En todos los regímenes políticos presidencialistas, el jefe de gobierno y jefe de Esta- do están fundidos en la figura del Presidente de la República, que es elegido por sufra- gio universal, directo y secreto. Este es también el caso peruano, bajo las siguientes características del sistema electoral:
2.1. T
IPODECANDIDATURAYDEVOTACIÓN.
El tipo de candidatura es de lista cerrada y bloqueada. Está constituida por un candi- dato a la presidencia y dos para sendas vice-presidencias32. El elector vota por la lista
2.2. P
ERIODODELMANDATOYREELECCIÓN.
La duración del mandato es de cinco años, sin posibilidad de reelección inmediata. Por lo que el Presidente de la República no podía mantenerse en el poder sino por un periodo. Sin embargo, luego del autogolpe de 1992, la Constitución de 1993 modificó este articulado histórico para permitir la reelección presidencial inmediata, con la posibilidad de crear –como sucedió– uno de los periodos presidenciales más largos de la región. El efecto mayor fue la disminución de la igualdad en la competencia electoral. Difícilmente, un candidato retador puede ganarle a un presidente-candida- to. En la tradición no reeleccionista del Perú confluían dos elementos de sustento: el fuerte presidencialismo, que acentuaba la necesidad de perpetuarse en el poder y los procesos electorales fraudulentos.
En los años 90, América Latina desarrolló un proceso singular que mostraba claramente cómo se modificaban las normas constitucionales para beneficio propio e inmediato de los mandatarios en ejercicio mediante la reelección presidencial. Al respecto, el panorama latinoamericano estuvo conformado por Alberto Fujimori, en Perú, cuando en 1993 introdujo la reelección en la nueva Constitución. En Argenti- na, a iniciativa del presidente Carlos Menem y con el apoyo del líder de la oposi- ción, el ex presidente Raúl Alfonsín (de la Unión Cívica Radical), se reforma la Constitución de 1994 permitiendo la reelección para un periodo consecutivo; a cam- bio, la duración del mandato presidencial fue reducida de seis a cuatro años. Brasil fue el tercer país latinoamericano en autorizar, en 1997, la reelección para un segun- do periodo presidencial consecutivo en América Latina; fue así como el presidente Fernando Henrique Cardoso la obtuvo. En Venezuela, la Constitución de 1999, ins- pirada por Hugo Chávez, aprobó la reelección inmediata y la ampliación del perio- do presidencial de cinco a seis años. El presidente de Panamá, Ernesto Pérez Balla- dares, aspiró a ser reelecto, modificando la Constitución, por lo que los electores panameños fueron convocados a un referéndum el 30 de agosto de 1997 y rechaza- ron la pretensión. El presidente Álvaro Uribe, finalmente, logró que el Congreso aprobara la reelección presidencial por lo que postulará a un nuevo periodo el 2006. La reelección fue el mecanismo que utilizó el gobierno autoritario de Alberto Fujimori para mantenerse en el poder. Ello exigió no sólo imponer reglas de jue- go sino desarrollar elecciones semi competitivas y comprometer a instituciones para permitir el fraude electoral del año 2000 e intentar un tercer mandato, que duró menos de cuatro meses y terminó con su fuga al Japón en noviembre del mismo año.
Una de las primeras modificaciones normativas realizadas en la transición demo- crática fue justamente prohibir nuevamente la reelección presidencial inmediata (artí- culo 1° de la Ley 27365, del 5 de noviembre de 2000).
2.3. Segunda vuelta o ballotage.
La mayor parte de los países eligen a su presidente bajo el principio de mayoría. Este varía, sin embargo, entre los que exigen mayoría relativa o absoluta. Ecuador, en América Latina, fue el primer país en introducir la mayoría absoluta con la segunda vuelta electoral o ballotage. Perú siguió esta postura al exigir –a partir de la Constitu- ción de 1979 y reafirmada por la de 1993– una mayoría absoluta. La segunda vuelta, a diferencia de Bolivia, se desarrolla mediante la elección directa.
Se ha manifestado reiteradamente que la segunda vuelta permite dotar de mayor legi- timidad y fuerza al gobernante, así como facilitar la reducción del número de partidos políticos en el sistema. Es decir, procurar elementos para la gobernabilidad. Esta afir- mación se ha vuelto tan aceptada que algunos consideran, para el caso peruano, ex- tenderla a escala regional y municipal.
La segunda vuelta electoral es un mecanismo según el cual si ningún candidato ha logrado superar un porcentaje de votos (generalmente, pero no siempre, mayoría ab- soluta), los dos más votados vuelven a competir en una segunda elección. Tal como lo vimos en el Capítulo 2 este elemento del sistema electoral se aplicó por primera vez en Francia, en el siglo XIX. En Europa actualmente lo aplican Francia, Austria y Portugal. Originalmente intentaba reducir la cantidad de partidos políticos y así evitar la proliferación de agrupaciones, obligándolas mas bien a establecer alianzas y nego- ciaciones interpartidarias. Sin embargo, hay diferencias entre la aplicación inicial eu- ropea y la versión latinoamericana y peruana. En el caso francés, el ballotage es utili- zado para elegir tanto al Presidente de la República como a los representantes de la Asamblea Nacional. Es un método completo y coherente para elegir representantes. Desde que comenzó a aplicarse, el número de partidos políticos franceses se ha redu- cido. El objetivo no es por lo tanto la legitimidad, pues ésta se logra en democracia ganando las elecciones, así sea por un voto.
Desde la década de los 80 y hasta la actualidad este sistema se aplica en casi todos los países de América Latina. El método se ha vuelto muy popular, pero se diferencia del modelo europeo, pues el ballotage se aplica sólo a la elección presidencial y no a la del parlamento. La idea que impera en nuestra región es dotar a la presidencia de un incuestionable respaldo mayoritario.
En el Perú post militar hemos tenido seis elecciones presidenciales con experien- cias distintas de segunda vuelta. En 1980, no se aplicó la norma por acuerdo plasmado en la Constitución de 1979. En las elecciones de 1985, 1995 y 2000 no hubo segunda vuelta pues se retiró el candidato que ocupó el segundo lugar –Alfonso Barrantes– y ganó Alan García; Fujimori ganó con más de la mitad de los votos (en 1995) y él mismo volvió a ganar por el retiro de Alejandro Toledo (en los comicios fraudulentos
de 2000), respectivamente. En los dos casos que sí hubo segunda vuelta –Fujimori ganó a Vargas Llosa, en 1990 y Toledo a Alan García, en 2001–, los gobernantes carecieron de mayorías parlamentarias.
Si el objetivo de la ley era evitar la fragmentación política y dotar a la presidencia de un sólido apoyo, no se logró. El número de partidos políticos creció hasta cerca de 13, en alguna oportunidad. No se ha podido evitar el multipartidismo y no necesaria- mente los gobiernos elegidos por este sistema podrían calificarse como más legítimos y fuertes. ¿O fueron los de Fujimori (1990) y Toledo, más que los de Belaunde, Gar- cía y Fujimori (1995)? De esta manera, ballotage y semi presidencialismo están ínti- mamente ligados, aunque esto no es así en sistemas presidencialistas como el perua- no. Detrás de esta situación, se confunde la legitimidad de origen –que la da el triunfo electoral (así sea por un voto)– y la legitimidad de la gestión de gobierno, que es un asunto que no depende del porcentaje de votos. Tomar en cuenta estas consideracio- nes lleva a una evaluación distinta de la segunda vuelta.