Reconocer los avances logrados

La protección del ambiente ha cobrado una relevancia creciente en los países de la región, y pese a que no es todavía parte integrante, en sentido pleno, tanto de las políticas como del proceso de desarrollo, los progresos logrados constituyen ahora una plataforma institucional y social superior a la disponible hace 10 años. La nueva generación de instituciones nacionales, leyes e instrumentos de gestión y de acuerdos internacionales y regionales; los procesos renovados y extendidos de intervención social, comunicación y conciencia pública; la oleada de cambios tecnológicos, disponibilidad de información y desarrollo de capacidades, han venido fortaleciendo las bases sobre las que es posible encauzar ahora un esfuerzo más decidido en pro del desarrollo sostenible.

En la misma dirección también pueden actuar los sistemas democráticos más consolidados en la región; el creciente arraigo de concepciones de desarrollo con más amplia visión de género, de inclusión de las minorías y de respeto de la diversidad étnica y cultural; los mecanismos de cooperación e integración entre subregiones y los acuerdos internacionales de cooperación más avanzados. Asimismo, la percepción social de los problemas ha cambiado. Ahora se reconoce con mayor conciencia la gravedad de las tendencias de insostenibilidad, y se refuerza el compromiso con la protección ambiental.

2. Un balance preocupante

La valoración de la situación económica, social y ambiental, y la revisión de los esfuerzos realizados ofrecen un balance preocupante. El desarrollo no ha logrado tomar un ritmo y un sentido satisfactorios para conseguir que las personas tengamos una vida mejor, más productiva y armónica con la naturaleza.

La década pos Rio ha presenciado significativas transformaciones económicas en la región, que se halla ahora más incorporada a las corrientes globales bajo tensiones que se traducen en nuevas y pronunciadas incertidumbres e inestabilidades. Pero los beneficios de los nuevos procesos globales no se generalizan aún para la mayoría de los latinoamericanos y caribeños, y los objetivos de la equidad se encuentran estancados.

El desempeño económico ha sido insuficiente para revertir los rezagos con que la región ya había llegado a la Cumbre de Rio, y los avances han sido más expresivos en los marcos macroeconómicos que en el bienestar. La desigualdad y la inequidad se han mantenido en la mayoría de los países, e incluso se han agravado en comparación con el mundo desarrollado. La pobreza apenas se ha reducido en su expresión relativa, pero ha registrado aumentos en el número de personas que no alcanzan siquiera a cubrir sus mínimos gastos vitales. Debido a ello, la región no es ahora más sostenible social y económicamente que hace 10 años.

La situación ambiental tampoco muestra signos claros de avance en la sostenibilidad. El deterioro persiste a ritmos alarmantes, aunque los procesos concretos muestren diferencias notables entre ellos. Los ecosistemas siguen resintiendo los impactos de modos de producción y consumo, y de patrones de urbanización insostenibles. La base natural de recursos permanece afectada por una presión humana creciente, y los servicios ambientales reciben ahora mayor carga de contaminación, aunque algunos progresos empiezan a consolidarse en la protección ambiental y el uso sostenible de recursos gracias al esfuerzo de organizaciones económicas que han asumido los retos de producir de manera sostenible.

Además, en esta década la región acusó rasgos de marcada vulnerabilidad ante la combinación de fenómenos naturales más intensos y frecuentes que actúan sobre sistemas ecológicos y sociales también cada vez más frágiles. La consecuencia ha sido una mayor inseguridad, humana, ambiental y económica, que ha introducido rasgos de creciente insostenibilidad e incertidumbre, sobre todo para los estados insulares.

A su vez, la situación de pobreza y exclusión priva a más de 200 millones de latinoamericanos y caribeños de su derecho equitativo al desarrollo. La pobreza sigue relacionándose con el deterioro ambiental tanto en sectores rurales como urbanos. El ritmo tan acelerado de deterioro ambiental está impidiendo a las generaciones que ahora viven en la región disfrutar de un ambiente sano y proteger los derechos ambientales de las generaciones venideras. La valoración más significativa a una década de Rio ‘92 se traduce en que no hay progresos generalizados en el desarrollo sostenible, aunque existan muchos casos concretos que muestran que la sostenibilidad es posible.

3. Los principales desafíos

Los avances orientados al desarrollo sostenible deben ser apreciados y reconocidos, pero también el balance preocupante debe afrontarse como el gran desafío latinoamericano y caribeño. De Rio a Johannesburgo se habrán sumado 80 millones de personas a la población de la región, y para cuando la población se estabilice (después de la mitad del siglo XXI) América Latina y el Caribe contarán con 300 millones de nuevos habitantes. Esas futuras generaciones, tanto como las actuales, tienen derecho pleno a la vida digna, saludable y larga; al ambiente sano; a la creación y apropiación de conocimientos, cultura e información; y a la participación en la vida pública.

Es necesario definir una visión del futuro latinoamericano y caribeño, y de la viabilidad del desarrollo que se precisa y se quiere tanto para los países como para lo que tienen en común como región. En el avance de América Latina y el Caribe en el siglo XXI, la diversidad biológica, cultural y de conocimiento e información podrá jugar un papel decisivo en el desarrollo sostenible.

De hecho, el estado de cosas y sus tendencias apuntan hacia la constatación de que la sostenibilidad ya no es sólo deseable como futuro, sino como requisito indispensable de supervivencia

humana y de coexistencia social, en escalas nacionales, regionales y globales. Retomar y reconocer esta premisa, y asumirla como responsabilidad, supone reactivar el compromiso de una voluntad regional y nacional con el desarrollo sostenible, movilizar el esfuerzo común y mantenerlo como prioridad ordenadora del quehacer público. Por eso, y con miras a la Cumbre del año 2002, es una tarea central alentar a los gobiernos, sectores ciudadanos, organizaciones empresariales, parlamentos, gobiernos locales y otros, revisar y renovar los compromisos con el desarrollo sostenible.