Respuesta de Zedillo a la presión internacional

Al aumentar la presión internacional, el gobierno de México inició una campaña de expulsión de extranjeros comenzando con la expulsión de sacerdotes extranjeros de Chiapas, en junio de 1995, acusados de organizar a los indígenas contra el gobierno33. En 1996, el surgimiento a la luz pública el Ejército Popular Revolucionario (EPR) en Guerrero y Oaxaca, trajo como consecuencia una persecución mayor por parte del gobierno de Zedillo, implementándose un operativo militar contra el EPR en el que decenas de personas fueron detenidas y torturadas, y varias más ejecutadas o desaparecidas (Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, 1999b).

La respuesta del gobierno de México a la presión de las organizaciones internacionales se puede ejemplificar, con el desplegado publicado por el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, José Ángel Gurría, en respuesta a Suzanne Rumsey, miembro del Interchurch Committee on Human Rights in Latin America (ICCHRLA) el 11 de junio de 1996 en el que entre otras cosas señaló:

…Me preocupa que impute infundadamente al Ejército Mexicano de ‘violaciones sistemáticas’ de los derechos humanos con base en no más de 10 casos registrados en enero de 1994.

…Encuentro muy loable su preocupación acerca de los derechos de organización y afiliación de los trabajadores. Con seguridad usted sabe que la Constitución Mexicana es una de las primeras en haber

33 _{Este caso finalmente llegó a la CI DH, que 3 sacerdotes fueron privados arbitrariamente de su}

libertad y expulsados de forma sumaria, sin derecho a garantía de audiencia y en violación al derecho de circulación y de residencia (Comisión I nteramericana de Derechos Humanos, 1999).

garantizado ese derecho, mucho antes que las legislaciones de la inmensa mayoría de los países del continente

…Deploro que parezca ignorar que a lo largo de varias décadas, México ha merecido el reconocimiento internacional y la gratitud de miles de familias por haber acogido, protegido y ofrecido libertad, seguridad y amparo a muchos extranjeros perseguidos en otros países. De ahí que convenga subrayar que los casos de las expulsiones y negativas de admisión a ministros de culto a que alude, han sido decisiones sustentadas en violaciones a las leyes migratorias (Gurría, 1996)

Por otro lado, en el marco de las negociaciones del TLCUEM, que requería la inclusión obligatoria de la “Cláusula Democrática” en el mismo, Zedillo se resistió por un tiempo dicha inclusión, pero finalmente se vio obligado a ceder y aceptarla. Sin embargo, al mismo tiempo bloqueó un proyecto de 340 mil dólares que la Unión Europea daría a la AMDH para la observación electoral, alegando que se trataba de intervención extranjera en procesos electorales (Mergier, 1997a:36) Al empezar a haber presión por parte de otros países, se empiezan a dar concesiones tácticas de parte del gobierno de Zedillo: la Procuraduría General de la República (PGR) estableció una unidad para investigar las amenazas contra defensores y el gobierno de Zedillo invitó al relator sobre tortura a realizar una visita in loco a México.

Sin embargo, también como producto del incremento de la presión internacional, la política de México hacia el escrutinio internacional se endureció. Varias delegaciones de observadores de derechos humanos fueron expulsadas de México entre 1997 y 1998 (Global Exchange, et al, 1998, Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, 1998b). La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) – una de las organizaciones expulsadas durante una misión a México- señaló que ni con Pinochet en Chile, ni con Videla en Argentina

les había ocurrido lo anterior y que México se encontraba al nivel de “Irak, Irán y Sudán” (Mergier, 1997b:16).

Adicionalmente, el gobierno Mexicano creó una visa especial para observadores de derechos humanos que restringía su labor y ponía en riesgo a quienes dieran su testimonio ante estos observadores. Además, también como reacción a la presión internacional, a nivel interamericano, el gobierno de Zedillo, junto con el gobierno de Fujimori, impulsaron en la Organización de los Estados Americanos (OEA) una reforma a la CIDH, con el pretexto de mejorar sus procedimientos, que pretendía que las instituciones públicas de derechos humanos fueran el principal canal de presentación de denuncias ante la CIDH para evitar que las ONG siguieran haciendo uso de este mecanismo34.

Asimismo, el gobierno de Zedillo continuó negando que hubiera problemas de derechos humanos en México y adujo la soberanía para evitar el escrutinio internacional. Cuando Human Rights Watch presentó su informe sobre Violencia Rural en 1997, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) acusó a la organización de “pretender con su informe parcial y poco objetivo, distorsionar la situación real de los derechos humanos” y señaló que “parece olvidar esta organización que México es un país soberano y que por tanto no recibe indicaciones de gobierno extranjero alguno” (Secretaría de Relaciones Exteriores, 1997).

