El VIH/sida y el derecho a la salud

El derecho a la salud es un derecho humano que constituye un presupuesto necesario e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y, como tal, se encuentra recogido en numerosos instrumentos internacionales.

Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el párrafo primero del artículo 25, señala que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

Por su parte, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señala que los Estados Partes reconocen “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.

El segundo párrafo del citado artículo establece, además, algunas medidas que deberán adoptar los Estados Partes, a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, como son:

1. la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;

2. el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;

3. la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;49

4. la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.”

Adicionalmente, el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1988, reconoce este derecho en su artículo 10º al señalar que “toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”.

Por otro lado, el artículo 7º de la Constitución Política del Perú señala que “todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa”

49 _{De acuerdo con la Observación General Nº 14 sobre el derecho al}

máximo nivel alcanzable de salud, éstas “requieren el establecimiento de programas de prevención y educación para problemas de salud relacionados con el comportamiento, como las enfermedades de transmisión sexual, en particular el VIH/Sida, y para aquellos que afecten negativamente a la salud sexual y reproductiva, así como la promoción de determinantes sociales de buena salud, como seguridad medioambiental, educación, desarrollo económico e igualdad de género. El derecho a tratamiento incluye la creación de un sistema de atención médica urgente en casos de accidentes, epidemias y otros peligros similares para la salud, y la provisión de auxilio ante catástrofes y asistencia humanitaria en situaciones de emergencia”. Cf. COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. Op. cit.

En esa línea, los artículos 9º, 10º y 11º de nuestra Carta Magna establecen para el Estado una serie de obligaciones que contribuyan a garantizar el pleno ejercicio del derecho a la salud.50

Asimismo, en la legislación interna del Perú, la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, establece en el artículo I de su Titulo Preliminar que la salud es indispensable para alcanzar el bienestar individual, mientras que los artículos III y IV señalan el carácter irrenunciable del derecho a la protección de la salud, así como la responsabilidad del Estado en la provisión de servicios de salud pública.

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha señalado que cuando la vulneración del derecho a la salud compromete otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la integridad física o el libre desarrollo de la personalidad, tal derecho acentúa su carácter fundamental.51

Asimismo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha subrayado la interdependencia de este derecho con relación a los demás derechos reconocidos por los instrumentos internacionales, incluyendo los

50 _{“Artículo 9°.- El Estado determina la política nacional de salud.}

El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud.

Artículo 10°.- El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley para la elevación de su calidad de vida.

Artículo 11°.- El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento”.

denominados derechos civiles. A este respecto, el comité ha señalado que “el derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos y depende de esos derechos, que se enuncian en la Carta Internacional de Derechos, en particular el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y circulación. Esos y otros derechos y libertades abordan los componentes integrales del derecho a la salud”.52

Ahora bien, en cuanto al contenido mismo del derecho es necesario señalar que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales53 _{ha establecido que}

el “derecho a la salud” debe contener, mínimamente, los siguientes elementos esenciales que se relacionan entre sí:

DISPONIBILIDAD: Cada Estado debe contar con un número suficiente de establecimientos, bienes, servicios públicos de salud y centros de atención. Cada centro tiene que incluir personal capacitado, agua potable, condiciones higiénicas adecuadas y medicamentos esenciales.

ACCESIBILIDAD: Los establecimientos, bienes y servicios deben ser accesible a todos, sin discriminación alguna, en cuatro dimensiones:

52 _{COMITÉ SOBRE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y}

CULTURALES, Op. cit., párrafo 3.

No discriminación:

y Se prohíbe toda discriminación

en lo referente al acceso a la atención de salud, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen, posición social, estado de salud (incluidos el VIH/Sida), orientación sexual o cualquier otro elemento que tenga por resultado el menoscabo del ejercicio del derecho a la salud. Accesibilidad física:

y Los establecimientos y los

centros deben estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población, en especial los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad, como los niños, las personas discapacitadas y las personas con VIH y/o SIDA.

