REGIMEN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 1 Declaratoria de calamidad

Con previa recomendación del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, el Alcalde Municipal declarará mediante decreto la existencia de una situación de desastre y, en el mismo acto la clasificará según su magnitud y efectos como de carácter distrital o municipal, y pondrá en vigor las normas pertinentes propias del régimen especial para situaciones de desastre.

Existirá una situación de desastre municipal o distrital cuando la materialización del riesgo afecte de manera desfavorable y grave los bienes jurídicos protegidos de los habitantes del municipio o distrito impactado y de la administración pública distrital. El desastre de orden distrital o municipal puede presentarse en todo el distrito o municipio o en parte sustancial del territorio de su jurisdicción, rebasando su capacidad técnica y de recursos.

2.1.1. Definición

Se entiende por calamidad pública, el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, que exige al distrito, municipio, o departamento ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción.

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2.1.2. Criterios

La autoridad política que declare la situación de desastre o calamidad, según sea el caso, tendrá en consideración los siguientes criterios:

 Los bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daños. Entre los bienes jurídicos protegidos se cuentan la vida, la integridad personal, la subsistencia digna, la salud, la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales esenciales y los derechos fundamentales económicos y sociales de las personas.

 Los bienes jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro o que han sufrido daños. Entre los bienes jurídicos así protegidos se cuentan el orden público material, social, económico y ambiental, la vigencia de las instituciones, políticas y administrativas, la prestación de los servicios públicos esenciales, la integridad de las redes vitales y la infraestructura básica.

 El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para generar nuevos riesgos y desastres.

 La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en otros territorios y poblaciones o a perpetuarse.

 La capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar las condiciones de la emergencia.

 El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de respuesta.

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2.2. Dirección, coordinación, control y evaluación

El alcalde y la Administración Municipal son las instancias de dirección y coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en el territorio y tiene el deber de poner en marcha y mantener la continuidad de los procesos de gestión del riesgo de desastres, así como integrar en la planificación del desarrollo Municipal, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo, especialmente a través del plan de desarrollo y demás instrumentos de planificación bajo su responsabilidad.

2.3. Fondo Municipal de Gestión del Riesgo

El artículo 54 de la Ley 1523 de 2012 establece que “Las administraciones departamentales, distritales y municipales, en un plazo no mayor a noventa (90) días posteriores a la fecha en que se sancione la presente ley, constituirán sus propios fondos de gestión del riesgo bajo el esquema del Fondo Nacional, como cuentas especiales con autonomía técnica y financiera, con el propósito de invertir, destinar y ejecutar sus recursos en la adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de desastre, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Podrá establecer mecanismos de financiación dirigidos a las entidades involucradas en los procesos y a la población afectada por la ocurrencia de desastres o calamidad. El Fondo podrá crear subcuentas para los diferentes procesos de la gestión del riesgo”.

Por lo anterior, el Concejo Municipal de Aranzazu caldas, mediante Acuerdo Nro. 270 del 07 de junio de 2013, crea, conforma y organiza el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Aranzazu, como una cuenta especial del municipio, con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística; con fines de interés público y asistencial social, con el propósito de invertir, ahorrar, destinar y ejecutar sus recursos en la adopción de medidas de conocimiento y

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reducción del riesgo y manejo de desastres o calamidades públicas declaradas o de naturaleza similar.

Este fondo podrá recibir, administrar, invertir y ahorrar recursos de origen estatal y/o contribuciones y aportes efectuados a cualquier título por personas naturales o jurídicas, instituciones públicas y/o privadas del orden nacional e internacional. El objetivo del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres es el de establecer mecanismos de financiación dirigidos a la gestión del riesgo, con el propósito de ofrecer protección, seguridad ambiental, sanitaria, y atender la población afectada por la ocurrencia de desastres o de calamidad pública.

2.4. Participación de Entidades

El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Aranzazu, está integrado por representantes de entidades públicas, privadas y comunitarias dispuestas a colaborar; entre ellas están:

 Administración Municipal (Secretarias de despacho y empleados)

 Bomberos voluntarios

 Defensa Civil

 Policía Nacional

 ESE Hospital Departamental San Vicente de Paul

 Aguas de Aranzazu S.A E.S.P

 Central Hidroeléctrica de Caldas – CHEC

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 UMATA

2.5. Retorno a la normalidad

El Alcalde del Municipio de Aranzazu, con previa recomendación del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres - CMGRD, decretará que la situación de desastre ha terminado y que ha retornado la normalidad. Sin embargo, podrá disponer en el mismo decreto que continuarán aplicándose total o parcialmente las normas especiales habilitadas para la situación de desastre, durante la ejecución de las tareas de rehabilitación y reconstrucción.

El término para la declaratoria de retorno a la normalidad no podrá exceder de seis (6) meses para la declaratoria de calamidad pública y de doce (12) meses para la declaratoria de situación de desastre; en estos casos, podrá prorrogarse por una vez y hasta por el mismo término previo concepto favorable del Consejo Municipal para la gestión del riesgo de Desastres según el caso. Los términos comenzarán a contarse a partir del día siguiente de la expedición del decreto municipal o del acto administrativo que declaró la situación de desastre o calamidad pública.

2.6. Régimen normativo especial para situaciones de Calamidad pública

Declaradas situaciones de desastre o calamidad pública, conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI de la ley 1523 de 2012, en la misma norma se determinará el régimen especial aplicable de acuerdo con los antecedentes, la naturaleza, la magnitud y los efectos del desastre o calamidad pública. Las normas versarán entre otras materias sobre contratación del Estado, empréstitos, control fiscal de recursos, ocupación, adquisición, expropiación, demolición de inmuebles e imposición de servidumbres, reubicación de asentamientos, solución de conflictos, moratoria o refinanciación de deudas, suspensión de juicios ejecutivos, créditos para afectados, incentivos para la

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rehabilitación, reconstrucción y el desarrollo sostenible; administración y destinación de donaciones y otras medidas tendientes a garantizar el regreso a la normalidad.

3. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN (en preparación, respuesta y recuperación)