Recomendaciones para la implementación de reducciones de alumnos por curso

Recogiendo lo que describe la literatura y el aprendizaje de la implementación de programas de reducción de alumnos por curso en varios países del mundo, es recomendable para eventuales intervenciones tener en consideración las siguientes dimensiones del diseño y ejecución de la medida.

1. Implementación focalizada: la evidencia analizada sugiere que los beneficios de la medida son mayores para los estudiantes más vulnerables, por lo que las escuelas que atienden a una mayor proporción de alumnos prioritarios y de familias de escasos recursos debieran ser aquellas que adopten la medida primeramente. Contribuye así a una mayor equidad educativa que es un objetivo que esta medida persigue.

2. Nivel educativo: la intervención genera beneficios tanto a nivel inicial como secundario. A nivel inicial ayuda a sentar las bases para un desempeño escolar exitoso y permite advertir y remediar posibles dificultades de forma temprana. En una etapa más tardía los beneficios se asocian al desarrollo de habilidades no cognitivas en alumnos adolescentes, que además de favorecer mayores logros de aprendizaje, reduce la deserción, mejora aspectos de convivencia escolar, favorece el compromiso con la escuela e impacta resultados de largo plazo. En el caso de Chile podría facilitar un acceso más democrático y equitativo a la educación superior, tema altamente controvertido en la actualidad.

3. Docentes adicionales: dada la importancia del factor docente en los resultados de aprendizaje de los alumnos, es de suma importancia contar con profesores bien preparados y experimentados para hacerse cargo de los cursos reducidos. La medida ofrecería mejores condiciones laborales, haciendo más atractivo el ejercicio de la profesión en ese sector, sin embargo se requieren incentivos adicionales suficientes para que estos docentes permanezcan en estas escuelas. Es necesario prever y evitar que, producto del aumento de la demanda de profesores, se genere o profundice una asignación de los docentes más capaces y experimentados a sectores más acomodados, lo que deja a los alumnos más vulnerables con docentes principiantes, menos certificados y posiblemente afectos a una mayor rotación docente.

4. Infraestructura: considerando que una medida como esta requiere de mayor cantidad de salas de clase, se debe aprovechar al máximo la capacidad ociosa que exista en las escuelas públicas producto de la baja de matrícula sostenida que ha enfrentado el sector. Estos nuevos requerimientos deben contemplarse en conjunto con otros cambios estructurales que puedan suceder y que demanden modificaciones a la organización de los establecimientos. Para el caso chileno habría que contemplar el cambio de régimen a 6 años de Educación Básica y 6 años de Educación Media que establece Ley General de Educación (LGE) para 2018 y el eventual proceso

92 de desmunicipalización que requerirán reordenar y reestructurar la infraestructura disponible al nuevo contexto y planificar las nuevas instalaciones necesarias.

5. Desarrollo profesional: el desarrollo profesional docente, asociado a prácticas efectivas en cursos reducidos, es necesario para maximizar el impacto de la medida, tanto a nivel de formación del profesorado como para docentes en ejercicio. Las universidades a través de sus facultades de educación, están llamadas a incluir en sus programas de pedagogía estrategias de enseñanza para cursos de diferentes tamaños. Además contar con procesos de inducción de docentes principiantes más prolongados, en donde el aprendiz pueda observar y practicar diversas aproximaciones pedagógicas y prácticas de aula efectivas en distinto tipos de curso, favorece el impacto de la intervención.

6. Medidas complementarias: se deben fomentar medidas que tienen el potencial de favorecer programas de reducción de alumnos por curso como mayores sueldos, programas para alumnos prioritarios, proyectos de integración, escuela para padres y jornada escolar extendida, articulando sus metas y resguardando que su ejecución simultánea no entorpezca los objetivos de una y otra.

7. Consideraciones costo-beneficio: las decisiones deben basarse en análisis costo efectividad que comparen diversas medidas, pero esos análisis deben contemplar y valorar todos los beneficios de la intervención, esto es, aspectos cognitivos y no cognitivos, de corto y largo plazo que contribuyan a mejorar la calidad y equidad de la educación, y no sólo su impacto en logros de aprendizaje inmediatos. Valorar y cuantificar aspectos como disminuciones en la tasa de violencia escolar o una mayor participación ciudadana es un desafío, sin embargo son aspectos no cognitivos deseables que se asocian a reducciones de alumnos por curso.

8. Evaluación: como sugiere la evidencia, el éxito de esta medida va a depender en gran parte de las condiciones y circunstancias en que es aplicada. Documentar y evaluar extensamente la implementación y ejecución de programas de reducción de alumnos por curso en sistemas educativos nuevos a la intervención es vital para obtener la información de su funcionamiento en el contexto local, lo que permitirá identificar los aspectos más críticos, y así modificarlos y ajustarlos a la realidad de los establecimientos participantes, logrando obtener el mayor beneficio posible de la medida.

9. Seguimiento: para informar y estimar adecuadamente los beneficios de largo plazo de la medida se hace necesario realizar un seguimiento a los alumnos que fueron favorecidos con la intervención. Indicadores como rendimiento escolar y resultados educativos de mediano plazo además de aspectos no cognitivos como comportamiento cívico y otros resultados de largo plazo como estabilidad laboral, ingresos y bienestar, deben ser recogidos y analizados. Para el caso chileno habría que contemplar la finalización de la educación secundaria, rendición y puntaje PSU, ingreso y completación de educación terciaria, entre otros.

93