Asequibilidad

y : Los servicios y bienes deben estar

al alcance de todos y el pago tiene que basarse en el principio de equidad, o sea de forma proporcional a las condiciones económicas del usuario.

Acceso a la información

y : Derecho de solicitar y

recibir información adecuada acerca de todos los temas relacionados con la salud.

ACEPTABILIDAD: Todos los establecimientos y los servicios deben ser respetuosos de la ética médica, de la cultura de las personas, de la orientación sexual, garantizando la confidencialidad adecuada.

CALIDAD: Los establecimientos y los servicios deben ser adecuados desde el punto de vista científico y ser de buena calidad, incluyendo condiciones sanitarias adecuadas, agua limpia, medicamentos y equipos aprobados por las autoridades pertinentes y personal médico capacitado.

Cabe añadir, conforme se señaló en el Informe Defensorial N° 87, titulado “El derecho a la salud y a la seguridad

social: Supervisando establecimientos de salud”,54 _que

el derecho a la salud implica tanto un derecho de las personas a que se respete su salud, como un deber de defenderla. Es decir, su contenido incluiría el derecho que toda persona tiene a conservar un óptimo estado de su salud, así como deberes de no infringir daños en la salud de los demás.

Bajo estas consideraciones, en lo que respecta al derecho a la salud y el VIH/Sida, conforme se señaló anteriormente, no existen tratados o convenios internacionales que aborden el tema en forma específica. Sin embargo, diversas estipulaciones se han interpretado en tratados y declaraciones internacionales de derechos humanos que tienen implicaciones significativas para la eficacia de la respuesta frente a la epidemia del VIH, entre las cuales figura, precisamente, el derecho al máximo nivel alcanzable de salud, así como el derecho a la no discriminación e igualdad ante la Ley.

En esa línea, y teniendo en cuenta lo antes expuesto, resulta innegable la interrelación que existe entre los derechos humanos y la protección frente a la epidemia del VIH/Sida, siendo evidentes la importancia y la necesidad de una respuesta basada en una perspectiva de derechos.

Asimismo, si bien el abordaje de la epidemia no puede ni debe agotarse en el derecho a la salud, al haber quedado establecido que éste es un derecho indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos, resulta impostergable asegurar que las personas con VIH/Sida

54 _{DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe Defensorial N° 87, “El derecho}

a la salud y a la seguridad social: Supervisando establecimientos

gocen de todos los atributos que corresponden a este derecho, lo cual supone a su vez garantizar una atención integral en salud, así como el acceso universal de toda persona a la prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados con el VIH, el cual es indispensable para respetar, proteger y cumplir los derechos humanos, incluido el derecho a disfrutar del máximo nivel alcanzable de salud.

Siendo así, tal como lo señala la Directriz 6 de las Directrices Internacionales sobre VIH/Sida y los Derechos Humanos, corresponde al Estado adoptar las medidas necesarias para asegurar a todas las personas, de forma sostenida e igualitaria, la disponibilidad y accesibilidad de bienes, servicios e información de calidad para la prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados con el VIH/Sida, incluidos fármacos antirretrovíricos y otros medicamentos seguros y eficaces, pruebas diagnósticas y tecnologías coadyuvantes que permitan una asistencia preventiva, curativa y paliativa del VIH, infecciones oportunistas y procesos relacionados.55

Según lo indicado, el cumplimiento de las obligaciones del Estado respecto de la prevención, el tratamiento y la lucha contra la infección por VIH y las infecciones de transmisión sexual (ITS), supone garantizar la provisión de información, educación y apoyo adecuados; el acceso a los servicios para la prevención y el tratamiento de las ITS, a insumos preventivos y a las pruebas diagnósticas con consejería pre y post prueba para VIH/Sida; así como el acceso a tratamiento y medicamentos de modo tal que las PVVS puedan tener una vida digna.

2.4. El VIH/sida en el ordenamiento jurídico