El actual gobierno, encabezado por el Presidente Felipe Calderón, entre otros objetivos se ha propuesto concretar la reforma a la Ley Federal del Trabajo que sus antecesores no han podido materializar.
Sin duda, existen factores que han motivado al actual gobierno, más que a los anteriores a concretar la reforma en materia de trabajo, que son, exceptuando las cuestiones de orden político, el crecimiento exponencial de la economía china, la invasión de los productos asiáticos, la caída de la producción petrolera, la crisis económica sufrida en 2008 y 2009, el desplome económico de Estados Unidos, y el acelerado crecimiento de la competitividad de Brasil, que ha sido tomado como un referente en el desarrollo de las demás naciones latinoamericanas, y desde luego, la calificación que realizan los organismos internacionales sobre la calidad de México como un terreno de inversión.
Estos factores han incentivado al gobierno para trabajar coordinadamente con el sector empresarial para buscar una reforma a la Ley Federal del Trabajo, que logre que México sea un país mucho más atractivo para invertir, pues aunque existen muchas condiciones favorables, como la posición geográfica, los recursos naturales o el costo de la mano de obra, el compromiso a largo plazo que se asume como consecuencia del principio de estabilidad en el empleo y las consecuencias de un laudo adverso, le restan atractivo para la inversión.
El actor más importante en la propuesta de reforma es el Secretario del Trabajo, quien ha expuesto que existen un sinnúmero de problemas que se ocasionan por una legislación que no es acorde a la realidad que impera en México. En la conferencia La reforma laboral que México necesita,43 el Secretario del Trabajo y Previsión Social expuso que el modelo económico de México ya no es el mismo que dio origen a la actual Ley Federal del Trabajo y tampoco lo es la realidad de la población mexicana, es decir, el modelo de México en la década de 1960 era de una economía cerrada, con un Estado dueño de varios cientos de empresas de participación estatal, una burocracia excesiva (en gran parte dependiente de dichas empresas), la mano de obra no era abundante, las Juntas de Conciliación y Arbitraje no tenían el exorbitante volumen de trabajo que tienen hoy en día, y la mayor parte de la población se concentraba en el campo, además de que aun se vivían los beneficios económicos de la mano de obra contratada y productos consumidos por los Estados Unidos como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. En cambio, el México de la primera década del siglo XXI, participa completamente en la apertura de fronteras, concentra la mayor parte de su población en ciudades, tiene un gobierno delgado, mano de obra abundante y pocas oportunidades de trabajo, y además un proporción de jóvenes que se integrarán al mercado
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laboral en los próximos años que es proporcionalmente mucho mayor a la que se presentaba en las décadas anteriores.
Continúa exponiendo el Secretario del Trabajo y Previsión Social44, que en el modelo actual no es posible la generación de oportunidades y el respeto al derecho al acceso al trabajo. Y precisamente de ello surge la imperiosa necesidad de tener una legislación laboral adecuada, que permita a los mexicanos tener acceso al trabajo, y sobre todo la generación de empleos, para lo cual México debe ser un país atractivo para la inversión, que permita la flexibilidad de las relaciones de trabajo, los contratos a prueba, elimine las fuertes cargas que los juicios representan para los patrones, etc.
De ello se desprende, que la reforma ciertamente busca reducir los derechos de los trabajadores, con la justificación de garantizar el derecho al trabajo y colocar al país en una mejor posición de competitividad, o bien, como lo señala Norahenid Amescua Ornelas45 regular la sobreexplotación, supuestamente en aras de la patria y el bien común.
Lo cierto es que nuestro país necesita reformas que incentiven la creación de empleos, la inversión y mejoren la economía del país a nivel macroeconómico y a nivel macroeconómico, pero estas reformas no solo son en el aspecto laboral, pues no puede culparse a los trabajadores del éxito o fracaso de una inversión, como ha ocurrido con el concurso mercantil de Mexicana de Aviación, pues en todo proceso económico participan varios factores. La reforma que en realidad es necesaria, es para regular situaciones existes de hecho, y con son necesarias no solo para el beneficio del patrón, sino también de los trabajadores.
Dentro de estas reformas necesarias, debe incluirse temas como la flexibilización, no del trabajo, sino de la organización del trabajo, es decir, garantizar a las empresas su derecho a organizar y reorganizar su sistema de
44 Véase nota número 40.
45 AMEZCUA Ornelas, Norahehenid, “Anteproyecto del Código Procesal del Trabajo”, Revista
trabajo, si debido a las exigencias del mercado se requiere un cambio en los sistemas productivos, que desde luego deberá contemplar la negociación los sindicatos, si los hubiere, o bien temas como la subcontratación de servicios, entendida como la trilateralidad de las relaciones de trabajo, en las que determinadas actividades son asumidas por un tercero que con sus propios trabajadores realiza actividades al exterior de la empresa o actividades que no son de operación prioritaria o no forman parte de su actividad la actividad principal de la empresa.46
La reforma presentada durante el año 2010 por el Poder Ejecutivo Federal es insuficiente y a la vez alarmante por la reducción de derechos, sin atacar problemas de fondo del mercado laboral y por ello deberá ser reconsiderada.
Asimismo, el Partido Revolucionario Institucional presentó en ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo, la cual fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de dicho órgano legislativo el 10 de marzo de 2011 47
Dicha iniciativa no difiere en esencia de la propuesta formulada por el Poder Ejecutivo, sin embargo es una muestra de la voluntad política que existe para llevar a cabo una reforma al marco normativo en materia de trabajo. Sin embargo, la exposición de motivos de la iniciativa en ningún momento señala que se haya buscado un consenso previo con los actores sociales, trabajadores y patrones, pues es precisamente este último sector el que más ha impulsado este cambio legislativo.