El reconocimiento de la antigüedad y sus consecuencias normativas

El motivo de la sanción de las leyes que analizaremos radicó en la multitud de cuestiones que se suscitaron entre las municipalidades y los poseedores debido a la confusión que las disposiciones de la ley de 1858 habían generado: ¿cuáles eran los terrenos públicos de los que se hablaba?, ¿Quiénes debían comprar la tierra en remate?, ¿Cómo avalaban el tiempo de posesión los actuales ocupantes? El senador Pico durante el debate en torno al problema expresaba la inquietud de los poseedores en estos términos:

Los poseedores anteriormente decían: este terreno es mío porque se me ha repartido a mí con condición de poblarlo, y lo he poblado. La Municipalidad decía: muéstreme usted sus títulos. No había títulos porque generalmente todos esos repartos se hacían por los comandantes de frontera, en la Villa de Mercedes, Navarro, Lobos que eran frontera contra los indios. No tenían, pues, ninguna constancia por escrito de los títulos; no tenían más que 40 años de posesión continuados.69

Debido a esto, en octubre de 1862 se sancionó una ley que tenía como objetivo contemplar la multiplicidad de casos en los que se encontraban los poseedores. Si bien no suplantaba a la ley de venta, la complementaba incluyendo los casos de antigua posesión: los poseedores de quintas y chacras anteriores al decreto de Abril de 1822, quedaban reconocidos como propietarios70_{: “[...] siempre que ellos o sus} sucesores universales o particulares se hayan mantenido en la posesión de ellos con cultivo o población hasta la publicación de la presente ley”. Los poseedores

68 _{MUZLERA, L. 7-10-1862, pp. 42-44.}

69 _{DIARIO DE SESIONES SENADORES, 23 de noviembre de 1862.}

posteriores al decreto mencionado y hasta el 3 de febrero de 1852, que se encontraban en las mismas condiciones, obtendrían la propiedad pagando la mitad del precio de su valor. Finalmente, los poseedores posteriores al 3 de febrero de 1852 y hasta la sanción de la ley de 1858, tendrían derecho a la compra por el precio de tasación. Los pobladores posteriores a 1858 podían adquirir las tierras en pública subasta. Por último, quedaba autorizado el Estado a distribuir en propiedad -en quintas y chacras- hasta ¼ de los terrenos públicos que existan dentro de los ejidos fijando condiciones de población.71

Si bien esta ley abarcaba los diferentes casos en los que se podían encontrar los poseedores ya que según las áreas y los años de ocupación se estipulaban diferentes beneficios, fue necesario aclarar diferentes situaciones, por ejemplo la cuestión de los arrendamientos y las donaciones en la frontera. En Villa Morón, San Justo y Areco los ocupantes se negaron a pagar el canon alegando que esta ley les daba derechos de propiedad. Debido a esto, el gobierno dictó una resolución que establecía que hasta tanto no se presentaran a escriturar sus parcelas, el reconocimiento en propiedad no existía, los ocupantes no se podían llamar propietarios y las municipalidades debían seguir cobrando arrendamiento.72 _{Por otra} parte, según el gobierno, la distribución en propiedad era sólo para solares, y no para quintas y chacras como los pobladores alegaban, ya que desde el año 1822 estaba prohibida la enajenación de estos terrenos y sólo se otorgaba la acción.73 _{La cuestión} de las donaciones también debió reglamentarse puesto que la ley de 1862 sí bien acordaba las adjudicaciones de quintas y chacras en la frontera, no especificaba dónde. Así, en julio de 1863, se autorizó a las municipalidades de Saldillo, General Lavalle, Rojas, Junín, Bragado, 25 de Mayo, Tandil y 9 de Julio a realizar la distribución señalada a título de propiedad bajo la condición de poblar y mantener con cultivo el área.74

Las diferentes interpretaciones de las municipalidades, los jueces y los involucrados acerca de lo promulgado en materia ejidal fueron recurrentes, al igual que

