del agua y otros
activos a manos
extranjeras se
profundizará
6. Aparte del tratamiento de agua, en áreas como gas, electricidad, finanzas, construcción e ingeniería civil, ferrocarriles, comunicaciones por cable, satelitales y de fibra óptica (www) y educación (www.suez.com).
legislación nacional para facilitar el acceso a la inversión extranjera directa, lo que explica la ausencia de documentos públicos del BM a pesar de que la fecha de cierre del proyecto es junio de 2002.
En 1998, una revisión de la Cepal sobre el avance de los programas para la privatización del agua en el país, indicaba en un documento de distribución restringida que
... el Gobierno de México ya ha privatizado la mayor parte de las empresas de propiedad estatal. Actualmente se centra en modernizar y reorganizar los servicios de infraestructura, entre ellos los del abastecimiento de agua potable, el saneamiento, el tratamiento de las aguas servidas, la energía eléctrica y el riego y el drenaje ... ya hay cierta participación del sector privado en los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, en particular en el tratamiento de las aguas servidas (p. 31).
En relación con lo indicado por la Cepal, llama la atención que en Ciudad de México se esté reiniciando un proyecto para la construcción de cuatro me- gaplantas tratadoras de aguas residuales que originalmente se negoció con el BID en 1997 (Coyotepec, El Salto, Mextlalpan y Texcoco Norte). Las condicio- nes del préstamo por 365 millones de dólares del BID y 410 millones más del Fondo de Cooperación Económica a Ultramar de Japón, fueron tan complejas que apenas en 2001 se pudo cumplir con la contratación de un crédito de con- tingencia para garantizar los aportes «en caso de eventualidades». Ello generó que se cayera en incumplimiento del contrato, por lo que en enero de 2002 el BID anunció que se tenía que pagar una multa conocida como «pago por con- cepto de comisión de compromiso», que es un mecanismo que usan ese tipo de instituciones para lucrar con el monto prestado, ya que generalmente no se inicia la gestión de los fondos justo en el plazo en el que es aprobado por el acreedor. El lapso en que el país aprueba el movimiento, cumple con los requi- sitos y evalúa el programa técnico, permite el cobro casi invariablemente de tal multa. Entre las condicionalidades del préstamo está el compromiso «obliga- do» del Distrito Federal y el estado de México para disminuir el subsidio y actualizar las tarifas del agua potable. Esto es llamativo si se considera que uno de los acreedores representa directamente los intereses japoneses, mientras que una de las empresas que posee, hasta 2003, la concesión del tratamiento de agua, facturación y cobro del servicio de su distribución en el D.F. –y no del establecimiento del precio–, es japonesa, por lo que no sería raro que se con- temple beneficiar a sus empresarios justo cuando se va a renegociar la conce- sión del servicio que prestan y que bien puede ser ampliado, todo ello en un contexto donde no se sabe públicamente hacia dónde va encaminada la «moder- nización» de la Ley de Aguas de la Ciudad de México actualmente en proceso. En el mismo tenor se colocan las CMNs estadounidenses y demás beneficiadas. Al proyecto de las megaplantas, se suman dos que aún están pendientes, el del
Acuaférico (Distrito Federal) y el del Macrocircuito (estado de México). Todo esto indica que la tendencia hacia la entrega del agua y otros activos a manos extranjeras se profundizará, mucho más en un contexto en el que el país es ad- ministrado por un gobierno de empresarios, por empresarios y para empresa- rios. El papel que tome el gobierno del D.F., encabezado por una fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD), históricamente de izquierda, re- quiere de especial atención.
El caso centroamericano es igualmente grave. Aunque de forma generalizada, suscriben el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), todos los países de la región iniciaron en la década de los 90 una transformación a fondo de su sector de recursos hídricos mediante cambios jurídicos e institucionales. El pro- ceso no se intensificó hasta mayo de 1996, cuando el BID patrocinó una confe- rencia sobre recursos hídricos en San José de Costa Rica con la finalidad de introducir estrategias e instrumentos para hacer operativos los principios del acuerdo internacional de Dublín. Estos señalan de modo general la necesidad de que las decisiones se tomen en el nivel apropiado más bajo y en estrecha conexión con un proceso de descentralización. Bajo este lineamiento, el BID puntualiza en su actual estrategia que «...apoyará como pre o co-requisito el fortalecimiento de la capacidad del proceso de descentralización del sector de los recursos hídricos y subsectores» (p. 17).
Es decir, se trata de articular este proceso no solo a escala centroamericana sino hemisférica y mundial, tal y como lo señala el propio BID, a partir de involu- crar a ese mismo organismo, al BM, el PNUD, la Unesco, la Organización Mun- dial Meteorológica (WMO), el World Water Council (WWC), el International Network of Basin Organizations (RIOC) y el Global Water Partnership, GWP (BID, pp. 15-16); este último, establecido en 1996, es auspiciado por el BM, el PNUD y las agencias bilaterales de desarrollo de países como Alemania, Dina- marca, Holanda, Suecia y desde luego la AID, entre otros actores como CARE o la OIA (Oficina Internacional del Agua de Francia).
Posibles implicaciones del PPP en los esquemas del saqueo del agua
Las dimensiones de la apropiación de los recursos hídricos de México-Centro- américa son de importancia mayor. México cuenta con una precipitación me- dia anual de 780 mm o 1.530 millardos de m3 de agua al año per cápita, en sus ríos escurren 410 millardos de m3; 14 millardos de m3 de agua dulce se encuen- tran en los lagos y lagunas y 107 millardos de m3 están almacenados artificial- mente. Añádase que en Centroamérica hay aproximadamente 120 cuencas hi-
drográficas principales, de las cuales 23 son internacionales. Estas significan tan solo 19% de los sistemas hídricos de la región y 10,7% de las cuencas interna- cionales del planeta (Hernández/Rodríguez, p. 13).
Esa apropiación de las reservas de agua mesoamericanas, considerando el pa- norama aquí presentado, es más que probable que se haga desde la justifica- ción de las necesidades del centro de México y la escasez de su zona norte, contemplando desde el Finfra II, la construcción de un sistema de bombeo de agua hacia el «Norte», proyecto que abarcaría las reservas de agua de Centro- américa (probablemente conectadas por medio de hidrovías y/o acueductos a lo largo y ancho de la región como parte o en paralelo al PPP –algo similar a la conexión eléctrica acordada en el marco del mismo Plan–), junto a las de Méxi- co que se concentran en el sureste. Un sistema que calza perfectamente con las necesidades de EEUU y que lo «de menos» sería conectarlo al suyo. Tómese nota: es una especulación que ya ronda en los círculos académicos de EEUU.
Referencias
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World Bank: Country Strategy Paper - Mexico, Mexican Division, Country Department II, Mexico and Central America, Washington, D.C., 1995.
Marco A. Gandásegui (h.)
Marco A. Gandásegui (h.): profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) «Justo Arosemena», Ciudad de Panamá.
Palabras clave: integración económica, ALCA, Panamá.