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3.9 Marco jurídico internacional

3.9.3. Sistema regional

3.9.3.1 Estatuto del juez iberoamericano (2001)

En el contexto iberoamericano, el Estatuto del Juez Iberoamericano, aprobado por los presidentes de los más altos tribunales de los países de la región, reconoce: “como garantía para los justiciables, que los jueces

son independientes en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y se encuentran tan sólo sometidos a la Constitución y a la ley, con estricto respeto al principio de jerarquía normativa”.138

Asimismo, señala que los otros poderes del Estado y en general, todas las autoridades, instituciones y organismos nacionales o internacionales, así como los diferentes grupos y las organizaciones sociales, económicas y los políticos, deben respetar y hacer efectiva la independencia de la judicatura.139

Se enfatiza en la imparcialidad del juez es condición indispensable para el ejercicio de la función jurisdiccional y asimismo, el procedimiento de selección de los jueces y nombramiento debe realizarse por medio de órganos predeterminados por la ley, que apliquen procedimientos también predeterminados y públicos, que valoren objetivamente los conocimientos y méritos profesionales de los aspirantes. En la selección de jueces, se deben los mecanismos de selección deberán adaptarse a las necesidades de cada país y estarán orientados, en todo caso, a la determinación objetiva de la idoneidad de los aspirantes.

137 Estatuto Universal del Juez, artículo 9.

138 Estatuto del Juez Iberoamericano (España, VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes

de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, 2001).

3.9.3.2 Convención Americana de Derechos Humanos

La convención fue suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humano, con el propósito de consolidar en este Continente, entre el cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, instituido en el respeto de los derechos esenciales del hombre.

Además, reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el Derecho Interno de los Estados Americanos.

Considera que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional.140

A nivel regional, el artículo 8, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que: “Toda persona tiene derecho a ser

oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y las obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.141

140 Preámbulo de la Convención Americana de Derechos Humanos.

141 Convención Americana sobre Derechos Humanos CADH (Costa Rica, Organización

En virtud del derecho internacional, el Estado está obligado a organizar su aparato de modo de garantizar y asegurar el goce de los derechos y las libertades protegidos internacionalmente.

El aparato del Estado debe estar organizado de modo que sea compatible con las obligaciones internacionales del Estado, ya sean obligaciones tácitas o expresas. Sobre este tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que “la obligación que el Art. 1.1 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, contempla para los Estados de respetarlos y garantizarlos los derechos por la Convención implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos”.142

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS SOBRE EL ACTUAL PROCESO DE ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

El propósito del presente capitulo es realizar un análisis sobre el actual proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema Justicia, desarrollando los requisitos de los candidatos a magistrados, las diversas fases del proceso de selección y nombramiento tanto en el CNJ, FEDAES y la Asamblea Legislativa, estableciendo sus debilidades y fortalezas.

4. Requisitos del candidato a magistrado

El perfil está conformado por el conjunto de capacidades y cualidades personales que permitan asegurar que los candidatos, en caso de ser seleccionados, serán capaces de responder de manera adecuada a las demandas de la justicia.

Es importante considerar la diferencia entre: i) el perfil y ii) los requisitos mínimos para acceder al cargo, pues se trata de parámetros distintos. Los requisitos mínimos (como la edad mínima, la profesión de abogado, la antigüedad en el ejercicio de la profesión en sus distintas modalidades y otras exigencias similares) funcionan como un parámetro objetivo de control negativo, ya que permiten descartar a quienes no pueden acceder al cargo, sin embargo, no brindan información acerca de quién puede ser el candidato más idóneo. Esta función de control positivo la cumple, precisamente, el perfil.

El perfil contiene la descripción de un juzgador ideal que posee ciertas capacidades y cualidades personales que lo habilitan para ejercer el

cargo con imparcialidad. Contra esta descripción, en cada uno de sus rasgos, deben ser comparados todos los candidatos que se sometan a evaluación (y que hayan satisfecho previamente los requisitos mínimos). De esa comparación, se podrá observar que estos se acercan al perfil en distintos grados y que, por lo tanto, resultan más o menos idóneos para ocupar el cargo.143

Los requisitos expresos para ser candidato a magistrado se encuentran en el Art. 176 de la Cn., los cuales consisten en: 1) Ser salvadoreño por nacimiento, 2) Ser mayor de cuarenta años, 3) Haber sido Magistrado de Cámara seis años, Juez de Primera Instancia nueve años o abogado autorizado diez años; 4) abogado de la República y 5) del estado seglar. Los primeros tres son obvios y no se requiere para establecerlos más que las partidas o constancias respectivas. El de ser abogado de la República es redundante, ya que, si se necesita haber sido magistrado, juez o abogado, autorizado al menos durante diez años, por fuerza se debe ser abogado de la República, lo cual se comprueba, precisamente, con la autorización otorgada por la Corte Suprema de Justicia.

En la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura, se encuentran además dos requisitos consistentes en: 1) Abogados Elegibles (artículo 50 de la LCNJ); y 2) Para los propuestos por las asociaciones de abogados: surgir de un proceso electoral fundamentado en principios democráticos con pureza de procedimientos "previos, durante y posterior al ejercicio del sufragio". (Art. 55 de la LCNJ).

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