Sistema de bonus-malus en el aseguramiento de costes y

eficacia de la responsabilidad pública en prevención de riesgos laborales

3. La necesaria combinación de seguridad jurídica, racionalización de los costes empresariales y justicia material de las víctimas de accidentes de trabajo

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14 _{Este estudio se enmarca en las investigaciones realizadas en el Proyecto DER2009-09705} (subprograma JURI) del Ministerio de Ciencia e Innovación dirigido por Jesús Lahera Forteza.

RESUMEN

El sistema español de compensaciones económicas derivadas de los accidentes de trabajo tiene importantes deficiencias, que se pueden sistematizar en tres grandes problemas : inseguridad jurídica en la aplicación de las reglas, sobrecostes empresariales con un alto grado de descoordinación de las indemnizaciones civiles y recargos con el sistema de seguridad social y ausencia de justicia material de las víctimas de accidentes de trabajo, sobre todo en supuestos de insolvencia de la empresa responsable. A partir de este diagnóstico, la intención de este estudio es proponer una serie de reformas en el sistema de compensaciones económicas derivadas de accidentes de trabajo dirigidas a lograr una combinación más razonable entre seguridad jurídica en las reglas, racionalización de los costes empresariales, coordinación con la seguridad social y justicia material para las víctimas, con técnicas añadidas que no minoren la prevención de riesgos laborales. En síntesis, las medidas propuestas son las siguientes : 1) La unificación de todas las reclamaciones judiciales de responsabilidad civil de accidentes de trabajo en el orden social, manteniendo la doble vía contractual y extracontractual ;2) la admisión de la responsabilidad por riesgo tasada en los accidentes de trabajo; 3) el seguro privado obligatorio de responsabilidad civil por riesgo con primas en función de la siniestralidad y la posibilidad de reclamaciones judiciales cuando existe culpa empresarial;4) el baremo legal de accidentes de trabajo con cuantificaciones seguras, justas y actualizadas anualmente ;5) el cómputo de intereses legales por mora más el 50 por 100 desde el accidente para las entidades aseguradoras ;6) el aumento de las prestaciones sociales por contingencias profesionales hasta cubrir el total del lucro cesante derivado del accidente de trabajo y su consiguiente reducción respecto de las indemnizaciones civiles ;7) la supresión del recargo con contrapartidas en forma de vías de repercusión frente al empresario de los gastos de prestaciones sociales por parte de la seguridad social ante incumplimientos de la prevención de riesgos laborales; 8) un mejor acomodo procesal de las reclamaciones judiciales de indemnizaciones civiles con culpa empresarial;9) técnicas de bonus-malus en el aseguramiento privado de la responsabilidad empresarial y en el sistema de seguridad social en conexión con la siniestralidad laboral. Estas propuestas, desarrolladas en este estudio, armarían, a nuestro juicio, un más seguro, racional, ágil y justo sistema de compensaciones económicas derivadas de accidentes de trabajo.

1. Breve diagnóstico de los problemas del sistema de compensaciones económicas en los accidentes de trabajo

El sistema de compensaciones económicas derivadas de los accidentes de trabajo tiene importantes deficiencias, que se pueden sistematizar en tres grandes problemas : inseguridad jurídica en la aplicación de las reglas, sobrecostes empresariales con un alto grado de descoordinación con el sistema de seguridad social y ausencia de justicia material de las víctimas de accidentes de trabajo. Como hemos desarrollado con detalle en un reciente libro (GUTIÉRREZ-SOLAR CALVO,B;LAHERA FORTEZA,J, 2009, pp. 3 y ss) estos tres problemas del sistema tienen manifestaciones concretas que nos limitamos sólo aquí a apuntar con brevedad.

1.1 Inseguridad jurídica

El sistema de compensaciones económicas tiene, en su aplicación, una gran inseguridad jurídica derivada, en parte, de la constante presencia de criterios jurisprudenciales contradictorios ante supuestos de hecho idénticos. La, normalmente asumida, salvo excepciones, doble competencia del orden social y del orden civil en las demandas de responsabilidad civil en accidentes de trabajo, sin contar con una posible competencia del orden penal en caso de delitos, facilita esta dispersión de criterios y genera un alto grado de inseguridad jurídica.

Sin mencionar ahora las soluciones discrepantes ni las sentencias de referencia, resulta suficiente apuntar la presencia de doctrinas distintas en el tratamiento de la propia competencia judicial, en el fundamento contractual o extracontractual de la demanda de responsabilidad civil, en la dinámica probatoria de una responsabilidad que se mueve constantemente entre el riesgo y la culpa, en la coordinación entre las indemnizaciones civiles y las prestaciones sociales, en la aplicación analógica de baremos de daños, en la articulación de interes por mora, en la propia cuantificación de los daños y en el análisis de la concurrencia de culpas, tanto del trabajador como de otras empresas en el marco de una compleja y mal resuelta, material y procesalmente, responsabilidad solidaria entre empresas concurrentes en el accidente laboral. Las soluciones a todos estos problemas suelen ser diferentes entre la sala civil y la social del TS, con, en ocasiones, tímidos acercamientos (con jurisprudencia reciente, JURADO SEGOVIA,A, 2009, pp.51-56), luego casi siempre desmentidos por sentencias posteriores. Pero la inseguridad jurídica no sólo reside en esta dualidad competencial porque también dentro de cada orden se aplican, a veces, reglas distintas, siendo un ejemplo claro la tensión probatoria entre riesgo y culpa (GUTIÉRREZ-SOLAR CALVO,B, 2004, pp.98 y ss) o criterios de difícil fundamentación jurídica como sucede con la premisa sancionadora del recargo de

prestaciones y su compatibilidad con las indemnizaciones civiles(DESDENTADO BONETE,A, 2007, pp.483-499).

El sistema de responsabilidad civil en accidentes de trabajo tiene inseguridad jurídica en, prácticamente, todos sus elementos de configuración, sin que exista un conjunto de reglas y criterios judiciales cerrados. A la casuística inherente a los accidentes laborales, donde los hechos probados condicionan las soluciones judiciales, se une esta gran inseguridad jurídica que perjudica a los operadores jurídicos, las empresas y a las propias víctimas de accidentes. Es necesario, por tanto, dotar de una mayor seguridad jurídica a un sistema esencialmente inseguro en sus reglas y criterios judiciales.