La lucha por el control de la educación de los conservadores contra los radicales resultó en la Revolución de 1876 a 1877. Los conservadores crearon en Bogotá una sociedad llamada “La Re- generación” y nombraron director de la guerra y presidente pro- visorio del Cauca a Sergio Arboleda. La revolución se extendió a Antioquia, Caldas y Cundinamarca, con tropas comandadas por los generales Marceliano Vélez y Joaquín Córdova, mientras por el Gobierno actuaron los generales Aquiles Parra y Julián Tru- jillo. Perdieron los conservadores porque tenían menos fusiles de repetición y ametralladoras que los del Gobierno, y la presi- dencia recayó en manos del general Julián Trujillo, elegido por los estados sin oposición. En veinte años de gobierno radical hubo cuarenta revoluciones locales, veinte gobiernos estatales derrocados por la fuerza y la mencionada guerra civil de 187659.
58 ARTEAGA HERNÁNDEZ, Manuel y ARTEAGA CARVAJAL, Jaime
(1999): Historia política de Colombia, Planeta, págs. 252 a 254. BUSH- NELL, David (2006): Colombia una nación a pesar de sí misma, Planeta, Quinta edición, págs. 173 a 179.
59 ARTEAGA HERNÁNDEZ, Manuel y ARTEAGA CARVAJAL, Jaime
(1999): Historia política de Colombia, Planeta, págs. 290 a 293. PARDO RUEDA, Rafael (2004): La historia de las guerras, Ediciones B Colombia S.A., págs. 291 a 303. BUSHNELL, David (2006): Colombia una nación a pesar de si misma, Planeta, Quinta edición, págs. 180 a 182.
La elección de gobernador la ganó en Santander el conservador Francisco Ordóñez ayudado por las trampas del general Solom Wilches, quien cometió en la lucha electoral cuanto atropello es imaginable, como, por ejemplo, anulación de registros, vo- taciones falsas, violación de urnas, etc. Esto originó una nueva guerra civil en 1885, con la que se reconoce el fin del liberalismo radical. La guerra fue iniciada por los radicales y se extendió al Huila, al Valle, a la costa Caribe y la ciudad de Panamá hasta al- canzar toda la nación, y el presidente Núñez mantuvo el poder vinculando el ejército a las filas conservadoras y entregándoles a sus jefes las armas del Gobierno central. Su régimen se cono- ció como “La Regeneración”, cuya pieza maestra fue la Constitu- ción de 188660.
Sobre materia de orden público la Constitución de 1886 reco- gió los desarrollos que en materia de delito político se habían dado a nivel constitucional, y planteó cláusulas distintivas fren- te a los delitos comunes, los privilegios, las garantías, los indul- tos y las amnistías61. Acerca de las Fuerzas Militares, en su Título
IX señala que su objeto es la defensa del Estado contra todo ataque e invasión enemiga, evitar disturbios y desórdenes pú- blicos dentro de las fronteras y garantizar el acatamiento de la ley. Agrega que, por tanto, todo ciudadano nace soldado de su patria sin distinción de clase, estado o condición, y señala que las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes, en ningún
60 ARTEAGA HERNÁNDEZ, Manuel y ARTEAGA CARVAJAL, Jaime
(1999): Historia política de Colombia, Planeta, pp. 314 a 318. PARDO RUEDA, Rafael (2004): La historia de las guerras, Ediciones B Colombia S.A., págs. 304 a 327.
61 TARAPUÉS Diego Fernando, El delito político en la Constitución
de 1991: una herencia constitucional como herramienta en la búsque- da de la paz, Papel Político Bogotá (Colombia), Vol. 16, N.o 2, julio-di-
caso tienen el derecho a deliberar y siempre deben obedecer las órdenes de sus jefes. De esta parte de la Constitución pode- mos señalar: 1) la misión de seguridad externa continúa siendo la del Estado nación; 2) la misión de seguridad interna dada a las Fuerzas Armadas es la correspondiente a una fuerza policial, explicable porque la Policía apenas estaba en planes de confor- mación; (3) se hizo el primer intento por separar a los militares de la política partidista.
