7 de noviembre de 2005
A pesar de una idea ampliamente difundida, las mociones que esta semana fueron sometidas al voto de los militantes socialistas no son documentos vacíos de sentido. Más allá de las consignas huecas y la fraseología soporífera propia de este tipo de prosa, encontramos algunas propuestas de suma importancia, escondidas, es cierto, entre decenas de páginas insípidas.
Varias mociones proponen, por ejemplo, consagrar finalmente medios
suplementarios concretos para las zonas de educación prioritaria (ZEP[51]). La
moción Hollande, que reconoce explícitamente que la creación de las ZEP nunca se acompañó de una verdadera orientación de los recursos para favorecer a estas escuelas, llega incluso a formular un objetivo cuantitativo: «15 alumnos como máximo por clase en las ZEP». Las líneas consagradas a este tema no constituyen todavía un compromiso formalmente serio, pero se acercan.
Varias mociones proponen también la implementación de un gran impuesto progresivo que resulte de la «fusión entre el IS (impuesto al salario) y la CSG (contribución social generalizada)». Estamos frente a un verdadero debate. Conocemos los argumentos en contra, que merecen ser tomados en cuenta: la CSG hoy es en esencia una retención afectada al seguro de salud, y los actores sociales no verán con buenos ojos una reforma que diluya el dinero de la seguridad social en el marco de bases fiscales más amplias. Al mismo tiempo, si la lógica actual, de impuestos afectados a fines específicos en forma directa, permite garantizar el seguro de salud (ningún gobierno puede reducir la tasa de la CSG sin explicar cómo va a reducir los gastos de salud), tiene también entre sus consecuencias desplazar hacia el IS una vasta partida de gastos indistintos a financiar; de allí la tentación permanente de los sucesivos gobiernos, incluido el socialista, de alivianarla. Es valorable la apertura de este complejo debate, que pone en juego la arquitectura global de la intervención del Estado y su articulación con la protección social, pero los párrafos que le consagran las mociones son insuficientes para zanjarlo. Del mismo modo que la propuesta de extender la base de los aportes patronales al valor agregado —formulada nuevamente por una admirable unanimidad—, la idea de la fusión IS-CSG también se planteó antes de 1997, pero
nada pasó. La idea que afirma que la fusión IS-CSG permitiría aliviar la imposición de salarios bajos y que entonces sería posible «suprimir la prima por el empleo» (PPE, creada sin embargo por la izquierda en 2000) se expresa con demasiada rapidez como para tomarla completamente en serio.
En términos generales, el punto común de todas las mociones es que se ocupan de no mencionar nunca las cuestiones molestas. Todos los temas difíciles que exigirían arbitrajes dolorosos a lo largo de una eventual mayoría socialista en el período 2007-2012 se barren cuidadosamente bajo la alfombra: futuro de las jubilaciones, reforma de la enseñanza superior y de la investigación, modernización de los servicios públicos, regulación de los gastos de salud, etc. Se
contentan, por ejemplo, con anunciar la derogación de la ley Fillon[52], cuando todo
el mundo sabe bien que esta ley no alcanzará siquiera para garantizar el equilibrio de las jubilaciones. Se evoca un nuevo «plan universitario 2010», fingiendo ignorar que el necesario aumento de recursos debe acompañarse imperativamente de reformas estructurales.
La razón de este mutismo es simple: el PS se encuentra, desde hace tres años, en una fase en la que ningún líder puede permitirse tomar una posición mínimamente precisa sobre los temas difíciles por miedo a verse humillado la mañana siguiente en la prensa por sus camaradas presidenciables. Y esto durará hasta la designación del candidato a fines de 2006, lo que dejará muy poco tiempo para preparar un programa digno de ese nombre. Las responsables de este desperdicio colectivo son las reglas de gobierno del PS: en muchos países, un fracaso electoral da lugar de inmediato a la elección transparente de un nuevo líder, que dispone luego de toda la legitimidad necesaria para preparar las elecciones siguientes. El jefe del Partido Conservador, Michael Howard, renunció rápidamente después de su fracaso frente a Blair en mayo de 2005, y de inmediato se aplicó un procedimiento para desempatar entre los siete candidatos previstos para su sucesión, a través del voto de los diputados del partido para elegir a los dos candidatos sometidos al voto de los militantes. El vencedor tiene todas las chances de permanecer en ese lugar cuatro años, como Blair cuando en 1994, mediante un procedimiento similar, se convirtió en el líder del Partido Laborista. Puede discutirse el procedimiento exacto, pero lo importante es que no puede discutirse al líder elegido de este modo, que por fin puede consagrarse a los temas esenciales.
En el PS se apostó a que, hablando del proyecto y no de las diferencias personales, estas últimas se superarían, pero es evidente que sucedió lo contrario. Hace falta reflexionar desde ahora sobre el procedimiento que se aplicará después
de una eventual derrota en 2007, para que un candidato vencido, y sin embargo tenaz, no reproduzca entre 2007 y 2012 el clima nocivo que el PS ha conocido entre 2002 y 2007.