71 _{MUZLERA, L.7-10-1862, pp. 42-44}

72 _{Ibídem, Resol. 10-11-1862. p.45}

73 _{Ibídem, Resol.1863, pp.76-77}

los sucesivos decretos que intentaban ordenar la caótica situación. En julio de 1864 se reglamentó nuevamente la forma en la cual se podían obtener en propiedad las quintas y chacras de los ejidos. Esta disposición generó malestar entre los poseedores por varios motivos. En primer lugar, para que los poseedores pudieran escriturar a titulo de dominio debían someterse a un interrogatorio junto con cuatro testigos ante la Escribanía Mayor de Gobierno. Por otra parte, la mantuvo la máxima extensión que podía reconocerse o concederse en propiedad a una persona o sociedad pero aumentó considerablemente los precios mínimos para la venta. Por ejemplo, en 1865 los vecinos de San José de Flores presentaron una solicitud ante las Cámaras en la cual esgrimían la necesidad de dejar sin efecto el citado decreto. El argumento se basaba en que se violaba el Art. 58º de la Provincial y se le daba a la ley de 1862 “[...] una inteligencia distinta, forzada, violenta y restrictiva”. Alegaban que todos los favorecidos habían luego sido destituidos de sus derechos porque “[...] el Ejecutivo ha establecido, cosa que no establece la ley de 1862, que la posesión de que habla ésta, es o debe ser a titulo de dominio.75 _{El problema radicaba en la interpretación que las} Cámaras hacían del primer artículo de la ley de 1862 que trataba sobre el modo en que los poseedores anteriores a 1822 debían obtener en propiedad de sus tierras: ¿bastaba el hecho de la posesión con cultivo y población, o se debía justificar la posesión a titulo de dominio? La ley nada decía al respecto, por defecto en 1864 se estipuló que se debían justificar esas posesiones con titulo. La otra cuestión que genero malestar fueron los altos precios que se estipularon.

La lentitud con la que los poseedores concurrían a efectuar los trámites como consecuencia de lo que enunciábamos implicaba que el movimiento de traspaso legal de la tierra ejidal a manos privadas se produjera lánguidamente. El Gobierno se vio obligado a intimar nuevamente a los tenedores para que concurran a legalizar sus títulos fijando un nuevo límite y a retrotraer los precios a los mínimos exigidos por la ley de 1858; que eran casi tres veces menores que los de 1864.76 _{Con respecto a la} justificación que se pedía, al año siguiente se dicto una nueva ley que modificaba nuevamente lo estipulado: “basta el hecho de la posesión, con población ó cultivo para optar á la escrituración “[...] siempre que no se pruebe haber sido a nombre del

75 _{CAMARA DE SENADORES, “Solicitud de vecinos de San José de Flores”, 1865.}

Estado o de cualquier otra persona.”77 _{Se extendía también a un año el límite para que} los poseedores se presentaran a clarificar sus derechos. En octubre del mismo año las normas fueron modificadas nuevamente: “Los poseedores de tierras en los ejidos [...] bajo cualquier titulo que lo posean deberán presentarse a pedirlos en compra o arrendamiento a obtener su escrituración dentro de un año.”78

Las municipalidades vendían, reconocían derechos y ponían en remate tierras ejidales, unas veces por un decreto y otras por otro contrario. Se encuentran multiplicidad de escrituras que siguen el procedimiento del interrogatorio sumario para escriturar las tierras de antiguos poseedores y otras en las que sólo basta con la vista de ojos del perito encargado confirmando la posesión con población y cultivo. En 1867 se sancionó una ley declarando finalmente que “[...] la posesión por 40 años, sin interrupción conformaba suficiente título para los terrenos de los ejidos.”79 _Los poseedores que hubiesen permanecido durante este periodo en tierras públicas ubicadas dentro de los ejidos de los pueblos de campaña eran propietarios de ellas contra toda justicia de dominio por parte del fisco o de las municipalidades. En menos de tres años las disposiciones fueron cambiadas más de tres veces. Los expedientes se empezaban bajo una reglamentación y en el transcurso del trámite las leyes cambiaban y lo valido en un momento determinado no lo era inmediatamente después. No en vano Avellaneda planteaba en 1867 la necesidad de una Ley General de Ejidos debido a que todas las disposiciones sobre solares, quintas y chacras que vienen sucediéndose desde 1821 con tanta incoherencia como multiplicidad constituyen hoy “[...] la materia más complicada de nuestra legislación patria.”80

