6. Resultados
6.3. Formas de participación para toma de decisiones sobre sustentabilidad ambiental en el
6.3.1. Sustentabilidad ambiental y política electoral
Esta transición de contenidos ideológicos, intereses y expectativas de un modelo constitucional a otro, fueron negociables y consensuadas en el periodo de estudio, manteniendo la idea del papel del Estado Bienestar como gestionador y organizador de la respuesta de los problemas sociales, así como el manejo de los efectos en la redistribución social, la estratificación de dicha distribución, y la calidad de los derechos sociales a partir de criterios como: asistencialismo, aseguramiento y universalidad (Rodriguez, 2001).
El bienestar social fácilmente fue equiparado al orden social, es decir a la satisfacción de las necesidades colectivas que se valoraban en diversos aspectos, como lo narra Mendoza, F. (2013, mayo 4) al apreciar aspectos del ahora y el ayer“(…)el mayor anhelo de mi época (habla de la década de 1.970) era la vivienda propia, no importaba si tenía servicios, pero si los tenia mejor porque casi eran un lujo, ahora uno no pelea por eso porque las casas y los apartamentos ya traen el baño y la cocina, el patio de vez en cuando (…) ya no se
arman romerías pidiendo por el agua o la luz o el cosinol, las casas ya tienen todos los servicios (…) ahora piden ascensor y que le bajen a la cuota de administración (…) en
esos tiempos uno peleaba por una ruta de bus, ahora porque llegue más cerquita a la casa (…) y hasta hay razón porque no habían avenidas ni calle que cruzaran cerca del barrio,
por eso uno sufría para traer la comida o mandar a los muchachos a la escuela. (…) Estos
barrios los hicimos a pulso, nadie nos dio lo de un ladrillo, lo levantamos sin necesidad de pagar impuestos, en completo abandono del gobierno que tiene la obligación con todos nosotros”.
En filiación directa a la distribución político-administrativa, se mantuvo en el lánguido paso de una visión centro-periferia a un modelo territorial municipalista democrático, participativo y pluralista, que “(…) se construye de abajo hacia arriba, a partir de la instancia territorial más cercana a las necesidades del individuo, (donde…) el municipio21 es la entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado (…y a quien le corresponde) en primera instancia, la gestación del bienestar de los ciudadanos” (Sentencia C-983, 2005).
Las necesidades sociales y la participación ciudadana se convirtieron en escenarios clientelares, que permitieron dar soluciones asistenciales a problemáticas de sobrevivencia, en muchos casos a cambio de ilegales apoyos electorales, por la compra/venta del voto; armazón refinado de larga duración de dependencia y corta satisfacción para las comunidades con talante pueril, peticionario y acrítico.
Castañeda, M. (2013, mayo 13) en entrevista afirmó: “(…) El único que ganaba era el dueño del depósito (…) liberales, conservadores, cambio radical y los de la “u” han sido sus clientes (…) todos repartían tejas, cemento, ladrillo, tubos, hasta postes para la luz (…)
ahora entregan bici taxis, plata al menudeo, tamales o lechona, y toda la cerveza que se
21 “(…) las distintas competencias atribuidas a los diversos niveles territoriales deben desarrollarse de
acuerdo con los principios de concurrencia, coordinación y subsidiaridad, en los términos que establezca la ley. (...)” (Sentencia C-983, 2005).
pueda tomar (…) el barrio gracias a la cacería de votos se pudo levantar (…)a todos les
sacamos de a poquito, los ladrillos para el salón comunal, el recebo para la calle, la máquina para que aplanará (…) mire esa calle nunca ha sido pavimentada, en 40 años que tiene el barrio ”.
De igual manera declaró Jaramillo, M. (2013, marzo 12) sobre la compra/venta de predios ilegales “(…)aquí vino cuanto politiquero se le ocurrió, incluso los que nos vendieron los lotes (…) diciendo que ya se tenían todos los servicios, que faltaba poco para
que iniciarán las obras del acueducto y la luz (...) y con concejal ganador las obras se harían rapidito (…) después de esa tumbada tan macha donde nos prometieron que nos
ponían la luz, la legalización del barrio, que rellenaban el potrero (hablando del humedal) para construir allí un parque y una avenida que nos sacara a Bogotá más rápido (…) que
desvergüenza, pura paja, la Caja de Vivienda Popular fue quien legalizó después de mucha lucha, un mundo de planos y un poco de papeleo, (… la avenida ciudad de) Cali hasta hace poquito la hicieron, en contra de los que miran los pajaritos (…) en la siguiente elección
vinieron los políticos a decir que había sido por sus influencias que las obras se habían hecho o la legalización se había logrado”.
