Caterina Mirto Abogada
Desde hace casi diez años la Comunidad Europea, hoy Unión Europea, se ha propuesto el objetivo de crear las herramientas innovadoras destinadas a reducir el retraso, a la racionalización de las herramientas judiciarias y a la reducción del contencioso en el interior de los Tribunales, ya cargados con un elevado número de demandas pendientes. Tales objetivos, han sido perseguidos por la Unión Europea mediante la promulgación de algunas recientes directivas, tales como por ejemplo, la directiva n° 2008/52/UE (en materia de mediación familiar) o la directiva n° 2013/11/UE (sobre la tutela de los consumidores): a pesar de estas directivas Italia, sin embargo, ha sido condenada por la duración excesiva de los procesos.
Sólo recientemente, de hecho, Italia ha cumplido con las disposiciones de la legislación Europea en materia de medios alternativos de resolución de conflictos que tienen como objetivo desjuriscionalizar el contencioso a través de la ADR, Alternative Dispute Resolution. La legislación italiana, por lo tanto, preocupandose de cumplir con las obligaciones supranacionales, ha creado herramientas tales como el arbitraje, la mediación y la negociación, capaces de resolver conflictos judiciarios para asegurar que las Partes lleguen a un acuerdo de tipo definitivo, evitando el origen de una controversia.
El arbitraje, por ejemplo, es realizado por un tercer sujeto con capacidad de resolver controversias específicas: las Partes quedan en manos de dicho sujeto, imparcial, realizador de las funciones de un juez, el cual se preocupará de dar una solución extrajudicial a la controversia pendiente entre las Partes. Tal herramienta, por un lado ha resultado veloz, por otro lado resulta bastante costoso, motivo por el cual es poco utilizado.
Con respecto al arbitraje, la mediación y la negociación, pese a entrar en la categoría más amplia de ADR y haciendo uso de terceros, son destinadas a lograr un acuerdo entre las Partes, desde la base del principio de "la cooperación de buena fe y lealtad". La mediación, introducida con el DLeg 28/2010, fué planeada con obligatoriedad para algunos temas específicos definidos estrictamente por la ley: pero la Corte
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Constitucional, con la sentencia n. 272/2012, la declaró ilegítimamente constitucional a causa de la excesiva delegación, considerando que el Decreto Legislativo había introducido para algunos temas la obligatoriedad de la mediación como requisito de admisibilidad. La legislación, por lo tanto, con el DLey 69/2013, convertido en Decreto Ley n° 98/2013, restauró la obligatoriedad solo para algunos temas.
Sucesivamente, con el DLey 132/2014, convertido en Decreto Ley n° 162/2014, la legislación ha introducido la herramienta de la negociación asistida: tanto la mediación como la negociación tienen como objetivo realizar la composición extrajudicial de los conflictos.
Las dos herramientas, que en un principio eran definidas como equivalentes, son en realidad dos instituciones alternativas. De hecho, la mediación requiere un mediador calificado; sujeto tercero y ajeno, y además inscrito en órganismos especializados e identificados por los reglamentos; resultando ser dicha herramienta bastante costosa. En cambio, la negociación asistida, dirigida por un abogado, es obligatoria sólo en los casos en los que se desee ejercer un juicio en una acción relativa a la indemnización por daños resultantes de la circulación de vehículos y embarcaciones, y en los casos en que la intención de proponer a los tribunales una solicitud de pago de una suma que no exceda de 50.000 €, a excepción de litigios en los que se prevé la mediación obligatoria.
La legislación italiana, con respecto a las reglas para la negociación, se ha inspirado en el Derecho Colaborativo, herramienta innovadora creada en América, tal método sin resolución de conflictos familiares. En realidad, el Derecho Colaborativo se creó como una herramienta que, basándose en el principio de transparencia, se utilizaba con el fin de afrontar las cuestiones relacionadas con la crisis de la familia, tanto desde el punto de vista relacional, como también jurídico y económico.
El Derecho Colaborativo, sin embargo, no se ha reflejado en la práctica con respecto a la negociación asistida.
