RIESGOS A NIVEL COMUNITARIO

“Aunque no existen datos oficiales, las personas entrevistadas

coinciden en que la mitad de los habitantes de Junín está ahora a favor de la minería. Óscar divide los tablones de la mesa con la cuchilla de su machete, dice que la comunidad tiene que darse cuenta de que el Gobierno logra lo que quiere, si no es de una forma

es de otra” (Kamchatka, 2014)

Aunque la definición del término comunidad engloba un amplio debate sociológico que desde diversas corrientes relaciona al concepto con “un tipo ideal, una realidad socio- histórica, un ideal regulatorio [o hasta] un proyecto político” (Bialakowsky, 2010) para fines metodológicos se define a la comunidad como “una red enmarañada de interacciones humanas (…) [que dotan de sentido y propósito a las acciones]” (Bauman, 2008, pág. 22). Se entienden por riesgos a nivel comunitario aquellos que pueden generar desintegración social, debilitamiento de la organización local, menor nivel de participación política de la comunidad en la toma de decisiones o menor capacidad de diálogo.

En Intag las relaciones, dinámicas e incluso costumbres comunitarias han tenido por mucho tiempo fuertes impactos ligados a la posible ejecución de actividades mineras. En un primer momento con la entrada de Bishimetals (1994) este tema fue un eje articulador de la organización social, pero con la llegada de la empresa Ascendant Cooper (2004) los criterios a favor o en contra se expresaron en conflictos que fragmentaron a las comunidades y generaron un ambiente de tensión y dolor que aún sobrevive en la memoria de los individuos. Con este antecedente la propuesta de explotación minera auspiciada por el gobierno actual tocó un tema muy sensible para el territorio, potenciando las probabilidades de que ocurran nuevos conflictos a nivel comunitario.

Un informe ejecutivo presentado por un colectivo de investigación y acción psicosocial asevera que “las personas entrevistadas (…) refieren a dos hechos concretos que evidencia de forma más clara la alteración de sus vidas: la entrada de paramilitares en

80 el año 2006 y el ingreso de la policía en Mayo del 2014” (Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial, 2014).

AÑO 2006 AÑO 2014

Fuente: Coordinadora zonal de Intag,2011 Fuente: Diario El Comercio, 2014

¿Qué ha significado para las comunidades vivir esta situación por dos ocasiones?, el informe mencionado nos da una posible respuesta al mostrar los porcentajes de sufrimiento mental hallados en las personas evaluadas:

De los niños/as y adolescentes evaluados, el 54,8% presenta sufrimiento mental leve, mientras el 45,2% puntúa con sufrimiento mental moderado. Llama la atención que no existe ningún niño/a adolescente puntuado en normalidad. Existe un preocupante 57% de los adultos puntuando en sufrimiento mental severo, a este valor se suma el dato de quienes puntúan en sufrimiento mental moderado (Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial, 2014).

Por otro lado, la organización comunitaria hasta el 2010 era compleja y diversa (Ver tabla No.5) una de las explicaciones es que a raíz de que la problemática fue conocida a nivel internacional, el apoyo de organismos no gubernamentales se multiplicó. Esto marca una diferencia con lo ocurre actualmente, pues aunque no se tienen datos exactos de las organizaciones que perviven en la zona, es visible la disminución de la organización comunitaria fortalecida por las alianzas internacionales. Esto debido a varios factores, entre ellos la salida de un sinnúmero de ONG’s del país y la menor

81 inversión de fondos para proyectos de desarrollo en el Ecuador, al no considerarlo como un país subdesarrollado, de acuerdo a los parámetros del PNUD (Agencia de noticias Andes, 2013).

De igual manera, una de las debilidades para sostener el tejido organizativo de la zona –según lo que se puede percibir_– ha sido la imposibilidad de las organizaciones de democratizar los beneficios y proyectos que se han generado, así como su lenta transformación en función de las demandas movilizadoras de las personas, esto ha alimentado la idea de que “las organizaciones solo sirven para beneficiar a pocas familias” (Entrevista08, 2014)

A continuación se presenta un cuadro que expone una síntesis de los riesgos identificados a nivel comunitario en contraste con las políticas del plan nacional del Buen Vivir 2013 – 2017.

Cuadro No. 6 (resumen)

Riesgos a la seguridad de las comunidades

POLÍTICAS PLAN BUEN VIVIR RIESGOS A LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD

Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular 1.3. a. Afirmar el carácter público de las

entidades estatales, consolidando la regulación y el establecimiento de límites a los grupos de interés y de presión, con miras a la eliminación de las prácticas rentistas del Estado burgués.

Los programas sociales sobre todo el bono de desarrollo humano tienen una importante cobertura en Intag ver tabla No. 3, pero se ha utilizado como un mecanismo de chantaje y cooptación por parte algunas autoridades locales, pues se amenaza con quitar el bono si no se está de acuerdo con la implantación de proyectos estratégicos (Entrevista03, 2014).

1.9. Consolidar la participación ciudadana en los procesos de elaboración de políticas públicas y en el relacionamiento Estado-sociedad.

h. Promover procesos de interlocución de las diversas instancias del Estado a nivel central y territorial, con el tejido social organizado.

A pesar de tener el derecho de disentir, la protesta de las personas de Intag no ha sido escuchada ni tomada en cuenta.

Sobre el ingreso de policías a Intag y la oposición de algunas comunidades se afirma:

“Esto es un enfrentamiento de Estado contra

82 tener una idea diferente del desarrollo, de país

y de mundo” (Entrevista04, 2014).