Rodriguez G. , (2013, mayo 7) hablando de Ciudadela Colsubsidio también describió“(…) los carritos blancos fueron los primeros que nos entraban hasta esta parte de la Ciudadela (Colsubsidio), se inscribía el carrito y se pagaba una cuota simbólica, meses después apareció el que nos quería organizar cuando ya estábamos organizados (…) armaron tanta intriga que se llamó al tránsito para que dijera cuales eran los carros legales (…) suspendieron las rutas por ser ilegales trajeron al intermediario quien tenía la
Las necesidades de tiempo en tiempo fueron cambiando, inicialmente estaban ligadas al urbanismo barrial, al acceso a la educación, salud, a la movilidad e ingreso diario para las familias; reiteradas solicitudes para la construcción de la escuela, el puesto de salud, la calle, como si se estuviera construyendo un pueblo en cada barrio.
En las décadas de los años 1.970 y 1.980, las expresiones de participación estaban ligadas a procesos de invasión ilegal de tierra por expresiones de organización políticas para lucro individual de terceros, “terreros”, los cuales podía tener filiación con políticos en corporaciones de elección popular, también políticos ligados a procesos sociales, y expresiones políticas reivindicatorias de grupos sociales de desplazados para garantizar la seguridad y una nueva vida barrial.
Políticos como Rafael Forero Fetecua y Alfredo Guerrero, del Movimiento de Integración Popular, se mencionan constantemente en los relatos no gratos, y su vinculación con funcionarios de las últimas administraciones distrital no se dejan escapar22.
Gallego, J. (2013, abril 25) sobre la planeacion y estructuacion del barrio refirió “(…) Si, estos lotes los vendió don Rafael (Forero Fetecua), solo entregó un plano y el resto lo hicimos nosotros (…) parecía paseo de olla, pero no lo era, hasta el perro trabajaba, uno
se levantaba temprano y junto al árbol, en la casa de algún vecino, nos encontrábamos
22“El candidato Héctor Riveros (Funcionario de la administración Peñaloza que renunció para ser candidato
al Cabildo Distrital) apareció el pasado 20 de julio en un acto público en barrios en los que el urbanizador ilegal Alfredo Guerrero -esposo de la concejala Teresa Baracaldo y quien se proclamó jefe de debate de Riveros en el sur de Bogotá- ha vendido más de 12 mil predios sin escrituras (…) Está utilizando Riveros la entrega de escrituras en su beneficio? Es víctima de las suspicacias de sus detractores? Es ético que aparezca con un personaje cuestionado? Esta es su defensa: Por qué asistió a un acto con personas cuestionadas como Alfredo Guerrero? El acto lo organizaron Alfredo Guerrero y su esposa Teresa Baracaldo, concejala de Bogotá, y esa es la primera razón por la que asistí; pero la segunda razón y la más importante es que se empezaba a solucionar un problema por el que la gente de la comuna Alfonso López ha luchado por años: la titulación de predios. La verdadera noticia es que la gente de la comuna empieza a resolver el problema. (El Tiempo.com, 2000).
armados con pica, azadón y baldes, así se instaló la manguera del agua que traíamos de un chorro que corría clarito allá abajo, también se abrieron las zanjas del alcantarillado (…) no siempre se siguió la línea, si nos aparecía algún animal, uno echaba a trabajar para otro lado (…) a veces era que algún avispa quería correr su lote o que le arregláramos algún pedazo (…) se procuraba que todo estuviera en paz, porque se desgastaba muy fácil el grupo que coordinaba”.
Otra expresión de la política electoral en el ordenamiento del territorio la desarrollan los partidos políticos como el Liberal Colombiano, donde dirigentes como Gloria Lara, Héctor Echeverri Correa y otros militantes, en su trabajo político con sectores populares, intermediaron en la compra de predios y organización para autoconstrucción de viviendas.
“Soy fundadora del barrio (Gloria Lara…), la idea surgió porque nosotros éramos políticos, o éramos no, somos políticos (…) se comenzaron a comprar los terrenos. Había dos posibilidades la primera era en el Perdomo y la segunda era aquí en Suba. Muchos al conocer los terrenos dijimos que para Suba, porque el terreno era superior, no sufría de inundaciones (…) Eso fue por votación, quienes querían para el Perdomo y quienes para Suba (…) Había una junta que no recuerdo como la eligieron. (…) Con esa junta
empezaron a surgir los problemas con el presidente. Él quiso manejarnos como si fuéramos nosotros una partida de soldados y él nuestro jefe militar. Comenzaron a haber divisiones y problemas, Se suspendió la construcción (…)” (García, 1998, pág. 270).