En particular, el DLey del 12 de septiembre de 2014, n° 132, convertido en Decreto Ley del 10 de noviembre de 2014, n° 162, ha introducido la herramienta de negociación asistida en materia de familia, creando un procedimiento alternativo a la jurisdicción ordinaria.
En este caso, la negociación asistida está dirigido por los abogados de los cónyuges que desean separarse, divorciarse o modificar por consenso los términos de su separación o divorcio: papel clave, por lo tanto, para los abogados que deben, previamente y obligatoriamente, advertir a la pareja acerca de la posibilidad para hacer uso de la Convención de negociación asistida para disciplinar la estructura y naturaleza de sus intereses tanto relacional como en la equidad - económica. Este requisito de información es un deber ético y viene dispuesto en el Capítulo II, artículo 6 de la Ley 162/2014 que impone la obligación de conciliación a tientas entre las partes.
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Mientras que la negociación asistida no requiere la intervención del juez, por el contrario, se espera que la necesaria intervención del Ministerio Público que, conforme con el art. 73 Ord. Jud., "Vigila la observancia de las leyes y la administración rápida y periódica de la justicia".
Las Partes, de hecho, después de haber concluido la Convención de negociación asistida, que debe contener todos los temas que serán cubiertos por el acuerdo, debe entonces elaborar el acuerdo en sí. Tras el depósito del acuerdo, que debe tener lugar en los diez días siguientes a la firma por parte de los cónyuges, el fiscal emitirá un permiso, en los casos siguientes: " existencia de hijos menores, hijos adultos con incapacidad o discapacidad grave, ... o económicamente dependientes", o viceversa, emitirá una autorización (art. 6, párrafo 2 de DLey 132/2014).
La concesión de la autorización o aprobación por parte del Ministerio Público permitirá que el acuerdo entre en vigor sin la intervención de la corte.
Queda claro, entonces, que es de absoluta importancia el papel que asume el defensor, el cual debe certificar las suscripciones de las firmas por ambas Partes, testificar la conformidad del acuerdo a las normas de obligado cumplimiento y del orden público, comportarse con honestidad. Además, dentro de los diez días siguientes a la emisión de la concesión de la autorización o aprobación del fiscal, el defensor tiene la obligación de enviar una copia a la Oficina del Registro Civil de la Ciudad en la que se celebró el matrimonio, que proporcionará las transcripciones pertinentes, y en caso contrario por incumplimiento se procederá a una alta sanción económica.
El fiscal, sin embargo, si considera oportuno, puede emitir un acta de denegación motivada: en este caso, dentro de los cinco días siguientes, remitirá el expediente al Presidente del Tribunal que determinará, dentro de los treinta días sucesivos, la audiencia para la comparición de las Partes, transformando automáticamente el Acuerdo de negociación asistida en un proceso de separación consensual o divorcio conjunto o el cambio de condiciones. El Presidente de la Corte, de hecho, se ocupará de la disputa mediante la emisión de un decreto de homologación en caso de separación o una sentencia de divorcio o un decreto del cambio de condiciones. En la práctica, sin embargo, si el fiscal considera que la Convención o el Acuerdo de negociación asistida es deficiente o inadecuada a los intereses de los niños, puede ocurrir que el fiscal requiera una integración a las Partes: por lo tanto, se deberán esforzar dichas Partes en el depósito o adiciones de la documentación pertinente. Es claro, por tanto, que el papel del abogado es crucial en un procedimiento como el de negociación asistida: es esencial, sobretodo, por los requisitos necesarios que debe hacer frente, pero también debido a la sensibilidad del material.
Por otra parte, a diferencia del procedimiento ordinario en el que está previsto pagar un contributo unificado, para la negociación asistida no se solicita ningún pago.
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Una seria limitación al uso de procedimiento de negociación asistida es la imposibilidad, para los ciudadanos con menos recursos, para solicitar la admisión a la asistencia jurídica a cargo del Estado: como resultado, aquellos que tienen una renta inferior a 11,528.41 € deberán necesariamente recurrir a la Autoridad Judicial.
