En el país existen diversos programas dirigidos a la protección de la infancia, siendo los siguientes los organismos vinculados a la temática: a) El Servicio Nacional de Menores (SENAME), dependiente del Ministerio de Justicia, abordando temáticas de protección de derechos, adopción y
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justicia juvenil, b) El Ministerio del Interior, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, que se encarga de la prevención, protección, reinserción, y apoyo a víctimas. Contando además con el Servicio Nacional de Drogas y Alcohol (SENDA) (prevención y tratamiento de consumo), c) El Ministerio de Educación, despliega programas (universales) para apoyar el proceso educativo, cuenta con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) y la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), d) El Ministerio de Desarrollo Social desarrolla el Sistema de protección integral a la niñez Chile Crece Contigo; y, por último, e) El Ministerio de Salud, que desarrolla programas para los NNA y gestantes.
Para efectos de la presente investigación, especificaremos lo relacionado al SENAME, siendo este el organismo principal en cuanto a materias de protección de derechos, contando con diversos programas para realizar dicha labor.
4.1.2 El Servicio Nacional de Menores
En primer lugar, encontramos que la misión del servicio consiste en: “Contribuir a la promoción,
protección y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes vulnerados/as, así como a la responsabilización y reinserción social de los adolescentes infractores/as de ley, a través de programas ejecutados directamente o por organismos colaboradores del servicio”.10
Por otra parte, sus objetivos estratégicos institucionales son los siguientes: a) Restituir y/o reparar los derechos de los niños/as y adolescentes vulnerados en sus derechos por medio de prestaciones de protección, b) Reinsertar socialmente a adolescentes imputados/as y/o condenados/as conforme a estándares definidos por la Ley 20.084, c) Promover los derechos y prevenir la vulneración de los mismos para niños/as y adolescentes d) Supervisar tanto el cuidado de los niños/as y adolescentes atendidos en la oferta del servicio, como a su vez hacer uso eficiente de los recursos disponibles, a fin de mejorar la calidad de las prestaciones dando cumplimiento a los estándares establecidos por el servicio, en concordancia con mandatos legales aprobados por el Estado de Chile, e) Adecuar continuamente la oferta dedicada a la atención de niños, niñas y adolescentes vulnerados/as en sus derechos y la rehabilitación de adolescentes que han infringido la ley, a fin de adecuarlas a las políticas nacionales e internacionales sobre la materia y mandatos legales aprobados por el Estado de Chile, en conformidad a estándares de calidad.
Cabe agregar que el SENAME cuenta con centros de atención directa además de una red de colaboradores (privados) acreditados, los cuales postulan con proyectos a licitaciones públicas. Así,
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el caso de los centros directos, gastan el 37% del presupuesto institucional, mientras que la red privada hace uso del 63% de dicho presupuesto (SENAME, 2017).
Específicamente, en referencia al área de protección el “Departamento de Protección y Restitución de Derechos” tiene como objetivo el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, lo que explican como la “protección y restitución de sus derechos vulnerados”, ello a partir de la intervención y reparación que otorgan los distintos programas de intervención. Además, encontramos que en el documento “Balance de Gestión Integral, año 2016”11
encontrado por transparencia en la web del servicio, se indica que las prestaciones del servicio, estarían destinadas a “niños, niñas, adolescentes y sus familias que se encuentran en circunstancias de riesgo y vulnerabilidad social”12 Desde el mismo documento, extraemos la siguiente información sobre los centros y programas, el número de atenciones, entre otros. Principalmente en lo que refiere al área de protección de derechos.
- La oferta programática del SENAME se ejecuta por dos vías: 69 Centros y Programas Administrados por SENAME y 1.766 Proyectos y/o programas Administrados por Organismos Colaboradores Acreditados por SENAME, los que reciben financiamiento vía subvención (Ley N°20.032).
- Las atenciones otorgadas por el Servicio durante el año 2016, distribuidas en: Protección de Derechos concentró el 87,46% (lo que equivale a 230.954 niños, niñas y jóvenes) de las atenciones, Justicia Juvenil el 12,27%, y el área de Adopción el 0,28%. De un total de 264.078 niños, niñas y adolescentes.
Desde los datos anteriores, nos interesa por sobre todo el poder hacernos una idea de cuántos niños, niñas y/o jóvenes estamos hablando cuando hacemos alusión a las intervenciones que realizan las políticas de protección de derechos vinculadas al Sename. En este sentido, observamos que fueron 230.954 niños y niñas el año 2016, siendo una cifra significativa que iría en aumento al compararla con los años anteriores que se indican en el documento.
4.1.3 SENAME, Marco legal para la protección de derechos
Por último, damos cuenta del marco legal desde el cual se orientan las acciones del servicio. Como mencionamos en los antecedentes para la formulación del problema, el SENAME se enmarca dentro de los postulados de la CDN, además de otros cuerpos legales, que definen institucionalmente la voluntad del Estado de otorgar vigencia y operatividad a los derechos de niños/as y adolescentes. Donde la convención constituye para el Sename el sustento jurídico y ético de su quehacer.
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Por otro lado, específicamente en materia de protección, la Ley de Menores (Ley 16.618) y sus actualizaciones otorgan el marco para la acción del servicio en materia de protección. También la Ley de Tribunales de Familia (N° 19.968), que define las competencias servicio, la relación de su quehacer en este ámbito, e instruye respecto de las implicancias judiciales de las medidas de protección de los derechos para los niños, niñas y adolescentes. Por último, se encuentra la Ley de Subvenciones para la atención de niños y niñas a través de su red privada de colaboradores (N° 20.032). Esta explica y reglamenta la oferta del servicio en las modalidades de intervención, cuya implementación compete a los organismos colaboradores de la red privada. A estos últimos se le transfieren a través de procesos de licitación pública, recursos para el financiamiento de los programas.
Estas son las principales instituciones legislativas que conforman el marco normativo del servicio, observándose que serían los postulados de la CDN lo que sustenta jurídica y éticamente las orientaciones del quehacer del servicio13.