Proyecto de agua potable Pesillo-Imbabura Antecedentes

En junio de 1997 se inicia una ambiciosa propuesta para solucionar una de las principales demandas de las 65 comunidades indígenas de la provincia. Así, los

cantones Otavalo, Antonio Ante e Ibarra se consolidaron en un sólo frente para cubrir una de las necesidades básicas de las jurisdicciones: la dotación del agua a través del sistema de gravedad, el que disminuye el costo del servicio y garantiza un regular y permanente abastecimiento del líquido vital.7

En la actualidad el proyecto se abastece, aproximadamente, de 11 fuentes, entre las que se encuentran las vertientes de Cuscungo, San Jerónimo y Montoneras, con un caudal de 1600l/s, para 160 comunidades, organizadas en 13 regionales: Tabacundo, Tupigachi, Mojanda Yanaurco8, Pesillo, San Pablo Angla, San Rafael, Sumak Yaku, Carabuela, Regional Bolsa Guanansi, Peguche, Ilumán, Antonio Ante y cantón Ibarra. El proyecto abarcaba una población de 254000 personas, con una inversión aproximada de 40 millones de dólares.

Cronología de los hechos

En 1999 el proyecto se amplía a más comunidades de Imbabura y norte de Pichincha, cambiando su denominación a Proyecto de Agua Potable Pesillo–Imbabura. En este mismo año se acordó, con el gobierno provincial, la elaboración de los estudios de pre- factibilidad y topografía. En 2000 se inicia la elaboración del estudio técnico, que auguraba la pronta ejecución de la obra. En 2001 el gobierno provincial se suma a la propuesta y a través de ésta se realizaron los análisis necesarios. En el año 2002 el proyecto congrega a 160 comunidades de los cantones Otavalo, Antonio Ante e Ibarra de Imbabura y Pedro Moncayo y Cayambe de Pichincha. En esta fecha se amplió al casco urbano de los cantones señalados beneficiando a 25 000 familias más. Todo ello ha llevado a que, de acuerdo a los estudios, se requiera de 45 millones de dólares para la obra centrada en el casco rural y 59 000 para la ampliación de la propuesta. Inmediatamente se iniciaron las gestiones ante el Gobierno Nacional para el financiamiento de la construcción de esta infraestructura hídrica. Desde entonces, los ofrecimientos han sido múltiples.

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En julio de 2004 las comunidades resolvieron propiciar un encuentro con el gobierno nacional y, de no ser atendidos, adoptarían medidas de hecho entre CHIJALLTA-FICI y el Proyecto Pesillo–Imbabura. A finales de ese mes, en la reunión de trabajo, el asesor del presidente negoció con los dirigentes del proyecto la suspensión de la medida de hecho, luego de lo cual se firmó la declaratoria de prioridad nacional emergente y se anunció el inicio de la obra, después de las elecciones. En diciembre, a pocos días de las elecciones intermedias, el Gobierno Nacional colocó la primera piedra.

En 2005, tres días antes del inicio de la obra, el gobierno provincial9 y más autoridades reconocen la falta de estudios complementarios y la necesidad de construir un túnel de 2400 m., postergando así el inicio de la obra. En febrero se coloca una “segunda” primera piedra, en marzo, el Banco del Estado se compromete financiar, previo los estudios complementarios y en abril cae el gobierno de Lucio Gutiérrez. En el mes de julio el gobierno interino de Palacios, tras el primer paro, ratifica la declaratoria de emergente y delega al MIDUVI la ejecución, institución que, a criterio de los dirigentes, puso muchas trabas. El alcalde de Cayambe pide que se unifiquen los proyectos Pesillo– Imbabura y Canal de Riego Tabacundo, lo que no es compartido por los dirigentes del proyecto. En septiembre se firma el contrato con los Consultores Asociados- ICA para efectuar estudios complementarios, a ser entregados en 2006. Además se anuncia la transferencia del primer millón, sin embargo no se cumplió. El incumplimiento de los compromisos del Gobierno Nacional en noviembre llevó al segundo paro. Con esta medida se logró recibir 650.000 dólares para la construcción de tanques y exigir la ejecución de los estudios complementarios. En el mismo mes la consultora ICA emite informe con las siguientes observaciones: (a) no existe caudal suficiente, (b) gestionar ante otras fuentes de financiamiento, (c) implementar central hidroeléctrica en la cota 3100 msnm y (d) rediseñar el proyecto.

