Sobre la ruta de tránsito

En junio de 1978 el entonces Ministerio de Planificación y Política Económica (MIPPE) publicó un estudio tituladoEl desarrollo nacional y la recuperación de la Zona del Canal. En ese entonces el ministro de esa cartera de Estado era el economista Nicolás Ardito Barletta futuro presidente de la República, postulado por una alianza oficialista encabezada por el PRD. En el citado documento se sostenía que el nuevo tratado traería nuevas posibilidades de desarrollo para Panamá. Con el Tratado,

“se abre así la posibilidad de acciones específicas para el desarrollo económico y social y la mejor integración nacional gracias a los nuevos instrumentos físicos (territorio e instalaciones recuperadas) e institucionales (nuevas formas de administración) disponibles y, en particular mediante un aprovechamiento intensificado de la posición geográfica. Las nuevas posibilidades de acción, enmarcadas por los acuerdos contenidos en los Tratados sobre el Canal de Panamá, representan un estimulante desafío a la colectividad nacional”52.

En este planteamiento, se descubren algunos elementos que dan pistas sobre los antecedentes y desafíos hacia el futuro que explican la determinada posición del PRD con respecto a la ruta panameña. En primer lugar destaca la correlación entre el desarrollo nacional y el desmantelamiento de la Zona del Canal. Punto de álgido conflicto que fue la variable que enfrentó a los partidos de la derecha tradicional con los sectores socioeconómicos que se expresaban en el PRD. Un segundo elemento lo es que dicho desmantelamiento permitiría un aprovechamiento más intensivo de la posición geográfica, como una totalidad y no sólo circunscrita al bien canalero que, como ya se ha sostenido, sólo es una de las formas tecnológicas de aprovechamiento de la condición ístmica de Panamá. El tercer elemento se refiere a la

variable político-organizativa, en tanto que se hace un llamado a la unidad nacional frente al problema de la recuperación de la Zona del Canal.

Este último elemento merece algunas líneas puesto que, según lo desarrollado en esta investigación, es el elemento explicativo de la relación ruta de tránsito-desarrollo nacional. En efecto, como se perfiló en el comunicado del Partido del Pueblo en 1958, ciertos sectores sociales con representación política organizada se habían apropiado y re-inventado la noción de desarrollo social/nacional. Dichos sectores, sobre todo de la pequeña burguesía, se dieron a la tarea de construir un proyecto político contrahegemónico. Y, sobre todo, es necesario insistir en la correlación descubierta entre la burguesía y los Estados Unidos. En efecto, el Partido del Pueblo señalaba que “la contradicción interna, de las masas con la Guardia Nacional y el gobierno particularmente, halla su origen en el carácter reaccionario de los procedimientos seguidos por la burguesía nacional para su desarrollo. Recuérdese que no vaciló en negociar un tratado antinacional (el de 1955) en busca del mercado de la Zona del Canal”53.

No es difícil apreciar, entonces, que la lucha contra los Estados Unidos incluía la lucha contra la burguesía nacional. En su “ideario”, Omar Torrijos intentó dar vuelta a este conflicto sumándose a la lucha contra la presencia de los Estados Unidos. Para ello, articuló un gran movimiento nacional, policlasista y multisectorial. Una de las consignas seguidas fue que “a los bienes del Canal y a los bienes revertidos, se les dará el uso más social y colectivo posible”. En el PRD se cristalizó este lenguaje policlasista y de alianza nacional. Las demandas del movimiento nacionalista y popular a partir de la década de 1964, se manifestaron en el rechazo a la propuesta de tratados de 1967 porque no contemplaban la salida de los Estados Unidos de suelo panameño. No se hace relevante que importantes aspectos fuesen abordados, como una mayor anualidad o mayor participación panameña en el intercambio comercial con la Zona del Canal. Lo relevante es que el movimiento popular exigió la salida de los Estados Unidos. Es decir, un cambio en la estructura de propiedad de la ruta y del bien canalero.

Visto este escenario, entonces, parece importante destacar que la propuesta de los militares de recomponer la hegemonía perdida en la década de 1960, respondía a la necesidad de desarticular el poder que ganaba el movimiento popular. En la década de 1970, advierte el jurista

Simeón González, hubo un pacto entre las más importantes fuerzas sociales del país “cuyo telón de fondo los constituía un movimiento social ‘tranquilizado’ por las políticas redistributivas (…) y por la política proteccionista del Estado en las que el populismo torrijista hacía las veces de un Estado de bienestar, en las condiciones y limitaciones de un país subdesarrollado”54. En cierta forma, entonces, el PRD expresa esta desmovilización de importantes sectores sociales de Panamá en función de un objetivo estratégico: la firma de nuevos tratados y el proceso de ejecución de los mismos. Es necesario recordar lo planteado por Zamora en cuanto a la ‘naturaleza’ de los partidos oficiales en tanto mecanismos para mantenerse en el poder y no para competir, dentro del rejuego formal democrático, con otras fuerzas políticas.

Para Simeón González, la dictadura militar iniciada en 1968 se reconvirtió “a través de las reformas constitucionales, el reacomodo de la legislación electoral y de los propios procesos electorales (1980, 1984 y 1989)”. Señala González que “se trataba, sin duda, de una transición propuesta desde el poder” y, por tanto, requería construir importantes alianzas nacionales. El instrumento político para lograrlas fue el PRD. Recuérdese, en este sentido, el discurso de Bethncourt en el que propuso una gran alianza entre los militares y el partido. De nuevo advierte González sobre la fragilidad de la misma en este período de crisis. En efecto,

“la ruptura del consenso en la alianza gubernamental (fundada a partir de 1985) y el deslizamiento de importantes fracciones de la burguesía, clase media y de los sectores populares hacia el campo de la oposición provocan, incluso, la ruptura del aparato armado en tres momentos de larga coyuntura”55.

Este contexto de desintegración a lo interno de los aparatos de poder, así como la desintegración de las estructuras orgánicas (el partido), tienen importantes expresiones en cuanto a la movilización social del último lustro de la década de 1980. Estas movilizaciones fueron de tal magnitud que logran paralizar las instituciones del Estado a mediados de 1989. Y, en este mismo escenario, se celebraron las elecciones de 1989 cuyos resultados fueron adversos al aparato militar que controlaba al Estado y a las fuerzas políticas que se agruparon en torno al PRD, que eran las bases sociales sobre las que se asentaba el régimen militar. La victoria fue para la alianza de oposición, liderada por el arnulfismo. La derrota de 1989 expresaba, a su vez, la crisis de hegemonía existente.

Ni las fuerzas militares, ni las organizaciones sociales o políticas pudieron detener la erosión de la base social y popular del PRD, conquistada en la década de 1970. La anulación de las elecciones de mayo de 1989 produjo la ruptura definitiva con las fuerzas de la oposición. Las movilizaciones iniciaron un proceso de reacomodo con el objetivo de derrocar al régimen militar. Sin embargo, “la invasión de 1989 impide que ese movimiento democrático derrumbe a la dictadura y se transforme en un mecanismo de estabilidad social y política”56. El golpe de 1989 (la invasión), añade González, “se dirigió contra la cúpula de un gobierno autoritario y aislado y sin fuerza social y sólo apoyado en las instituciones armadas, es decir, políticamente derrotado”57.