El territorio como escenario político

Progresar hacia una lógica mas abierta, incluyente y participativa significa fortalecer la dimensión territorial y el debate publico sobre los asuntos de interés colectivo desde lo local, en donde la idea de redes de actores y formas de acción colectiva así como los nuevos movimientos sociales adquieren la morfología de comunidades de acción colectiva con mayor capacidad propositiva, ya no sólo en el campo jurídico, sino también en el terreno donde lo cognitivo, lo simbólico y lo cultural juegan un papel fundamental (Goma, 2001).

En esa línea es posible distinguir, por una parte, las redes de participación social, las cuales, ante la erosión de las certezas técnicas, participan en los procesos de políticas públicas en escenarios donde la experimentación, la negociación y el aprendizaje social son conceptos clave. Por la otra, cobran

30 _{Sobre la gobernabilidad y gobernanza, desde el punto de vista técnico y político ver: Diseño e} implementación del Sistema Local de Participación. Engativá, Bogotá: Secretaría de Gobierno, 2006.

particular importancia las redes públicas de gobiernos de múltiples niveles, pues cada vez es menos posible resolver los nuevos problemas complejos desde un solo nivel de gobierno. Esta última realidad está dando lugar al denominado federalismo reticular o federalismo complejo, con confluencia no jerarquizada de intereses que intervienen en los problemas sociales (Ibid.).

En este contexto, las organizaciones del tercer sector y el voluntariado están recibiendo ahora más atención que nunca por parte del segmento político con situaciones donde, como en Inglaterra o Brasil, se han establecido agendas de políticas públicas a través de acuerdos entre el gobierno y los representantes del tercer sector (Kendall, 2000; Ferrarez, 2001). También es necesario destacar la tendencia abierta hacia la contratación de servicios sociales con organizaciones sin fines de lucro, particularmente en estados y municipios; con ello, la presencia de agentes no gubernamentales conectados a redes de acción colectiva, pasan a tener una incidencia determinante en la formación y control de las políticas públicas (Van Slyke, 2002).

A la par de la importancia que adquiere el ámbito local como residencia de grandes problemas (y soluciones) públicos –como se ha asomado anteriormente–, surge entonces un catálogo estructurado con carácter global que afecta el terreno de lo ambiental, del desarrollo social, de lo demográfico, el género y el hábitat predominantemente urbano de hoy (Goma, 2001). Es por ello que existen nuevos e impostergables desafíos en materia de governance, entendida como nuevas modalidades de conducción de acciones individuales y de construcción de orden social proyectados hacia formas complejas de coordinación social (Mayntz, 2000).

Conclusiones de la primera parte

A partir de lo anterior, cuatro aspectos pueden ser destacados en relación con el rol del estado como base de su función rectora:

El liderazgo político, orientado en la asunción de los derechos como ordenador de la acción del estado, en donde el fortalecimiento de la naturaleza pública en la formulación de las políticas publicas implica una acción intencionada hacia la garantía del interés colectivo y la profundización de la democracia decisoria.

La idoneidad técnica y política. En este aspecto, el tema de la rectoría y la profundización de la segmentación de funciones

La Gobernanza, sustentada en una institucionalidad fuerte y en una gestión compartida. La gobernanza, entendida como la capacidad del Estado de responder a sus obligaciones, enmarcadas en la defensa de los intereses públicos.

La participación popular, que promueva la organización y la representatividad democrática hacia la construcción, fortalecimiento o transformación de los acuerdos societarios vinculados con los derechos humanos como base del pacto constitucional, tanto como a la participación en la toma de decisiones. Se refiere al tema de la participación vinculante y la democratización del Estado. Aquí aspectos como la evaluación de los planes de gobierno y las condiciones de la participación son objeto de interés.

Dentro de las dimensiones en las que se expresa la rectoría de las políticas sociales puede destacarse las siguientes:

La dimensión de conducción

La dimensión de Regulación

La dimensión de coordinación horizontal

La dimensión de incidencia en la definición del financiamiento para las políticas sociales

La dimensión de provisión de servicios

Particularmente, la conducción expresa el compromiso de parte del estado por liderar y orientar el proceso de garantía de los derechos. Dentro de los aspectos que pueden ser destacados allí se encuentran:

Análisis situacional capaz de representar el conjunto de necesidades de la población, como expresiones de vulneración del los derechos, estableciendo la naturaleza de las mismas de tal suerte que se oriente la acción hacia la transformación de los asuntos que sistemáticamente generan dicha vulneración, buscando ir mas allá de la cuantificación de los déficit y las brechas con el animo de administrar y mitigar estas situaciones

Evaluación periódica y oportuna orientada al reconocimiento del impacto real de las acciones tomadas en términos de satisfacción de las necesidades sociales como avance real en la garantía de los derechos

Definición de prioridades y objetivos sociales, con base en reconocimiento de los mecanismos estructurantes de inequidad e injusticia social, más allá de la identificación de las poblaciones y situaciones que la expresan, con el ánimo de establecer objetivos estructurantes al tiempo que se definan acciones prioritarias sobre dichos grupos y situaciones.

Formulación, análisis, adecuación y evaluación de políticas sociales como respuesta del estado hacia la garantía de los derechos y el desarrollo humano

Construcción de consensos sociales en torno a los asuntos de interés público, para garantizar la sostenibilidad de los logros de las políticas sociales.

Concertación y movilización de recursos y actores orientados por el interés público en aras de garantizar los derechos para todos y todas

Participación de la sociedad con una acción intencionada hacia el fortalecimiento de la democracia, la disminución de las asimetrías de poder y la mayor incidencia en políticas sociales

Gestión de recursos propios, locales, nacionales e internacionales hacia el fortalecimiento de las acciones de política social

Participación política y técnica en todas las instancias locales y nacionales para promover el interés público.

La dimensión de regulación se define en relación con la responsabilidad del Estado de ordenar y sistematizar las relaciones de los actores sociales, en coherencia con los principios y valores definidos en el marco constitucional, como expresión del acuerdo social vigente. Su finalidad es garantizar el interés colectivo vía el cumplimiento de las leyes, modulando las relaciones entre los actores con asimetrías de poder.

Esta dimensión no se realiza en un vacío sino a través de procesos de interrelación, fundados en los marcos normativos en contextos de concertación entre actores y niveles, para lo cual se cuenta con órganos de estado. La sociedad civil tiene el rol de vigilar el proceso de cumplimiento de las leyes.

II. EL CONTENIDO PROGRAMÁTICO: LÍNEAS ORIENTADORAS