El artículo n°12 de la Ley 162/2014 prevé, además, la posibilidad de celebrar una separación consensual o un divorcio conjunto o modificar las condiciones ante el Alcalde, o un sustituto suyo, tal como un Oficial del Registro Civil del municipio de residencia, de uno de los dos cónyuges o del Ayuntamiento en el que está registrado o transcrito el matrimonio.
De acuerdo con el apartado 3 del artículo 12 el Oficial del Registro Civil recibe las declaraciones de las Partes que quieren separarse, divorciarse o cambiar sus condiciones: en el procedimiento de tales casos de separación o divorcio es importante la aparición de las Partes para confirmar el acuerdo, que debe tener lugar 30 días después de la presentación de las declaraciones, de manera que los cónyuges se les da la oportunidad de reconsiderar la decisión tomada, en vista del interés superior de la legislación para una reconciliación familiar.
La separación y el divorcio obtenido por dicho procedimiento permiten a las partes obtener los mismos efectos que un procedimiento a través de un Tribunal.
La primera limitación al procedimiento anterior que tiene que afrontar el Registro Civil es la presencia de los niños: si hay hijos menores de edad, hijos adultos con incapacidad o discapacidad grave, o económicamente no autosuficientes, no se puede utilizar esta herramienta. Un límite adicional viene indicado en el párrafo 3 del artículo 12 que establece la prohibición de pactos de transferencia de activos, pero sí, en cambio, es permisible una contribución al mantenimiento. En este sentido se observa que, en un primer momento; El Ministerio del Interior con la Circular nº 19, de 28\11\2014, haciendo referencia a la Ley con el objetivo de exclusión de cualquier valoración de naturaleza económica o financiera en la redacción del acto de competencia del Oficial del Registro Civil, había precisado que el acuerso no podía contener cláusulas con carácter de imposición sobre el patrimonio como por ejemplo la asignación de mantenimiento, el uso de la vivienda conyugal o cualquier otro beneficio económico entre los cónyuges declarantes.
Más tarde, el propio Ministerio del Interior con la nota n° 6 de 24\4\2015 modificó la interpretación del párrafo 3 de dicho artículo, que afirma la posibilidad de que el Oficial del Registro Civil reciba los acuerdos que prevén la obligación de pago de una suma de dinero periódica o determinen la modificaciàon, bien como parte de una separación que en caso de disolución o finalización de los efectos civiles del matrimonio.Con sentencia n° 7813, de 7\7\2013 el T.A.R. Lazio anuló la circular ministerial n° 6\2015 y, más tarde, el Consejo de Estado, Sección n° III, sentencia n°
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13 -26 de octubre de 2016, n° 4478, anulando la resolución en primera instancia puso en vigor la Decisión Ministerial. Para el procedimiento del ex artículo n° 12 de dicha Ley, es posible que los cónyuges tengan representación legal, pero este tipo de asistencia, ante el Oficial del Registro Civil, será de naturaleza facultativa, ya que, se produciría menos distinción entre el procedimiento de negociación asistida previsto en el artículo n° 6 y el previsto en el artículo n° 12 Ley 162/2014. El procedimiento de negociación asistida es igualmente aplicable también a las uniones civiles, introducidas en nuestra legislación el 20 de mayo de 2016 con la Ley n° 76/2016: son, de hecho, también compatibles las normas de procedimiento relativas al proceso de negociación para la disolución de vínculos constituidos por uniones civiles. La legislación, por lo tanto, se ha preocupado por cumplir con sus obligaciones internacionales, conforme a otros países europeos, proporcionando herramientas alternativas de resolución de conflictos.
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La filiazione.
Valentina Cherchi Avvocatessa
La filiazione è disciplinata nell’ordinamento italiano dal titolo VII del libro I del codice civile agli art.231-290.
La legge 40/2004 disciplina la procreazione medicalmente assistita omologa e eterologa. La legge n. 184/1983, disciplina l'adozione.
