Martínez Nogueira (1988) centra su análisis histórico en lo ocu- rrido en Argentina durante los períodos de gobiernos conservadores de fines del siglo XIX y principios del XX, donde existía un “grupo hege- mónico asentado en la gran propiedad que monopolizaba los recursos de poder” (p. 312). El autor sostiene que la problemática del agro tie- ne una dimensión institucional debido a que se imponen intereses de
100
Modernidad, agronegocio y pensamiento único en Argentina sujetos que históricamente se han nucleado, los que restringen la ca- pacidad de acción de los gobiernos. Afirma a su vez, que estos últimos se presentan como un actor que otorga un privilegio a corporaciones al acceso a la información y la decisión y a la atención preferente de demandas y planteos. En la búsqueda por realizar abordajes del estado “desde adentro”, evitando caer en personalizaciones, generalizaciones y centralizaciones (Bohoslavsky y Soprano, 2010), nos acercamos a Poulantzas12 (1970 y 1978 en Ramírez, 2007) a fin de definir como
“autonomía relativa” al accionar de este actor. El autor sostiene que esto ocurre en la medida en que no existe una total autonomía y neu- tralidad en la estructura estatal, ya que funciona como una arena de lucha entre intereses donde predominan los de grupos dominantes.
Este proceso de penetración ocurrido por parte de organizacio- nes rurales en el aparato del estado produce una privatización de un ámbito de la política pública (De Olariaga 1948 en Martínez Nogueira 1988). Al respecto, menciona a la Sociedad Rural Argentina (SRA) como institución de primer grado que por entonces concentraba la re- presentación ante el estado y se convierte en “voz exclusiva por la que se expresa la problemática agropecuaria”, enunciando un régimen político de “participación restringida” y un “marco social de domina- ción” (p. 296).
En las décadas posteriores a los procesos antes expresados, es- tudios sobre el agro con visiones tradicionales sostienen que, pasado el siglo XIX donde el agro era el principal motor de crecimiento eco- nómico argentino, la actividad agrícola deja de ocupar el mismo lugar en el PBI. Afirman que se produce una subordinación de la agricultura a las estancias ganaderas (Sábato, 1991, p. 17-37 en Olivera, 2008). Sin embargo, estudios rurales de la década de 1980 cuestionaron esta visión afirmando la existencia del carácter capitalista del sector deno-
12 Este autor se enmarca en la tradición marxista clásica al analizar el rol del estado en la generación de los intereses de las clases dominantes (Cantamutto 2015).
101
Gina Lucía Aichino, Gabriela Inés Maldonado
minado “chacarero”, a partir de la combinación entre renta y ganancia (Olivera, 2008). Sábato (1989) sostiene que desde la segunda mitad del siglo XIX se conformó un mercado de tierras dinámico vinculado al sector chacarero y a la expansión de la frontera agraria, la valori- zación de la tierra y las conexiones con mercados externos e internos. En este contexto, y debido a las desfavorables condiciones pactadas para los arrendatarios en comparación con los terratenientes, se pro- duce el surgimiento de un “movimiento agrario cooperativo (…) en- trelazado al movimiento reivindicativo chacarero” (Olivera, 2008, p. 34). Olivera (2008) a través de un estudio de reconstrucción histórica micro-regional, afirma que este cooperativismo otorgará “incentivos simbólicos y materiales” al sector chacarero (p. 42).
Al respecto, y vinculado con lo desarrollado en el apartado ante- rior, Martínez Nogueira (1988) reafirma la presencia de un fuerte tono intervencionista durante la década de 1940 en la legislación argentina, momento en el cual el movimiento cooperativo crece notablemente en significación y las organizaciones establecidas procuran cerrar las puertas de acceso al estado a las nuevas entidades que estaban surgien- do. Por estos años, en la nueva realidad productiva la tecnología des- empeña un papel crítico para explicar la productividad y rentabilidad del sector agropecuario. Como consecuencia se produce un aumento de las demandas que calificamos como de modernización y una pro- fundización en la fijación de precios al sector, donde el autor afirma que los protagonistas de los conflictos pasan a ser las entidades y el estado en constante tensión. Por un lado los reclamos de estas organi- zaciones se dirigen hacia un cuestionamiento al modelo de sociedad y al papel del estado y, por otro lado, sus afiliados le exigen mayor es- pecificidad en sus reclamos, identificación de necesidades concretas y contenidos más técnicos en sus propuestas (Martínez Nogueira, 1988).
Pasadas estas décadas de estancamiento, y retomando la pers- pectiva de políticas estatales que “castigaban al campo”, recurrimos a Lattuada (2006) al afirmar que durante los años noventa se produjo un cambio en lo que llamamos lo público y lo privado. De una inter-
102
Modernidad, agronegocio y pensamiento único en Argentina vención y redistribución directa del excedente intersectorial, el estado desplaza ese “rol conflictivo” al mercado (Lattuada, 2006, p. 177) y se reserva acciones tales como promoción de competitividad, prestación de servicios, articulación de la cadena agroalimentaria y la prestación de asistencia a los sectores más vulnerables.
Como consecuencia de este cambio de rol del estado, Lattuada (2006) afirma que las entidades rurales desplazan su discurso defen- sivo de confrontación y presión por uno colaborativo y propositivo13 –con la tecnología como una de las temáticas vinculadas a éstas-. A su vez, esto los obliga a redefinir su relación con los asociados alejándose de funciones políticas y acercándose a las de capacitación técnica y desarrollo de actividades de promoción, comercialización y servicio (Lattuada, 2006).
Estas transformaciones gremiales se produjeron principalmente debido a pérdidas de representatividad y cuestionamiento de sus di- rigentes, ocurridas durante la década de 1990.14 La disminución del
número de afiliados a estas entidades estaba vinculado con reclamos sectoriales por cambios en la orientación de las acciones y servicios. Dichos reclamos estaban encabezados por productores cuya rentabi- lidad estaba asentada en la escala, la tecnología y la gestión empresa- rial. Por esta razón durante esta etapa las asociaciones propiamente técnicas (AACREA, APRESID) eran las más valoradas por los pro- ductores (Lattuada, 2006).
Una mirada “desde adentro” (Bohoslavsky y Soprano, 2010) nos permite identificar que el vínculo entre el aparato estatal y las enti-
13 En el caso concreto de la Sociedad Rural Argentina, el accionar de esta entidad estuvo directamente relacionado con el apoyo al modelo impulsado por los gobiernos de facto (Martínez Nogueira, 1988) y al que ocupó la presidencia a partir de 1989 , este último vinculado a la obtención de condiciones de libre mercado, privatizaciones, etc. “Su acti- tud fue de respaldo total a la orientación del modelo” (Lattuada 2006: 203).
14 La disminución de afiliados lleva a una reducción en la recaudación de fondos de las
entidades y varias se aglutinan para demandar al estado la creación de algún mecanismo basado en un aporte obligatorio de los productores.
103
Gina Lucía Aichino, Gabriela Inés Maldonado
dades agrarias se ve reflejado en el hecho de que, desde fines del siglo XIX hasta la actualidad inclusive, representantes de dichas institucio- nes se conviertan en miembros de espacios gubernamentales como agencias, secretarías, comisiones, consejos, entre otros (Martínez No- gueira 1988, Lattuada 1992). Dichas participaciones les otorgaron pri- vilegios a la hora de tomar decisiones respecto a las políticas aplicadas en el sector. Esta tendencia presenta una constante en el accionar de las entidades agrarias, representando intereses sectoriales hegemóni- cos e imponiendo lo que denominamos pensamiento único.