CAPÍTULO 3: LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL ECUADOR Y SU
3.4 Transferencia de la competencia de la Gestión de la Cooperación Internacional
Una de las primeras competencias en transferirse el 2011 fue la de “gestión de la cooperación internacional” a través de la Resolución N° 0009-2011-CNC. Este documento clarifica un modelo de gestión de la competencia, conjuntamente con los roles y responsabilidades que tienen el gobierno central y los GAD respectivamente. Además,
79 impulsa y norma la generación de herramientas que fortalezcan las capacidades locales para gestionar la competencia. Sin embargo, la resolución presenta algunos nudos críticos: a. Refleja una visión muy limitada de la gestión de la cooperación internacional al considerarla únicamente como un instrumento para captar recursos financieros y técnicos, lo cual parte de las mismas definiciones que se han establecido en el COOTAD y en otras normativas nacionales.
b. No transfiere la competencia con recursos económicos, ya que el Ministerio de Economía y Finanzas41 indicó que la transferencia de la competencia
consiste en el ejercicio de la facultad para captar recursos provenientes de donaciones no reembolsables que no constituyen recursos fiscales, por lo que no procede el costeo de la competencia. Este argumento no corresponde con el artículo 273 de la Constitución que determina que las competencias que asuman los GAD serán transferidas con los correspondientes recursos.
c. Fortalece el rol de la SETECI y le otorga la rectoría de la competencia al Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto le resta legitimidad al COCI, espacio generado por decreto para ejercer la rectoría del Sistema Ecuatoriano de Cooperación Internacional, y en el cual tienen voz y voto instituciones del gobierno central y los representantes de los GAD. Pero, en correspondencia al ordenamiento jurídico, la resolución se encuentra sobre el Decreto, de forma que se anula la posibilidad de construcción conjunta de las políticas nacionales de CI.
d. Dado que la competencia se transfiere sin recursos económicos, la puesta en marcha del Plan de Fortalecimiento Institucional (el cual debe generar condiciones necesarias para el ejercicio de la competencia), tiene serias dificultades para concretarse.
e. Restringe la gestión de la CI únicamente para el cumplimiento de “sus competencias”. Esto no considera que los GAD tienen entre sus funciones promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial, la cual no se restringe únicamente al cumplimiento de las competencias, sino a otros temas transversales fundamentales para el desarrollo integral del territorio.
41 El informe emitido por el Ministerio de Finanzas en el oficio Nª MF
-DM-2011-1365 de 26 de septiembre de
2011 para la transferencia de la competencia, en el que se argumenta que no procede el costeo de la competencia, nunca fue conocido por las entidades asociativas de los GAD, ni se ha podido acceder a él a
través de esta investigación. Solo se pudo conocer sobre esto a través de la Resolución Nº 0009-CNC-2011 en
80 f. La gestión de la competencia implica que cada GAD genere varias herramientas para monitorear a los actores de la CI en el territorio. Sin embargo, esto implica dificultades para los GAD que no cuentan con la capacidad institucional y financiera necesaria para cumplir con los requerimientos (sobre todo los GAD parroquiales), y hace evidente la necesidad de generar estrategias que fomenten la articulación multinivel para la gestión de CI.
g. Descubre dificultades para generar consensos sólidos en lo local respecto a los modos de comprender y de gestionar la CI, e incluso de construir un discurso y unas prácticas mucho más amplias; y desde lo local con lo nacional en relación a la forma cómo lo nacional construye instrumentos y normativas (como la resolución N° 0009) con escasa y dividida participación de los actores fundamentales: los GAD.
El proceso de transferencia de la competencia estuvo acompañado principalmente de las entidades asociativas de los distintos niveles de GAD (Consocio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (CONGOPE); Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME); y Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAGOPARE-), instancias que tienen como obligación representar los intereses comunes institucionales de sus miembros, brindar asistencia técnica y velar porque se preserve la autonomía de sus miembros, entre otras (COOTAD, Art. 314). Adicionalmente, el COOTAD determina que los gremios tienen un rol activo en la transferencia de las competencias ya que están encargados de elaborar los informes de capacidad operativa actual de sus asociados respectivamente para cada competencia (Art. 154).
Considerando ambas responsabilidades, tanto las de representación y asesoría, como la de elaboración de informes que den cuenta de las capacidades de los GAD para asumir las competencias, las entidades asociativas conjuntamente con diversos actores nacionales e internacionales, antes y durante la transferencia generaron insumos que aporten en la comprensión de la competencia de “gestión de la CI”, sus implicaciones en el territorio, y que den cuenta de la visión desde nivel de gobierno sobre el tema.
Dos de las herramientas que se construyeron fueron: el “Subsistema de gestión descentralizada de la cooperación internacional no reembolsable: propuesta preliminar” y la “Estrategia para la gestión descentralizada de la cooperación internacional en el Ecuador”. Estos documentos representan las posiciones, la visión y los intereses de los diversos actores que participaron en su construcción (gobierno nacional GAD a través de sus entidades asociativas y actores de la CI. Nos preguntamos entonces sobre cuáles
81 fueron sus aportes y sus nudos críticos en la descentralización de la CI, aspectos que se responderán en la siguiente sección.