La relación entre el conflicto que se expresa localmente

A nivel nacional, la situación no parece ser distinta y son innumerables las quejas que sobre el manejo inadecuado de escombros aparecen tanto en las páginas oficiales de alcaldías municipales, como de periódicos regionales (El País, Diario Occidente, El Mundo, etc.) o nacionales (El Tiempo y El Espectador), siendo el eje común la utilización del espacio público como receptor final del material, caso de plazas, andenes, separadores de las avenidas, lotes privados desocupados y, lo más preocupante, ríos, quebradas, humedales y zonas verdes, que ocasionan un impacto no sólo a nivel estético, sino en muchos casos de taponamiento del sistema de alcantarillado y drenajes, afectación de la movilidad debido a la entrada y salida de carretillas y volquetas y por supuesto la degradación biofísica de los municipios.

7.5.1. QUIENES SON LOS ACTORES SOCIALES INVOLUCRADOS EN EL CONFLICTO (LAS PARTES).

7.5.1.1 ACTORES DIRECTOS (LOS QUE SE ENFRENTAN).

1. Las personas naturales y jurídicas dueñas de las obras civiles y generadores domiciliares de escombros (constructoras y propietarios). 2. Transportadores encargados de la recolección, transporte y disposición

final de los escombros. (carretilleros y volqueteros).

3. Los líderes y organizaciones comunitarias de los barrios y comunas afectadas (JAC y JAL).

4. Los habitantes del sector afectado.

7.5.1.2 ACTORES INDIRECTOS (LOS QUE INTERVIENEN)

1. Las entidades gubernamentales encargadas de la administración municipal (alcaldía y concejo municipal).

2. Las autoridades ambientales, tanto del orden departamental como municipal (CVC y DAGMA).

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3. La empresa concesionaria prestadora del servicio público de aseo (Promoambiental Cali S.A. E.S.P.).

4. Las empresas encargadas de la clasificación, el manejo, el reciclaje y reaprovechamiento de los escombros (Por definir).

7.5.2. LA DINÁMICA DEL CONFLICTO

La evolución del conflicto socioambiental provocado por la presencia de la escombrera de la 50 en la comuna, surge de una decisión de carácter administrativo, sumado a la incapacidad de las autoridades para ejercer controles ambientales rigurosos y a la informalidad del sector, que provoca graves riesgos ambientales y sanitarios para la calidad de vida de los habitantes, ya que dichas prácticas inadecuadas de gestión de escombros afectan no solo el lote donde funciona la escombrera sino que, como se ha tratado antes, genera focos de contaminación en los espacios públicos y de amortización ambiental de la comuna. Así, el problema de contaminación por escombros no es exclusivo del punto donde se ubica la EDT, sino que se ha extendido a varios puntos dentro de los barrios de la comuna, como se puede evidenciar en los resultados de este trabajo de investigación, lo que resalta la importancia de estudiar este conflicto socioambiental en su contexto territorial comunal y municipal, que permita adelantar acciones integrales de recuperación y conservación ambiental y de sensibilización y educación de la población en cultura ciudadana y buen manejo de los recursos y de los espacios urbanos.

Esta situación de deterioro ambiental ha sido denunciado por la comunidad de los barrios aledaños a la escombrera en repetidas ocasiones ante la autoridad ambiental, pero en las actas de las reuniones de socialización del proyecto de ajuste de la EDT y construcción de un parque pasivo, la comunidad a través de sus líderes representantes a manifestado su descontento y falta de confianza en el proyecto y en la palabra de la administración municipal y el DAGMA. Es por esto que entre los pobladores de la comuna exista un clima de desconfianza y falta de legitimidad de la autoridad ambiental para tratar el conflicto de manera incluyente.

Otro aspecto importante que genera tensión es el papel que juegan los carretilleros y volqueteros en la gestión de escombros, y al tener en la ciudad graves impactos ambientales debido a la disposición irregular de estos residuos, la responsabilidad recae sobre estos actores transportadores, que han perdido credibilidad entre la población que los ve como los causantes de la problemática ambiental y la percepción de desaseo está directamente ligada al servicio que estos carretilleros prestan, sumado a otras situaciones que producen rechazo como el maltrato a los semovientes. Por esta razón, el nivel

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de tensión manejado en este conflicto es creciente y está relacionado directamente con la intervención de los actores institucionales, que tienen ante si dos responsabilidades: llevar a cabo proyectos de recuperación y conservación ambiental y definir sitios adecuados para la transferencia y disposición final de los escombros por un lado, y educar a los actores sociales y económicos en conflicto, garantizando el derecho al trabajo de los carretilleros por otro.

7.5.3. LAS DESIGUALDADES O ASIMETRÍAS EN EL CONFLICTO

Las desigualdades presentes en este conflicto socioambiental provocado por la presencia de la escombrera de la 50 en la franja de protección del canal CVC Interceptor Sur, junto a zonas residenciales de la comuna y la proliferación de basureros crónicos en las cercanías de este botadero, pueden ser definidas a través de dos situaciones:

La informalidad del sector de la recolección, transporte y transferencia de escombros, representada por las prácticas inadecuadas y el incumplimiento de las mínimas normas técnicas para el desarrollo de estas actividades, que pone en desventaja al sector de los carretilleros y volqueteros, que son los actores que tradicionalmente han realizado estos trabajos, frente a las empresas oficiales o privadas que también prestan el servicio en las comunas donde los carretilleros no están autorizados a transitar. De esta forma tenemos una doble asimetría en esta situación, ya que en un futuro, los carretilleros que son población de bajos recursos y alta vulnerabilidad social no tendrían la capacidad técnica ni organizacional para responder a los desafíos de una gestión integral, al verse en incapacidad para competir frente a empresas organizadas y al ver su imagen y credibilidad deteriorada ante la comunidad debido al conflicto socioambiental que se tiene actualmente.