Por otra parte, la recuperación de tierra en la colonización popular urbana como la llamó la organización social de destechados, PROVIVIENDA23 relaciona cerca de 250 acciones
23 “(…) aún vigente e integrada por desplazados forzados que buscaron refugio y obtuvieron vivienda propia
colectivas emprendidas por colonizadores populares urbanos entre los años 1.958 y 1.971, para solucionar su problema habitacional en barrios de Bogotá (Naranjo, 2014).
Naranjo (2014) retoma a Alfonso Torres Carrillo quien afirma que estos habitantes realizaron acciones colectivas de diversa índole como trabajos colectivos de autoconstrucción, resistencia al desalojo, marchas, bloqueo de vías, pedreas, reclamaciones escritas, memoriales a las autoridades, recolección de fondos en bazares, festivales y mingas.
“(…) Los dirigentes de PROVIVIENDA son militantes comunistas destechados e
invasores, que en la ciudad se vinculan, en su gran mayoría, al sector informal de la economía como trabajadores por cuenta propia (…) Había muchos albañiles, carpinteros y zapateros, algunos trabajaban en plazas de mercado (…) éramos más que todo trabajadores independientes, ornamentadores, vendedores ambulantes y celadores (…)
vendiendo chance o promociones puerta a puerta; otros le jalamos a lo que salga, plomería, construcción o pintura” (Naranjo, 2014, pág. 5).
Otra expresión de políticas reivindicatorias de grupos sociales por vivienda digna, en donde las comunidades trabajaron en la construcción de conocimiento y soluciones a sus necesidades la realizó en el barrio Corinto la Federación de Vivienda Popular FENAVIP, en articulación con Organizaciones Populares de Vivienda (OPV), a partir de programas de organizaciones comunitarias y carácter autogestionario. En este mismo sentido, AVP Asociación de Vivienda en los noventa desarrolló el proyecto de vivienda en propiedad horizontal y programas sociales en la Ciudadela Nueva Tibabuyes.
Caso opuesto se evidencia en las urbanizaciones ubicadas en la localidad de Engativá, en donde a los copropietarios las empresas constructoras les entregaron el reglamento de la
copropiedad, la organización social ya está reglada, solo se les solicitó acatarla pues estaba registrado en la notaria.
Rodríguez, G. (2013, mayo 7) dijo sobre la junta de copropietarios “(…) no sabíamos nada de propiedad horizontal, veníamos a ciegas, que la asamblea, que la junta, que el comité de convivencia, yo lo llamo de comité de agarrones (…) al principio fue chévere por
las fiestas de la madres, los niños, los cumpleaños, la navidad, todos éramos propietarios y dábamos de lo que teníamos (…) nos tocó aprender a negociar con el administrador que era el dueño de un apartamento y vivía aquí (…) ahora se contrató a una persona que no
vive aquí y nos administra la vida (…) primero la cuota de plata y luego la invitación como si fuéramos invitados a nuestro conjunto (…) él va a nombre de todos los que vivimos en el en conjunto (…) en época de elecciones es el que permite o no la entrada de los políticos y
la entrega de publicidad en la portería”.
Finalizando la década de los ochenta, las solicitudes a las necesidades de la población en el territorio estaban ligadas mayoritariamente a los subsidios para las personas en situación de desplazamiento por el conflicto armado y en los años 2.000 para los reinsertados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y poblaciones afrodescendientes de diversas zonas del país.
Es estas dos décadas el urbanismo local ya había avanzado en equipamientos colectivos y niveles de altura en las construcciones individuales, pero la presión sobre el territorio evidenció por los altos índices de densidad poblacional en la UPZ Rincón, localidad de Suba, los cuales pasaron de 298 habitantes/km2 en el 2.000 a 450 habitantes/km2 en el año 2.010, como se explicó en la Tabla 2 Tipos de UPZ, población por estrato socio económico y área.
Circunstancia preocupante por el aumento de hacinamiento tanto en el espacio público (por falta de áreas verdes y recreativas) como en espacios libres privados por lote (como patios, antejardines, terrazas), “es decir que viven en condiciones muy precarias, pues además están lejos de los centros de empleo” (SDP, 2010, pág. 18).
