relación con el caso no es homogéneo y por tanto no es fácil de encasillar, éste tiene diferentes matices y su manifestación se presenta a través de múltiples funcionarios e instituciones. Un ejemplo al respecto es el papel que ha jugado la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, en contraposición a instituciones como el INCODER; las primeras han acompañado a la comunidad de ASOCAB y son conscientes de su situación de vulnerabilidad, mientras que el segundo está enmarcado dentro de la promoción de políticas públicas provenientes del
22 Ejecutivo que no han solucionado las problemáticas de la comunidad23. De este modo, el papel del Estado en este tipo de casos se manifiesta de forma ambigua; de una parte es el encargado de velar y garantizar los derechos de las comunidades, pero a su vez, a través de las políticas públicas y el modelo de desarrollo que impulsa limita la posibilidad de que las garantías y derechos de estas sean respetados a cabalidad24.
Lo mencionado anteriormente nos lleva al último punto de análisis de este acápite que es el papel de los cultivos y las empresas de palma en el caso.
En el año 2007 el Consorcio Labrador conformado por las empresas C.I Tequendama y Aportes San Isidro compra al señor Jesús Emilio Escobar los predios, con el fin de adelantar un proyecto de palma aceitera. Los procesos y los pleitos jurídicos que se han presentado entre las empresas y la comunidad han sido tratados con anterioridad en el informe, en ese sentido, este punto sólo analizará las características y problemáticas que se vislumbran a través del cultivo extensivo de palma.
Para este fin, presentaré en un primer punto sus características y condiciones: La implementación de un proyecto de palma con fines de comercialización industrial requiere una extensión de terreno considerablemente amplia; para poder iniciar el cultivo se requiere una adaptación del terreno con implicaciones ambientales serias; el cultivo debe contar con un sistema de hidratación importante pues consume cantidades considerablemente altas de agua; y la implementación de un cultivo de esta naturaleza implica la asunción de una serie de gastos elevada, lo que necesariamente exige que se adelante con una inyección de capital considerable25.
A continuación, procederé a realizar las conexiones de las condiciones que exige el cultivo de palma con los rasgos del conflicto colombiano que han generado condiciones óptimas para que el cultivo de palma se esté extendiendo masivamente. Primero, las extensiones de
23 Para sustentar el punto planteado, se puede observar el expediente del caso las Pavas en donde ciertas
instituciones acompañan a la comunidad en el reclamo de sus derechos, mientras que otras crean dilaciones y trabas que dificultan el goce efectivo de los mismos. Ver expediente 1 de extinción de domino.
24 El modelo de desarrollo al cual hago referencia, es a aquel inclinado en la inversión para grandes proyectos
agroindustriales con muy pocas posibilidades de democratización de la propiedad, se puede revisar por ejemplo el sitio web del Ministerio de Agricultura.
23 terreno necesarias para implementar cultivos de palma coinciden con la acumulación de tierras producto del narcotráfico, del desplazamiento forzado por parte de grupos armados al margen de la ley y las grandes extensiones de tierras que existían previamente, por ejemplo, para ganadería extensiva. Segundo, las afectaciones ambientales que se generan a través del cultivo de palma no tienen un control riguroso por parte de las autoridades ambientales, por ejemplo, no es necesario tener licencia ambiental para iniciar un cultivo de este tipo, esto ha incentivado su desarrollo26. Tercero, debido a sus altos costos, es un proyecto que generalmente se adelanta por empresarios con capacidad financiera; lo que encaja con el impulso de políticas agroindustriales por parte del actual gobierno (Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda).
Sin embargo, sería un error afirmar que la problemática evidenciada en la región se dé en su totalidad por culpa de la palma. Primero, porque no es posible generalizar, dado que no se cuenta con el material para realizarlo, y porque hay cultivos de palma que se han desarrollado con características diferentes (por ejemplo, observando que los predios en los que se realicen los cultivos no tengan problemas previos). Segundo, porque atribuir los problemas a la palma sería desconocer el problema de fondo, que finalmente a mi parecer, según la experiencia vivida en el periodo de pasantía, es la inequidad en el acceso y propiedad de la tierra, que ha generado constantes y violentas disputas. Es un problema que se extiende en el tiempo.