Acerca de la autoridad del presidente sobre las Fuerzas Arma- das, el artículo 120 expresa la función de disponer de la Fuerza Pública y conferir grados militares con las formalidades de la ley que regule el ejercicio de esta facultad; conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere tur- bado; dirigirlo cuando lo estime conveniente, dirigir las opera- ciones de la guerra como jefe de los Ejércitos de la República en calidad de suprema autoridad administrativa62, y si ejerciese
el mando militar más allá de los límites de la capital, el vicepre- sidente se hará cargo de las otras ramas de la administración. Además, proveer la seguridad exterior de la República, defen- diendo la independencia y el honor de la nación y la inviolabi- lidad del territorio. Como se puede confrontar, estas atribucio- nes son aún las mismas, con excepción de lo referido al ejercicio del mando fuera de los límites de la capital al encargar de sus funciones presidenciales al vicepresidente, pero persiste la atri- bución de dirigir las operaciones de la guerra que algunos pre- sidentes han asumido sin diferenciar la estrategia política de la estrategia militar.
Sobre las funciones del Congreso con respecto a las Fuerzas Ar- madas, el artículo 76 señala la facultad de determinar el tamaño
del Ejército cada dos años en sus sesiones ordinarias, y el artí- culo 98 expresa la función de aprobar o improbar los ascensos militares que confiera el Gobierno desde teniente coronel hasta el más alto grado del Ejército y la Armada. Estas funciones con- tinúan en nuestra Constitución con algunas modificaciones, como, por ejemplo, que el tamaño del Ejército no se determina cada dos años y que la aprobación o improbación de ascensos solo se hace para los grados de general u oficial de insignia63.
El Ejército elevó el número de hombres a 6000 y, desde 1891, se fundó una Escuela Militar de Cadetes con el fin de adiestrar un cuerpo apolítico de oficiales con asignaturas tales como topo- grafía, ingeniería civil y agronomía, y la participación de alum- nos liberales y conservadores. Ese mismo año Rafael Núñez na- cionalizó la Policía de Bogotá bajo la dirección de un oficial de la Policía francesa, Jean Marie Marcelino Gilibert, quien ejerció el cargo durante ocho años.
En el ámbito internacional se presentó para el Gobierno nacio- nal de Colombia el primer revés jurídico cuando se produjo el laudo arbitral español del 14 de septiembre de 1891, el cual de- finió las fronteras terrestres con Venezuela y fue aprobado por medio de la Ley 3 de 1882, con el cual Colombia perdió parte de su territorio. Este hecho motivó reclamaciones del Gobierno nacional, resueltas por sentencia del Consejo Federal Suizo en 1922 en favor de Venezuela64.
63 ARTEAGA HERNÁNDEZ, Manuel y ARTEAGA CARVAJAL, Jaime
(1999): Historia política de Colombia, Planeta, págs. 320. PARDO RUE- DA, Rafael (2004): La historia de las guerras, Ediciones B Colombia S. A., págs. 327 a 330. RAMSEY W., Russell (2000): Guerrilleros y Soldados, TM Editores, Segunda edición, págs. 75 a 77.
64 Sociedad Geográfica de Colombia, Tratado, www.sogeocol.edu.
Los artesanos bogotanos convocaron el motín de 1893 en con- tra de las difamaciones incluidas en la publicación Colombia Cristiana, escritas por Ignacio Gutiérrez, en las que atribuía con- ductas viciosas a los artesanos. A esto siguió la conspiración de 1894, liderada por el sastre Antonio Cárdenas, la cual pretendía tomarse los cuarteles del Ejército, la Policía y el Palacio Presi- dencial, interrumpir los telégrafos y el correo, cortar las líneas de teléfonos y detener con grupos especiales al vicepresidente Caro y al ministro de Gobierno, a fin de que conformaran un ga- binete con participación liberal. Este hecho se frustró porque la Policía detuvo la noche anterior al ebanista Bernardino Rangel, quien confesó el plan. Dicha conspiración originó la guerra de 1895, esencialmente liberal y de carácter militar, con un plan parecido al anterior que fracasó por la intervención del gene- ral Rafael Reyes, quien se convirtió en presidenciable. La guerra produjo la división conservadora y fue el primer antecedente a la Guerra de los Mil Días65.