Nunca más
10 de mayo de 2007
¿Qué lecciones debe aprender la izquierda a partir de la derrota electoral del
domingo[53]? Para algunos, era evidente desde hacía tiempo: Francia se había
derechizado y soñaba con Sarkozy, nada podía evitarlo. Es un argumento poco convincente: todos los estudios demuestran que la mayoría de los franceses
siempre tuvo miedo de Sarkozy y de sus desvíos. Los votos que obtuvo Bayrou[54]
expresan con claridad los temores que suscita el nuevo presidente, incluso en la derecha.
Para otros, la derrota se explicaría por un error de casting: Ségolène Royal, sin mucha experiencia, poco creíble, en especial en temas económicos, no tenía peso propio. El argumento no se sostiene: la candidata socialista mostró que tenía capacidad y, sobre todo, voluntad de renovar el programa económico de la izquierda, desplegó un discurso positivo sobre la prioridad que le otorgaba a la inversión en educación e investigación, insistió en la necesidad de responsabilizar a los actores, en el valor de la descentralización y en el rechazo del puro Estado, así como en la necesidad de un equilibrio entre derechos y deberes. Es probable que solo Ségolène Royal, gracias a su exterioridad respecto del PS y a la legitimidad que le confirió el voto de los militantes, hubiera sido capaz de realizar un llamado al diálogo con Bayrou antes de la segunda vuelta, imperativo político y democrático evidente que condiciona las victorias futuras (cómo pretender tomar en cuenta las aspiraciones populares simulando ignorar que Buffet, la candidata del PC, reunió 1,9% de los votos y Bayrou el 19%).
En verdad, la izquierda tuvo, ante todo, un problema de timing. Hubiera
hecho falta más que algunos meses para elaborar un programa presidencial bien constituido. Para desarrollar posiciones socialdemócratas fuertes y convincentes sobre los grandes temas económicos y sociales (enseñanza superior e investigación, jubilaciones, salud, fiscalidad, mercado de trabajo, etc.), que en todos los casos exigirían dolorosos ajustes intelectuales en numerosos simpatizantes de izquierda, eran necesarios muchos años de debates y paciente trabajo de persuasión. Al haber sido designada en noviembre, Ségolène Royal se vio imposibilitada, más allá de su pragmatismo y energía, de finalizar esta tarea en el mes de marzo, sobre todo
luego de que sus simpáticos competidores internos le hubieran embarrado la cancha acusándola de incompetencia económica.
El error fundamental que cometió el PS entre 2002 y 2007 es haber creído —o haber fingido creer, pues nadie lo creía en verdad— que era posible aplazar la elección del candidato para después de la redacción del programa. El resultado objetivo es que durante cuatro años, de 2002 a 2006, los socialistas no hablaron de nada. Por una simple razón: era inconcebible para cualquiera tomar una posición fuerte en un tema difícil por miedo de que al día siguiente los camaradas presidenciables lo linchasen. Resultado de la carrera: el programa adoptado por el PS en 2006 es una fuente de agua tibia, en la que todas las cuestiones molestas fueron cuidadosamente evitadas. Los nuevos colores que Ségolène dio a este programa no podían alcanzar para hacerla creíble ante los ojos de los franceses.
Ejemplo evidente que ilustra este punto: la terrible secuencia del debate televisivo sobre las jubilaciones, en el que Sarkozy condujo a la candidata socialista a proponer un impuesto a la renta financiera. No es que una tasa de este tipo sea, en cuanto tal, inconcebible: el fondo de reserva para las jubilaciones ya se alimenta en parte de una (modesta) contribución social procedente de los ingresos devengados por inversiones, contribución que nada impide incrementar en el marco del necesario reequilibrio trabajo-capital de nuestro sistema fiscal. Pero esta respuesta, un poco breve por cierto, recordó a millones de franceses que durante años los socialistas se contentaron con impulsar la futura anulación de la ley Fillon sobre la extensión de la edad jubilatoria, cuando la inmensa mayoría de la opinión pública sabe desde hace años que la perennidad de nuestro sistema previsional exige reformas precisas y valientes.
Hoy la prioridad es hacer todo lo posible para evitar repetir este error en la etapa 2007-2012. Es necesario un voto militante (que eventualmente se extienda a los simpatizantes) antes de que termine 2007. A él deberían someterse todos los que aspiren a llevar adelante el proyecto socialista, lo cual permitirá designar un líder indiscutido hasta 2012. Ya podemos imaginar los argumentos falaces que expliquen que una personalización de este tipo sería contraria a la identidad colectiva del partido, etc. En verdad, es exactamente lo contrario: hay que apresurarse a decidir sobre las personas para pasar a las ideas, precisamente porque las cuestiones relativas a las personas son por completo secundarias en relación con las cuestiones programáticas y con el debate de ideas (contrariamente a una creencia muy difundida, muchas personas están calificadas para asumir la presidencia de la República, incluso Sarkozy).
Para salir lo más rápido posible de la pelea entre jefes y evitar que la catástrofe se reproduzca, es urgente una fuerte movilización de militantes y simpatizantes.