De los sujetos o Actores Implicados

La participación múltiple de varios actores sociales, es la gran riqueza que tiene en el presente siglo la PSH; sin embargo, es indispensable recalcar más en sus ventajas y no en sus distancias, las cuales se dan por obvias razones de formación en cada persona y que pueden ser potencializadas a través del trabajo en equipo posibilitando alianzas, complementariedades y delimitación de competencias para obtener resultados eficaces y eficientes en torno al tema.

Antes de reconocer en el escenario los diferentes actores que participan directa o indirectamente en este proceso, debemos recordar a la luz de la conceptualización teórica que son “las comunidades”; es decir sus miembros que mediante la participación de forma individual o colectiva se constituyen en los actores principales para generar este tipo de procesos (PSH) y, que si bien es cierto no están solos en el escenario cuentan con otros actores que acompañan, apoyan y dinamizan este proceso en el marco de planes, programas y proyectos ya definidos local, nacional o internacionalmente (PEH y PMH).

Ahora bien con el fin de indagar sobre la actuación, intervención o accionar de los diferentes sujetos implicados en la PSH, identificaremos a cada uno de ellos.

Independientemente del grado de protagonismo, existen cuatro (4) actores o sujetos implicados en este tipo de procesos: la administración, el Usuario, las entidades de Apoyo a la PSH: ONG, Fundaciones, Agencias; entre otros y los técnicos (Gálligo, 2005). Los principales actores implicados en la PSH son: las propias poblaciones y sus organizaciones, las Administraciones o gobiernos centrales y locales, las Entidades de Apoyo a la producción de Hábitat locales o internacionales y los Técnicos que asisten a estos actores.

Dentro de las decisiones básicas que deben tomar estos actores para favorecer la PSH, desde luego cualitativa y cuantitativamente, según Gálligo (2005), están las actuaciones relacionadas directamente con el papel de la Administración, los Usuarios, las Entidades de Apoyo a la PSH y los Técnicos en dichos procesos. A continuación haremos referencia a cada uno de ellos:

a) el papel de la administración.

El papel de la Administración deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos para realizar una política facilitadora en lugar de ser intervencionista (Gálligo, 2005):

“reconocer la capacidad de autogestión de las poblaciones; es decir, su capacidad de organización y resolución de problemáticas; favorecer económicamente su reequilibrio, el uso eficaz de este tipo de economía se constituye como un aporte significativo para el logro de su vivienda sin otro tipo de ayuda y facilitar recursos en forma de microcréditos y créditos blandos prioritariamente a entidades organizadas por y para los Usuarios; el asesoramiento y suministro de recursos, lo que logrará aumentar la cantidad de Hábitat resuelto y la facilitación del ahorro para el mismo, así como el correcto uso de una economía de los recursos generales a fin de optimizarlos por parte de las comunidades; suministrar suelo, facilitar el acceso a la propiedad del suelo para la consecución de la propiedad del suelo como base para un hábitat digno

que involucra la inclusión de servicios, equipamientos para el mejoramiento de la vivienda y el entorno y descentralizar para ceder decisiones y recursos de los gobiernos centrales a los gobiernos locales, sin llegar a quitarle la responsabilidad a la centralidad de su deber para dar respuestas más rápidas a las necesidades locales, aumentar la responsabilidad y la transparencia (menor corrupción), mejorar la entrega de servicios básicos, mejorar los flujos informativos, diseñar proyectos más sostenibles, generar mayores medios para la resolución de conflictos, aumentar la energía y motivación entre los interesados a escala local y generar más oportunidades de representación política, facilitar la participación, comprender la capacidad de gestión y organización de las comunidades, canalizar los recursos nacionales, actuar como interlocutor de los procesos y realizaciones en el marco de la cooperación internacional”. (p. 393).

Todos estos aspectos deberán ser tenidos en cuenta por parte de la Administración para realizar una política facilitadora en lugar de intervencionista.

b) el papel del usuario.

Los Usuarios son los actores principales, “protagónicos” en los procesos de PSH, por ser estos los directos implicados. El papel del Usuario deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos (Gálligo, 2005):

“unirse, organizarse y agruparse (asociaciones, cooperativas y entidades ciudadanas) desarrollando la capacidad de gestión, opinión y decisión que permitan su participación en el proceso de PSH; asumir a escala pública su capacidad de autogestión y autoproducción, sumando sinergias que les permita trabajar en red; crear sus propios equipos con apoyo técnico propio, para un proceso de autogestión y/o autoconstrucción asistida optimizando los procesos de participación y optimizando los recursos y uso de materiales existentes y utilizar y potenciar su capacidad económica, mediante un tipo de unidad y autogestión X, las capacidades económicas propias a la gestión de los recursos existentes (administración central o local, cooperación internacional) se dinamizan y complementan. El objetivo final entonces será el de ser objeto de crédito individual y colectivo (entre otros servicios y formas) otorgándole poder a la forma asociativa que hayan elegido para este proceso; traducida entonces al acceso al suelo, la edificación de viviendas y equipamientos y el mejoramiento integral de los barrios”. (p. 394).12

12 _{Existen varios Programas de Mejoramiento Barrial en Latinoamérica, como por ejemplo el PMIB Programa}

de Mejoramiento integral de Barrios Bogotá – Colombia (recursos BM), el PROMEBA Programa de Mejoramiento Barrial – Argentina (recursos BID).

c) el papel de las entidades de apoyo a la PSH (ONG, fundaciones, agencias; entre otros).