Dicho esto, periferia más lejana del centro de la capital, se ha constituido en sectores de ingresos bajos que continúa aglomerándose en un cinturón de altas densidades y grandes déficit en equipamientos colectivos e infraestructuras públicas, con trasformaciones perniciosas de participación ciudadana, que en palabras de Foladori son formas instituyentes de diferenciaciones sociales que “(…) dependen de la distribución de los medios de producción (incluyendo el espacio)” (1999, pág. 29).
Situación que en el marco de las reubicaciones o reasentamientos de vivienda por mega proyectos, tanto en el humedal Tibabuyes o Juan Amarillo como en el río Bogotá, el distrito capital como la nación, continua rezagando la respuesta a soluciones de vivienda (nueva o usada) dentro o fuera del territorio.
La nación ni el Distrito Capital tampoco han contemplado intervenir como Estado las modalidades, permanentes o temporales, de arriendos verbales que se realizan en el territorio como paga diarios, inquilinatos, pago por piezas e incluso cupos en habitaciones; una medida regulatoria al respecto garantizaría mejores condiciones de habitabilidad y control de la ocupación del territorio.
Estas modalidades de habitar el territorio del humedal ilustran flujos de inclusión o exclusión social, los cuales comprometen la participación efectiva de actoras y actores, condicionando la toma de decisiones sobre sí mismos como de los desarrollos urbanísticos
y ambientales en el humedal, generando situaciones de conflictos y violencias, las cuales fijan relaciones de poder ejercidas con dominio por parte de arrendadores, terreros, dueños de zorros24 y bodegueros de reciclaje, grupos delincuenciales y armados.
Aunado a lo anterior, los bajos e irregulares ingresos de familias arrendatarias y propietarias, son complementados con beneficioso estatales, a través de un abanico de subsidios distritales y nacionales, cuyo ingreso se realiza por puntuación de la encuesta SISBEN, instrumento que parametrizó la pobreza en el país, dando solución a los problemas de sobrevivencia diaria, sin satisfacer realmente la necesidad estructural, y promoviendo la desintegración social y la inequidad en el territorio al generar dependencia, baja confianza en las posibilidades para hacer frente a algún proyecto o realizar emprendimientos productivos, en otras palabras el asistencialismo construye un orden social en contravía de la autonomía y dignidad de los grupos sociales.
Ruiz, M. (2013, junio 27) bogotana de 26 años de edad, relató sobre las formas de participación en el territorio del humedal“(…)desde que era chiquita he oído lo de los subsidios para las personas que tienen más necesidades (…) pienso que esas personas han perdido su auto estima, el respeto por ellas y sus familias, pues se venden al mejor postor por hambre, miedo o forma de vida, la verdad no sé (…) a cambio de la misericordia pública o subsidios de dependencia, a cambio de votos para todo, para los encuentros ciudadanos25 locales y distritales, para los consejos de discapacidad, para elegir a los
24 En la década del año 2.000, se hace más frecuente el carro de madera impulsado por tracción humana, utilizado en actividades de recolección y transporte de material de reciclaje; en ocasiones es utilizado como espacio de dormitorio en vía pública. A quienes conducen (arrastran) estos vehículos se les conoce como recicladores o habitantes de calle.
25Los encuentros ciudadanosson espacios de participación, promovidos por los consejos de planeación y las administraciones locales y distrital en desarrollo de los Acuerdos Distritales 12 y 13. “Son la oportunidad
ediles, los concejales, los senadores y alcaldes de turno (…) son una feria democrática en contra de la autonomía de los pueblos (…) en el discurso de los personajes elegibles se
escucha sentenciar que quien venga a gobernar quitará los eternos beneficios adquiridos (subsidios…) es más difícil mantenerse que entrar a gozar de estas dotes electorales entregadas por el Estado, que nunca los sacaran de la pobreza extrema o la indigencia”.
Estas prácticas de participación y formas de organización político electoral, redunda en la sustentabilidad ambiental y los imaginarios de desarrollo local, tomando formas diferentes tanto en aspectos generacionales como por condiciones socioeconómicas de vida, so pretexto del grado de entendimiento técnicos, prácticas sociales, uso/consumo que se establecen las y los individuos con el humedal.
En este el marco ético de cooperación, solidaridad y equidad es un componente esencial de la sustentabilidad ambiental urbana y, si bien la equidad intergeneracional es un elemento importante de ella, nuestra responsabilidad y compromiso corresponden sin lugar a dudas al presente (Cambra, 1999).