Al leer y evaluar el conflicto UNE/Gobierno es claro que, en la plataforma política del gremio, los dos ejes principales que definieron su estrategia programática fueron tanto el problema de la representación política del sindicato en el sistema educativo como el problema económico/salarial. Puntos alrededor de los que se articularon algunos de los ribetes más preponderantes de la trama contenciosa.
La secuencia de debate y negociación de la LOEI acusó la importancia que revistió para el gremio el sostenimiento para sí de espacios de representación en los nudos claves de la gestión del sistema educativo. Importancia que cuajó, fundamentalmente, en tanto y en cuanto, la participación (corporativa) del gremio en tales campos (específicamente, los procesos de selección docente y los procesos de arbitraje de conflictos) replicó e incidió en la reproducción y acumulación del poder gremial y político del sindicato, y subsecuentemente, en el fortalecimiento de su poder de veto. Mantener representación en esos espacios significó, en buena medida, para la UNE, una de las plataformas desde donde tejer su red de incentivos y lealtades, y concomitantemente, desde donde cohesionar y ampliar la base social del sindicato. De ahí algunos de los (fuertes) resquemores del gremio una vez que fue coartada su representación en las comisiones de selección docente y en la comisión de arbitraje de conflictos y veeduría de la ley.
Resignar la representación de corte corporativo supuso para el gremio docente perder uno de los circuitos desde el que se bordó la ampliación (en términos numéricos) y la consolidación del sindicato bajo una entidad central y unitaria (un solo sindicato de profesores), y desde el que, subsecuentemente, se asentó y fluyó el poder sindical y político
93 Es necesario señalar que sólo se habla de una fisura más no de un resquebrajamiento absoluto, pues la
capacidad del sindicato para agregar las demandas de sus afiliados, podría gravitar, en el futuro, sobre una lógica posmaterial. Empero, esa es una pregunta empírica que deberá ser investigada.
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del gremio de profesores. Poder que, al devenir como una amplia capacidad de veto, por un lado, logró sostener y evitar (junto con la acción de otros actores94) el proceso de privatización de la educación fiscal que lo vivieron otros países latinoamericanos en el período neoliberal y que también pugnó por replicarse en el Ecuador, pero que, por otro lado, le posibilitó al gremio, y en especial a la cúpula sindical, represar y hasta entorpecer (Luna, entrevista, 2012) los cambios urgentes que precisaba el sistema educativo en términos de calidad y en términos de ampliación e implementación de dinámicas participativas, en tanto plataformas para la construcción de un nuevo proyecto educativo nacional.
El eje económico/salarial, en cambio y desde otro frente, fue hasta la postrimería del conflicto el núcleo que consumió, con mayor rigor, la fuerza y potencialidad negociadora del gremio. En un balance final, es claro que, por un lado, el sindicato alcanzó un importante reajuste salarial en beneficio de los docentes (por lo menos para los nuevos profesores que ingresan a la carrera en el escalafón95), aunque tal reajuste devino, también, y sustancialmente, por la flexibilidad (y voluntad) del régimen a ese respecto. Empero, y es aquí quizá donde mayor efecto tuvo el poder negociador y de disputa del magisterio, la UNE consiguió, además, que el gobierno medianamente cediese en otros temas del espectro económico: el gremio logró mantener el escalafón en 10 categorías (y no en 4 como planteó el régimen); la posibilidad de liquidación a los profesores separados por los procesos de evaluación; y la oportunidad de que los docentes que contasen con los requisitos pertinentes puedan aplicar a una postulación de ascenso, por una oportunidad única y excepcional, antes de los cuatro años de ley, como dispone la LOEI (hasta el momento de finalizar este trabajo este proceso de recategorización todavía no se implementó).
Sin embargo, y en el propio ámbito de la esfera económica, por otro lado, el gremio resignó sustancialmente, con los cambios propuestos por el oficialismo, su capacidad de modulación de las relaciones Estado/salario docente, como se hubo referido antes.
94 Los sectores indígenas por ejemplo.
95 Tal como se discutió, el gremio docente advirtió que los incrementos salariales beneficiaban
fundamentalmente a los profesores nuevos, y no en la misma medida a los maestros que ya contaban con más años de servicio.
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Incluso, es posible sostener que, en el vértigo de los procesos de negociación de la LOEI, la UNE terminó cediendo, a regañadientes, la posibilidad de mantener o potenciar su capacidad de representación y participación en el sistema educativo (sobre todo, la representación de corte oficial en los flancos “duros” de tal sistema); en la medida en que la negociación de los temas salariales consumía, ampliamente, sus recursos políticos y su fuerza de disputa. Es decir, la UNE, una vez que tuvo que elegir, estratégicamente, donde acumular su fuerza de presión y negociación, en el marco de discusión de la LOEI, decantó por el eje salarial.
Empero, y esta es una precisión sustancial, el modo en el que el sindicato de profesores se posicionó frente al Estado no sólo ha sido determinado por las ponderaciones económicas y políticas (salarios y representación) que la UNE ha ido priorizando en su desarrollo como gremio y en la constante puja con los distintos gobiernos de turno, incluido el de Correa. El sentido que adquirió y adquiere para el gremio docente la idea de representación/participación política en el Estado, es necesario pensarlo no sólo dentro de los márgenes de los intereses estratégicos y utilitarios del sindicato. De un modo más amplio, el vínculo Estado/UNE, es preciso leerlo en su estricto carácter interrelacional, lo que es, bajo la consideración de la determinación mutua Estado/sindicato.
Tal como el campo estatal se ha visto influido por los reclamos y ponderaciones estratégicas del gremio de maestros (en busca de representación política o mejores condiciones salariales), también el Estado ha determinado las relaciones políticas que ha tejido el sindicato, y sobre todo, las nociones desde las que la UNE ha hilvanado su sentido de lo público.
El vínculo corporativo Estado/UNE no sólo devino de las demandas y presiones construidas desde el campo sindical hacia el campo estatal, sino, además, de las relaciones políticas y sentidos de lo público que el propio Estado cosió y desplegó frente al campo social. Que la lógica corporativa sostuviese el manejo de ciertos procesos nucleares de la gestión educativa informa la capacidad del gremio de buscar para si participación e influencia en tales procesos (sobre todo, bajo la apuesta de potenciar el poder político de su cuerpo asociativo), pero, a la vez, transparenta el tipo particular de Estado que se fue
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construyendo en el campo educativo y los procesos políticos que éste (el Estado) dinamizó y priorizó al relacionarse con la sociedad civil.
La lógica corporativa, por lo menos en el campo educativo, en este sentido, no sólo puede ser pensada como un “modo político” que se construye y dinamiza, exclusivamente, a partir de los intereses estratégicos y el poder de presión del sindicato, sino que es pertinente leerla en el campo de la interrelación o mutua determinación Estado/gremio docente. En esa línea será importante preguntarse, según lo propuesto en este trabajo, que relación guarda la legitimidad que adquiere para la UNE la participación y representación (corporativa) de aquella en la política pública educativa con la debilidad del Estado ecuatoriano por consolidar relaciones políticas fiables, continuas y legítimas para los actores sociales (independientemente de cada gobierno de turno). Interrogante que deberá discutirse en un trabajo etnográfico y empírico posterior y que ahonde en las nociones de lo público y político que asisten a los docentes del magisterio.