Este tipo de entidades suelen tener entre sus objetivos, dentro de sus programas de cooperación, el apoyo a la PSH. En esta medida su rol financiador o ejecutor les permite reconocer este proceso como motor de organización y fortalecimiento de la comunidad y de las organizaciones, así como la potencialización de sus propias capacidades de gestión para superar o transformar la pobreza asentadas en zonas periféricas o de alto riesgo. El papel de las Entidades de Apoyo a la PSH deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos (Gálligo, 2005): “reconocer la producción del Hábitat y la Vivienda como motor de desarrollo, de organización de las comunidades y fortalecimiento de las instituciones y reconocer la capacidad de gestión y/o autoconstrucción de las comunidades” (p. 394).

Llama la atención el papel de las Cooperativas en estos procesos. La Alianza Cooperativa Internacional (ACI), organismo máximo del movimiento cooperativo a nivel mundial, en su Declaración sobre Identidad y Principios Cooperativos, adoptados en Manchester en 1995, concluyo que:

Para la Alianza, una Cooperativa es “una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controladas” (p. 1).

Al respecto, en 2007, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) opinó puntualmente que estas dos características de propiedad y control democrático son las que las diferencia de otros tipos de organizaciones como las empresas controladas por el capital o por el gobierno. Cada Cooperativa es una empresa, en el sentido que es una entidad organizada que funciona en el mercado, por lo tanto debe esforzarse para servir a sus miembros eficiente y eficazmente; es una empresa con un doble propósito: económico y social, y lo que la diferencia de otras organizaciones son los valores y principios que emergen de su doctrina.

Ahora en el sentido estricto de la palabra compuesta Cooperativas de Viviendas, son definidas según el Diccionario de Vivienda (2008),como asociaciones autónomas de personas que se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones de vivienda. Estas asociaciones tienen personalidad jurídica propia y su funcionamiento se basa en la participación democrática de los socios.

Aquí los propios cooperativistas pueden hacerse cargo de realizar las gestiones promotoras para la construcción de las viviendas: contratar el proyecto técnico, al arquitecto, al constructor, supervisar la obra, realizar los pagos, y la financiación.

Con la fórmula de la cooperativa de viviendas desaparece la figura del promotor comprador de la vivienda, convertido en socio cooperativista, se ahorra el margen empresarial que le correspondería a dicho promotor. Las Cooperativas pueden también incluir entre sus fines la conservación y administración de las viviendas, elementos, zonas o edificaciones comunes y la creación y suministro de servicios complementarios; asimismo, los estatutos de la cooperativa son los que definirán los derechos y obligaciones de los socios, aunque estos deben cumplir los mínimos impuestos por la Ley de Cooperativas.

En Colombia a través del tiempo se han adoptado los términos de: Empresas Solidarias Promotoras (ESP), Cooperativas de Vivienda y actualmente de OPV (Decreto 2391 de 1989), para referirse al tema.

d) el papel de los técnicos.

El papel de los Técnicos deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos (Gálligo, 2005): “cambiar de mentalidad; entender la profesión como servicio a la sociedad y resolver”. (p. 394)

Este proceso implicará un esfuerzo adicional desde la academia, formando a profesionales idóneos que reconozcan, identifiquen y validen que las poblaciones de sectores marginados, efectivamente son sectores potenciales de demanda y oferta en temas de Hábitat (vivienda y entorno); ya que el sector formal (el mercantilista), es el que se valida con mayor frecuencia.

Vale la pena aclarar que las interpretaciones de corte asistencialista están lejos de estar en este escenario por cuanto los sectores populares, se ubican en la misma escala de importancia para la intervención desde el papel de los Técnicos que participan en los procesos de PSH.

Igualmente, la participación efectiva de los “Técnicos” en este proceso, recaerá en amalgamar equipos interdisciplinarios que estén dispuestos a superar las barreras académicas que implican los enfoques conceptuales cuadriculados y no actualizados conforme a la realidad, que vienen de la mano sobre todo de la preocupación de imponer puntos de vista desconociendo la misma validez desde el actuar de cada profesión e incluso entre iguales (profesionales de la misma área). Quedarse solo en el debate sin trascender a la acción, convierte a estos equipos de trabajo en apéndices inefectivos, generando sobre costos para la sociedad y el mismo estado, validando el imaginario comunitario de que algunos funcionarios “piensan mucho, pero actúan poco”.

