Fuente: PAPEP-PNUD 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Por centaje
Programa de transferencias condicionadas
ECU MEX BRA URU ARG PER BOL 09 CRIC COL
Renta vejez no contr. 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 1,3 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 1,4
porcentaje que dependió del elevado incremento registrado en diciembre. Este comportamiento en la economía muestra las dificultades no solamente para mantener, sino para ampliar el universo de beneficiarios de los bonos.
Aparte de los bonos, en los últimos cinco años se han aplicado programas sociales dirigidos a sectores populares. En el ámbito educativo se destaca la campaña de alfabetización, en la que se graduaron más de 800 mil perso- nas. Este programa se amplió con la fase de postalfabetización, que consiste en impartir educación primaria a los alfabetizados y personas mayores de 15 años. Hasta el año 2009, más de 50 mil personas fueron beneficiadas con el programa de postalfabetización. En el sector de salud se amplió la cobertura del seguro materno-infantil brindando prestaciones a mujeres comprendidas entre los 15 y los 60 años.
Como parte del programa Operación Milagro, médicos cubanos opera- ron entre 2005-2009 a más de 400 mil personas que padecían enfermedades oculares. En general, las atenciones en salud crecieron de 13,5 millones en 2005 a 22 millones en 2009. La aprobación de un seguro universal de salud está en curso y se pretende ampliar la cobertura del seguro para jóvenes entre 18 a 25 años.
Otra decisión análoga fue la continuidad en la aplicación de una tarifa diferenciada en el consumo de energía eléctrica que beneficia a más de medio millón de familias con bajos ingresos. Este programa significa un ahorro de Bs. 130 millones, pero la sostenibilidad de este beneficio —basado en conve- nios con el Estado— está en duda puesto que se financia con aportes de las propias empresas del sector de energía. A fin de llegar a los sectores más em- pobrecidos, el Estado ha otorgado créditos para la construcción de viviendas sociales mediante el Plan Nacional de Vivienda Social y Solidaria. Según datos oficiales, hasta 2009 se construyeron más de 30 mil viviendas.
Como parte de la política crediticia, y para paliar los efectos de la crisis económica internacional, se creó el Banco de Desarrollo Productivo, financia- do en un 80% por el Estado y en un 20% por la Corporación Andina de Fo- mento. Este banco concede créditos individuales y asociativos de producción con bajas tasas de interés, y con dos años de gracia a la empresa mediana y grande. Según datos oficiales, hasta 2009 se otorgó créditos por un monto de Bs. 1.065 millones con la intención de generar empleos directos e indirectos. Este tipo de medidas o beneficios que involucran a millones de personas, al margen de su uso coyuntural para obtener beneficios políticos o réditos electorales, se convierten en derechos adquiridos por parte de los beneficiarios
y se transforman en una obligación ineludible del gasto público que, en al- gunos casos, debe solventarse con deuda externa o interna. Esto los convierte en un beneficio temporal de transferencia directa de recursos que, a mediano plazo, podría resultar en depauperación de la población por efecto de la in- flación; sin embargo, sus efectos positivos son innegables desde la perspectiva de la inclusión social porque reducen las brechas de desigualdad en el acceso a bienes y servicios públicos y a posibilidades de empleo, y crean condiciones para la movilidad e integración social.
La importancia de estas políticas y programas sociales se torna evidente si consideramos su efecto en la situación de la pobreza en el país. La pobreza y la extrema pobreza se han reducido en los últimos años, y una parte importante de ese hecho puede atribuirse a la entrega de bonos. En 2005, el porcentaje de personas en pobreza moderada superaba el 60%; en 2009 esa cifra disminuyó al 51%. En relación a personas en extrema pobreza, un 38% de la población estaba en esa condición en 2005, porcentaje que disminuyó al 26% en 2009 (PAPEP-PNUD s/f). Desde otra perspectiva, el panorama de desigualdades materiales que mostraba el país a poco de asumir el MAS el Gobierno tenía las siguientes características:
el año 2007, casi seis millones de bolivianos no lograban cubrir una canasta básica de alimentos. La pobreza tenía una mayor intensidad en áreas rurales, sin embargo existía un número de pobres similar en ambos lugares: 2.7 millones de pobres rurales y 3.1 millones de pobres urbanos. Al mismo tiempo, la condición étnica aumentaba la proba- bilidad de vivir en condiciones de pobreza: seis de cada diez indígenas que habitaban áreas urbanas y siete de cada diez indígenas que habita- ban en zonas rurales eran pobres (PNUD 2010: 59).
Este estudio contempla tanto las desigualdades materiales como las des- igualdades simbólicas, entre las que sobresale la discriminación por aspectos vinculados a la identidad étnica y la pobreza. Así, según una encuesta, “de cada diez personas que afirman haberse sen- tido discriminadas, siete son indígenas por lengua y/o pertenencia, seis habi- tan en áreas urbanas, cinco pertenecen al estrato bajo de ingresos y cuatro al estrato medio” (PNUD 2010: 60). En este contexto socioeconómico y cultu- Las políticas y programas sociales,
aunque representan apenas el 2,15% de los egresos del sector público no financiero, han tenido su efecto: la pobreza y la extrema pobreza se han reducido en los últimos años.
ral, la ejecución de políticas distributivas y la aplicación de programas dirigi- dos a sectores excluidos y marginados adquieren una importancia peculiar, al margen de que su vulnerabilidad es latente porque están sometidos a los ries- gos que conlleva una realidad económica que se caracteriza por las dificultades para ampliar la base productiva y generar empleo.
El impacto positivo de esta política en la imagen gubernamental es evi- dente y los resultados de algunas encuestas corresponden al apoyo que obtuvo el MAS en los eventos electorales que enfrentó entre 2005 y 2009. Así, entre los “principales logros del Gobierno”, estas medidas son las que tienen mayor apoyo en la opinión pública. En primer lugar, el Bono Juancito Pinto, que es apoyado por el 61% de la población y, luego, la Renta Dignidad, con el 59%, ambos por encima de la nacionalización de los hidrocarburos y la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (véase tabla 2).