Le azioni relative allo stato di figlio sono le iniziative giudiziali previste dal nostro ordinamento per accertare la posizione giuridica della persona in rapporto ai suoi genitori: sia per reclamare lo status di figlio, sia per contestarlo.
La disciplina delle azioni di stato è molto articolata, in questa breve trattazione preferisco soffermarmi sugli aspetti di carattere generale.
La riforma della filiazione intervenuta tra il 2012 e il 2013 ( Legge n.219/2012 e decreto legislativo n.154/2013) ha stabilito che “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico” e ha eliminato la differenziazione tra figli naturali (nati fuori dal matrimonio) e figli legittimi (nati al suo interno) nel rapporto giuridico genitori-figli-parenti.
Tuttavia rimane differente la modalità di attribuzione dello stato di filiazione a seconda della sussistenza del legame matrimoniale tra i genitori, o meno.
Ciò dipende essenzialmente dal permanere nel nostro ordinamento della presunzione di paternità, secondo la quale il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio e risultante tale dall’atto di nascita o dal possesso di stato.
La presunzione è comunque superabile dal riconoscimento della filiazione non matrimoniale, e comunque dall’accertamento giudiziale in sede di giudizio di disconoscimento.
Per contro, in mancanza di matrimonio tra i genitori, l'accertamento della filiazione avviene per il tramite di un atto volontario, il riconoscimento previsto dall'articolo 250 del codice civile o, in difetto, attraverso un accertamento giudiziale (articolo 269 del codice civile).
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I termini di esercizio delle azioni di contestazione e di reclamo di stato ed i soggetti legittimati attivi e passivi, variano a seconda della tipologia dell’azione, ma la disciplina è in ogni caso ispirata ad un bilanciamento tra il favor veritatis e il favor legitimitatis.
Gli interventi della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione segnalano una progressiva e lenta affermazione del "favor veritatis" cioè della prevalenza della verità scientifica rispetto al “favor legimitatis” finalizzato a tutelare l’interesse del figlio a conservare lo status.
Ciò sia alla luce dei progressi registrati sul piano tecnico e scientifico, che comporta un elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini sul DNA, sia dei mutamenti intervenuti nel quadro normativo e nella stessa sensibilità sociale in tema di rapporti genitori-figli, in linea con la normativa internazionale e europea.
In tale contesto, il diritto al riconoscimento di uno "status" filiale corrispondente alla verità biologica costituisce una componente essenziale del diritto all'identità personale, riconducibile all'art.30 commi 1 e 4 della Costituzione Italiana ed all'art. 8 CEDU, che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare cui si riconducono anche l’accertamento, nel diritto interno, del legame di filiazione rispetto al genitore biologico ed il diritto del figlio a conoscere le proprie origini. (tra le altre Cass. civ. Sez. I, 15/02/2017, n. 4020)
Nel contempo vi sono pronunce anche recenti della Cassazione che, sempre richiamando la Costituzione, la CEDU e l’art.24 comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, ribadiscono che – nel perseguimento del superiore interesse del minore - la ricerca della verità biologica non ha preminenza assoluta, in quanto, in un'ottica di bilanciamento, devono garantirsi anche la certezza e la stabilità degli status, nonché i rapporti affettivi sviluppatisi all'interno della famiglia e l'identità così acquisita dal figlio, non necessariamente correlata al dato genetico. (tra le altre Cass. civ. Sez. I, 22/12/2016, n. 26767).
In un’ottica di equilibrio, la vigente normativa prevede l’imprescrittibilità delle azioni di stato per il figlio che, in ogni tempo - anche da minorenne se rappresentato dal curatore - può decidere se proporle. Prevede invece termini decadenziali per i genitori, seppure differenziati da caso a caso.
In caso di azione di disconoscimento di paternità (per i figli nati dal matrimonio) e di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento ( per i figli nati fuori dal matrimonio) l’azione è imprescrittibile per il figlio mentre è soggetta al termine di un anno dal riconoscimento o dalla scoperta dell’impotentia generandi per il padre, ed anche per la madre, in ogni caso con un limite temporale massimo di cinque anni decorrenti dall’annotazione del riconoscimento, oltre il quale non è più consentita l’impugnazione.