La desigualdad o asimetría surgida de la decisión administrativa de orden municipal de mantener la EDT sobre la zona verde protectora del canal CVC Interceptor Sur, que prácticamente representa un reparto inequitativo de cargas y beneficios de los procesos de urbanización en la ciudad, en el que la comuna 16 debe asumir con su oferta ambiental y a través de su población, los costos ambientales, sociales y económicos de una decisión de ordenamiento del territorio que no ha contemplado alternativas en las que otros sectores y comunas de la ciudad asuman parte de estas cargas derivadas del desarrollo, como es el caso que actualmente está en debate del proyecto que pretende construir el sitio de disposición final de escombros en el sector de El Mameyal, y que ha generado rechazos por parte de la comunidad asentada en el lugar,

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población de estratos altos que tampoco quiere este botadero en su vecindario. De ahí que la población de la comuna 16 se encuentre en una situación de desventaja frente a la población aledaña al lote de El Mameyal, ya que la primera es población de escasos recursos, con poca influencia en las decisiones administrativas que se toman en la ciudad y que ha asumido por mas de 13 años los costos de tener una escombrera municipal frente a las zonas residenciales con todos los riesgos en materia ambiental y de salud pública que esto implica.

7.5.4 RESOLUCIONES ALTERNATIVAS.

Dentro de las posibles alternativas de solución que se pueden plantear están todos los esfuerzos y proyectos que deben ser realizados por el conjunto de actores para obtener resultados eficaces y que, primeramente, deben estar enfocados a reducir los volúmenes de escombros producidos que no son reutilizables; este primer objetivo es la mejor alternativa frente a un conflicto que ante todo demanda y deteriora espacios públicos que deben ser idóneos para el disfrute de todos los ciudadanos y que no pueden seguir siendo usados como depósitos y rellenos de residuos de construcción. Así, los controles y las campañas de educación ambiental deben fomentar la separación en la fuente y la reutilización de materiales en todas sus formas posibles.

Otra de las alternativas que es necesario contemplar es la unificación de criterios de todos los actores con la ayuda de la construcción de un modelo de imaginarios urbanos, en busca de estrategias de consenso para frenar la presión contaminante sobre los espacios públicos y encaminar esfuerzos para recuperar las áreas degradadas.

La construcción de nuevos imaginarios urbanos respecto a la gestión de residuos sólidos requiere la intervención de los gobiernos locales como veedores de los conflictos ambientales que se producen en los espacios urbanos y sobre los cuales dichos actores institucionales tienen competencia como administradores de los espacios públicos y gestores de la calidad ambiental urbana.

Por lo tanto, el Estado representado por los gobiernos locales, alcaldías y autoridades ambientales debe promover un manejo adecuado de los residuos y educar acerca de los recursos naturales y legitimar ante la comunidad su voluntad de ser un permanente observador y mediador de los conflictos socioambientales que se dan en los territorios urbanos y rurales del país, especialmente aquellos espacios de la cotidianidad, barriales, vecinales y veredales.

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La consolidación de los gobiernos locales como observadores y mediadores de los conflictos socioambientales, con pleno conocimiento y registro de las problemáticas generadas por el manejo inadecuado de recursos puede convertirse en una estrategia para lograr la restauración y conservación del ambiente a mediano y largo plazo y fomentar y acompañar prácticas comunitarias adecuadas que permitan mejorar la calidad ambiental y las condiciones de vida de los ciudadanos.

Así mismo, la influencia que tienen los problemas ambientales y sanitarios en el desmejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos resalta la importancia de la aplicación integral del Comparendo Ambiental como estrategia que favorezca de manera indirecta la realización de campañas de mejoramiento de los espacios comunitarios y por lo tanto de la convivencia pacífica, resolución de conflictos socioambientales que de alguna forma proyecten una imagen de reducción de la marginalidad y pobreza y desarme en las comunas y corregimientos que ayuden a reducir los índices de violencia en los territorios tanto urbanos como rurales.

La aplicación integral del Comparendo Ambiental, utilizando para dicha tarea un Sistema integrado de información geográfica puede ser útil para conocer de forma detallada las características y configuración de los territorios a intervenir y por lo tanto puede servir para dar a conocer a la opinión pública que el Estado está presente en los espacios de la cotidianidad acompañando a la ciudadanía y educando acerca de las buenas prácticas ambientalistas, sociales, comunitarias y empresariales, garantizando la gobernabilidad y proponiendo alternativas viables diferentes a la simple imposición de sanciones punitivas para lograr los objetivos principales de la gestión ambiental y de residuos sólidos.

De esta forma, el Estado representado en los gobiernos locales debe crear un sistema integral de información geográfica que constituya la estructura administrativa de planificación de las acciones de intervención en el territorio, para garantizar la aplicación incluyente y participativa de la Política del Comparendo Ambiental.

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