En febrero de 2006 se eliminan las reasignaciones para la provincia por un valor de 34 millones, lo cual provoca el anuncio de nuevas paralizaciones; en respuesta el gobierno invita al dialogo a la asamblea provincial, deroga el decreto de eliminación de reasignaciones y designa a tres funcionarios de alto nivel. En marzo la medida se

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suspende por el decreto de emergencia provincial y en diciembre se efectiviza el paro, conjuntamente con la Universidad Técnica del Norte. Tras este paro se logró la transferencia de 963.000 dólares para Pesillo-Imbabura; un millón para Ibarra, Antonio Ante, Urcuquí, y Pimampiro; 600.000 para el MIDUVI para la terminación de los estudios y un millón para la UTN. Además la Contraloría dio el visto bueno a los estudios de ICA y el MIDUVI se comprometió a aprobar los análisis.

En septiembre de 2007 el gobierno enfrenta la cuarta paralización en menos de cuatro años, con la participación de los municipios de Pichincha y las comunidades; con esta medida se logró la firma de la carta de compromiso con los siguientes puntos: declarar al proyecto Pesillo prioridad nacional, aprobar los estudios del proyecto Pesillo y del Canal de Riego Tabacundo, financiar la construcción de la captaciones de las fuentes en San Jerónimo, incluir en la proforma de 2008 el presupuesto total del proyecto y delegar las funciones al MIDUVI provincial. Al respecto un dirigente manifiesta:

El proyecto tiene 11 años de vida. En un inicio apoyaron con mucha fuerza los gobiernos municipales de Ibarra, Antonio Ante, Otavalo, Cayambe y Pedro Moncayo, pero lastimosamente como los funcionarios son transitorios y se manejan políticamente, siempre quieren que estén colgados de su partido. El proyecto no estuvo tras esos partidos y se comenzaron a divorciar los municipios. Ese fue el primer problema; el segundo fue entre el consejo provincial y el gobierno y como no son de la misma ideología política, se paralizó el apoyo. Con el último paro (2007) se acordó conformar una comisión de seguimiento para terminar los estudios. En cuanto al monto de la inversión CONSULPIEDRA determinó 62 millones e ICA la fijó en 41, debido a que se optimizaron las acciones y los recursos: no se construirá el túnel y se utilizará el del Canal de Riego Tabacundo, de 160 tanques de reserva se construirán 80, de 41 tanques de distribución se construirán 14.

Cuatro de los 41 millones están gastados en la construcción de tanques de reserva y apertura de 12 Km de camino. Ahora necesitamos 37 millones. En cuanto a los estudios definitivos falta por concluir un 15% (resumen ejecutivo), está previsto terminar en 6 meses.

Los gobiernos han sugerido buscar otras alternativas; por ejemplo, que las aguas que están cerca de la laguna se bombeen hasta Cajas. El costo beneficio del agua bombeada no es conveniente para las comunidades. Además también afectaría ambientalmente. Por esas cuestiones no estamos de acuerdo. (Entrevistado No. 12, 27/10/2007)

En el presente conflicto se han identificado seis niveles de organización y/o representación de los actores que en su mayoría concuerdan con la gestión del proyecto

Cuadro No. 12 Actores del conflicto

ACTORES Tipo de Org. POSICIÓN INTERÉS

Gobierno Nacional: presidencia, MIDUVI, BdE, SENPLADES, MOP Y MEF,

Estatal Exigen la elaboración de estudios complementarios o elaboración

del proyecto con sistema de bombeo

Extender el plazo de inicio de la ejecución de la obra y reducir el costo de la inversión. En definitiva el gobierno no demuestra mucho interés en le proyecto tampoco dispone de presupuesto asignado.

Autoridades y representantes a nivel provincial: consejo provincial, dirección provincial de MIDUVI, CORSINOR, consejeros, asamblea provincial, gobernador y diputados,

Estatal Promueven la gestión mancomunada a nivel provincial. Los

representantes de las tres primeras entidades expresan su apoyo al proyecto prioritario y actúan como gestores. Los cuatro últimos representantes actúan como instancias de seguimiento y fiscalización

Las tres primeras instancias están interesadas en manejar fondos y ejecutar el proyecto. El Consejo Provincial, la asamblea provincial y diputados a más del proyecto Pesillo, tienen otros interés como la gestión de recursos para otros fines (universidad, proyectos de desarrollo y otros)