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L’azione del figlio realizza quindi il suo personale bilanciamento tra l’interesse al mantenimento dello status (non veritiero ma già costituito e cristallizzato nella sua esperienza di vita familiare) e l’accertamento della verità della procreazione, magari per ottenere la costituzione di diverso status, nei confronti del genitore biologico. La volontà del figlio assume rilevanza fondamentale anche quando si tratti di riconoscimento giudiziale di paternità, azione per la quale il consenso del figlio che abbia compiuto i quattordici anni è indispensabile. Allo stesso modo, una volta compiuti i 14 anni – solo il figlio minore può chiedere la nomina del curatore per effettuare un disconoscimento di paternità.
Ed ancora è principio consolidato il diritto del figlio di mantenere il cognome del quale era in precedenza titolare, quando lo stesso sia divenuto un autonomo segno distintivo della sua identità personale, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata che prende atto che il cognome, è sempre meno strumento di ordine pubblico e sempre più bene morale della persona. Solo il figlio può decidere pertanto se conservare o meno il vecchio cognome; in tal senso si è espressa anche molto di recente la Cassazione sez. Icon la sentenza n.4020/2017.
Quanto alla prova, oggi, chi agisce per il disconoscimento di paternità deve dimostrare semplicemente che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre; chi agisce per il riconoscimento deve dimostrare soltanto l’esistenza del vincolo di filiazione. Per il concepimento avvenuto naturalmente o mediante fecondazione assistita omologa lo strumento principale è la consulenza tecnica d’ufficio consistente nell’espletamento degli esami immunogenetici/ematologici, che il giudice dispone anche autonomamente.
Al riguardo è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda di accertamento della paternità e viceversa.( tra le più recenti Cassazione Civ., sezione I n. 6025 2015 e n.4020/2017, ) Nel caso di fecondazione assistita eterologa, non sussistendo legame biologico, oggetto di prova nel caso di disconoscimento di paternità è l’insussistenza del consenso al concepimento attraverso tale pratica, prescritto dalla legge (art. 4, comma 2, lett. b e art. 6, Legge n. 40/2004) secondo forme rigorose (si veda Cassazione civ. Sez. I, 11/07/2012, n. 11644). In tal caso il termine di decadenza di un anno decorre dal momento in cui si sia acquisita la certezza del ricorso alla procreazione assistita. E’ bene ricordare che, solo a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 162/2014, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità degli articoli della legge n.
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40 del 2004, nei quali era vietata e sanzionata la realizzazione di interventi di fecondazione eterologa, tale pratica è consentita in Italia.
Permane peraltro il divieto di maternità sostitutiva o surrogata.
Inoltre solo con la legge l. n. 76/2016, dopo numerosi richiami della Corte costituzionale ed anche a seguito della sentenza della Corte eur. dir. uomo del 21.10.2015 (Oliari c/Italia), è stata data tutela in Italia alle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
Sono stati pertanto frequenti i casi in cui in cui i giudici italiani si sono dovuti confrontare con il riconoscimento e la disciplina dei rapporti giuridici conseguenti a concepimenti e nascite avvenuti all’estero sulla base di normative interne differenti da quella italiana, nell’ambito di contesti familiari dalla stessa non riconosciuti. Come spesso accade in Italia, è la giurisprudenza ad affrontare il cambiamento, prima ancora dell’organo legislativo.
In tema di filiazione, l’art 269 del codice civile contiene il principio, non più compatibile con i mutamenti culturali sociali e normativi a livello internazionale ed i progressi della scienza , secondo cui è madre colei che lo ha partorito.
La Cassazione sez I con la sentenza n.19599 del 30.9.2016, cui sono seguite molteplici sentenze di Tribunale, ha indicato che il diniego di trascrivere i certificati di nascita a causa del ricorso a metodiche procreative consentite all’estero e negate in Italia,