Sin duda, el ámbito que se reveló más sensible dentro del nuevo marco glotopolítico diseñado por el Estatuto y la Ley de Normalización Lingüística de Galicia fue la enseñanza. Las principales previsiones de la LNLG en este terreno están contenidas en los artículos 13 y el último párrafo del 14:
Artículo 13, 1. Los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua materna. […] 13, 2. Las autoridades educativas de la Comunidad Autó- noma arbitrarán las medidas encaminadas a promover el uso progresivo del gallego en la enseñanza. 13, 3. Los alumnos no podrán ser separados en centros diferentes por razón de la lengua. También se evitará […] la separación en aulas diferentes.
14, 3. Las autoridades educativas de la Comunidad Autónoma garantizarán que al final de los ciclos en que la enseñanza del gallego es obligatoria, los alum- nos conozcan este, en sus niveles oral y escrito, en igualdad con el castellano.
Salta a la vista que entre las previsiones recogidas en 13,1 y 13,3 existe una contradicción: la única manera de que los y las escolares reciban su primera enseñanza en su lengua familiar es que se encuentren en aulas en que todos/as hablen el mismo idioma, lo que obligaría a su separación en aulas distintas en función de aquella. En realidad, la previsión 13,3, que apunta a un modelo lingüístico educativo de conjunción (Argelaget 1998), está calcada de la Ley de Normalización Lingüística de Cataluña de 1983 (artículo 14, 2 y 5, a), si bien en esta, más cautamente, se estipula que «la Administración debe tomar las medidas convenientes para que los alumnos no sean separados en centros dis- tintos por razones de lengua» (art. 14, 5, a). La previsión de la ley catalana tenía sentido en el contexto de una política orientada hacia un modelo en el que se contemplaba que el catalán se acabaría convirtiendo en la lengua vehicular ge- neral de la enseñanza, de manera que aquella previsión estaba destinada a evitar que «bolsas» de castellano-hablantes quedasen al margen de ese modelo. En el caso de la ley gallega, teniendo en cuenta que la generalización del gallego como lengua vehicular no estaba en el horizonte (en realidad, no existía un horizonte claro), esta previsión carecía de sentido, como se acabó demostrando. Por otra parte, la LNLG marca un objetivo concreto (art. 14, 3), que al final de la enseñanza obligatoria los estudiantes tengan un nivel de competen- cia oral y escrita igual en ambas lenguas. En realidad, tuvieron que pasar más de veinte años para que se empezase a comprobar hasta qué punto el modelo lingüístico estaba siendo eficaz para la consecución de este objetivo.
La política que se siguió en el ámbito educativo podemos calificarla «de mínimos», no tanto por la lentitud y el modesto alcance de las medidas pau- latinamente aprobadas por la Xunta, sino porque estas se limitaban a prescri- bir mínimos (Silva 2012). Luego de la generalización del aprendizaje de la lengua gallega en los ciclos educativos obligatorios (1983), un decreto de 1987 fue el que abrió el camino para el lento avance de la normalización del gallego como lengua vehicular, al estipular un mínimo de una materia impartida en gallego además de la lengua y literatura gallegas. Posteriormente, ya durante el mandato de M. Fraga, se dio un paso importante con el decreto de 1995, que estipulaba la impartición en lengua gallega de un mínimo de un tercio de las materias. La verdad que estas normas fueron más orientativas que compulso- rias (Losada 2012), pero, como veremos, en el medio plazo fueron efectivas, al menos en el ámbito de los centros públicos y concertados (gráfico 7). Por el lado positivo, los sucesivos decretos no establecían un límite máximo para el
uso del gallego, de manera que legalmente era posible dar toda la docencia en gallego, con la excepción de la materia de lengua y literatura castellanas. Por el lado negativo, fueron frecuentes las denuncias —nunca investigadas— de un alto nivel de incumplimiento en la enseñanza privada y, en menor medida, en la concertada. En la red pública el seguimiento de la norma fue más elevado, especialmente en la enseñanza básica y en la formación profesional, aunque no tanto en la enseñanza media.