Se genera entonces toda una escalera burocrática de cargos en asesoría de la asesoría, que en última contribuye a la generación de un erario público raquítico que debilita las

oportunidades de inversión donde más se necesita o en el otro extremo, la justificación del crédito para complementar los aportes locales o nacionales.

Se deberán abordar estrategias de intervención conjuntamente, tal y como se les exige a las comunidades en su participación colectiva; es decir, que la existencia de los “Técnicos Sociales” (Trabajadores Sociales, Antropólogos, Sociólogos; entre otros profesionales del área) y la de los “Técnicos de Obra” (Arquitectos, Ingenieros Civiles; entre otros profesionales del área), sea sincrónica en términos teórico-conceptuales y metodológicos junto con otros actores de la misma institucionalidad (Administradores Públicos, Economistas, Contadores, Abogados, Ambientalistas; entre otros)

Ahora bien, existe un principio rector que atraviesa la participación de todos estos actores en el proceso de la PSH; es decir, un principio encaminado para lograr un Hábitat digno, y es que la mayoría de los procesos del discutible llamado -sector pobreza- es autogestionado por la propia población, con o sin la participación de otras entidades, públicas o privadas, en un proceso generalizado de PSH (Gálligo, 2005).

También podemos citar otra clasificación de los actores que están implicados en la PSH. Esta clasificación encajaría perfectamente con las formas de producción de Hábitat que existen (el social, el estatal y el mercantil - Ver p. 21); a continuación un breve bosquejo de los actores implicados de acuerdo a dichas formas:

 sector social (PSH): comunidad organizada, comunidad no organizada, personas independientes,

 sector estatal (PEH): profesionales sociales, profesionales técnicos o de obra, profesionales administrativos,

 sector mercantil (PMH): vendedores legales y vendedores ilegales.

Esta clasificación, se trae a colación en este aparte, para citar que tal vez la estrategia de intervención más eficaz y eficiente como lo veremos más adelante es aquella que incluye a todos y cada uno de los actores en mención. La participación aislada de uno de estos actores estará condenada al fracaso por cuanto se requiere un esfuerzo conjunto y corresponsable para hacer de las políticas públicas para el hábitat popular una realidad asertiva.

Veamos en teoría y práctica, la participación de cada uno de ellos. Retomaremos la concepción de ciudadanía propuesta por Marshall (1965), para poder articular en el escenario a los actores involucrados en el proceso hacia la PSH.

Si la ciudadanía vista como posesión de derechos, se ve limitada o violentada; tendrá en el escenario al primer actor o sujeto implicado en la búsqueda de reclamación de acceso a

estos derechos. Desde esta premisa, tal y como lo argumenta Marshall (1965), en el sector social, los miembros de comunidad (organizada, no organizada, independientes) experimentan una ciudadanía pasiva por cuanto sus derechos son privados o menguados, a su vez que su capacidad de participación en lo público se torna poco participativa.

Sin embargo, la cualificación de sus miembros o más exactamente de sus líderes y lideresas tendrán que ver precisamente con los grados de organización y fortalecimiento de las organizaciones en las que participen, para generar demandas colectivas y sobreponer el principio de la satisfacción de los intereses colectivos sobre los particulares.

El sector estatal entonces estará integrado por los siguientes actores: profesionales sociales, profesionales de obra y profesionales administrativos. Cada uno de ellos ofrece en el panorama una serie de estrategias conforme a su formación disciplinar que puede permitir la retroalimentación de saberes y técnicas de intervención de acuerdo a las experiencias profesionales adquiridas.

El tercer sector que participa en la producción de Hábitat: el mercantil; estará definido a través de la participación de actores que generen lucro. Por tanto cuenta con dos actores importantes, el primer actor amparado desde la legalidad y el otro que se presenta desde la ilegalidad.

Los “vendedores legales” son a su vez identificados como aquellos que ofrecen soluciones amparadas desde la jurisprudencia, a un costo que oscila inestablemente entre la oferta y la demanda. Vivienda como negocio y no como derecho, es para los actores que requieren de sus servicios la aproximación más cercana a la definición de acceso a la vivienda a través de su intermediación.

A su vez, los “vendedores ilegales” presentes también en la escena y los de contacto más cercano con nuestra población sujeto de estudio, serán aquellos que tendrán el primer acercamiento con los “recién llegados” en las periferias metropolitanas y bajo falsas promesas a un menor costo ofrecerán alternativas que generarán un choque de expectativas traducidas en soluciones inconclusas frente al Hábitat popular que a la larga resultarán en un dolor de cabeza en cuestión de tiempos, identidad y recursos para sus adeptos.