Los sistemas de infraestructura deben ser resistentes, adaptables a nuevas circunstancias y a “prueba del futuro”. Los riesgos críticos se materializan y el cambio tecnológico puede alterar fundamentalmente los sectores y las economías.
Los múltiples desastres en los últimos años han demostrado sus impactos significativos y las consecuencias para los ciudadanos. Las interrupciones a los
sistemas de infraestructura crítica reparten las dificultades sociales de los desastres de varias maneras. Pueden cortar el acceso a las líneas de vida básicas (servicios de salud, alimentos, combustible, sistemas de pago), dejar a los ciudadanos por un período prolongado sin electricidad, las comunicaciones y la movilidad confiable que la infraestructura proporciona, y pueden producir graves impactos económicos al impedir la movilidad de la mano de obra y las mercaderías. Según el índice de Riesgo Mundial (ADI, 2016), Chile ocupa el lugar 11, como país más expuesto a los peligros naturales mundialmente. Sin embargo, debido a su baja susceptibilidad y bien desarrolladas capacidades de superación y adaptación, sólo ocupa el puesto 22 en el índice de Riesgos Mundiales.
En Chile, la responsabilidad por la política de cambio climático y la política ambiental generalmente reside en el Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo,
aparte de la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental como parte de las actividades de preparación de proyectos, la aplicación de normas ambientales y el uso de precios sociales en las evaluaciones costo-beneficio, existen pocos incentivos e instrumentos para incorporar las consideraciones ambientales en la planificación estratégica de la infraestructura y en la toma de decisiones. Las Evaluaciones
Ambientales Estratégicas (EAE) se utilizan para evaluar los riesgos y efectos de los planes de desarrollo territorial local y regional. Sin embargo, su enfoque sobre la gestión del riesgo limita su potencial para actuar como agentes de cambio, por ejemplo, al promover objetivos de desarrollo sostenible a largo plazo (OCDE, 2013a). Se necesitan conceptos de sostenibilidad regionalizados e integrales en la planificación a lo largo del ciclo de vida del proyecto para permitir el cumplimiento con los compromisos internacionales de reducir emisiones y para cumplir con los objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, las ciudades son responsables de una parte significativa de las inversiones en infraestructura, las que, si se invierten sabiamente, pueden contribuir a los esfuerzos nacionales de combinar el crecimiento con el desempeño ambiental (Recuadro 2.13).
Recuadro 2.13. ¿Cómo pueden los gobiernos nacionales apoyar el crecimiento “verde” en las ciudades?
Las ciudades no actúan aisladamente de los niveles superiores del gobierno. Los gobiernos nacionales pueden mejorar la capacidad de las ciudades para actuar sobre el crecimiento verde de las siguientes maneras:
1. Reduciendo la brecha entre los enfoques nacionales y locales con respecto al crecimiento verde. Los planes nacionales frecuentemente no toman en cuenta los elementos espaciales del crecimiento verde, ni las contribuciones a éste, existentes de las ciudades. Las iniciativas urbanas de crecimiento verde pueden correr el riesgo de ser proyectos aislados, y emblemáticos dependientes de ciclos políticos cortos; el crecimiento económico sostenible a largo plazo requiere de un enfoque sistemático, multisectorial y con cobertura en toda la ciudad.
2. Proporcionando la asistencia técnica, el financiamiento y el conocimiento necesario para los proyectos de infraestructura a gran escala – como las redes inteligentes, los trenes de alta velocidad e L+I&D verde – y para ayudarle a las ciudades a medir el impacto económico y ambiental de las iniciativas de crecimiento verde.
3. Establecer metas ambientales nacionales e internacionales y estándares de referencia fuertes para eliminar los obstáculos políticos, prevenir la competencia nociva entre las regiones y promover una “carrera hasta la cima” (OCDE, 2010a). Al mismo tiempo, las ciudades necesitan flexibilidad en la forma en que cumplen estos objetivos con el fin de innovar a nivel urbano las respuestas políticas que luego se pueden escalar.
4. Estableciendo señales de precio e indicadores estándares nacionales de precios, por ejemplo, mediante impuestos sobre el carbono u otros mecanismos de precios. Estos indicadores pueden aumentar los incentivos para que las empresas adopten y desarrollen innovaciones verdes, y ayuden a indicar el compromiso de los gobiernos de avanzar hacia un crecimiento ecológico.
Recuadro 2.13. ¿Cómo pueden los gobiernos nacionales apoyar el crecimiento “verde” en las ciudades? (cont.)
5. Creando un conjunto común de indicadores ambientales y económicos urbanos para comparar con mejores prácticas y medir el impacto de los proyectos de crecimiento verde sobre las prioridades ambientales, económicas y sociales. Los gobiernos nacionales pueden ayudar a desarrollar una metodología común y apoyar el fortalecimiento de capacidades a nivel sub- nacional.
6. Rediseñando los impuestos y los subsidios a los gobiernos subnacionales para corregir los incentivos por un comportamiento no sostenible y premiar las ciudades que crean beneficios ambientales más allá de sus fronteras.
Fuente: OCDE (2013b), Green Growth in Cities, OCDE Publishing, Paris.
Países como Francia y los Países Bajos han creado una mayor alineación y coherencia entre sus planes de infraestructura y sus objetivos ambientales
fusionando los portafolios de medio ambiente y de infraestructura dentro de un solo ministerio (ver los Anexos 2.A1 y 2.A2). Si esto no fuera factible, una alternativa sería establecer una unidad en el centro del gobierno, enfocada en asegurar un enfoque único del Estado para abordar los desafíos ambientales como el cambio climático.