Por su parte, durante la visita a México de Pierre Sané, entonces Secretario Ejecutivo de Amnistía Internacional, Zedillo negó haber aceptado tener una reunión con él, creándose un gran escándalo entre las organizaciones civiles internacionales que duró varios meses. Zedillo afirmó entonces en una gira en Alemania: “estoy profundamente ofendido y tengo la sospecha de que su llegada (de Pierre Sané) a mi país fue con toda la intención de armar un escándalo” (Beltrán del Río, 1997:14). En esta misma gira, Zedillo fue duramente cuestionado

34 _{A raíz de este intento de debilitamiento del sistema interamericano, en 1997 se crea la Coalición}

I nternacional para los Derechos Humanos en las Américas, que desde entonces vienen trabajando en el fortalecimiento del Sistema I nteramericano y los derechos humanos en el continente.

en una reunión con organizaciones internacionales en París, tras lo cual y ante los cuestionamientos de la comunidad internacional, se creó, en la SRE, la Comisión Intersecretarial para la Atención de los Compromisos Internacionales de México en Materia de Derechos Humanos (Diario Oficial de la Federación, 1997) que claramente estaba destinada a presentar una mejor cara ante la comunidad internacional (Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 1999b) 35. Pero quizá el parte aguas en la presión internacional a México ocurrió con la masacre de 45 indígenas – la mayoría mujeres y niños – en Acteal, Chiapas a manos de paramilitares en diciembre de 1997. Este hecho, sumado a los anteriores, provocó que se incorporaran a la presión internacional, tanto gobiernos como organismos intergubernamentales de derechos humanos. En 1998, debido al trabajo de la RTCI y a los acontecimientos en Acteal, la Unión Europea mencionó a México como uno de los países donde tenía preocupaciones por la situación de los derechos humanos señalando que esperaba que se investigara la masacre de Acteal, se resolviera el conflicto en Chiapas y se acabara con la impunidad. También especificaba que la Unión Europea “apoya y alienta el trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las ONG locales en el campo de la defensa y promoción de los derechos humanos” (Glover, 1998:8-9).

Por otro lado, es importante señalar que, mientras en México las organizaciones de derechos humanos mexicanas solicitaban reuniones con diferentes funcionarios públicos como el Procurador General de la República y nunca se concedieron, en Ginebra en 1998 las organizaciones de derechos humanos mexicanas se pudieron reunir por primera vez con Jorge Madrazo, entonces Procurador General de la República, junto con organizaciones internacionales para hablar sobre el caso Acteal y en esa reunión el Procurador reivindicó su pertenencia a la Academia Mexicana de Derechos Humanos36.

35 _{Entre cuyas prioridades se estableció “mejorar la relación con las ONG extranjeras y la imagen}

de México en el exterior” y cuyo objetivo principal fue la resolución nacional de los casos de abuso o violación a los derechos humanos, antes de que tengan un “impacto internacional”.

En agosto del mismo año la Subcomisión de la ONU, emitió una resolución sobre la Situación en México y su Evolución solicitando a la Comisión de Derechos Humanos que “a fines preventivos, examine en su próximo período de sesiones la evolución de la situación de los derechos humanos en México” (Subcomisión de Prevención de las Discriminaciones y Protección de las Minorías, 1998).

En Junio de 1998, la entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, emitió un boletín ofreciendo ayuda técnica para el gobierno de México en el marco del desmantelamiento de los municipios autónomos en Chiapas (Robinson, 1998). En respuesta a lo anterior, la SRE señaló que existía una “evidente falta de información de la Oficina del Alto Comisionado” (Aponte, 1998).

En septiembre de ese año la CIDH emitió un muy crítico informe sobre su visita a México (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1998) y debido a la presión internacional que seguía incrementándose, el gobierno de Zedillo emprendió una serie de acciones para disminuir la presión internacional. En 1998 creó la Dirección de Derechos Humanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores (Ruiz, 1999:79) y una Unidad de Coordinación y Enlace encargada de los vínculos con las ONG y el poder legislativo (Misión Permanente de México en Ginebra, 2000). Asimismo, México ratificó varios instrumentos internacionales de derechos humanos, incluyendo la aceptación de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 199837_{, y se presentó el Programa Nacional}

de Promoción y Fortalecimiento de los Derechos Humanos (Misión Permanente de México en Ginebra, 2000:1). Adicionalmente, se hizo una invitación a Mary Robinson entonces Alta Comisionada, para que visitara México.

37 _{Firma de la convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de}

Discriminación contra las personas con Discapacidad, junio de 1998; Ratificación de la Convención Interamericana para la Prevención, Castigo y Erradicación de la Violencia contra la Mujer “Convención Belem Do Pará” el 12 de noviembre de 1998; Ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares el 9 de marzo de 1999; Retiro de reserva a la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada y Retiro de la Declaración interpretativa a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer el 9 de diciembre de 1998.

Durante 1999, la presión internacional siguió incrementándose. La Unión Europea – gracias al cabildeo de la Red TDT- volvió a mencionar a México en la Comisión de Derechos Humanos como una de sus preocupaciones (Höynck, 1999:9-10), y también ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Durante la visita de la Alta Comisionada, en noviembre de 1999, Zedillo firmó un Memorando de Intención para un acuerdo de cooperación técnica entre la OACNUDH y el Gobierno de México. Durante esa visita, así como en el marco de la firma del TLCUEM en Lisboa, Portugal en Marzo del 2000, el gobierno de México admitió por primera vez que existían problemas de derechos humanos en México. Finalmente, en septiembre de 2000, el gobierno de México firmó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Sin embargo, ese mismo año, en respuesta al informe de la Relatora de Ejecuciones sobre su visita a México la SRE señaló que, tanto en su informe como en sus recomendaciones, “la relatora rebasa claramente su mandato al entrar al terreno de los procesos electorales y en el papel que desempeñan, de conformidad con la Constitución, instituciones nacionales como las fuerzas armadas”. El gobierno de México estimó improcedente tales excesos en su mandato “como el plantear la no utilización de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, como el narcotráfico, principal amenaza a la seguridad nacional” (Misión Permanente de México en Ginebra, 2000).