La no reelección inmediata en todos los cargos de elección popular,

ya sean federales o estatales. Esta regla no formaba parte del pacto político original de 1929. Sin embargo, se observa que su aplicación se ha ampliado en la medida en que se ha consolidado el poder político del presidente de la República. De hecho, su función política es crear obstáculos a la posibilidad de que surjan

individuos con carreras políticas independientes del apoyo presidencial y que en consecuencia su lealtad no tenga como objeto principal la persona del jefe máximo. Es también interesante notar como la regla de la no reelección en los puestos de elección popular fue creada, promovida y hábilmente utilizada en el nivel federal por el presidente de la República para debilitar a los grupos políticos locales, y en forma análoga, por los gobernadores para centralizar las lealtades de los políticos. Así, la regla que impone la no reelección en todos los niveles es una regla derivada que ha servido como un importante instrumento para la centralización del poder presidencial. En tanto que el fortalecimiento del presidencialismo permitió la distribución no violenta del botín político nacional, es evidente que esta regla sirvió bien al sistema mientras se mantuvo intacto el monopolio de acceso al poder.

Esta regla, que se ha formalizado en las diversas leyes federales y estatales, es sin embargo, frecuentemente no observada. La naturaleza derivada de esta norma y su función centralizadora del poder y de las lealtades políticas, hace que existan fuertes incentivos contrarios a su aplicación exacta. Mientras que el presidente de la República tiene incentivos para buscar su observancia general, los grupos políticos locales encuentran importantes incentivos para evitar su vigencia completa. Así, en la realidad se observa que existen grupos políticos en las diversas regiones del país, o bien en las estructuras corporativistas del partido, que han sido capaces de evitar su vigencia mediante la, en apariencia, paradójica observancia estricta de las formas legales. Las leyes establecen la no reelección inmediata al mismo cargo, pero no prohiben la inmediata elección a otros cargos. Así, no es raro que un individuo sea elegido primero diputado local, luego diputado federal para después pasar al Senado de la República y regresar más tarde a la cámara de diputados, quizás tras un período como gobernador, presidente municipal o incluso una incursión en la administración pública. Tales son los casos

de diferentes líderes obreros que se han convertido en verdaderos caciques locales monopolizando posiciones políticas –los líderes de la CTM en muchos de los estados de la federación como son los casos de Puebla, Jalisco, Tamaulipas y Durango– u hombres fuertes regionales que logran darle la vuelta a la no- reelección como ocurrió con el candidato priísta Cervera Pacheco en Yucatán en 1995 quien ya había sido gobernador interino con anterioridad.

Si uno observa con mayor detalle este fenómeno, existen tres tipos básicos de carreras políticas en México. La primera es la carrera local, que culmina con la gubernatura de un estado, pero pasa por cargos en el Congreso federal e incluso por la administración pública federal. En los años posteriores inmediatos al pacto callista, este era el origen de casi todos los presidentes de la República, hasta Miguel Alemán. Otra es la carrera corporativista, cuyo trabajo político se realiza en el seno de los sindicatos obreros u organizaciones campesinas, y que también puede culminar con una gubernatura como ha sido el caso de Ramírez Gamero (CTM) o Silerio Esparza (CNC) en Durango. En razón del sistema de cuotas sectoriales negociadas, los políticos en este circuito, obtienen frecuentemente cargos de elección a las legislaturas locales o federales.2 En algunas ocasiones su carrera pasa a través de las direcciones nacionales sectoriales del partido oficial y con poca frecuencia acceden a cargos importantes en la administración federal. Finalmente, un circuito que a partir de 1970 ha sido sumamente productivo para quienes ambicionan alcanzar el poder público es la carrera política dentro de la administración federal. Tal es el origen de todos los presidentes de la República desde esa fecha y de la mayor parte de los principales políticos y altos funcionarios federales, con la notable excepción de Luis Donaldo Colosio, candidato priísta a la presidencia asesinado en 1994, cuya carrera pasó por una diputación federal, el Senado, la dirigencia nacional partidista y la administración pública federal.

C) El derecho que tiene el presidente de nombrar libremente a su sucesor es la culminación exitosa de su ejercicio como "jefe máximo."

Originalmente esta práctica se encontraba más limitada y el presidente en turno sólo era capaz de realizar la designación de su sucesor mediante una verdadera y compleja negociación con los diversos grupos políticos, con el fin de crear un sólido consenso detrás del candidato presidencial.

El ejercicio pleno de esta facultad personalísima del presidente de la República, sin embargo, es resultado de la aprobación mayoritaria de la "familia revolucionaria" a la actuación del propio presidente durante su sexenio. En cierto sentido, una presidencia bien ejercida, le genera al presidente lealtades y créditos políticos que podrá redimir con más o menos facilidad al término de su gestión en el proceso de la sucesión. Este aspecto consensual de la designación del sucesor era otro de los mecanismos de control que ejercían los actores políticos del sistema sobre el cuasi monarca sexenal. Asimismo es claro que el derecho presidencial de nombrar libremente a su sucesor es un instrumento extraordinariamente efectivo para el ejercicio del poder presidencial, pero nunca ha sido un "cheque en blanco" a favor del titular del ejecutivo. Es importante enfatizar que una sucesión exitosa es, en este esquema, el objetivo mas importante de todo el ejercicio presidencial, lo que lo convierte en un poderoso instrumento de control que tiene la "familia política revolucionaria" sobre el titular de la presidencia de la República. Sin embargo, es importante mencionar que el proceso de la sucesión no siempre es fluido, exitoso y sin contratiempos. De hecho se puede observar que el origen de los más importantes partidos de oposición se encuentra en las rupturas de la "familia revolucionaria" en los momentos de la designación del sucesor. Tal es el caso del Partido de Acción Nacional cuyos principales dirigentes se desligan en 1939 del PRM y más recientemente del Partido de la Revolución Democrática que surge de la fractura

de un grupo de priístas ante la sucesión de 1987. Es de notar que esta facultad sucesoria del presidente se había ampliado en la medida en que el presidencialismo y el centralismo se acentuaron en los últimos tiempos.

Es curioso que esta importantísima regla política, sin embargo, no se encuentre formalizada en ningún estatuto. Aún más, todas las normas formales existentes parecen contradecir esta facultad presidencial. Aunque casi todos los observadores independientes del sistema político mexicano encuentran datos que parecen sostener la vigencia de una norma en este sentido. El secreto es que su existencia parece estar protegida por un muy efectivo tabú que impide que los miembros de la "familia" la reconozcan y analicen públicamente. El presidente López Portillo en cierta forma rompió el velo cuando se definió como el "fiel de la balanza" en el proceso de la sucesión.