Quiebra del Banco del Progreso

Por ofertar altas tasas de interés a sus clientes, el Banco del Progreso era considerado uno de los banco más sólidos del país, además se suponía que el banco estaba garantizado por empresas muy solventes, como la Empresa Eléctrica de Guayaquil (EMELEC) que tenía garantizada una utilidad por parte del Estado como proveedor de energía eléctrica para la ciudad de Guayaquil; empresa que tenía como único dueño al señor Fernando Aspiazu, mayor accionista del Banco del Progreso.

La crisis del Banco del Progreso se evidenció en marzo de 1999, cuando solicitó por primera vez un crédito al BCE para cubrir una iliquidez, el consistió en 91,3 millones de dólares (58,7 millones para cubrir la iliquidez y 32,6 para estar dentro los límites del encaje):es decir, el Banco Central acumuló un crédito total de 91.3 millones de dólares a favor del Banco del Progreso, equivalente al 91,3% de su patrimonio técnico. (Vistazo, julio 1999)

adquiera participaciones en algún fondo internacional cuyo objetivo sea adquirir acciones en el banco local (Gestión, noviembre 1999).

54 Una de las principales causas que provocó la caída del Banco Progreso fue los créditos vinculados, pues para 1998 la institución otorgó 163 millones de dólares a 86 empresas vinculadas, todos estos préstamos no contaban con las garantías estipuladas por ley, según un informe de la Superintendencia de Bancos “24 deudores no disponen

de evidencias de entrega de garantías en el Departamento de Custodia y en 62 casos, las garantías son varios pagarés endosados a favor del Progreso, que de acuerdo a las

disposiciones legales, no constituyen garantías adecuadas” (Bravo, 2004: 6).

Los balances del Banco del Progreso revelaron muchas irregularidades y transacciones fantasmas como la compra de la cartera de Sunridge Holdings Limited, transacción nunca efectuada. Muchas de las transacciones irregulares fueron los créditos vinculados que permitieron la fuga de los capitales, por ejemplo Electroecuador (socio principal era Fernando Aspiazu) recibió un préstamo de 29,8 millones de dólares, Costa Trading (accionista Fernando Aspiazu) tuvo una deuda de 26,6 millones, estas no se cubrían ni con los activos, además que las garantías no cubrían las créditos. SiTV (F. Aspiazu era el presidente) contrajo una deuda de 16,1 millones de dólares, pero nunca hubo comunicación entre el Banco y la empresa, demostrando que no existía la voluntad de pagar dicho crédito (Vistazo, julio 1999).

El retiro de depósitos por más de 140 millones (47 millones del sector público, 72 millones por rumores de incautación y flotación cambiaria y 24 millones de la banca

off shore), habría afectado seriamente la liquidez, obligando a la entidad la cancelación

de sus actividades y el cierre del banco. Hasta el cuatro de marzo, días antes que se congelen las cuentas en el país, el Banco del Progreso ocupaba el primer puesto en el sistema bancario al tener el 18 por ciento del total de los depósitos. Cuatro meses después, un martes 13, desaparece del sistema financiero y pasa a manos de la AGD. (Vistazo, julio 1999: 20).

El Progreso rankeado en el puesto N.º 1 en 1998, tenía una cartera vencida de cinco billones, siendo su cartera total seis billones 652 mil millones de sucres, según cifras de la AGD. De acuerdo a la auditoría realizada por la Deloitte & Touche el 70 % de los créditos fueron otorgados a empresas vinculadas a Fernando Aspiazu, presidente ejecutivo del banco. Al revisar las cifras totales de la cartera vencida del sistema

55 bancario, el Progreso tenía un 36 por ciento, seguido de Filanbanco con un 25 por ciento.

“El Estado se ha visto obligado a estatizar la banca porque no arregló las cifras macroeconómicas a tiempo. Los bancos que pasaron al control de la AGD cayeron

porque sus carteras eran malas”, afirmaba Mario Canessa, presidente de la asociación de bancos privados, quien representaba a los 25 bancos que continúan en manos privadas, los cuales también tuvieron dificultades para recuperar los créditos que otorgaron. (Vistazo noviembre 1999: 19-20).Según la auditoría de Deloitte & Toucheel Banco del Progreso tenía 331 “empresas fantasmas” que recibieron créditos por una suma de 533 millones de dólares. Muchas de estas empresas, registradas en la Superintendencia de Compañías, tenían capitales inferiores a mil dólares, pero recibieron del banco préstamos de varios miles de dólares, créditos que no tenían las garantías exigidas por ley. Gran parte de las empresas fantasmas estaban a nombre de chóferes, agricultores, zapateros, empleadas domésticas, entre otros, donde figuraban como altos ejecutivos (gerentes, presidentes o accionistas), muchos de ellos eran “dueños” de varias empresas

y recibieron créditos por millones de dólares.

En junio del 1999, la auditora Deloitte & Touche reveló en su informe que el Banco tenía un balance negativos de 768 millones de dólares, es decir ocho veces el capital inicial de apertura; su liquidez era de 48 millones, una cifra muy inferior a los 221 millones de dólares que presentaron en balances falsos; los créditos vinculados a accionistas alcanza los 550 millones de dólares y se lograron identificar 74 empresas o personas naturales relacionadas con el banco, gran parte de los créditos no contaban con las garantías exigidas por ley. Para que el banco volviese a reiniciar operaciones se necesitaba la inyección de un capital de 873 millones de dólares.