El último aspecto que podemos enunciar en materia de legislación para la etapa que concluye en 1870 se refiere a la reserva de terrenos para centros de población en los pueblos que aún no se habían trazado.81 _{Los partidos en los cuales} se reservaron terrenos de las ventas proyectadas en 1864 fueron: Tapalqué, Lincoln,

77 _{MUZLERA, L.1-8-1865. pp.136-137.}

78 _{Ibídem, L. 26-10-1865. pp. 143-144.}

79 _{Ibídem, L. 29-7-1867.}

80_{“Mensaje y proyecto de ley sobre los ejidos, solares, quintas y chacras”, 29 de Julio de 1867.}

En AVELLANEDA, 1910:125-136.

Rauch, Arenales, Monsalvo, Mar Chiquita, Tuyu, Pila, Castelli, Tordillo y un terreno lindero al enunciado anteriormente que para le época figuraba en el Registro Grafico como Del Estado.

2.2.3. El ordenamiento: la Ley de Ejidos de 1870

Nicolás Avellaneda no planteaba innovar con la Ley de Ejidos sino dar reglas simples, uniformes y liberales para facilitar la venta de las parcelas. Su objetivo, al igual que el de García más de medio siglo antes cuando decía: “[...] que esos labradores propietarios, acostumbrados a una vida frugal y endurecidos por las intemperies y orgullosos de su independencia, serán los verdaderos ciudadanos”82_, consistía en entregar la tierra en moderadas fracciones y a bajos precios para difundir la propiedad y de esta manera “[...] cambiar las condiciones morales y sociales del habitante de la campaña”. Como dijimos anteriormente, el balance de los contemporáneos acerca de lo actuado en materia ejidal hasta la fecha se consideraba pobre y, coherente con el entusiasmo codificador vigente, se imponía necesaria una nueva legislación que transformara el escenario. Citando nuevamente a Avellaneda el proceso se había operado a la inversa:

Que no se ha dado hasta hoy una ley general sobre los terrenos de los ejidos, hallándose las reglas que determinan los modos de su transmisión a la propiedad privada esparcidas en leyes y decretos sueltos, tan numerosos, por otra parte, que han podido ser objeto de diversas colecciones. Así la parte de nuestra legislación que debiera ser la más clara y fácilmente conocida, desde que se la destina a ser aplicada en la campaña, es por el contrario la más obscura e ignorada.83

Los obstáculos que observaba eran: la existencia de leyes diseminadas y desconocidas por los pobladores, la complicación de los trámites y el centralismo excesivo de las operaciones a las cuales se les daba forma de expediente para que se definieran en las oficinas de Gobierno. El nuevo proyecto planteaba refundir parte de las disposiciones, que se dejaban subsistentes, uniformando sus principios y resolviendo las diversas cuestiones que había suscitado su aplicación.

82 _{GELMAN, 1997:35}

Karl Kaerger fue perito agrícola de la embajada del Imperio Alemán en la Argentina entre 1895 y 1899, testigo privilegiado, durante su viaje al país escribió una serie de informes entre los que se encuentra un estudio sobre la economía argentina, allí el autor ponderaba el cambio introducido por la Ley de Ejidos.84 _{Según el autor la} ley había generado las siguientes modificaciones:

1. Prohibición de mantener animales siempre que no fueran imprescindibles y obligación de los ocupantes a ceder sin cargo los terrenos para el trazado de caminos.

2. Autorización a las municipales para vender solares en lugar de regalarlos.

3. Plazo de un año renovable por seis meses más para la edificación y cercado de solares.

4. Derechos de propiedad: la ocupación por cuarenta años sólo otorgaría derechos de propiedad si las quintas y chacras estaban explotadas al presente. La ocupación por veinte años otorgaría las mismas condiciones para adquirir la parcela a mitad de precio. En caso de haber sido por menos tiempo se otorgaba el derecho de prelación por un año. Los arrendatarios actuales tendrían derecho de prelación por el término de seis meses del vencimiento del contrato.