1.12. Fomentar la autoorganización social, la vida asociativa y la construcción de una ciudadanía activa que valore el bien común.

a. Promocionar la creación y el fortalecimiento de organizaciones, colectivos, movimientos sociales, asociaciones ciudadanas, redes populares y demás grupos de acción ciudadana.

A muchos habitantes les gustaría mostrar su apoyo a las personas de Junín y a Javier Ramírez, pero temen hacerlo y han evitado participar en algún acto público, de esta manera se está minando la autoorganización y la solidaridad entre comunidades, estos mecanismos pueden ser considerados como violencia política (Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial, 2014).

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad

2.5. Fomentar la inclusión y cohesión social, la convivencia pacífica y la cultura de paz, erradicando toda forma de discriminación y violencia.

h. Establecer mecanismos que propicien la veeduría ciudadana para prevenir la impunidad en temas de violencia, discriminación, racismo y vulneración de derechos.

Aun cuando la veeduría ciudadana es un mecanismo contemplado en el objetivo No.2 del PNBV, la veeduría mantenida por la CEDHU en Intag fue deslegitimada por Correa al descalificar a dos observadores de DDHH,

sobre ello la CEDHU replicó: “Las actividades

abiertas de la CEDHU y de la Red de

Observadores de Solidaridad con Intag (…)

son: actividades de observación en Intag ante probables vulneraciones a derechos

humanos” (Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, 2013)

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población 3.8. Propiciar condiciones adecuadas

para el acceso a un hábitat seguro e incluyente.

d. Establecer y difundir prácticas solidarias y de respeto a los derechos que eviten posibles conflictos en los ámbitos familiares y comunitarios.

k. Generar espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones con respecto a la planificación y a la priorización de intervenciones locales.

“[la amenaza] ahora es el gobierno, antes era

la empresa privada, entonces contra la empresa privada se peleaba, con el marco jurídico, se peleaba con el tema de invasión sin previa autorización, se pelaba con el

ministerio de medioambiente (…), pero hoy no

pues, ¿quién es el dueño del MAE? el gobierno, ¿quién es el dueño de ENAMI? el gobierno. Entonces realmente, aquí no hay

una igualdad de lucha” (Entrevista10, 2014).

Objetivo 6: Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos

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c. Coordinar estrategias

interinstitucionales que permitan reducir la vulnerabilidad social, la violencia y la delincuencia en el territorio.

“La gente se siente incompetente de luchar

contra el Estado, porque cuántos criminales han salido libres e incluso se han ido tal vez riendo de las cosas que han hecho, pero Javier sigue preso, eso es un tema político (…) para que la gente tenga pánico a la lucha

y cualquier enfrentamiento que haya la gente

no salga” (Entrevista10, 2014)

6.8. Promover una cultura social de paz y la convivencia ciudadana en la diversidad. a. Fortalecer la organización comunitaria para la convivencia pacífica y el respeto de los derechos de las personas, las comunidades, los pueblos, las nacionalidades y los colectivos.

“Nuestra posición se basa en que se cumplan

los acuerdos. No es posible que un día estemos dialogando y al otro día incursiona la Policía o al otro día le meten preso a un dirigente. Se lo hemos dicho al vicepresidente: hay que bajar los niveles de violencia, hay que

crear un clima de confianza” (Diario La Hora, 2014)

Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible 8.9. Profundizar las relaciones del Estado

con el sector popular y solidario

k. Fomentar el turismo comunitario y el turismo social.

“A raíz de que los policías llegaron a la zona el turismo bajó muchísimo, dos grupos grandes nos cancelaron y a algunos turistas que iban a la reserva ecológica de Junín los

regresaron” (Entrevista04, 2014)

Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva a. Impulsar y fortalecer las industrias

estratégicas claves y sus

encadenamientos productivos, con énfasis en aquellas que resultan de la reestructuración de la matriz energética, de la gestión soberana de los sectores estratégicos y de las que dinamizan otros sectores de la economía en sus procesos productivos.

Dentro de las industrias estratégicas que se quieren consolidar en Intag, están: una empresa minera a cargo de ENAMI –

CODELCO; la hidroeléctrica Manduriacu y la subestación Vacas Galindo. Sobre la última, en una conversación mantenida con representantes de Emelnorte, ellos señalaron:

“venimos de Vacas Galindo haciendo una

socialización de una subestación que se va a construir en la parroquia, es para dar energía

a la mina de Junín (…) [entrevistadora] ¿Y la gente está de acuerdo? Si, va a mejorar la electricidad, pero quizá la gente no está de

acuerdo con el trasfondo de este proyecto”

(Entrevista09, 2014)

Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica

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a. Aprovechar el potencial energético basado en fuentes renovables, principalmente de la hidroenergía, en el marco del derecho constitucional al acceso al agua y de la conservación del caudal ecológico.

La transformación productiva se la está llevando a cabo como parte de proyectos nacionales que no toman en cuenta los procesos que ya se han dado en Intag sobre

el tema. Sobre esto Jomar Cevallos dice “En

la zona siempre hemos apostado al turismo, a las pequeñas hidroeléctricas, al

aprovechamiento de los bosques (…)” (Diario La Hora, 2014)

r. Identificar los recursos y la infraestructura estratégica del Estado como elementos de seguridad nacional.

“Militarizar la zona es una provocación, meter una empresa a la fuerza es provocación, es lo mismo que si van a su casa y quieren robarle a la fuerza, y si usted tiene algo con que defenderse, se defiende. Intag es casa de los

finqueros, de los propietarios” (Entrevista10, 2014)

Fuente: Elaboración propia, con elementos tomados del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017.