El Plan General de Normalización de la Lengua Gallega de 2004 preveía el incremento del umbral mínimo de uso del gallego como lengua vehicular en los niveles obligatorios de enseñanza hasta en 50%. En coherencia con esta previ- sión, el decreto de 2007, aprobado por el gobierno de coalición PSdG-BNG, establecía este umbral mínimo, pero además estipulaba que el porcentaje de docencia en gallego debía cubrirse en las materias centrales del currículum (ma- temáticas, conocimiento del medio, educación para la ciudadanía en primaria; ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, geografía e historia, matemáticas y educación para la ciudadanía en la Educación Secundaria Obligatoria), evitando la posibilidad de hacerlo solamente con las «colaterales». En principio, para la aprobación de este decreto —conocido como «del bilingüismo»— el gobierno buscó el consenso del Partido Popular, en la oposición, pero este se desmarcó y, al contrario, lanzó una feroz campaña en contra, que encontró eco en otros partidos (como Unión Progreso y Democracia, que carecía de representación en Galicia) y en colectivos que, bajo distintas denominaciones, venían oponiéndo- se con tenacidad a la normalización del gallego, al principio con eco público escaso, pero cada vez más creciente, sobre todo desde el segundo mandato de Aznar: Asociación Gallega por la Libertad de Idioma, Galicia Bilingüe…
El nuevo liderato del PP de Galicia, encarnado en Alberto Núñez Feijoo, que renovó el partido tanto en personas como en discursos, colocándolo en plena en sintonía con el PP central (dirigido entonces por Mariano Rajoy), y temeroso de la competencia electoral de nuevos partidos como UPyD, encon- tró en el debate lingüístico uno de sus principales elementos de desgaste del gobierno progresista-galleguista. La campaña por la «libertad de lengua» y contra la «imposición del gallego» experimentó un salto cualitativo para si- tuarse en el centro de la agenda política (Monteagudo en prensa). Los puntos álgidos se alcanzaron con la convocatoria de una manifestación en Santiago en febrero de 2009 —a las puertas de la campaña electoral de los comicios auto- nómicos, las masivas movilizaciones convocadas por la plataforma «Queremos galego» a lo largo de 2009 y la aprobación del nuevo decreto en mayo de 2010 denominado «del plurilingüismo», pues preveía la docencia en gallego, caste- llano e inglés—, que se convirtió en el emblema de la nueva política reactiva
contra el gallego y a cuyos efectos sobre la presencia del gallego en la enseñan- za nos vamos a referir enseguida.
Los avances en la introducción del gallego en escuelas, colegios e institutos dependieron en un alto grado del compromiso del profesorado y del contexto sociolingüístico de los centros. En las escuelas, institutos y centros de Formación Profesional situados en localidades o comarcas con elevada presencia del gallego fue más fácil implantarlo como lengua vehicular de buena parte del currículo, y esto ocurrió en bastantes casos; al contrario, en las ciudades y comarcas más caste- llanizadas era más difícil, y en general avanzó mucho menos. Para ofrecer una es- timación cuantitativa de carácter global, ofrecemos datos de las encuestas del Ins- tituto Galego de Estatística de 2003, 2008 y 2013 (gráfico 7). Los datos correspondientes a los períodos 1980-1993, 1985-1998 y 1990-2003 recogen las respuestas sobre el idioma en el que habían recibido las clases las personas entre 16 y 29 años. Calculamos que los comienzos de la escolarización de estas personas ocurrieron a la edad de seis años: esto es, un individuo que tenía 29 años en 2003, había nacido en 1974 e iniciado su escolarización en 1980. Para los años 2003, 2008 y 2013, recogimos las respuestas sobre el idioma en el que recibían las clases las personas de 5 a 16 años en el momento de realización de la encuesta.1
GRÁFICO 7
EVOLUCIÓN DEL USO DEL GALLEGO Y EL CASTELLANO COMO LENGUA VEHICULAR DE LA ENSEÑANZA
Fuente: IGE 2003, IGE 2008, IGE 2013.
1 Téngase en cuenta que la unidad de muestra es la familia, por lo tanto, la información es
En el gráfico se observa un incremento gradual de uso del gallego en la docencia, especialmente notable a lo largo de la década de 1990, hasta alcan- zar alrededor de 1/3 a finales de esa década. En 2003 está próximo a igualarse al del castellano (49,00% de enseñanza sólo o mayoritariamente en gallego). Entre 2003 y 2008 se produce un avance aun mayor, cuando la docencia en gallego se sitúa por encima de los 2/3 (71,80%) con el Decreto de bilingüismo de 2007. Posteriormente, ya con el Decreto del plurilingüismo de 2010 en vigor, retrocede hasta quedar en un porcentaje ligeramente superior al 50%. El polémico Decreto del plurilingüismo de 2010, pieza clave en la nueva po- lítica de freno de la normalización lingüística del Partido Popular, preveía la celebración de una consulta anual a las familias sobre la lengua de la enseñan- za en primaria, y el uso como vehicular de la lengua mayoritaria de los escola- res en cada aula. En la ESO y Bachillerato el reparto debería hacerse en tres tercios entre el gallego, el castellano y el inglés y en los casos en que no se pudiese cubrir el porcentaje de inglés, que se estipulaba que se hiciese a partes iguales entre el gallego y el castellano. En la práctica, el Decreto supuso impo- ner el castellano en la primaria en buena parte de los centros de Galicia (ex- ceptuando los de ámbito más rural) —contraviniendo lo estipulado en la LNL sobre el derecho a recibir la primera enseñanza en la lengua inicial de los escolares—, y un modelo de reparto al 50% entre gallego y castellano en la ESO y el Bachillerato; con la probable pero no comprobada excepción de los centros privados, en los que el gallego tiene una presencia muy inferior. En numerosos centros de enseñanza pública de los pueblos grandes y ciudades dotados de centros de enseñanza media, este decreto significó un retroceso importante de la presencia del gallego.