Autoridades y representantes a nivel cantonal: alcaldes de Ibarra, Otavalo y Antonio Ante de Imbabura y Cayambe y Pedro Moncayo de Pichincha

Estatal Apoyan la gestión del proyecto prioritario del área rural y parte

urbana. Propician la gestión articulada entre autoridades y dirigentes. Los alcaldes de Imbabura son los pioneros en la gestión del proyecto. No apoyan a proyectos de desarrollo rural, bajo el argumento de que no es de competencia municipal

Asumir la responsabilidad del proyecto en mancomunidad entre alcaldías a pesar de no atender a las necesidades del área rural. Las alcaldías de Pichincha pretenden que sea tratado en paquete el proyecto Pesillo Imbabura y Canal de Riego Tabacundo, responden a intereses de los agroindustriales

Otras organizaciones no indígenas y consultores: CICI, Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ICA, CÓNSUL PIEDRA y otros

Ong Dotar la asistencia técnica en la elaboración y ejecución del

proyecto. La mayoría critica al estudio elaborado por CÓNSUL PIEDRA

Ejecutar el proyecto Pesillo–Imbabura. Públicamente no han participado en las movilizaciones.

Organizaciones indígenas: CONAIE, ECUARUNARI, FICI, OSG y comunidades

Org. indígena Apoyan al gestión de liquido vital para las comunidades indígenas Consolidar el poder de las comunidades de manera organizada

Consejo de Junta de Agua Potable Pesillo-Imbabura, integrado por 13 regionales

Ong. indígena Soluciona una de las demandas más prioritarias de las

comunidades: abastecer de líquido vital. Rechazo absoluto al proyecto de agua mediante sistema de bombeo y tratamiento separado entre proyecto Pesillo Imbabura y Canal de Riego Tabacundo. Sin embargo en la última movilización se aunaron esfuerzos.

Acceder al agua de consumo humano, con mínimos costos de mantenimiento y de impacto ambiental. Administrar el sistema de agua al margen de quien sea el ejecutor.

Fuente: Diario El Norte, documentación del Proyecto Pesillo Imbabura

El Gobierno Nacional sugiere la captación de aguas abajo, con la finalidad de reducir costos de inversión. Y lo más importante, cada gobierno ha tratado de dilatar el inicio de la obra, debido a la falta de presupuesto asignado. Las autoridades provinciales, si bien han apoyado la gestión, tienen intereses particulares, como: presupuestos, cargos y otros. Las comunidades, por su parte, rechazan la captación de aguas abajo por alto costo económico para el mantenimiento, por la afectación ambiental y posibles problemas sociales. De otra parte, exigen tratamiento separado entre el proyecto Pesillo- Imbabura y el canal de Tabacundo. El mayor interés es acceder al agua por gravedad, bajo la administración de las comunidades. Así, manifiestan: “El gobierno quiere el apoyo político de las comunidades y las comunidades necesitamos los 37 millones para la obra. Eso es todo lo que necesitamos”. (Entrevistado No. 12, 27/10/2007). Otro dirigente complementa:

Si bien es cierto que algunas comunidades se han retirado de la lucha, creemos que hoy por hoy el “agua es poder” y sin depender de quien sea el presidente de la regional, todos van a sumarse por el agua. (…) La gente sólo ve el presente y no se dan cuenta que en el futuro las vertientes se reducirán y van a necesitar otra alternativa; es ahí cuando queremos responder. (Entrevistado No. 13, 27/10/2007)

La propuesta de las municipalidades es administrar el proyecto así como unificar el proyecto Pesillo-Imbabura con el de Tabacundo, paralizado hace diez años. Finalmente, las organizaciones especializadas ofrecen servicios técnicos.

En conclusión, la necesidad del agua ha organizado a las comunidades para emprender la lucha colectiva ante el gobierno. Han transcurrido diez años y cuatro paros y los resultados son parciales; sin embargo se mantiene firme la lucha, en alianza con diferentes actores territoriales -universidad, municipio y otras organizaciones- a pesar de sus diferencias.

El poder de las comunidades ha sido legitimado por lo gobiernos, en la medida en que durante los tres últimos gobiernos han logrado establecer espacio de dialogo y acuerdos no sólo en torno a este proyecto sino también frente a otros proyectos de desarrollo provincial.

Caso 2: Conflicto por la protección y conservación lacustre de Mojanda