5. Prohibición de vender terreno alguno sin previa mensura y estimación de su valor (caduca la condición de no efectuarse la venta si la estimación no alcanzaba cierto mínimo).

6. Libertad a las municipalidades para vender directamente o en subasta las quintas y chacras no reclamadas por sus ocupantes anunciadas con un mes de anticipación 7. Establecimiento de un máximo de unidades que una persona podía recibir o retener

como ocupante: una chacra, una quinta y dos solares.

8. Formas de pago: cinco cuotas semestrales, la primera al cerrar la compra. De atrasarse en el pago el adquiriente tenía un plazo de tres meses al 0,75% de interés mensual sino caducaba su contrato y perdía la mitad de lo pagado a cuenta.

9. Exclusión de la venta los terrenos destinados a edificios públicos, bosques y predios comunitarios

10. Autorización para que las municipalidades den en arrendamiento por un máximo de cinco años las quintas y chacras que no se vendieron. Durante este lapso el predio sólo podía venderse a sus arrendatarios.

11. Establecer como renta municipal, a excepción de un 10 % para fondos de escuela, los ingresos de las ventas y del arrendamiento de quintas y chacras

12. Autorización a los pueblos limítrofes a repartir sin cargo ¼ de las tierras del ejido a cambio de explotar la tierra. A pesar de ello se propone destinar el esfuerzo a instalar colonias. 85

Luego del análisis pormenorizado de los antecedentes referidos a la legislación ejidal, diferimos en algunos puntos con el autor citado. El objetivo de la Ley de Ejidos no era modificar lo ya dictaminado y efectivamente la ley no lo hizo. El punto 1 introduce para el autor la modificación de prohibir el pastoreo (cosa que estaba implícita designándose estos terrenos como de pan llevar) pero lo que no advierte es que este artículo debió sujetarse al Código Rural que establecía lo siguiente:

“[...] cuando

dentro de los ejidos de los pueblos existan establecimientos de pastoreo, serán tolerados dentro del término de diez años, después de publicado este código. Pero si quisiese el propietario cercar su terreno, no será obligado a quitar el pastoreo, aún después de los diez años mencionados.”86

Si bien la disposición del Código Rural desdibujaba la función de los ejidos, en el último artículo de la Ley de Ejidos se aclaraba que a pesar de lo dispuesto por el Código se autorizaba al Ejecutivo a adquirir por compra hasta una legua de tierra en el ejido si no existieran terrenos públicos ““[...] toda vez que sea urgente promover la agricultura” sin esperar el termino de 10 años que se postulaba. Esto significaba que los terrenos para pastoreo podían mantenerse dentro de los ejidos cercados y en caso de que en algunos pueblos fuese necesario más tierras para quintas y chacras el Estado debía hacerse cargo de comprarle en forma privada a los particulares la superficie necesaria.87 _{La cesión para caminos ya estaba presente en la legislación} anterior.88 _{En el punto 4 la innovación no tiene que ver con el reconocimiento de la} propiedad luego de 40 años de posesión continuada, ya que eso estaba reglamentado,

85 _{KAERGER, 2004:498-500}

86 _{CODIGO RURAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Buenos Aires, 1865, p. 258 y pp.}

354-635.

87 _{Finalmente esta situación se intentó resolver mediante la Ley de Ensanches de 1887. Ver}

VALENCIA, 1983:657-669.

sino con el hecho de que la nueva ley facultaba al solicitante a justificar su posesión

mediante todos los medios probatorios legales. Este artículo intentaba poner fin a los

pleitos que se habían suscitado todos esos años por la forma de comprobar el derecho a la propiedad de los antiguos ocupantes. En el punto 5 también la innovación reside sólo en la eliminación del mínimum para las ventas. Las restantes modificaciones tenían como función precisar algunas cuestiones, por ejemplo: la duración de los arrendamientos, la especificación sobre la naturaleza de los terrenos públicos reservados para la venta, el límite de unidades que se podían adquirir que pasaba de tres chacras y dos quintas a una chacra y una quinta y de un solar a dos, pero no se produjeron cambios radicales en la legislación que básicamente ordenó lo ya estipulado.

3. Alcances y límites de la legislación ejidal, el Código Rural de la Provincia de