La Reforma Constitucional del 1936 y El Frente Nacional

Entre 1930 y 1958, según Villar, hay una ampliación en la intervención estatal que se ve atravesada por la intervención del Partido Liberal y las reformas para crear un Estado intervencionista, en búsqueda de modernizar la economía y determinar nuevas dinámicas de las organizaciones sin ánimo de lucro. Durante ese período, se forman las organizaciones con características gremiales y sindicales, las cuales ahondan en el proceso de secularización del Estado y que se visualizan en otros sectores como el industrial, con la formación de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y La Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) entre otras asociaciones y gremios.

La reforma del año 1936 inicia el proceso de secularización y de transformación de la legislación hacia un Estado intervencionista. Los artículos de la reforma que denotan el cambio son 9,13 y 14 del acto legislativo # 1 de 1936 que versan así:

 Artículo 9°. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

 Artículo 13. El Estado garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus opiniones religiosas, ni compelido a profesar creencias ni a observar prácticas contrarias a su conciencia. Se garantiza la libertad de todos los cultos que no sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes. Los actos contrarios a la moral cristiana o subversivos del orden público, que se ejecuten con ocasión o pretexto del ejercicio de un culto, quedan sometidos al derecho común. El Gobierno podrá celebrar con la Santa Sede convenios sujetos a la posterior aprobación del Congreso para regular, sobre bases de recíproca deferencia y mutuo respeto, las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica.

 Artículo 14. Se garantiza la libertad de enseñanza. El Estado tendrá, sin embargo, la suprema inspección y vigilancia de los institutos docentes, públicos y privados, en orden a procurar el cumplimiento de los fines sociales de la cultura y la mejor formación intelectual, moral y física de los educandos. La enseñanza primaria será gratuita en las escuelas del Estado, y obligatoria en el grado que señale la ley.

Es a partir de los anteriores artículos, y de acuerdo a Villar (2010), que el aumento de la intervención por parte del Estado se resalta, por tanto garantizarían los derechos y deberes sociales

e igualmente el intento de secularización queda expresado, por el Partido Liberal. Al establecer que la asistencia pública era una función estatal, al terminar con algunas prerrogativas de la Iglesia en asuntos sociales y al suprimir las referencias al catolicismo como religión de la nación, se reforzó la alianza del episcopado y el partido conservador en contra de la reforma constitucional y de las reformas sociales que de ahí se derivaron (fiscal, agraria, laboral y educativa), agudizando así la polarización entre los partidos. (Villar, 2010, pág. 45).

En fechas posteriores, durante el acuerdo bipartidista denominado Frente Nacional, la ampliación Estatal se convirtió en un gran incentivo para la creación de asociaciones interesadas para influir sobre las políticas económicas y sociales (Villar, 2010, pág. 46). Entre estas la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC). La tregua del conflicto bipartidista permitió el surgimiento de entidades sin ánimo de lucro y de organizaciones independientes creadas a partir del mismo Estado, como las Juntas de Acción Comunal, (JAC) y las Asociaciones de Usuarios Campesinos (AUC).

Villar también señala el aumento de las organizaciones de carácter sindicalista, representadas en su cabeza por la CTC y la UTC, las organizaciones femeninas y los movimientos de vivienda. De esa forma se vislumbra la aparición de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), su nombre genérico, dedicadas a la promoción social y al desarrollo económico (Villar, 2010, pág. 69),

impulsadas por los movimientos sociales y los líderes participantes de reivindicaciones de carácter cívico

Entre 1956 y 1985 se crearon la mayor parte de ONG (59%). Dentro de ese período, los años comprendidos entre 1975 y 1985 fueron los de mayor crecimiento del sector. En esos 10 años aparecen (Sic) el 60% del total de las organizaciones creadas en este período. Las tendencias y funciones dentro del sector de ONG fueron evolucionando con los años. De formas de intervención asistencial y de prestación de servicios, se pasó a la

promoción del “desarrollo alternativo” basado en la organización de las comunidades y en la promoción de la democracia (Villar, 2010, pág. 70).

Estas nuevas organizaciones comienzan a actuar directamente con los planteamientos estatales para el desarrollo, dándole continuidad a las ideas de beneficencia por parte de la Iglesia, a las acciones y donaciones del sector privado y a la inversión del Estado hacia lo social. En el caso de las ONG, las características que influyeron en su accionar fueron las corrientes de auto–desarrollo y auto– gestión debido a la “ineficiencia del Estado” con respecto a los valores destinados para la gestión social y su mala distribución (Villar, 2010, pág. 71).

Todo lo anterior da pie al aumento e impulso de organizaciones solidarias y comunitarias, desarrollando al mismo tiempo la promoción del trabajo comunitario, el voluntariado y las fundaciones creadas a partir de las empresas privadas bajo los inicios de la figura de la Responsabilidad Social Empresarial (RES), concepto que forma parte del Tercer Sector pero cuya característica principal proviene del sector industrial/privado y que se puede entender como:

Un conjunto de acciones y prácticas las cuales se caracterizan por mantener distintos grados de formalidad e institucionalización. Delegados o ejecutados por particulares dentro de las organizaciones o por ellos mismos como entidades; acciones que responden de cierta manera a mantener un grado de racionalidad y coherencia (Benitez Salcedo, 2012, pág. 229).

Estas organizaciones, que pueden optar por varias formas de intervención, son apoyadas por el Estado y por las donaciones de las mismas empresas fundadoras, pasando desde acciones asistencialistas, a formativas y movilizadoras.