Las elecciones de 1898 las ganó el conservador Manuel Anto- nio Sanclemente y los liberales no vieron otra opción que la movilización armada para acceder al gobierno, pues a pesar de constituir el 20 % del electorado solo tenían un representante a la Cámara y no tenían senadores. El país estaba en quiebra eco- nómica, el cambio del dólar subió un 450 %, el Gobierno dismi- nuyó su número de empleados, redujo el Ejército de 10 000 a 2000 hombres y ordenó la venta de dos buques de guerra. En
65 ARTEAGA HERNÁNDEZ, Manuel y ARTEAGA CARVAJAL, Jaime
(1999): Historia política de Colombia, Planeta, págs. 327 a 328. PARDO RUEDA, Rafael (2004): La historia de las guerras, Ediciones B Colombia S.A., págs. 331 a 337. RAMSEY W., Russell (2000): Guerrilleros y soldados, TM Editores, Segunda edición, págs. 67 a 68.
esta situación, el general Juan Francisco Gómez Pinzón inició la Guerra de los Mil Días en Santander, y le siguieron Valle, Tolima, Boyacá, Bolívar y Cundinamarca.
El general Uribe Uribe, quien al principio trató de aplazar la guerra, se convirtió en comandante de las tropas. Los revolu- cionarios de Uribe ganaron en Peralonso y perdieron en la más encarnizada batalla de la guerra, en Palonegro, donde tras die- ciséis días de lucha —casi toda a machetazos— hubo entre ambos bandos 2500 muertos y 4882 heridos. La derrota trajo como consecuencia para los rebeldes que cambió la modalidad de la guerra y pasó a una etapa de guerrillas por todo el país, de modo que se concentró la guerra en Cundinamarca, Tolima, la costa Caribe y Panamá, donde finalmente se firmó el acuerdo de paz en 1902 a bordo del acorazado Wisconsin que coman- daba el vicealmirante Silas Casey. Hubo entre 100 000 y 150 000 muertos en estos mil días de guerr,66 y se perdió el departamen-
to de Panamá, el cual logró su independencia gracias a la ayuda de los Estado Unidos.
De la observación de las guerras sucedidas en el siglo XIX nos queda la confirmación de lo siguiente:
• Las guerras se presentaron porque los caudillos políticos pre- tendían definir la forma territorial del Estado como centralis- ta o como federalista.
66 ARTEAGA HERNÁNDEZ, Manuel y ARTEAGA CARVAJAL, Jaime
(1999): Historia política de Colombia, Planeta, págs. 332 a 335. PARDO RUEDA, Rafael (2004): La historia de las guerras, Ediciones B Colombia S.A., págs. 338 a 366. RAMSEY W., Russell (2000): Guerrilleros y soldados, TM Editores, Segunda edición, págs. 68 a 74. BUSHNELL, David (2006):
Colombia una nación a pesar de si misma, Planeta, Quinta edición, págs. 205 a 213.
• En la confrontación entre el Ejército centralista y los ejérci- tos estatales de hacendados y generales caudillos, el primero tuvo amplia participación de indígenas y negros, a quienes se les ofreció a cambio la libertad, constituyéndose el Ejército en un mecanismo de ascenso social y de formación de otras clases sociales diferentes a las de los esclavos.
• Los caudillos eran, a su vez, los jefes militares, quienes para
detentar el poder hicieron uso de las armas e impusieron sus ideas sin importar la suerte de la nación.
• Las Fuerzas Militares cumplieron la función que histórica- mente se les había asignado: defender al Gobierno. Esto, pues aún entonces, constitucionalmente, el soberano era el Estado y los ciudadanos estaban allí para su engrandeci- miento.
• El Ejército apoyaba siempre al presidente de la nación o de su
Estado para ganar el poder de la nación sin una idea de for- talecimiento económico y social, sino de alcanzar la unidad ideológica de sus partidos.
• El Ejército solo tenía capacidad para actuar internamente
pero carecía de cualquier capacidad de enfrentar a un ene- migo externo por falta de medios económicos de la nación, empobrecida por los efectos de la guerra permanente.